El gobierno chileno anunció que en diciembre presentará un proyecto para ampliar la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Recientemente, se presentó un reglamento para evitar trabas al aborto legal por objetores de conciencia en establecimientos de salud. Obispos de Chile se han manifestado en contra, alegando discriminación religiosa.
En 2017, se aprobó en Chile la ley que despenaliza el aborto en tres causales: embarazo por violación, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad fetal. Se trató de un avance importante, pero diversas organizaciones de derechos humanos resaltan la urgencia de ampliar el aborto voluntario para que sea legal en toda circunstancia.
“Las causales fueron un piso mínimo de protección para la vida de mujeres y niñas; pero la mayoría de los abortos siguen ocurriendo en condiciones inseguras. Es crucial que el Estado chileno respete y garantice nuestra autonomía reproductiva plenamente, sin imposiciones ni restricciones”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El gobierno de Gabriel Boric anunció que en diciembre presentará un proyecto de ley de aborto legal a plazos. Además, recientemente presentó una propuesta de reglamento a la Contraloría General de la República, buscando que la objeción de conciencia no sea un obstáculo para la aplicación de la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por causales.
De enero a abril de 2024, el gobierno de Chile registró más de 5 mil procedimientos de aborto realizados de acuerdo a la ley (47% por inviabilidad fetal, 30% por riesgo para la vida de la madre y 23% por violación). No existen cifras oficiales sobre el número total de abortos que se realizan en el país, pero estudios estiman que serían de 30 mil a 150 mil al año. La clandestinidad expone a las mujeres a estafas, persecución legal y graves daños a la salud y la vida.
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La Conferencia Episcopal de Chile reclamó por el nuevo reglamento, alegando que promueve la discriminación al personal sanitario por sus creencias religiosas. El obispo René Rebolledo declaró que se está poniendo trabas al libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, no se expresó respecto a las trabas que experimentan niñas y mujeres en riesgo debido a la falta de reglamentación.
Objeción de conciencia y salud en riesgo
La actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) permite que el personal de salud se abstenga de realizar abortos declarando objeción de conciencia. Pero esta norma no señala requisitos para invocarla, tampoco plantea condiciones para asegurar el acceso al aborto cuando los médicos se niegan a atender a mujeres víctimas de violación, con embarazos inviables o en peligro de muerte.
De acuerdo a un informe de la Corporación Humanas, más del 45% de médicos obstetras se rehúsan a realizar abortos en casos de embarazos productos de violación. Asimismo, el informe identifica que en cinco hospitales públicos no hay ningún profesional de salud que pueda aplicar la ley, porque todos son objetores de conciencia. Dichos hospitales están en zonas rurales: Santa Cruz (Región de O’Higgins), Cauquenes y Constitución (Región del Maule), Victoria (Región de La Araucanía) y Puerto Aysén (Región de Aysén).
Esta situación es la que motiva el nuevo reglamento propuesto por el gobierno chileno. «Buscamos garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley y que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en estas tres causales, y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera para que la atención sea oportuna”, explicó el presidente Boric.
La norma apunta que los profesionales de salud registren adecuadamente su objeción de conciencia y los establecimientos distribuyan turnos y puestos teniendo en cuenta dicha información, para que no se afecte el acceso de pacientes a un aborto seguro.
El proyecto que presentará el gobierno de Chile en diciembre apunta a que la Ley IVE vaya más allá de las tres causales. Es decir, la despenalización del aborto voluntario de una forma más amplia. De acuerdo a declaraciones de la ministra Antonia Orellana, el plazo contemplado sería de 14 semanas de embarazo.
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En uno de cada cuatro establecimientos de salud habilitados para aplicar la Ley IVE, más de dos tercios de profesionales son objetores de conciencia. Además, la Corporación Humanas encontró que seis establecimientos no tienen un protocolo para la aplicación del aborto.
Pese a ello, René Rebolledo, obispo que preside la Conferencia Episcopal de Chile, hizo una presentación para la Contraloría indicando que el reglamento sobre objeción de conciencia en el aborto es inconstitucional.
Hacia una ley por plazos
Además de mejorar el acceso al aborto que provee la ley actual, el gobierno de Chile también busca ampliar la despenalización con un proyecto de ley anunciado para diciembre. Según indicó Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, están trabajando para llegar a acuerdos. Hasta el momento, parece que el plazo contemplado en la propuesta sería las 14 semanas de embarazo. Sin embargo, Orellana precisó que se discutiría en profundidad.
La ministra también explicó que esta propuesta se sustenta por el uso extendido de medicamentos abortivos sin acompañamiento ni asesoría profesional. «Basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho», dijo Antonia Orellana. De acuerdo a Amnistía Internacional, la criminalización del aborto afecta principalmente a grupos impactados por la desigualdad: mujeres indígenas, personas LGTBIQ+, migrantes y refugiadas, con menos ingresos o habitantes de zonas rurales.
Publicado en lamalafe.lat el 10 de julio de 2024
