Santiago 21 de julio, 2025.- En el marco de la visita oficial a Chile de Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Corporación Humanas sostuvo una reunión para compartir antecedentes, diagnósticos y recomendaciones sobre la situación nacional en esta materia, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.
Durante el encuentro, se entregó una minuta que recoge la trayectoria de trabajo de Corporación Humanas en el ámbito nacional e internacional, así como observaciones sobre el contexto actual de criminalización de la protesta y los desafíos pendientes para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la reunión, especialmente por parte de mujeres, defensoras ambientales, lideresas indígenas, activistas migrantes y jóvenes.
Corporación Humanas cuenta con más de dos décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género, participando activamente en el sistema internacional de derechos humanos. Ha presentado informes ante comités como el de Derechos Humanos de la ONU y la CEDAW, y colabora con redes regionales como la Articulación Regional Feminista y plataformas como Nada Sin Nosotras. Su trabajo ha contribuido a visibilizar violaciones a los derechos en contextos de protesta, migración y violencia político-sexual.
La organización destacó la importancia de adoptar un enfoque interseccional y transfeminista en la protección del derecho a la protesta, tal como se expresa en el informe regional elaborado junto al CELS en 2022. Asimismo, se expresó especial preocupación por el contenido del proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
Corporación Humanas alertó sobre las omisiones del proyecto en aspectos esenciales, como la incorporación del principio de proporcionalidad, la distinción entre armamento letal y menos letal, y la necesidad de resguardar la prohibición de tortura y el uso de la fuerza contra personas detenidas. Además, se enfatizó la urgencia de garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y transparencia mediante informes periódicos y auditorías independientes.
La organización reiteró que toda normativa sobre uso de la fuerza debe alinearse con los estándares internacionales en la materia, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979), los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza (1990) y la guía de Naciones Unidas sobre armas menos letales (2020).
“En un momento de riesgo para el ejercicio de derechos en América Latina, es fundamental que los mecanismos internacionales escuchen y recojan las experiencias de las organizaciones feministas. La protesta social no puede seguir siendo criminalizada; es una herramienta legítima para exigir justicia”, señalaron desde Corporación Humanas.
La minuta entregada a la Relatora Gina Romero se encuentra disponible aquí, como contribución al fortalecimiento de los estándares internacionales para la protección del derecho a la reunión pacífica y la protesta social desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.
