Las organizaciones e instituciones abajo firmantes expresamos nuestro profunda preocupación respecto a la eventual aprobación de modificaciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería y otros cuerpos, que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución chilena y diversos instrumentos de DDHH, ratificados por Chile, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre otros y, representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de personas migrantes, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA) y al principio de no discriminación en el acceso a estos.
Estas modificaciones legalizan prácticas discriminatorias y punitivas hacia sectores amplios de la población migrante, afectando particularmente a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad y exclusión, como la niñez migrante y personas sin opción de regularización en Chile, aun sin antecedentes de delitos.
Nuestras principales preocupaciones incluyen:
- Regresividad en los derechos fundamentales de las personas migrantes
El proyecto transgrede la obligación de progresividad y no regresividad en materia de derechos fundamentales de las personas, que obliga a los Estados a ir avanzando en la cobertura de los derechos sociales y sus prestaciones, de manera creciente y que no se pueda retroceder en los logros que se han alcanzado en protección de las personas.
- Incorporación de causales amplias y de difícil determinación para expulsión, rechazo y revocación de permisos de residencia que pudieran exacerbar la xenofobia
El proyecto incorpora en diversos artículos (88, 90 y 129) nuevas causales de rechazo y revocación de permisos de residencias, como sentencias condenatorias por faltas o basadas en el concepto de “incivilidad”, que no genera certezas respecto a las conductas sancionadas, por ejemplo: ruidos molestos, la gestión de la basura, el comercio ambulante, etc. Esta propuesta es desproporcionada y generará una doble sanción en una amplia diversidad de faltas o delitos menores y una carga desmesurada a los órganos de justicia y públicos respecto a la aplicación de la norma, que repercutirá en una mayor irregularidad migratoria o exacerbación de la xenofobia.
- Discriminación en el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes o hijos de migrantes irregulares
El proyecto contempla la priorización de estudiantes nacionales en el acceso a la educación por sobre estudiantes migrantes (art. 17), estableciendo una vulneración al principio de no discriminación establecido en la propia Constitución chilena y en todos los instrumentos internacionales de DD.HH. que si se implementara, significaría un grave retroceso en las garantías de educación para niñas, niños y adolescentes.
- Barreras de acceso al derecho a la salud y a la educación
El proyecto de ley establece un condicionamiento a niños, niñas y personas adultas migrantes irregulares de enrolarse en el Registro Civil para acceder al sistema de salud (art. 15) y de educación (art. 17), estableciéndose además que la información del enrolamiento estará disponible para las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia (art. 165) y permitirá que el Servicio Nacional de Migraciones actúe en términos migratorios y sancionatorios. Este condicionamiento agravará la exclusión en salud y educación de niños, niñas y personas migrantes adultas. Esta propuesta no sólo es contraria a recomendaciones hechas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud sino, además, es perjudicial para el avance de las políticas sanitarias del país.
- Vulneración del principio de presunción de inocencia, debido proceso e igualdad ante la ley
El proyecto contempla modificaciones a la expulsión de personas que se encuentran en un proceso judicial (art. 135), permitiendo la expulsión de migrantes con causas pendientes por simples delitos, si así lo decide el Subsecretario del Interior, sin la necesidad de que el proceso judicial concluya. Esta medida vulnera el principio de presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, otorgando prioridad a medidas administrativas frente al derecho al debido proceso que asegura la Constitución a todas las personas sin distinción.
- Restricciones en el acceso a la nacionalidad
Los requisitos adicionales para la nacionalización, como el aumento del tiempo de residencia (de 5 a 7 años) y la obligatoriedad de una prueba de cultura y educación cívica chilena, dificultan que los migrantes puedan naturalizarse. Estas medidas privilegian el derecho de los ciudadanos chilenos a una identidad exclusiva y restringen a migrantes que buscan integrarse a la sociedad.
- Derogación del principio de no criminalización de la migración
Es lamentable que el proyecto de ley pretenda derogar el principio de no criminalización de la migración establecido en el artículo 9, que establece que la migración irregular no es constitutiva de delito y transformar la migración en un asunto sancionable, dejando desprotegidos a las personas que se han visto obligadas a migrar por razones humanitarias y no han podido acceder a refugio por razones ajenas a su voluntad y hoy se encuentran en situación irregular. Al condicionar la migración a “procedimientos establecidos”, el nuevo artículo permite la penalización indirecta de quienes migran, independientemente de las razones de su desplazamiento. Esto abre la puerta a restricciones en derechos básicos y refuerza una visión punitiva que ignora la dignidad y las circunstancias de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas migrantes.
- Sanciones a personas que asistan a personas migrantes en situación irregular
El proyecto de ley contempla la imposición de multas y penas elevadas a quienes asisten a personas migrantes en situación de irregularidad. Por ejemplo, establece sanciones para quienes faciliten el transporte o la entrada de personas migrantes sin documentos, que podrían castigar a personas o instituciones de ayuda humanitaria que asisten a migrantes en situación vulnerable, limitando el derecho de estos migrantes a recibir asistencia y aumentando su exposición a situaciones de riesgo. También se imponen multas a quienes arrienden bienes raíces urbanos a personas migrantes que se encuentren en condición migratoria irregular (modificación al Artículo 19 bis de la ley N° 18.101).
- Vulneración al derecho al trabajo de las personas migrantes
El proyecto de ley establece un retroceso en el reconocimiento de derechos laborales independientemente de la situación migratoria (art. 14), vulnerando el derecho al trabajo sin discriminación establecida en la Constitución Política de la República (Art. 19 N°2 y N°16) y diversos tratados internacionales.
- Discriminación en la protección de niños, niñas y adolescentes por la situación migratoria de sus padres
El proyecto de ley, permite la expulsión de niños y niñas no acompañados bajo ciertas circunstancias e incluso la expulsión indirecta en razón de la situación migratoria de sus padres, circunstancia contraria a la jurisprudencia actual que ha promovido la unidad familiar, cómo a diversos avances en la agenda de derechos de la infancia en el país, como la ley Nº 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a firmar este comunicado y rechazar públicamente estas modificaciones, que violan principios fundamentales de derechos humanos y el respeto a la dignidad y protección de las personas migrantes.
¡Tu apoyo es fundamental para frenar estas medidas y defender los derechos de las personas migrantes en Chile!
Firman
Organización Migrantas
Corporación Colectivo Sin Fronteras
Amnistía Internacional Chile
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP
Coordinadora Feminista 8M
Corporación La Morada
Corporación Humanas
