La diputada del partido Comunista Karol Cariola junto a concejalas de la Región Metropolitana, dirigentes de la sociedad civil y representantes de organizaciones por los derechos de la mujer presentaron ante la Superintendencia de Salud un requerimiento para que dichas instituciones aseguren a las mujeres cotizantes el cumplimiento absoluto de sus derechos, a través de las prestaciones y planes contratados por ellas, en el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En el escrito, tal como detalló la propia legisladora solicitan que el ente fiscalizador ordene a las Isapres asegurar que sus cotizantes reciban el tratamiento adecuado en el marco de la nueva ley de interrupción del embarazo y no se excusen en la condición de objetores de conciencia de sus prestadores.
En el mismo sentido la integrante de la Corporación Humanas Kena Lorenzini insistió en la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria en tres causales, haciendo un llamado a las usuarias de Isapre a exigir el cumplimiento de sus planes en este evento y no aceptar la derivación a centros médicos que no tengan el equipamiento o garantías mínimas contratadas.
Desde la ONG ACCION MUJER Y MADRE, Virginia Palma argumentó que ya durante la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales advirtieron que la decisión de acoger por parte del Tribunal Constitucional la excepción de la objeción de conciencia institucional permitiría a las Clínicas y Hospitales privados poner cortapisas a esta reivindicación histórica para las mujeres, lo cual queda demostrado en la denuncia que están promoviendo en contra de esta actitud arbitraria por parte de las Isapres.
“Aquí estamos las mujeres para defender un derecho ganado tras un arduo esfuerzo”, así lo expresó la Concejala Comunista por la Comuna de Santiago Irassi Hasler , anunciando también que junto a la sociedad civil organizada no permitirán que la ideología conservadora que inspira al actual Gobierno impida poner en práctica los protocolos de una ley que ha cumplido todos los trámites constitucionales, y hoy es por cierto un derecho que no puede verse afectado.
