Las noticia de la muerte de una mujer por parte de ex pareja en la comuna de Coltauco (Región de O’Higgins), corresponde al femicidio número 34 del año 2019. María Cristina Jiménez Orellana, tenía 46 años y fue asesinada por su ex pareja con una escopeta el lunes 23 de septiembre.
En promedio son cerca de 50 los casos de femicidios que ocurren cada año desde el 2008. En total, 515 mujeres han sido asesinadas por hombres con los cuales establecieron relaciones matrimoniales o ex matrimoniales o de convivencia, en los últimos 10 años en Chile, según los datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hasta el último registro del 24 de septiembre de 2019.
Cada vez que se comete un femicidio lo que se evidencia es que las mujeres están en riesgo por solo el hecho de ser mujeres, resalta Camila Maturana Kesteen, abogada de Corporación Humanas. “La respuesta de los órganos del Estado es notoriamente insuficiente, ilustrativo de eso es precisamente que aun existiendo en Chile una ley que penaliza el femicidio, las cifras no hay disminuido en el tiempo”.
Cada vez que se comete un femicidio lo que se evidencia es que las mujeres están en riesgo por solo el hecho de ser mujeres, resalta Camila Maturana Kesteen, abogada de Corporación Humanas. “La respuesta de los órganos del Estado es notoriamente insuficiente, ilustrativo de eso es precisamente que aun existiendo en Chile una ley que penaliza el femicidio, las cifras no hay disminuido en el tiempo”.
La Ley de Femicidio (Ley 20.480), se promulgó en diciembre de 2010, y modificó la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Aumentó las penas sobre el delito de femicidio e introdujo reformas que castigan los femicidios, pero considerando únicamente aquellos casos de asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o exparejas, excluyendo otro tipo de violencias de género con resultado de muerte.
Violencia en el pololeo
Sin un desenlace fatal, pero no menos grave, fue la agresión que se conoció recientemente de una adolescente de 17 años, en Pudahuel. Fue apuñalada 20 veces por su ex pololo de 19 años. Sin embargo, en este último caso, la clasificación es de homicidio frustrado, no femicidio.
Datos de la Red Chilena Contra la Violencia, que consideran los hechos que ocurren dentro del pololeo, señalan que a la fecha van 49 femicidios. El denominado proyecto de “Ley Gabriela”, busca cambiar esta situación y ampliar la figura a esas relaciones. La iniciativa surgió tras la muerte de Gabriela Alcaíno y de su madre a manos del ex pololo de la joven, quien pese a estar confeso no será juzgado por femicidio, sino que por homicidio y violación, arriesgando una condena menor.
El proyecto considera que en el delito de femicidio esté cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima. Establece además, agravantes especiales tales como que exista alevosía o ensañamiento, que la víctima sufra alguna discapacidad o que sea menor de 18 años, entre otras.
Para Tatiana Hernández, socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, pese a la relevancia de la violencia de género, se requiere mayor compresión de quienes gestionan la política pública sobre los femicidios. “Cuando seguimos insistiendo que se comenten en torno a una relación, como lo que indica la ley de violencia intrafamiliar y femicidio, se olvida que estamos hablando de una historia de sometimiento continuo en la que alguien busca asesinar una mujer o no lo logra. Entonces no hacer justicia con respecto a eso, es no hacer que el sistema de protección opere, es no entender el riesgo que tienen las mujeres por el hecho se ser mujeres”.
Son los femicidios no íntimos, asesinatos de mujeres como tal, los que se deben incorporar a la actual legislación, dice María Elena Santibáñez, académica de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, estableciendo sanciones graves tanto en el caso de femicidio intimo como no íntimo. “Hoy es insostenible decir que el femicidio no debería visibilizarse, o que es lo mismo que un homicidio. Debe ser visibilizado y hacer notar que representa muertes de mujeres por su condición de tal”.
Tampoco es un problema de relaciones inseguras o que se establezcan a través de redes sociales, dice la socióloga del Observatorio de Género y Equidad. El problema no está ahí, asegura, “la mayoría de las mujeres víctimas son mujeres que conocían a sus agresores”. El riesgo no está en las redes sociales, dice Hernández, el riesgo está en encontrarse con un hombre agresor. “Responsabilizar a las mujeres es bien complejo, es complejo decir, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres víctimas o sobrevivientes no denuncian, señalando que cómo se van hacer cargo del tema si no hay denuncias. Eso es responsabilizar a las mujeres de una acción que no está ejerciendo el Estado, que es contar con un sistema de protección sólido para proteger la vida de las mujeres”.
La respuesta estatal, dice Maturana, se ha enfocado en un aspecto punitivo, “que no es eficaz para evitar la violencia contra mujeres y niñas, en lugar de implementar medidas de carácter preventivo y entregar recursos”.
Tampoco las medidas cautelares son suficientes, agrega Santibáñez. Se debería probar medidas cautelares con monitoreo telemático (tobillera o pulsera electrónica). “Hoy se permite en ciertas penas, pero no está asociada a cautelares en estos casos. En otros países, como Estados Unidos y Canadá, ha tenido bastante éxito. Permite mayor posibilidad de cautelar el cumplimiento y disminuye el riesgo porque existe más posibilidad de reacción. Hoy las cautelares ni siquiera se controlan”, sostiene.
Para avanzar en la erradicación de violencia contra las mujeres es necesario ir a su base, dice Maturana, es decir, deconstruir los estereotipos de género. “Lo que los estados deben hacer es implementar políticas integrales, que consideren marcos legales que reconozcan el ejercicio pleno de mujeres y niñas, además de campañas permanentes sobre los derechos humanos de mujeres y niñas, capacitaciones a todos los funcionarios públicos sobre temas de género y abordar con seriedad la educación no sexista“.
Una visión en la que coincide Hernández. “El tema de la violencia de género no se va acabar sin educación no sexista, si niños y niñas no son educados sin estereotipos, si no se educan a los funcionarios públicos que siguen pensando que es un tema de hombres enfermos y celópatas, cuando es un tema cultural que indica que los hombres tienen que dominar a las mujeres”.