El 25 recién pasado se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, oportunidad para avanzar en la comprensión de los efectos de la discriminación estructural en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas. Esta fecha también permite poner de relieve la importancia de fortalecer los esfuerzos en su prevención, que deben centrarse en enfrentar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y la necesidad de reconocer las diversas manifestaciones de la violencia por razones de género que se ejercen en espacios privados y públicos.
La violencia contra las mujeres ocurre en relaciones de pareja y familiares, pero también se vive en las calles y el espacio público, en entornos laborales, en el ámbito educativo, en la atención de salud, en el espacio digital y en la vida política. Uno de sus rasgos distintivos es el ejercicio de poder y control, y el disciplinamiento a las mujeres para mantenerlas en un lugar subordinado.
Pese a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile en orden a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, vemos con preocupación cómo durante los últimos años el fenómeno se ha agudizado. Un estudio realizado por el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP) de la Universidad de Chile evidencia que la cantidad de mujeres que afirman haber sufrido violencia intrafamiliar en algún momento de su vida creció 11,4 puntos porcentuales en 10 años: desde un 32,6 por ciento en 2012 hasta un 44 por ciento en 2022.
De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las denuncias de violencia intrafamiliar entre el 2018 y el 2022 aumentaron en un 39% y las denuncias de violencia sexual se incrementaron en un 57%.
Aunque las cifras evidencian la urgencia de poner en el centro del debate público la seguridad de las mujeres y niñas, la agenda se mantiene bajo una aparente neutralidad de género que solo contribuye a invisibilizar sus experiencias, necesidades y derechos. La discusión sobre seguridad se ha enfocado hasta ahora en un determinado perfil de criminalidad, priorizando algunos delitos y centrando las respuestas en medidas punitivistas que, por un lado, no constituyen respuestas eficaces a largo plazo para las problemáticas de seguridad y, por otro, no abordan el impacto diferenciado para las mujeres y niñas.
Un ejemplo de ello es el proyecto de ley que actualmente se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados y que propone hacer de la migración irregular un delito, sin considerar que esto expone de manera desproporcionada a la violencia a las mujeres y niñas que se encuentran en esta situación migratoria, quienes frente a la amenaza de ir a la cárcel evitarán denunciar estas situaciones, siendo privadas de la protección del Estado frente a la violencia e impedidas del acceso a la justicia.
También en la Cámara se encuentra ad portas de terminar en su primer trámite el proyecto que propone autorizar el porte y uso de armas de fuego al personal en retiro de Gendarmería, aumentando la circulación de armas en los hogares y en las calles y generando un peligro adicional para las mujeres y niñas víctimas de violencia dado el efecto intimidatorio y disciplinador de la tenencia de armas por parte del agresor, que, aun cuando no sean disparadas, representan una amenaza latente.
La seguridad debe ser con nosotras. Es necesario un enfoque integral en el que no solo se considere como violencia contra las mujeres a las manifestaciones más reconocidas de esta, como la intrafamiliar o la sexual, sino también que se aborden en las políticas públicas los riesgos e impactos diferenciados que la criminalidad en general tiene para mujeres y niñas.
Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas
Columna publica en La Tercera el martes 28 de noviembre de 2023.-
