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La llamada “mega reforma fiscal” impulsada por el gobierno ha sido presentada como una modernización tributaria orientada al crecimiento económico. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y de las promesas de dinamismo económico, lo que emerge es un proyecto profundamente ideológico: reducir deliberadamente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y trasladar crecientemente los costos de la protección social a las familias y al mercado.
La discusión no es abstracta. En un país donde las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado, donde la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres y donde amplios territorios dependen de servicios públicos debilitados, las rebajas tributarias al gran capital no son neutras. Cada punto menos de recaudación implica menos capacidad estatal para financiar salud, educación, pensiones, sistemas de cuidados, prevención de violencia y políticas sociales esenciales. Cuando el Estado retrocede, son las mujeres quienes absorben primero el impacto: cuidando más, trabajando más y sosteniendo en silencio aquello que deja de garantizar lo público.
La reforma propone reducir impuestos corporativos, ampliar exenciones tributarias y disminuir ingresos permanentes del Estado en un contexto de creciente presión fiscal. Sus defensores sostienen que menores impuestos generarían inversión y crecimiento económico. Pero esta lógica revive una vieja promesa que Chile ya conoce: la teoría del “chorreo”, según la cual favorecer primero al gran capital terminaría beneficiando indirectamente al resto de la sociedad. La evidencia reciente demuestra lo contrario. Durante décadas, Chile combinó crecimiento económico con profundas desigualdades estructurales, concentración de riqueza y una débil protección social.
El problema no es únicamente distributivo. También es fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma podría generar riesgos relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pudiendo aumentar el déficit estructural y la deuda del país en los próximos años. Las rebajas tributarias tienen efectos inmediatos sobre la recaudación, mientras los supuestos beneficios en crecimiento son inciertos, difíciles de proyectar y de largo plazo. En otras palabras: los costos son concretos; las ganancias, hipotéticas.
Esto ocurre en un escenario internacional marcado por alta volatilidad económica, desaceleración global y crecientes demandas sociales internas. Debilitar deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado en este contexto no parece una apuesta técnica responsable, sino una decisión política orientada a redefinir el rol de lo público. Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria, sino una determinada concepción de sociedad.
Las señales son claras. Mientras se promueven beneficios tributarios atractivos electoralmente, incluyendo exenciones amplias y rebajas sin focalización, se legitiman simultáneamente recortes en políticas sociales, investigación científica y gasto público. El mecanismo es conocido: primero se reducen los ingresos fiscales y luego se argumenta que “no hay recursos” para sostener derechos y programas esenciales.
Presentar esta discusión como un simple debate económico oculta su dimensión más profunda. La pregunta de fondo es quién financia la vida colectiva y quién asume sus costos. En sociedades altamente desiguales, los impuestos no son solo herramientas recaudatorias; son instrumentos de cohesión democrática. Debilitar al Estado en nombre de la eficiencia económica no elimina las necesidades sociales: simplemente las desplaza hacia los hogares, los territorios y, especialmente, hacia las mujeres.
Por eso, la “mega reforma fiscal” no puede analizarse únicamente desde indicadores macroeconómicos. También debe evaluarse desde sus efectos democráticos y sociales. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos, la desigualdad deja de ser una consecuencia y se transforma en un modelo de organización social.
Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas
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Hay declaraciones que invitan a reaccionar de inmediato. Otras, en cambio, exigen algo más difícil: pensar. Las recientes declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser sobre eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y reemplazarlo por una lógica “neutral” o por un eventual ministerio “de los hombres”, pertenece a este segundo grupo. No porque sean irrelevantes, sino precisamente porque tocan un punto estructural del debate público: cómo entendemos la desigualdad real entre hombres y mujeres.
Quizás convenga recordar aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió: “No estudio para saber más, sino para ignorar menos”. En tiempos de respuestas instantáneas, detenerse a pensar no es debilidad: es responsabilidad.
