Cada vez que el debate sobre gestación subrogada aparece en la esfera pública, la conversación parece empujarnos a una falsa elección: o mercado irrestricto o prohibición total. Entre ambos extremos, sin embargo, quedan fuera las preguntas más difíciles.
En los próximos días, la Comisión de Familia discutirá un proyecto de ley que busca prohibir la gestación por subrogación vía creación de un nuevo tipo penal. La relevancia de este debate excede con creces la técnica legislativa: estamos ante una decisión política que revela cómo entendemos la autonomía de las mujeres, los límites del mercado y —sobre todo— hasta dónde está dispuesto el Estado a intervenir cuando la desigualdad estructura las decisiones.
La discusión no es nueva, pero sí urgente. En Chile no existe una regulación integral sobre técnicas de reproducción asistida y la gestación por subrogación se ha desarrollado en un vacío normativo que expone a todas las partes involucradas, especialmente a las mujeres gestantes y a niños y niñas nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, lo que hoy se propone no es llenar ese vacío, sino responder a él exclusivamente desde la prohibición penal. El problema de fondo es que el debate se ha instalado en una lógica binaria que simplifica una realidad mucho más compleja: o mercado irrestricto o prohibición total. Esa dicotomía deja fuera preguntas fundamentales sobre autonomía reproductiva, infertilidad biológica y estructural, nuevas formas de familia, protección ante formas de explotación y trata, determinación de la filiación, entre otras dimensiones.
Como se ha advertido en el debate público reciente, esta polarización impide distinguir entre modelos de subrogación, invisibiliza las condiciones en que ocurre y bloquea alternativas intermedias que podrían ofrecer mayores niveles de protección y de sensibilidad con la realidad.
La discusión pública suele reducirse rápidamente a identificar si alguien está “a favor” o “en contra”. Ese encuadre no sólo empobrece el debate, sino que dificulta la posibilidad de habitar los matices, de discutir los grises, de escuchar argumentos complejos. Nos empuja a caricaturas y en ese tránsito se pierden las preguntas relevantes.
No es lo mismo una subrogación comercial mediada por agencias internacionales que una planteada en términos altruistas, ni es irrelevante si existe o no regulación estatal que establezca límites claros. Tampoco es indiferente el contexto social en que se toma la decisión. Sin embargo, el proyecto en discusión opta por borrar esas diferencias. Y al hacerlo, renuncia a la posibilidad de intervenir allí donde realmente se producen los abusos.
Hay, además, una cuestión previa que no es menor. Buena parte de la historia del feminismo ha consistido precisamente en sacar experiencias vinculadas al cuerpo, la reproducción y la sexualidad del ámbito privado para llevarlas a la esfera pública, política y académica. No para clausurar las discusiones sino para complejizarlas, disputar sentidos y visibilizar las relaciones de poder que las atraviesan.
Por eso resulta problemático que, frente a un debate como el de la gestación subrogada, las posiciones tienden rápidamente a simplificarse en respuestas cerradas que dificultan una deliberación más profunda. La autonomía de las mujeres ocupa un lugar central en el debate. Quienes defienden la gestación por subrogación suelen hacerlo en nombre de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Las posiciones críticas, en cambio, advierten que en contextos patriarcales y marcados por profundas desigualdades sociales y económicas, la noción de autonomía no puede analizarse al margen de las condiciones materiales en que las decisiones se producen.
Quizás la pregunta es previa: ¿de qué autonomía estamos hablando? Porque la autonomía no se ejerce en el vacío, sino en estructuras sociales que distribuyen desigualmente las oportunidades y las cargas. En sociedades atravesadas por desigualdades de género y económicas, la libertad de decidir no puede evaluarse sin considerar el contexto en que esa decisión se toma.
Asumir que toda decisión es plenamente autónoma es desconocer cómo operan las restricciones materiales y simbólicas. Pero negar toda capacidad de agencia a las mujeres resulta problemático, porque reemplaza una forma de tutela por otra. El desafío no es elegir entre autonomía o protección, sino comprender que sin condiciones materiales mínimas la autonomía puede convertirse en una ficción jurídica.
En ese sentido, si la respuesta del Estado es simplemente prohibir, lo que se hace no es evitar la explotación de las mujeres, sino invisibilizar las condiciones en que ocurre. La alternativa es más compleja y más exigente: diseñar una regulación que impida que los cuerpos de las mujeres sean tratados como recursos disponibles, estableciendo límites claros, garantías efectivas y condiciones que resguarden su dignidad. Esto podría implicar excluir la intermediación lucrativa, reforzar el consentimiento informado y asegurar que la decisión de gestar no esté mediada por situaciones de extrema vulnerabilidad.
La discusión legislativa que se abre no debería reducirse a un dilema entre permitir o prohibir. Se trata de decidir si el Estado va a asumir un rol regulador frente a una práctica que ya existe o si optará por la salida más sencilla: declarar ilegítima una realidad que, en los hechos, seguirá ocurriendo.
La evidencia comparada y el propio debate feminista muestran que no existen soluciones simples para problemas complejos. Pero sí hay una certeza: legislar desde la polarización, sin hacerse cargo de las relaciones de poder que atraviesa la gestación por subrogación, no es neutral. Porque cuando el Estado renuncia a regular materias complejas, las desigualdades no desaparecen; simplemente quedan fuera de discusión.
