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Camila Maturana resume así, del otro lado del teléfono y al otro lado del Atlántico, el resultado de años de lucha y negociación. Esta semana el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la ley del aborto chilena, que legaliza el llamado aborto terapéutico y lo despenaliza en tres supuestos:  riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto o cuando el embarazo es fruto de una violación. Pero esta abogada feminista prosigue su síntesis: «Este triunfo logrado es un hito histórico, pero seguimos peleando por el aborto libre porque no es una respuesta a la clandestinidad a la que se enfrentan miles de mujeres».

El objetivo de los colectivos feministas y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos no resta trascendencia a la norma conseguida, que empezó a debatirse en 2015 y que ha tenido que pasar por el Congreso, el Senado y enfrentarse a la petición de inconstitucionalidad ante el TC por parte de partidos conservadores. Eso a pesar de que la sociedad chilena llevaba años mostrando en las encuestas de opinión un apoyo superior al 50% a una ley del aborto en estos supuestos.

Restituir el derecho tras 28 años

Este avance, que puede marcar el camino para que otros países de su entorno dejen de criminalizar a las mujeres por interrumpir voluntariamente su embarazo, tiene una especial relevancia para las mujeres chilenas. «Se trata de recuperar un derecho que teníamos hace más de 30 años, pero que luego nos arrebataron. Creo que es tan importante como cuando conseguimos el derecho al voto. Es restituir la dignidad y la justicia de muchas mujeres», explica Claudia Dides, directora de la organización Corporación Miles, una de las más activas.

Esta activista, señalada por la BBC británica como una de las mujeres clave en la consecución de la despenalización del aborto, se refiere al momento en el que la dictadura de Pinochet derogó en 1989 la norma vigente sobre el aborto pocos meses antes del final de su régimen. Aquella ley –también circunscrita al aborto terapéutico, aunque no por supuestos, si no por razones que otorgaba el médico– fue tumbada por la dictadura por presiones de los sectores más conservadores y la Iglesia católica.

Desde entonces el país latinoamericano perseguía a las mujeres que interrumpieran voluntariamente su embarazo en todas las circunstancias. «Los movimientos de mujeres y feministas pensábamos que con la llegada de la democracia, en 1990, sería una de las primeras leyes que dictaría el Parlamento con el objetivo de restituir, al menos, el aborto terapéutico», cuenta Maturana, integrante del colectivo Corporación Humana y portavoz de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

La abogada engloba la reforma de la dictadura en las llamadas «leyes de amarre», aquellas que dejó el régimen como forma de asegurar el orden moral, religioso y social que quería imponer. Tras ello, muchos colectivos feministas y diputadas comenzaron a presentar proyectos de ley del aborto, pero cayeron en saco roto: «Nuestras demandas no fueron tenidas en cuenta en la transición. Parecía como si los derechos de las mujeres fueran una moneda de cambio», explica Maturana.

Un camino largo hacia el derecho a decidir

Aunque Dides considera que «en este momento» la sociedad chilena no aceptaría una ley de aborto libre –similar a la que hay en España, que en vez de regular el acceso por supuestos, lo haga por plazos–, pero «será un trabajo que tendremos que hacer», explica la activista, que asume que será «un camino largo».

La ley aprobada, cuya negociación no ha sido fácil porque en un principio contaba con partidos de la oposición muy contrarios a ella, resuelve un problema que las activistas califican de «crónico»: la violencia sexual. Mujeres y niñas que se quedan embarazadas fruto de una agresión sexual podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. «No hacerlo era un trato cruel, inhumano y degradante», apunta Maturana.

Sin embargo, prosigue, «queda pendiente la situación en la que nos encontramos el resto de mujeres que por cualquier razón queremos abortar. Esas mujeres seguimos en Chile condenadas a la clandestinidad».

El desafío de la implementación

Los pasos que dé la norma a partir de su promulgación por parte de la presidenta e impulsora, Michelle Bachelet, son los grandes desafíos a los que se enfrenta. Dides asegura que el punto más caliente tiene que ver con la objeción de conciencia, que la ley posibilita para todo el equipo médico. «Nosotras queríamos que se redujera a la objeción únicamente del médico, pero por lo menos logramos que se eliminara la institucional, ya que había hospitales católicos que presionaban para ello», explica.

La activista identifica como el principal riesgo la posible llegada al poder de un gobierno conservador en las elecciones del próximo noviembre y las alas que pueda dar a los grupos católicos de objetores. «Hay leyes que se aprueban pero luego tardan en implementarse o se hace con muchos déficits. Estaremos alerta», concluye Dides.

Fuente: El Diario