Fortaleza, Brasil. 10 de diciembre, 2025.- El Foro de Sociedad Civil, organizado por la Articulación Belém do Pará, reunió a organizaciones feministas, defensoras y expertas de toda la región para dialogar con la nueva directiva del Comité de Expertas del MESECVI (CEVI) y avanzar en una lectura común frente a los retrocesos democráticos, las tensiones multilaterales y las múltiples formas de violencia que atraviesan a mujeres y niñas en América Latina y el Caribe.
El encuentro comenzó con la presentación de la directiva del CEVI recién electa, que por primera vez en veinte años está presidida por una experta del Caribe. Las integrantes remarcaron que el CEVI solo puede cumplir su mandato si mantiene una relación estrecha con la sociedad civil, dado que son las organizaciones quienes trabajan en territorio, documentan nuevas violencias y permiten identificar tendencias y retrocesos que no aparecen en los informes estatales.
Uno de los ejes más reiterados durante el foro fue la necesidad de asegurar que la Convención de Belém do Pará siga siendo un instrumento vivo y no solo un compromiso simbólico. Varias intervenciones insistieron en que las leyes y tratados ratificados en la región aún no se traducen en protección efectiva debido a fallas estructurales en la implementación, falta de financiamiento, escasa coordinación institucional y ausencia de datos desagregados. El ejemplo de Chile, en pleno proceso electoral con un candidato de extrema derecha, ilustró cómo los avances normativos pueden vaciarse de contenido si no existe una infraestructura estatal capaz de sostenerlos y si no se garantiza presupuesto estable. Se subrayó que toda política pública que restrinja la autonomía —ya sea en cuidados, derechos sexuales y reproductivos o acceso a la justicia— constituye una forma de violencia que los estados deben atender con coherencia y urgencia.
El debate sobre violencias se amplió hacia ámbitos que a menudo quedan fuera del análisis estatal. Hubo coincidencia en que la violencia sexual, la violencia digital, el extractivismo, las agresiones contra defensoras de territorio, los ataques a mujeres indígenas y afrodescendientes, y las violencias impulsadas por decisiones estatales forman parte de un mismo entramado. Se advirtió, además, que las empresas tecnológicas están expandiendo su infraestructura en países de la región sin marcos regulatorios adecuados, lo que intensifica los riesgos para las mujeres defensoras, especialmente en zonas de explotación de recursos naturales. En ese sentido, varias organizaciones subrayaron el potencial de la nueva Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Digital como herramienta para armonizar legislaciones, exigir obligaciones específicas a los estados y, por primera vez, responsabilizar a plataformas y servidores digitales por su papel en la reproducción de violencias.
En paralelo, el foro abrió un espacio importante para discutir tensiones internas dentro del movimiento feminista. Representantes de organizaciones trans, indígenas y lesbianas señalaron que la defensa de la Convención no puede reproducir jerarquías ni exclusiones. Se llamó a reconocer explícitamente los transfeminicidios, a incluir datos sobre mujeres con discapacidad, migrantes y afrodescendientes, y a abandonar lecturas binarias del género que contradicen conocimientos ancestrales de muchos pueblos originarios. También se advirtió que el avance de discursos transexcluyentes o clasistas dentro del feminismo favorece de facto a los movimientos de ultraderecha y debilita la capacidad colectiva de incidencia. Las participantes coincidieron en que la ética feminista exige coherencia hacia adentro del movimiento, evitando reproducir violencias en nuestros propios espacios.
Hacia el cierre del foro, las mesas de trabajo socializaron propuestas para fortalecer la implementación de la Convención y el seguimiento desde la sociedad civil. Se insistió en la necesidad de presupuestos etiquetados y líneas base que permitan medir cuánto destinan los gobiernos a la respuesta integral a la violencia, así como la creación de sistemas regionales de seguimiento que aprovechen la información producida por organizaciones. Las participantes propusieron fortalecer la formación de funcionariado, certificar capacidades institucionales y crear rutas de liderazgo y acompañamiento para organizaciones que trabajan desde la interseccionalidad. También se planteó que la declaración final del foro sea políticamente contundente y no solo una lista de demandas, acompañada de un compromiso paralelo de sociedad civil para realizar monitoreo autónomo y sostener la presión política una vez finalizada la conferencia.
El Foro dejó claro que la vigencia de la Convención depende tanto del compromiso estatal como de la capacidad de articulación regional de la sociedad civil. Las organizaciones coincidieron en que, frente a los retrocesos actuales, es indispensable consolidar alianzas, ampliar la mirada sobre las violencias y utilizar todas las herramientas disponibles —incluida la nueva Ley Modelo— para que los derechos consagrados hace treinta años se traduzcan en cambios concretos en la vida de mujeres y niñas de la región.
