
La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast estuvo marcada por la seguridad, la migración y el crecimiento económico. Durante más de dos horas se habló de delincuencia, fronteras, inversión y orden público. En contraste, las referencias a las mujeres y a las desigualdades que enfrentamos aparecieron de manera escasa y fragmentada.
No se trata de contar cuántas veces fuimos nombradas ni de exigir menciones simbólicas. La pregunta es ¿qué problemas son considerados prioritarios cuando se piensa el país y cuáles quedan fuera de la conversación pública?
Las mujeres aparecimos principalmente en nuestros roles de madres, cuidadoras o trabajadoras, es decir, vinculadas al cuidado de otras personas o a nuestro aporte al desarrollo económico. Sin embargo, las mujeres como sujetas de derechos, como ciudadanas que enfrentamos formas específicas de violencia, discriminación y desigualdad, estuvimos prácticamente ausentes.
Las omisiones fueron evidentes, no hubo anuncios relevantes en materia de violencia de género, femicidios, derechos sexuales y reproductivos o fortalecimiento de políticas de igualdad. En el ámbito de los cuidados, se reconocieron problemas como la baja participación laboral femenina y las dificultades para compatibilizar trabajo y crianza, pero la principal respuesta anunciada fue el impulso a Sala Cuna Universal. Abordando las consecuencias de la desigualdad sin hacerse cargo de sus causas estructurales.
Cuando una agenda política deja de mirar estas dimensiones corre el riesgo de presentar como universales experiencias que no lo son. La seguridad se entiende desde el delito y no desde el miedo cotidiano que muchas mujeres experimentan en espacios públicos y privados. La crisis demográfica se analiza desde la caída de los nacimientos y las decisiones individuales, sin considerar las condiciones materiales que dificultan la maternidad y la crianza. El empleo se aborda desde la productividad, sin incorporar la desigual distribución de los cuidados y las persistentes brechas salariales.
La consecuencia de esta mirada no es solo la ausencia de determinados anuncios. Es que ciertos problemas dejan de ser percibidos como asuntos públicos y pasan a considerarse preocupaciones particulares de las mujeres. Y cuando eso ocurre, la desigualdad se vuelve más difícil de combatir, deja de ser una responsabilidad colectiva y una obligación del Estado para transformarse en un problema individual.
Las mujeres representamos más de la mitad de la población chilena. Nuestras experiencias no constituyen una agenda sectorial ni un interés específico. Hablar de violencia de género, de cuidados, de autonomía económica o de participación política no significa hablar de un grupo particular sino que significa hablar de democracia, de ciudadanía y de las condiciones que permiten ejercer derechos en igualdad.
Por eso, la principal señal que deja esta Cuenta Pública no es lo que se dijo sobre las mujeres, sino lo que no se dijo. Las ausencias en un discurso presidencial no son simples olvidos, también expresan prioridades políticas y cuando la mitad de la población ocupa un lugar tan marginal en el relato sobre el presente y el futuro del país, resulta legítimo preguntarse quiénes están siendo considerados en este proyecto de sociedad y quienes vuelven a quedar fuera.
Por Javiera Ramírez, socióloga y Mistral Ensignia, abogada de Corporación Humanas
Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 08 de junio, 2026