Santiago, 05 de agosto 2025.– Un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas gestantes en Chile hizo un llamado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados a tramitar el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo por plazos (Boletín N° 17.564-11) con una mirada técnica, democrática y basada en derechos humanos.
En una carta dirigida al presidente de la Comisión, diputado Patricio Rosas, y a sus integrantes, y con copia a las ministras de Salud, de la Mujer y la Equidad de Género, y Secretaría General de la Presidencia, las organizaciones enfatizan la necesidad de avanzar hacia un marco legal que garantice el acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación de forma oportuna, informada, legal y segura.
“El actual sistema de tres causales, si bien representó un avance, no responde a la totalidad de situaciones que enfrentan las mujeres y niñas, dejándolas expuestas a riesgos sanitarios, criminalización y múltiples vulneraciones a sus derechos”, señalan.
Las firmantes demandan que el debate legislativo incorpore evidencia científica, los estándares internacionales de derechos humanos y la participación de expertos/as y organizaciones con trayectoria en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, destacan que esta discusión debe reconocer el aborto como un asunto de salud pública, justicia social y autonomía.
“El Estado tiene la obligación de remover las barreras que impiden a mujeres y niñas desarrollar plenamente sus proyectos de vida y decidir sobre su maternidad”, agregan, solicitando a la Comisión de Salud garantizar un debate plural, informado y respetuoso.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Corporación Humanas, Corporación Miles, Asamblea por el Derecho a Decidir, Médicas Feministas Chile (MEDIFEM), ABOFEM, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Amnistía Internacional Chile,, entre otras.
El proyecto de ley de aborto legal por plazos, ingresado recientemente al Congreso, representa una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente con la salud y los derechos reproductivos en el país.
