La comisión tendrá 45 días para proponer nuevos mecanismos de probidad e integridad que colaboren en evitar malas prácticas entre administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.
El miércoles 2 de agosto Corporación Humanas participó de una audiencia de la Comisión Asesora Ministerial sobre la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Esta comisión, anunciada en julio por el presidente de la República, Gabriel Boric Font, busca profundizar en la agenda de probidad del gobierno, proponiendo nuevos mecanismos de probidad e integridad entre ambas entidades.
La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, señaló que la existencia de las organizaciones de la sociedad civil se sustenta en el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación, consagrado en diversos tratados internacionales que se encuentran vigentes en Chile y en nuestra actual Constitución. En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas positivas para establecer y mantener un entorno propicio para este derecho, además de no obstaculizar indebidamente el ejercicio del mismo.
Además, relevó en la instancia la contribución de las organizaciones privadas a fines sociales y la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y control respecto del uso de fondos públicos que tengan estas. En esta línea, argumentó que los contextos políticos inestables, con desconfianza en las instituciones, favorecen el auge de posturas extremas y generan climas cada vez más polarizados.
Este contexto vuelve imperante la “definición de reglas claras sobre transparencia y publicidad en cuanto a sus objetivos, lineamientos, marco normativo aplicable, estructura organizacional, financiamiento, actividades y acciones de lobby para las organizaciones de la sociedad civil”, señaló en la audiencia. Pero agregó que no se pueden aplicar a las organizaciones de este tipo las mismas normas de transparencia que tienen los organismos del Estado (contemplados en la ley Nº 20.285).
“Se requieren regulaciones diferenciadas en atención al tamaño de las mismas y el origen y montos de su financiamiento, entre otros criterios”, explicó Camila Maturana. Esta regulación diferenciada es necesaria para evitar que estas exigencias, requisitos y controles se utilicen como un obstáculo para, por ejemplo, la labor de defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Puedes revisar la minuta de esta audiencia aquí