El argumento de que un ministerio dedicado a las mujeres sería innecesario, o incluso discriminatorio, parece a primera vista una defensa de la igualdad. Sin embargo, confunde dos planos distintos: la igualdad formal y la igualdad real. La primera supone que todas y todos somos tratados de la misma manera; la segunda reconoce que no partimos desde las mismas condiciones.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no surge como un privilegio sectorial, sino como una herramienta institucional para enfrentar desigualdades persistentes. Su propia creación responde a una constatación histórica: las mujeres han enfrentado barreras sistemáticas en el acceso a derechos, participación y seguridad. No es una hipótesis ideológica, sino un hecho documentado y sostenido en políticas públicas.
La ley que crea este ministerio establece que su función es diseñar, coordinar y evaluar políticas destinadas a promover la equidad de género y eliminar la discriminación arbitraria. No se trata de un órgano simbólico, sino de uno articulador, encargado de transversalizar un enfoque que, de otro modo, tiende a diluirse en la estructura del Estado. Cabe suponer que una senadora de la República conoce esta normativa. Primero, porque la ley se presume conocida por todas y todos; y segundo, por la responsabilidad inherente a su cargo.
Plantear que debería existir un ministerio de los hombres como contrapeso ignora precisamente esa asimetría. No se trata de que los hombres no enfrenten problemas, por supuesto que los enfrentan, sino de que esos problemas no derivan de una posición estructural de desventaja por su condición de género. Equiparar ambas situaciones puede sonar equilibrado, pero en la práctica invisibiliza la desigualdad que se busca corregir.
El feminismo, entendido como un campo político y social, ha contribuido precisamente a identificar estas diferencias como parte de un sistema más amplio de organización social. Desde ahí, la institucionalidad no es un capricho, sino una respuesta acumulada a décadas de evidencia, movilización y construcción democrática.
Eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo el argumento de una supuesta neutralidad no elimina la desigualdad; simplemente la deja sin una institucionalidad que la aborde de manera específica. Y la historia muestra que, cuando los problemas estructurales se tratan como si fueran individuales o neutros, tienden a perpetuarse.
Por eso, más que apresurarse en desmontar instituciones, el desafío es evaluarlas, mejorarlas y exigirles resultados. La discusión relevante no es si debe existir, sino cómo cumple mejor su función.
Responder tarde, entonces, no es esquivar el debate. Es asumirlo con la seriedad que merece. Porque, cuando se trata de igualdad, las simplificaciones suelen ser cómodas, pero rara vez son justas.
Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas
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Cada vez que el debate sobre gestación subrogada aparece en la esfera pública, la conversación parece empujarnos a una falsa elección: o mercado irrestricto o prohibición total. Entre ambos extremos, sin embargo, quedan fuera las preguntas más difíciles.
En los próximos días, la Comisión de Familia discutirá un proyecto de ley que busca prohibir la gestación por subrogación vía creación de un nuevo tipo penal. La relevancia de este debate excede con creces la técnica legislativa: estamos ante una decisión política que revela cómo entendemos la autonomía de las mujeres, los límites del mercado y —sobre todo— hasta dónde está dispuesto el Estado a intervenir cuando la desigualdad estructura las decisiones.
La discusión no es nueva, pero sí urgente. En Chile no existe una regulación integral sobre técnicas de reproducción asistida y la gestación por subrogación se ha desarrollado en un vacío normativo que expone a todas las partes involucradas, especialmente a las mujeres gestantes y a niños y niñas nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, lo que hoy se propone no es llenar ese vacío, sino responder a él exclusivamente desde la prohibición penal. El problema de fondo es que el debate se ha instalado en una lógica binaria que simplifica una realidad mucho más compleja: o mercado irrestricto o prohibición total. Esa dicotomía deja fuera preguntas fundamentales sobre autonomía reproductiva, infertilidad biológica y estructural, nuevas formas de familia, protección ante formas de explotación y trata, determinación de la filiación, entre otras dimensiones.
Como se ha advertido en el debate público reciente, esta polarización impide distinguir entre modelos de subrogación, invisibiliza las condiciones en que ocurre y bloquea alternativas intermedias que podrían ofrecer mayores niveles de protección y de sensibilidad con la realidad.
