Organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos, académicos/as de distintas universidades, artistas, ciudadanos/as y organismos internacionales entregan al Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Nuñez, adhesiones en apoyo a la iniciativa gubernamental.
Además, se hará entrega de las firmas reunidas por Amnistía Internacional en el marco de su campaña “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”.
A un año de presentado el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales y cumplida la primera mitad del período presidencial, se requieren señales políticas significativas que den garantía de cumplimiento a un compromiso emblemático de la Presidenta Bachelet y del pacto Nueva Mayoría con las mujeres en Chile.
Por más de dos décadas el Congreso Nacional ha postergado legislar en esta materia, eludiendo con ello reconocer a las mujeres en su condición de ciudadanas con autonomía y poder de decisión sobre sus vidas, salud y bienestar. Desde la recuperación de la democracia se ha mantenido vigente la criminalización total del aborto que impone, bajo amenaza del castigo penal, la continuidad forzada de todo embarazo, incluso si es resultado de la violencia sexual.
“Las adhesiones que se entregan hoy ponen de manifiesto la importancia que tiene para la ciudadanía el debate sobre los derechos de las mujeres, precisamente cuando la sala de la Cámara de Diputados inicia la discusión del proyecto sobre aborto en tres causales”, puntualiza Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.
“El compromiso de cambiar la severa ley de aborto no puede esperar más. La decisión y la dignidad de la mujer no es irrelevante. Hoy, el mensaje dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, es que es imperioso que el trámite legislativo avance con premura, y que la nueva ley ponga verdaderamente en el centro los derechos de las mujeres”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Camila Maturana subraya que “la ciudadanía está de parte de las mujeres y contra la violencia sexual. Así lo demuestran las encuestas de opinión que sitúan en cerca de un 70% el respaldo ciudadano a la legalización del aborto en las tres causales”.
La comunidad internacional, a través de distintas instancias de Naciones Unidas, ha exigido a Chile modificar su legislación, por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres. “Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de todas las mujeres y niñas. Ahora es el momento para que los/as parlamentarios/as tengan verdaderamente esto en cuenta y legislen a favor de los derechos de las mujeres y no de sus convicciones particulares”, señala Ana Piquer.
La ciudadanía es consciente de lo anterior, según evidencian todas las encuestas de opinión, y exige despenalizar la decisión de las mujeres cuando su vida está en riesgo, el embarazo no es viable o es resultado de una violación. Pero hasta ahora, salvo destacadas excepciones, quienes fueron elegidos/as para representarnos y garantizar el cumplimiento del programa de gobierno se han mantenido distantes o en abierto rechazo a esta demanda ciudadana y compromiso con las mujeres y sus derechos humanos. Con ello refuerzan la brecha entre representantes y representados/as, el desprestigio de los partidos políticos, la crisis del sistema democrático y la desigualdad.
El proyecto que impulsa el Gobierno para legalizar el aborto en tres causales, resguardar la dignidad y decisiones de las mujeres y garantizar la prestación de salud oportuna y adecuada en estos casos, constituye un imperativo ético elemental que Chile debe asegurar a las mujeres y niñas. Este compromiso asumido por la Presidenta Bachelet NO SE CUMPLE si:
- el deber de confidencialidad de los/as médicos/as y del equipo de salud no se asegura
- la objeción de conciencia se amplía a equipos de salud e instituciones
- la consejería o acompañamiento es de tipo disuasivo
- se obliga a las mujeres mayores de 18 años denunciar la violación para acceder a la interrupción del embarazo
- los plazos para la interrupción del embarazo hacen inviable el acceso a esta prestación de salud
En cada una de estas situaciones se niegan los derechos humanos de las mujeres y las niñas porque su palabra y decisión se vuelven irrelevantes, se vulneran o se anulan.
Por lo tanto, exigimos al Parlamento respetar el imperativo ético contenido en el proyecto de ley, y a la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría cumplir con el compromiso asumido en su programa de gobierno.
Fuente: Media Blanco
