Santiago 13 de julio, 2023.- En audiencia ante las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, la investigadora y socióloga de Corporación Humanas, Mariela Infante, presentó comentarios y recomendaciones a la discusión general del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas.
En su presentación, la socióloga valoro que el otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza ya que representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile, permitiendo unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad, profesionalizar su labor, proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos.
Al mismo tiempo, indicó que la discusión de este proyecto de ley es sumamente oportuna pues la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Basta tener a la vista que los índices de temor y preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito -percepción de inseguridad- se han incrementado de manera exponencial, y son los más altos en 22 años de acuerdo al Índice de Paz Ciudadana del año recién pasado, a pesar de que los delitos de mayor connotación se han reducido sostenidamente en la última década, puntualizó en su exposición Mariela Infante.
La investigadora de Corporación Humanas, sostiene que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana. Por ello, es fundamental que todas las intervenciones estatales, incluyendo la legislación y las políticas públicas, incorporen el enfoque del enfoque de género y de derechos humanos, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, respecto de las cuales Chile se ha comprometido, como parte de la comunidad internacional
La seguridad con perspectiva de género parte del reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado. De esta manera, se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables, y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género.
Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad y defensa ha sido diseñado desde una perspectiva masculina, y luego de ese diagnóstico, avanzar en implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda.
Finalmente, sumando a una serie de recomendaciones entregadas a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Mariela Infante concluyo señalando que regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública, pues la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos.
Avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género, que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades diferenciadas de las mujeres, y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas, programas, actividades y procesos relacionadas con la materia, ha demostrado ser un factor imprescindible para la construcción, preservación y sostenibilidad de sociedades más seguras, finaliza Infante.
Otros expositores sobre uso de la fuerza
También expusieron ante las comisiones unidas Camila de la Maza, jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos; Giannina Mondino, Defensora de la niñez subrogante; y Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de Defensa.
La norma, en primer trámite constitucional, continuará analizándose en una próxima sesión. En la oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones, el próximo 31 de julio.
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