Por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado
Mientras muchos celebrábamos la aprobación de la reforma constitucional que estableció la paridad de género en el órgano constituyente, irrumpió la pandemia en Chile. En ese contexto, el debate sobre los contenidos de una nueva Constitución relativos a las demandas de género se pausó. Sin embargo, los efectos inequitativos que la pandemia ha producido respecto de las mujeres en los planos sanitario, económico, de seguridad y de protección social imponen retomar esa discusión.
En el ámbito sanitario, si bien las cifras informan que en Chile se contagian y mueren menos mujeres que hombres por el Covid-19, el acceso a los servicios de salud por otros requerimientos hoy está más restringido para las mujeres; por ejemplo, a propósito de la salud sexual y reproductiva. Los impactos económicos también han sido más graves para las mujeres porque tienen una menor participación laboral, generalmente perciben menores ingresos, ejecutan trabajos precarios, informales y de tiempo parcial, o están desempleadas sin cobertura de seguridad social ni ahorros. Además, las mujeres han asumido la mayor carga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Lo más grave es que el confinamiento ha incrementado exponencialmente la violencia doméstica contra las mujeres y la violencia sexual contra las niñas.
Estas son solo algunas muestras del impacto desigual de la pandemia en desmedro de las mujeres. Es más, la intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad complejiza la situación de las mujeres migrantes, indígenas, trabajadoras de casa particular, privadas de libertad, del colectivo LGTBI, adultos mayores, con discapacidad, pobres, sin vivienda y un largo etcétera.
Sin embargo, las mujeres no son solo las principales víctimas de la pandemia, han sido protagonistas en su superación. Miles están trabajando incansablemente contra la enfermedad, son la mayoría del personal de salud y en el área del trabajo social. Varios países que están logrando resultados positivos contra la crisis están liderados por mujeres. Razones que se suman para insistir en la representación igualitaria, a través de cuotas, cupos o paridad, debiendo garantizarse su igualdad de acceso a los aparatos de poder, la plena participación de las mujeres en tales estructuras y en la adopción de las políticas públicas.
Plantear los contenidos de una nueva Constitución con perspectiva de género en tiempos de crisis no es oportunismo, es una oportunidad.
Si la futura Constitución no consagra una norma sustantiva de igualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos, si no prohíbe la discriminación contra la mujer en la esfera pública y privada, si no establece expresamente la eliminación de todas las formas de violencia de género, si no reconoce que el derecho a la salud incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, sino establece la igualdad salarial, entre otros asuntos, habremos desaprovechado la oportunidad de construir un pacto social más sostenible, incluyente, justo e igualitario.
Columna publicada en La Tercera
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