La discusión pública suele reducirse rápidamente a identificar si alguien está “a favor” o “en contra”. Ese encuadre no sólo empobrece el debate, sino que dificulta la posibilidad de habitar los matices, de discutir los grises, de escuchar argumentos complejos. Nos empuja a caricaturas y en ese tránsito se pierden las preguntas relevantes.
No es lo mismo una subrogación comercial mediada por agencias internacionales que una planteada en términos altruistas, ni es irrelevante si existe o no regulación estatal que establezca límites claros. Tampoco es indiferente el contexto social en que se toma la decisión. Sin embargo, el proyecto en discusión opta por borrar esas diferencias. Y al hacerlo, renuncia a la posibilidad de intervenir allí donde realmente se producen los abusos.
Hay, además, una cuestión previa que no es menor. Buena parte de la historia del feminismo ha consistido precisamente en sacar experiencias vinculadas al cuerpo, la reproducción y la sexualidad del ámbito privado para llevarlas a la esfera pública, política y académica. No para clausurar las discusiones sino para complejizarlas, disputar sentidos y visibilizar las relaciones de poder que las atraviesan.
Por eso resulta problemático que, frente a un debate como el de la gestación subrogada, las posiciones tienden rápidamente a simplificarse en respuestas cerradas que dificultan una deliberación más profunda. La autonomía de las mujeres ocupa un lugar central en el debate. Quienes defienden la gestación por subrogación suelen hacerlo en nombre de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Las posiciones críticas, en cambio, advierten que en contextos patriarcales y marcados por profundas desigualdades sociales y económicas, la noción de autonomía no puede analizarse al margen de las condiciones materiales en que las decisiones se producen.
Quizás la pregunta es previa: ¿de qué autonomía estamos hablando? Porque la autonomía no se ejerce en el vacío, sino en estructuras sociales que distribuyen desigualmente las oportunidades y las cargas. En sociedades atravesadas por desigualdades de género y económicas, la libertad de decidir no puede evaluarse sin considerar el contexto en que esa decisión se toma.
Asumir que toda decisión es plenamente autónoma es desconocer cómo operan las restricciones materiales y simbólicas. Pero negar toda capacidad de agencia a las mujeres resulta problemático, porque reemplaza una forma de tutela por otra. El desafío no es elegir entre autonomía o protección, sino comprender que sin condiciones materiales mínimas la autonomía puede convertirse en una ficción jurídica.
En ese sentido, si la respuesta del Estado es simplemente prohibir, lo que se hace no es evitar la explotación de las mujeres, sino invisibilizar las condiciones en que ocurre. La alternativa es más compleja y más exigente: diseñar una regulación que impida que los cuerpos de las mujeres sean tratados como recursos disponibles, estableciendo límites claros, garantías efectivas y condiciones que resguarden su dignidad. Esto podría implicar excluir la intermediación lucrativa, reforzar el consentimiento informado y asegurar que la decisión de gestar no esté mediada por situaciones de extrema vulnerabilidad.
La discusión legislativa que se abre no debería reducirse a un dilema entre permitir o prohibir. Se trata de decidir si el Estado va a asumir un rol regulador frente a una práctica que ya existe o si optará por la salida más sencilla: declarar ilegítima una realidad que, en los hechos, seguirá ocurriendo.
La evidencia comparada y el propio debate feminista muestran que no existen soluciones simples para problemas complejos. Pero sí hay una certeza: legislar desde la polarización, sin hacerse cargo de las relaciones de poder que atraviesa la gestación por subrogación, no es neutral. Porque cuando el Estado renuncia a regular materias complejas, las desigualdades no desaparecen; simplemente quedan fuera de discusión.
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La seguridad se ha instalado como la principal preocupación de la ciudadanía durante el último tiempo, y justamente este nuevo ciclo político ha comenzado con la promesa de reducir la inseguridad. Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad?
Los resultados de la Encuesta de Percepciones de las Mujeres sobre sus Condiciones de Vida y el País 2025, realizada por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad ofrecen una radiografía clave del país para ampliar esta discusión desde la experiencia de las mujeres.
