En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora quisiera relevar algunas de las deudas en el país en materia de derechos de las mujeres.

En el ámbito de trabajo doméstico y de cuidados, éste sigue siendo realizado mayoritariamente por mujeres, en condiciones precarias, sin descanso, reconocimiento ni seguridad social. Como es sabido, no existe una condición biológica que nos hace “más aptas” para estas labores, sino una discriminación histórica y estructural que afecta a las mujeres.

Esta discriminación se ve reflejada en distintas cifras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 2023 la participación laboral de las mujeres (50,8%) tuvo casi 20 puntos menos que la de los hombres (70,2%). Un tercio de las mujeres que no participan del mercado laboral aducen razones familiares permanentes, es decir, labores de cuidado y del hogar. A ello se suma que según la encuesta sobre violencia laboral de GROW & FES, el 78% de las mujeres admite haber sufrido violencia en el trabajo y casi un tercio de ella ha sido violencia sexual.

En el ámbito de la participación política, la reforma electoral de 2015 se limita a las candidaturas y por un plazo acotado, y las reglas de paridad aplicadas para ambos procesos constitucionales -logradas en alianza entre organizaciones feministas y de mujeres, académicas y parlamentarias-, no se han instalado como una buena práctica en otros espacios de toma de decisión y cargos públicos.

Los avances normativos necesarios para la protección y defensa de los derechos de las niñas y mujeres siguen siendo cuestionados por sectores antiderechos que despliegan variados esfuerzos para oponerse a ellos. Uno de los ejemplos más conocidos fue el intento de derogar la ley de aborto en tres causales, ampliar la objeción de conciencia y no consagrar la educación sexual integral en la segunda propuesta constitucional.

En el ámbito de la violencia de género, los datos dan cuenta de un aumento de las denuncias, especialmente de violencia sexual, que en los últimos cinco años se incrementó en 57%. También, según los datos del Circuito Intersectorial de Femicidios, en 2023 hubo 41 femicidios consumados y 216 frustrados. En los tres meses que llevamos de 2024, ya se han registrado 4 femicidios consumados y 33 frustrados.

Preocupa que frente a la magnitud y las distintas dimensiones de la violencia contra niñas y mujeres, la respuesta estatal y social no resulte suficiente. Más allá de los avances, hay muchas deudas pendientes que requieren convicción y voluntad política para realizar políticas públicas y legislativas destinadas mejorar la calidad de vida de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad, asignando los recursos necesarios e impulsando iniciativas destinadas a promover una cultura que tenga a la base la igualdad en el goce de los derechos humanos para hombres y mujeres.

Columna de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 06 de marzo de 2024 en Cooperativa