[DECLARACIÓN] Expertas expresan preocupación por proyecto que afecta los derechos de niñas víctimas de violencia sexual en Brasil

Nosotras, investigadoras, profesoras, profesionales, especialistas y organizaciones comprometidas con la protección de los derechos humanos, los derechos de la niñez y la adolescencia, y los derechos sexuales y reproductivos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la derogación de las directrices para garantizar una atención humanizada y basada en derechos humanos a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Brasil, incluido el acceso al aborto legal, tras la aprobación del Proyecto de Decreto Legislativo Nº 3/2025 del Congreso Nacional que deroga la Resolución N.º 258/2024 del Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CONANDA).

La derogación de esta norma ocurre en un contexto alarmante. Según el Observatorio Niñas No Madres (Criança Não é Mãe), Brasil registra un promedio de 16.521 nacimientos de niñas menores de 14 años cada año. Es decir, en Brasil cada día 45 niñas se convierten en madres. En todos estos casos, la legislación brasileña presume la existencia de violación sexual y, sin embargo, una ínfima parte de estos casos son denunciados, investigados, juzgados o reparados.

Al mismo tiempo, en Brasil el acceso al aborto legal sigue estando limitado a tres circunstancias: en caso de violación sexual, de riesgo para la vida de la persona embarazada o en caso de fetos sin desarrollo cerebral. Además, el acceso al servicio de aborto sigue siendo profundamente desigual en el territorio nacional, con servicios concentrados en pocos estados y numerosas barreras institucionales que dificultan el acceso a este servicio a niñas y adolescentes.

Dentro de las barreras que obstaculizan el acceso al aborto legal en Brasil se encuentran: la exigencia de consentimiento parental para niñas y adolescentes o de autorización judicial para acceder al servicio; las altas tasas de objeción de conciencia entre el personal médico sin derivaciones adecuadas y oportunas; la falta de información para acceder al procedimiento; la violencia, la estigmatización y la persecución penal. Como resultado, muchas niñas y mujeres en Brasil son obligadas a recurrir a abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud. La Resolución N.º 258/2024 del CONANDA establecía el procedimiento para garantizar el acceso al aborto seguro de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual sin estas barreras.

La aprobación del Proyecto de Decreto Legislativo Nº 3/2025 eliminó la única regulación existente en Brasil para asegurar el acceso al aborto seguro y digno de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Con la aprobación de esta norma, desaparecieron del ordenamiento jurídico las únicas salvaguardias destinadas a garantizar que el interés superior de la niñez sea efectivamente considerado en situaciones de extrema vulnerabilidad. Asimismo, resulta incompatible con derechos y principios fundamentales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos los derechos a la salud, a la igualdad y no discriminación, a vivir libres de violencia, a no ser sometidas a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el principio del interés superior de la niñez.

El Comité de los Derechos de la Niñez, el Comité de Derechos Humanos y otros órganos de tratados de las Naciones Unidas han afirmado que el acceso seguro, legal y efectivo al aborto constituye una dimensión esencial de los derechos humanos, la salud y la autonomía reproductiva. Estos organismos han instado a los Estados, incluido Brasil, a eliminar barreras legales e institucionales al acceso al aborto para prevenir los embarazos y maternidades forzadas de niñas y adolescentes, y a garantizar que sus opiniones sean escuchadas y respetadas en las decisiones sobre su salud reproductiva, de conformidad con los principios del interés superior de la niñez, las capacidades evolutivas y la no discriminación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) también han señalado que los Estados deben prevenir el aborto inseguro y establecer marcos legislativos que garanticen el acceso al servicio de aborto en casos de violencia sexual.

La derogación de la Resolución N.º 258/2024 del CONANDA constituye una medida regresiva incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Brasil y aumenta el riesgo de embarazos forzados en la infancia, con graves consecuencias para la salud, la dignidad, la integridad física y psicológica y los proyectos de vida de las niñas.

En el contexto brasileño, marcado por profundas desigualdades raciales, sociales y territoriales, estas preocupaciones adquieren especial relevancia para niñas negras, indígenas y quilombolas víctimas de violencia sexual, para quienes la eliminación de mecanismos de protección supone un agravamiento de las barreras ya existentes para el ejercicio de sus derechos.

El proceso legislativo que condujo a la aprobación del Proyecto de Decreto Legislativo Nº 3/2025 también nos genera profunda preocupación, ya que fue llevado adelante sin un debate público amplio y sin una consulta adecuada a especialistas, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud e instituciones responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes. Las niñas y adolescentes tampoco fueron consultadas, siendo ellas las principales afectadas.

Reafirmamos que las niñas víctimas de violencia sexual deben ser reconocidas y tratadas como sujetas de derechos, con pleno respeto a su dignidad, autonomía progresiva, salud, integridad física y psicológica e interés superior, conforme a lo establecido por la Constitución Federal de Brasil, el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, los estándares internacionales en la materia, y los demás instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos.

Ante esta situación, instamos a las autoridades brasileñas, a las instituciones democráticas y a la sociedad civil a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección integral de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y asegurar el acceso efectivo a los derechos y servicios previstos por la legislación brasileña.

Especialistas en Derechos Reproductivos, Derechos de la Niñez y Derechos Humanos.