El carácter estructural de la violencia también se proyecta en el entorno digital. Las redes sociales son percibidas como espacios de desinformación (76%) y hostigamiento hacia las mujeres (63%), muchas veces orientadas a silenciar sus voces y restringir su participación en el debate público. En un contexto de expansión tecnológica, avanzar en políticas de seguridad digital no es accesorio: es una condición para garantizar la democracia donde las mujeres puedan participar libremente.
Hablar de seguridad es también hablar de salud sexual y reproductiva. Según la encuesta, un 48% de las mujeres está de acuerdo con permitir el aborto sin causales hasta las 14 semanas, lo que da cuenta de una demanda social relevante en materia de autonomía reproductiva. Porque decidir sobre el propio cuerpo también es una condición básica de seguridad: sin autonomía reproductiva no hay libertad real y sin libertad no hay seguridad posible. La seguridad, en este sentido, también es justicia social.
Reducir la seguridad al control del delito no solo es insuficiente, sino que invisibiliza las múltiples formas en que la violencia afecta la vida de las mujeres. La seguridad es poder vivir sin violencia en todos los espacios, es contar con condiciones laborales dignas, es participar sin miedo en entornos digitales y es decidir libremente sobre el propio proyecto de vida.
El desafío para las políticas públicas en este nuevo ciclo político es claro, se trata de incorporar esta mirada integral de la seguridad. De lo contrario cualquier otra estrategia que se impulse seguirá siendo parcial y dejará fuera la experiencia cotidiana de más de la mitad de la población.
Por Jennifer Alfaro, Coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico y Javiera Ramírez, socióloga de Corporación Humanas
En las últimas dos décadas, el feminismo en Chile dejó de ser una voz marginal para convertirse en una fuerza social capaz de reconfigurar el debate público. Las calles, las universidades, los espacios de la política institucional y los territorios han sido escenario de una transformación cultural profunda que hoy resulta imposible ignorar.
Nada de lo que hemos avanzado ha sido una concesión. Cada derecho —desde el reconocimiento de la violencia de género como un problema estructural hasta el impulso de políticas de cuidado— ha sido fruto de décadas de organización, de movilización y de pensamiento político feminista.
Pero este 8 de marzo nos encuentra en un momento distinto. A pocos días de un cambio de gobierno y de la apertura de un nuevo ciclo político en Chile, no estamos simplemente ante una alternancia institucional. Estamos frente a un reordenamiento de prioridades y sentidos del Estado, en un escenario donde las fuerzas conservadoras han ganado influencia política y cultural.
La historia reciente nos recuerda que los derechos de las mujeres rara vez son el punto de partida de los proyectos políticos conservadores. Cuando la igualdad de género deja de ser un principio orientador de la acción estatal, no es necesario eliminar derechos para debilitarlos: basta con no impulsarlos, no financiarlos o relegarlos en las prioridades públicas.
Por eso este momento exige lucidez política.
El resultado electoral reciente demostró algo que debemos mirar con honestidad: las mujeres no votamos como un bloque homogéneo. Muchas mujeres —especialmente aquellas que enfrentan inseguridad económica, precariedad laboral o incertidumbre social— buscan respuestas concretas a problemas cotidianos que el sistema político no ha sabido resolver. Comprender esa complejidad es clave si queremos que la agenda feminista siga siendo una agenda social amplia y no un lenguaje que solo dialogue consigo mismo.
El desafío del feminismo hoy no es menor.
Por una parte, debemos defender con convicción los avances obtenidos. La experiencia internacional muestra que los derechos pueden retroceder cuando cambian los equilibrios políticos. Los discursos antiderechos —que cuestionan la educación sexual, la autonomía reproductiva o incluso la existencia de la desigualdad de género— ya circulan con fuerza en distintos países y también comienzan a instalarse en nuestro debate público.
Pero, al mismo tiempo, el feminismo chileno tiene una responsabilidad mayor: seguir siendo una fuerza democrática capaz de proponer futuro.
La historia del movimiento feminista en Chile demuestra que cada generación ha sabido recoger las luchas anteriores y proyectarlas hacia nuevos horizontes. Desde las primeras organizaciones que conquistaron el derecho a voto hasta las movilizaciones masivas de los últimos años, las feministas han ampliado la democracia cuestionando estructuras de poder que parecían inamovibles.
