Chile: Aborto y Maternidad Infantil

ABUSO SEXUAL A MENORES - VIOLACION

Santiago de Chile, agosto (SEMlac).- En una semana, dos casos de niñas embarazadas producto de violaciones reabren la discusión sobre la tercera causal en el proyecto de aborto que se encuentra en tramitación en el Senado de Chile.
Con 11 años, una pequeña en Villarrica se encuentra con 20 semanas de gestación y acusa a su padrastro, de 41 años, de ser el responsable, mientras en San Pedro de La Paz una menor de 12 años tiene 34 semanas de embarazo, apuntando como agresor también a su padrastro.
Según la legislación actual chilena, que prohíbe el aborto en todos los casos, ambas niñas tendrán que afrontar una maternidad forzada que les recordará para siempre el maltrato que vivieron.
Ante esta situación, las organizaciones que impulsan el proyecto de aborto por tres causales han levantado la voz, como MILES Chile, cuya directora, Claudia Dides, señaló a SEMlac que «ingresaremos indicaciones que permitan realizar un aborto hasta las 22 semanas en el caso de violación, tal como lo indica la OMS (Organización Mundial de la Salud)».
«Nos parece aberrante que el Senado no se manifieste respecto a estos actos horrorosos que han sufrido dos niñas chilenas, y no es comprensible que la presidenta (Michelle) Bachelet no le ponga urgencia al proyecto de Ley, que tiene 70 por ciento de aprobación por parte de la ciudadanía», afirmó.
Ello, porque el actual proyecto por tres causales: inviabilidad fetal, peligro de muerte de la mujer y violación, ingresó al Parlamento con la posibilidad de hacer la denuncia en la última causal hasta las 18 semanas de gestación, en el caso de niñas menores de 14 años; sin embargo, con las modificaciones actuales este período va en 14 semanas.
Para Siomara Molina, coordinadora de la Campaña Yo Decido y Soy Libre, este tiempo -aún en caso de aprobarse el proyecto- no es real, puesto que «son casos de adolescentes y niñas que viven bajo la presión de su violador y el miedo, lo que no facilita enfrentar el embarazo, y que además recién comienzan a menstruar y, por tanto, no conocen su cuerpo ni sus períodos; además, generalmente son irregulares», indicó a SEMlac.
Para esta activista, el actual proyecto «debiera servir para abrir el debate, pero no es real pensar que al ser aprobado esto no sucederá. El Senado tiene la responsabilidad de aumentar las semanas si efectivamente se busca responder a la realidad del aborto en caso de violación».
Agregó que «el Estado no ha logrado proteger a las niñas de la violencia sexual, no es aceptable en el marco de los derechos humanos que además se les imponga la maternidad».
Ante los casos mencionados, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, afirmó que esperan que el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales -entre ellas la violación- sea votado pronto en el Senado.
La presidenta de la comisión de Salud del Senado, la democristiana Carolina Goic, señaló que esperan votar el proyecto en septiembre, mientras el gobierno pretende tenerlo despachado en su segundo trámite constitucional en enero próximo.

Violencia sexual hacia niñas y adolescentes
La violencia sexual hacia niñas y adolescentes es una realidad en Chile. El 4to Estudio de Maltrato Infantil en Chile, de 2015, recogió la opinión de niños y niñas de octavo básico y reveló que 8,7 por ciento de los niños, niñas y adolescentes encuestados señaló haber sido víctimas de abuso sexual. Del total, 75 por ciento eran mujeres. Evidenció, además, que el promedio de edad en el cual ocurre el primer abuso sexual es de ocho años y medio.
Respecto al agresor, 75,1 por ciento de quienes ejercen abuso sexual son hombres, el 88,5 por ciento son conocidos de las niñas y 50,4 por ciento son familiares.
La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, solicitada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el 2012, arrojó que 7,3 por ciento de las niñas, adolescentes y mujeres entrevistadas reconoció haber sido abusada sexualmente, y que casi nueve de cada 10 agresores son hombres, casi la mitad conocidos de la víctima, 40 por ciento familiares y solo 14,5 por ciento desconocidos. Concluyó, además, que más de la mitad de los casos sucedió entre los 10 y 13 años.
Según datos de la Fiscalía Nacional, en 2013 hubo 21.543 casos de delitos sexuales ingresados a Fiscalía; se identificaron 24.124 víctimas, de las cuales 74 por ciento correspondió a menores de 18 años y 26 por ciento a mayores de 18 años. Cuatro de cada cinco casos son mujeres y niñas.
Las mujeres violentadas sexualmente se demoran en denunciar el delito de que fueron víctimas. Un estudio del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia, CEMERA, de la Universidad de Chile, realizado en 2013, determinó que 36 por ciento de las niñas nunca reveló la agresión sexual sufrida y, entre las que sí lo hacen, 41 por ciento lo hizo antes de un año y 23 lo reveló recién después de un año de ocurrida la agresión.
Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, «este tipo de situaciones, lamentablemente, pone de manifiesto la magnitud de la violencia sexual en Chile, sobre todo contra las niñas y adolescentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad».
Maturana realizó un llamado ético a los legisladores a mirar esta realidad trágica. «Urge aprobar a la brevedad el proyecto de ley de aborto en tres causales y a revisar los contenidos de lo que se está debatiendo, porque determinados aspectos no contribuyen necesariamente a proteger a las víctimas», señaló.
«El Estado de Chile no puede imponer a las mujeres que sufren abuso sexual el castigo de embarazo forzado. Aquí las niñas, jóvenes y mujeres merecemos, en caso de violación, poder elegir sobre el embarazo», añadió la jurista.
Andrea Huneeus, especialista en ginecología infantil y adolescente y quien compareció ante la Cámara de Diputados en 2015 por el proyecto de aborto por tres causales, señaló a Revista Paula que «66 por ciento de las embarazadas por violación es menor de edad y 11 por ciento tiene menos de 12 años. Es decir, son niñas».
Concluyó que por «las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en las menores de edad embarazadas por violación, lo ideal sería dejarlo sin limitación de tiempo».

