Hay instituciones que sobreviven simplemente porque nos acostumbramos a ellas. La figura de la primera dama es una de esas instituciones que Chile debiera volver a discutir. La pregunta dejó de ser teórica cuando, mediante la Resolución Exenta N.º 391, de mayo de este año, se restituyó el gabinete de la primera dama, eliminado en 2022. Sus funciones exceden el acompañamiento protocolar: debe asesorarla en sus actividades oficiales y en la elaboración y seguimiento de iniciativas relacionadas con mujeres, infancia, familia y personas mayores, además de colaborar en la articulación de proyectos con instituciones públicas y privadas.
Estamos hablando, entonces, de una estructura estatal que permite incidencia pública a una persona que no fue elegida, no concursó para desempeñar esa función y cuyo vínculo con ella deriva de su matrimonio con el Presidente.
Desde una perspectiva feminista, esto resulta especialmente problemático porque durante décadas las mujeres hemos luchado para acceder al espacio público por nuestras capacidades, trayectorias, trabajos y decisiones. La institución de la primera dama conserva, en cambio, una idea difícil de conciliar con esa conquista: una mujer obtiene un lugar institucional precisamente por ser “la señora de”.
Esto se complejiza aún más cuando existe un gabinete financiado con recursos públicos. Corresponde, entonces, saber quiénes lo integran, cuánto cuesta, cuáles son sus remuneraciones y funciones, qué actividades desarrolla, qué reuniones mantiene y con qué criterios se define su agenda.
La reciente visita de la primera dama a la agrupación Encuentro, en Valdivia, muestra por qué estas preguntas importan. La organización acompaña a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y busca apoyarlas para que continúen sus embarazos. La pregunta institucional es por qué la primera dama escogió esa organización, qué criterio orientó esa decisión y cómo se garantiza pluralidad cuando una figura respaldada por la Presidencia interviene en materias relacionadas con los derechos de las mujeres.
Una visita, por sí sola, no permite concluir que exista una determinada agenda gubernamental, pero sí justifica preguntar cuál es la agenda de la primera dama y cuáles son sus límites. Y hay aquí una cuestión de fondo porque la vulnerabilidad de las mujeres no comienza ni termina con el embarazo.
Una política pública comprometida con sus derechos debe considerar también su autonomía económica, el acceso al trabajo y a los cuidados, las pensiones de alimentos, una vida libre de violencia y su autonomía física y reproductiva.
Son materias que ya tienen lugar en instituciones estatales como el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) o Prodemu. A ello se suma que Chile cuenta con una legislación vigente que permite la interrupción del embarazo en tres causales y cuya implementación presenta importantes falencias.
En democracia pueden coexistir distintas convicciones morales o religiosas sobre el aborto, pero las actuaciones desarrolladas desde estructuras estatales deben respetar el marco jurídico vigente y los derechos que este reconoce. Eso incluye las actividades que se desarrollen desde el gabinete de la primera dama.
Por eso, el debate no debiera reducirse a si la cónyuge del Presidente desempeña bien o mal el papel de primera dama. La pregunta es anterior: ¿por qué necesitamos ese papel?
Que una institución sea tradicional no significa que sea democráticamente incuestionable. Si existe un gabinete, recursos públicos, despliegue territorial e intervención en asuntos de interés público, corresponde exigir atribuciones claras, transparencia y rendición de cuentas.
En pleno siglo XXI, el poder público debería provenir de reglas institucionales, no del estado civil. Y los derechos de las mujeres no deberían depender de las convicciones de quien circunstancialmente habite La Moneda, menos aún de las de la persona con quien el Presidente esté casado.
