La organización está convocando a la sociedad civil a respaldar una comunicación urgente dirigida a Naciones Unidas, que advierte sobre los riesgos del proyecto de ley presentado por el Gobierno para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las organizaciones podrán adherir hasta este martes 27 de octubre.
Corporación Humanas está impulsando una denuncia ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, frente al proyecto de ley presentado por el Gobierno que modifica las atribuciones, composición y funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La iniciativa busca alertar a los mecanismos internacionales de protección sobre las consecuencias que podría tener esta reforma para la autonomía de la institución, el acceso a la justicia de las víctimas y la defensa de los derechos humanos en Chile.
El proyecto, ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 19 de octubre, contempla modificaciones sustantivas a la Ley N.º 20.405, que creó el INDH en 2009. Entre ellas, la eliminación de su facultad para presentar querellas por graves violaciones de derechos humanos, cambios en la composición de su Consejo y una reducción significativa de su dotación regional.
¿Qué está en juego con la reforma al INDH?
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es la eliminación de la facultad del INDH para intervenir como querellante en causas judiciales vinculadas a graves violaciones de derechos humanos.
Actualmente, esta atribución permite que la institución participe activamente en procesos judiciales, solicite diligencias y contribuya a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Su eliminación limitaría su actuación a la presentación de denuncias ante otros organismos, sin las mismas posibilidades de intervenir en la investigación y el proceso penal.
Esta función ha sido especialmente relevante en casos de violencia institucional, tortura y otras vulneraciones de derechos humanos, incluyendo las ocurridas durante el estallido social de 2019.
La propuesta también reduce de once a cinco los integrantes del Consejo del INDH y modifica los mecanismos de designación, eliminando la elección directa de representantes de las organizaciones de la sociedad civil. De aprobarse, el 80% de sus integrantes quedaría sujeto a mecanismos de nombramiento en los que intervienen órganos políticos.
A ello se suma la creación de un Consejo transitorio, cuyos integrantes serían propuestos por la Presidencia de la República y aprobados por el Senado, así como una reducción del 50% de la dotación de las sedes regionales.
Estas modificaciones generan preocupación por su posible incompatibilidad con los Principios de París, estándares internacionales que establecen las condiciones de independencia, pluralismo y autonomía que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos.
Las consecuencias para las víctimas y las personas defensoras
Más allá de los cambios en la estructura institucional, la denuncia advierte sobre sus efectos concretos para quienes requieren protección frente a vulneraciones de derechos humanos.
La reducción de las capacidades judiciales y territoriales del INDH podría afectar especialmente a víctimas de violencia estatal, comunidades indígenas, personas migrantes, defensoras ambientales y territoriales, así como a organizaciones que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia.
En particular, el debilitamiento de las sedes regionales podría profundizar las desigualdades territoriales en el acceso a mecanismos de protección, trasladando mayores responsabilidades a organizaciones de la sociedad civil que ya enfrentan limitaciones de recursos.
La preocupación se inscribe, además, en un escenario de cuestionamientos a otras decisiones gubernamentales relacionadas con políticas de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y financiamiento de programas de derechos humanos.
Un llamado urgente a Naciones Unidas
La comunicación que impulsa Corporación Humanas solicita a la Relatoría Especial que requiera información al Estado de Chile sobre la compatibilidad del proyecto con sus obligaciones internacionales y recomiende mantener las facultades judiciales, la representación directa de la sociedad civil y las capacidades regionales del INDH.
También plantea la necesidad de abrir un diálogo entre el Gobierno, el Congreso, el propio Instituto, las víctimas y las organizaciones sociales, considerando las recomendaciones formuladas en 2025 por la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH.
La urgencia de esta acción radica en que el proyecto se encuentra en su primer trámite legislativo, por lo que todavía existe la posibilidad de introducir modificaciones que resguarden la autonomía y las funciones de protección de la institución.
La independencia de los organismos encargados de proteger los derechos humanos constituye una garantía democrática fundamental, especialmente cuando deben actuar frente a posibles vulneraciones cometidas por agentes del propio Estado.
Organizaciones pueden adherir hasta el 27 de octubre
Corporación Humanas invita a organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos y de la sociedad civil a respaldar esta comunicación urgente ante Naciones Unidas.
El plazo para adherir finaliza hoy, martes 27 de octubre, a las 23:59 horas.
Lee el documento completo de la denuncia:
https://drive.google.com/file/d/1nk4COLHLogWuFxOCR4Y2l48N49YfmdaW/view?usp=sharing
La convocatoria busca reunir el respaldo de organizaciones comprometidas con la defensa de una institucionalidad de derechos humanos independiente, con presencia territorial y capacidad efectiva para proteger a las personas frente a vulneraciones de sus derechos.