Los riesgos

La violencia sexual tiene graves consecuencias, tal como lo reveló el «Informe de Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de datos secundarios» del año 2010, al afectar la salud física y mental de las sobrevivientes.
En términos de salud física, la violencia sexual se vincula con enfermedades de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH y el sida, embarazos no planeados, pérdidas de embarazo, disfunción sexual y problemas ginecológicos.
Entre las consecuencias psicopatológicas asociadas con el abuso sexual, el estudio de psiquiatría de J. McClellan llamado «Age of onset of sexual abuse: Relationship to sexually inappropriate behaviors«, refiere comportamientos sexualizados socialmente inadecuados, depresión, miedos, problemas conductuales, síntomas disociativos, baja autoestima y síntomas de estrés post-traumáticos.
Se ha demostrado que el riesgo de parto prematuro en las pacientes adolescentes es mayor mientras menor es su edad y el grupo de mayor riesgo es de las adolescentes entre los 10 y los 15 años. Asimismo, indica que la edad gestacional del parto prematuro está relacionada con la edad materna, por lo cual existe mayor riesgo de partos prematuros de menor edad gestacional a menor edad materna.
La investigación «Riesgos Obstétricos en el embarazo adolescente: estudio comparativo de resultados obstétricos y perinatales con pacientes embarazadas adultas», publicado en 2002, destaca que existe una frecuencia mayor de rotura prematura de membranas en las pacientes adolescentes, con cifras que van desde aproximadamente el siete al 17 por ciento.
El trabajo «Experiencia de una unidad de gestantes precoces», publicado en la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, indicó que otro riesgo en las madres niñas y adolescentes es la mayor frecuencia de anemia e infección del tracto, con cifras que llegan a cerca del 22 y 23 por ciento respectivamente, estadística significativa respecto de las madres adultas.
Los problemas en los partos de niñas y adolescentes se vinculan, principalmente, según el artículo «Patología obstétrica en la adolescente embarazada», a una falta de desarrollo de la pelvis materna, lo que condiciona una mayor incidencia de desproporción cefalopélvica; constituyendo esta una causa importante de trabajos de parto prolongados y partos operatorios, tanto con fórceps como cesáreas.
Cuando la agresión sexual conduce a un embarazo, a los riesgos del embarazo adolescente se suma el impacto emocional de la violencia, la culpabilidad, el silenciamiento, la falta de contención y de apoyo.
De acuerdo con el estudio «Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y El Caribe», realizado por Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, el embarazo es la continuidad del abuso que lo originó y en situaciones de indefensión puede provocar una grave desestructuración psíquica, que puede llevar a situaciones límites como fuga, abandono del recién nacido e incluso suicidio o infanticidio.
Actualmente en Chile está penalizado el aborto en todas las circunstancias, al igual que otros seis países del mundo: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Malta, El Vaticano y República Dominicana.
Con ello, Chile incumple los acuerdos internacionales firmados y ratificados en los que se compromete a eliminar la criminalización de las mujeres que abortan, como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 1994 y ratificada dos años más tarde.
El aborto se prohíbe por dos disposiciones en el ordenamiento jurídico chileno: el Código Penal bajo el título de «Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública», castiga severamente «la mujer que causare su aborto o consistiere que otra persona se lo cause», o al «facultativo que abusando de su oficio causare aborto o cooperase a él». La pena por el delito es de tres a cinco años por obtener un aborto y de 541 días a tres años por proveerlo.

Fuente: Semlac

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