El pasado 17 de abril, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y Corporación Humanas, enviaron una contribución escrita al Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas, Surya Deva. El documento forma parte del informe anual sobre la relación entre igualdad de género y el derecho al desarrollo.
La contribución destaca que el trabajo de cuidados, mayoritariamente no remunerado, recae de forma desproporcionada sobre mujeres y niñas en todo el mundo, perpetuando la pobreza multidimensional, las desigualdades de género y obstaculizando el desarrollo. Se propone transitar hacia una “sociedad del cuidado”, entendida como un modelo que reconoce la interdependencia humana, promueve servicios públicos de calidad y garantiza el cuidado como un derecho humano.
Las organizaciones firmantes llaman a los Estados a adoptar políticas públicas con enfoque interseccional que redistribuyan el trabajo de cuidados entre hogares, comunidades, empresas y el Estado; que protejan los servicios públicos de la mercantilización; y que aseguren la participación sustantiva de mujeres y niñas en todas sus diversidades.
Entre las recomendaciones clave destacan: consagrar el cuidado como derecho humano, garantizar inversión pública sostenida, promover una transición justa y adoptar políticas fiscales progresivas que sustenten estos cambios estructurales.