Ese legado hoy vuelve a interpelarnos.
Este nuevo ciclo político probablemente traerá tensiones, debates y desafíos. Pero también puede abrir una nueva etapa de reflexión estratégica para los movimientos feministas.
Porque la pregunta que tenemos por delante no es solo cómo resistir posibles retrocesos sino cómo seguir transformando las reglas del juego para que la igualdad de género deje de ser una promesa y se convierta en una realidad concreta en la vida cotidiana de las mujeres.
Si algo nos enseña la historia es que cuando el feminismo avanza, la democracia también lo hace.
Y por eso, hoy más que nunca, seguimos, queda mucho por avanzar.
*Por Paula Salvo Del Canto, directora y Mistral Ensignia Fries, abogada de Corporación Humanas
]]>El estudio, de carácter cuantitativo y aplicado a 1.301 mujeres mayores de 18 años residentes en el país, evidencia una percepción extendida de discriminación. Un 85% considera que el nivel de discriminación hacia las mujeres en Chile es alto o medio, y un 57% identifica el trabajo como el principal ámbito donde esta se expresa. Estas percepciones son transversales a edades, territorios y posiciones políticas, y remiten a desigualdades históricas que persisten en el acceso, permanencia y condiciones laborales, así como en el reconocimiento económico y social del trabajo de las mujeres.
Respecto del funcionamiento de la democracia, los resultados confirman una tensión sostenida. Si bien un 62% de las mujeres considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sólo un 12% se declara muy satisfecha con su funcionamiento, mientras que un 25% estima que en algunas circunstancias un gobierno autoritario podría ser preferible. Esta percepción se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos, evidenciando cómo la desigualdad, la inseguridad y la precariedad de derechos erosionan la legitimidad democrática.
Paula Salvo, directora de Corporación Humanas, señala que “las mujeres no están rechazando la democracia, sino evaluándola desde su experiencia concreta. Cuando la democracia no garantiza seguridad, igualdad ni derechos, se vuelve una promesa que no se cumple en la vida cotidiana”.
La encuesta también revela con fuerza la experiencia cotidiana de inseguridad y violencia. Un 77% de las mujeres declara haberse sentido insegura en la calle, un 69% en el transporte público y un 67% en plazas o parques. A ello se suma que un 63% considera que las redes sociales son actualmente espacios de acoso y hostigamiento, percepción que se intensifica entre mujeres jóvenes. Estos datos muestran cómo el miedo y la violencia restringen la movilidad, la participación social y el ejercicio pleno de derechos.
Desde una mirada estructural, los resultados confirman que la discriminación y la inseguridad que identifican las mujeres no responden a fenómenos aislados ni coyunturales, sino a un orden de género persistente que sigue organizando el mercado laboral, la distribución del poder y las condiciones de vida.
Junto a estas experiencias, el estudio identifica consensos sociales amplios que no siempre logran reflejarse en el debate público ni en las prioridades institucionales. Un 90% de las mujeres rechaza las ideas que justifican la violencia en las relaciones de pareja y un 83% considera que la violencia hacia las mujeres es un problema social generalizado y una expresión extrema del machismo. Asimismo, un 88% está de acuerdo con que mujeres y hombres deben compartir por igual las tareas de cuidado y del hogar, y un 92% valora el trabajo remunerado como fuente de autonomía económica y desarrollo personal para las mujeres. Más de un 70% rechaza la idealización de la “mujer tradicional” promovida en redes sociales.
Estos consensos dialogan con cambios culturales profundos. Un 58% de las mujeres se identifica de alguna forma con el feminismo, un 7% muy feminista, un 20% feminista y un 31% algo feminista, lo que da cuenta de transformaciones sociales que atraviesan generaciones y grupos sociales.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, la encuesta muestra una sociedad diversa, pero con una base relevante de apoyo a la ampliación de derechos. Un 48% de las mujeres se manifiesta de acuerdo con permitir el aborto hasta la semana 14 sin causales, reflejando tensiones presentes en el debate público, pero también una demanda persistente por autonomía, reconocimiento y garantía de derechos reproductivos.
“El apoyo a la ampliación del derecho al aborto debe leerse como parte de una demanda más amplia por autonomía y reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos. No es un dato aislado, sino una expresión concreta de cómo las mujeres evalúan la capacidad del Estado para garantizar derechos en su vida cotidiana”, señala Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios de Corporación Humanas.
En el plano político, un 45% de las mujeres declara estar interesada o muy interesada en la política, y un 75% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de toma de decisiones en el país sean ocupados por mujeres, expresando expectativas claras de mayor representación, paridad y participación en los espacios de poder.
En cuanto a la agenda legislativa, las mujeres identifican como prioritarios proyectos vinculados tanto a problemáticas estructurales como coyunturales. Destacan el levantamiento del secreto bancario para perseguir la corrupción y el narcotráfico (28%), la condonación de las deudas del CAE (18%), la ley de violencia digital (11%), la ley de eutanasia (11%), la reforma a la sociedad conyugal (10%) y las iniciativas relacionadas con cuidados y participación política, dando cuenta de una agenda diversa y transversal.
“La encuesta muestra que las desigualdades que viven las mujeres no son excepcionales ni transitorias, sino estructurales. Lo relevante es que hoy conviven con consensos sociales amplios y con expectativas democráticas mucho más exigentes por parte de las propias mujeres”, señala Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.
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Este proyecto abre la puerta para que personas condenadas por los crímenes atroces ocurridos en dictadura puedan solicitar beneficios fundados en su edad y en enfermedades terminales.Consideramos que esta iniciativa avanza en sentido contrario a las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, frente a graves violaciones a los derechos humanos.
Recordamos que el Estado tiene el deber ineludible de investigar, sancionar y asegurar el cumplimiento efectivo de las penas respecto de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Establecer mecanismos que faciliten la liberación de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad debilita ese deber y abre una vía de impunidad incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Sabemos que toda persona privada de libertad debe cumplir su condena en condiciones dignas y humanitarias. La edad o las determinadas enfermedades pueden justificar, en casos excepcionales, modalidades distintas de cumplimiento de pena. Sin embargo, esos factores no pueden evaluarse de manera aislada: deben considerar siempre la naturaleza y extrema gravedad de los delitos cometidos, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado..
Este proyecto beneficia a personas condenadas por crímenes que no solo Chile, sino también la comunidad internacional, han reconocido como los más graves que puede cometer un ser humano contra otro: ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violencia política sexual y otras violaciones atroces a la dignidad humana. Más grave aún resulta que, en su gran mayoría, estas personas no han colaborado con la justicia, no han contribuido al esclarecimiento de la verdad ni han manifestado arrepentimiento por las atrocidades cometidas.
Más aún, avanzar en iniciativas de esta naturaleza implica ignorar el impacto profundo que estas decisiones tienen sobre las víctimas, sus familiares y las personas sobrevivientes de la represión. Para quienes han vivido la prisión política, la tortura, la desaparición de sus seres queridos o la ejecución de familiares, este tipo de medidas representa una nueva forma de revictimización. Significa reabrir heridas que permanecen abiertas, relativizar el sufrimiento vivido y debilitar las pocas garantías de justicia que el Estado ha logrado construir tras décadas de lucha por verdad y justicia.
Asimismo, recordamos que frente a los crímenes de lesa humanidad el Estado tiene no solo la obligación de investigar y sancionar, sino también de garantizar medidas efectivas de reparación integral a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. La reparación no puede reducirse a medidas simbólicas o económicas: implica también asegurar que las sanciones impuestas por los tribunales se cumplan y que la institucionalidad democrática reafirme con claridad que estos crímenes son inaceptables y no pueden quedar sujetos a mecanismos que debiliten su sanción.
Exigimos y esperamos que las y los legisladores de nuestro país aborden este debate con responsabilidad y sitúen, de una vez, los derechos humanos en el centro de las decisiones.
La impunidad no puede convertirse en ley.
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