- La nueva herramienta regional, desarrollada por el MESECVI, establece disposiciones que amplían la protección de mujeres, adolescente y niñas.
- Adoptada en Fortaleza, Brasil, durante el encuentro regional del MESECVI con autoridades de los Estados Parte, Comité de Expertas y sociedad civil.
- Se establecen obligaciones para los Estados, deberes para los intermediarios de internet y principios de gobernanza para entornos digitales libres de violencia.
Fortaleza, Brasil – 10 de diciembre de 2025. En un contexto global marcado por el avance sostenido de la violencia digital contra las mujeres por razones de género y la necesidad de herramientas para un abordaje integral, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) culminó este miércoles 10 de diciembre el proceso de adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, un instrumento que posiciona a la región a la vanguardia de la respuesta frente a estas formas de violencia que impactan desproporcionadamente a mujeres, adolescente y niñas.
La adopción de la Ley Modelo tiene lugar en el marco del encuentro regional que reúne en Fortaleza, Brasil, a ministras y autoridades nacionales de América Latina y el Caribe, al Comité de Expertas del MESECVI y organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo, órgano de la Organización de Estados Americanos.
La digitalización acelerada de la vida pública y privada ha multiplicado los escenarios en los que se reproducen las violencias por razones de género, amplificando su alcance, frecuencia y gravedad. Amenazas, hostigamiento, vigilancia, suplantación de identidad, discursos de odio, deepfakes, difusión no consentida de contenidos íntimos, extorsión digital y campañas de desinformación con sesgo de género son algunas de las formas que adoptan estas violencias, cuyas consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales y simbólicas afectan profundamente la integridad, la autonomía y los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad.
Frente a este panorama, la Ley Modelo Interamericana constituye una herramienta de alto nivel técnico y político para orientar la adecuación legislativa, fortalecer las capacidades institucionales y promover una respuesta integral, normativa y multiactor ante uno de los desafíos más urgentes de la era digital. Su contenido, desarrollado a partir de los estándares de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos de derechos humanos, está dirigido a tanto a entidades de gobierno y poderes legislativos, como a los sistemas de justicia, plataformas digitales, sociedad civil, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de mujeres y sociedad civil.
El proceso de elaboración de la Ley Modelo fue impulsado por el CEVI, que acordó su desarrollo durante su XIX Reunión en Buenos Aires, en 2022. A lo largo de más de dos años, se llevaron a cabo veinte consultas presenciales y virtuales en ocho países, con la participación activa de alrededor de mil entidades y especialistas de diversos sectores. Este proceso plural y regional fue posible gracias al apoyo de la República de Italia, del Programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, una alianza entre ONU Mujeres y la Unión Europea, así como de Equality Now, y de una amplia coalición de gobiernos, organizaciones de mujeres, instituciones académicas, agencias de cooperación y especialistas en derechos digitales.
Desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, el instrumento define la violencia digital como cualquier acción, conducta u omisión basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o político y que sea cometida o agravada mediante tecnologías digitales. Reconoce además los impactos diferenciados que enfrentan mujeres históricamente discriminadas por razones de edad, identidad de género, orientación sexual, etnia, situación socioeconómica o discapacidad.
La Ley Modelo plantea una arquitectura normativa integral. Establece orientaciones para la prevención, la alfabetización digital con perspectiva de género, la protección urgente, la reparación integral y la construcción de entornos digitales seguros y democráticos. Sus principios rectores incluyen la igualdad y no discriminación, la debida diligencia reforzada, la no revictimización, la interseccionalidad y la gobernanza digital compartida.
Uno de sus aportes más innovadores es el establecimiento de obligaciones claras para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. Asimismo, promueve el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores de justicia y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la justicia, libre de estigmas y barreras.
El Comité de Expertas subraya en su exposición de motivos el papel clave que han desempeñado las organizaciones de mujeres y movimientos feministas de la región para visibilizar, nombrar y enfrentar la violencia digital, cuya labor ha sido determinante para desarrollar marcos jurídicos innovadores en varios países.
En este sentido, el nuevo instrumento interamericano busca consolidar y acompañar este impulso regional, respondiendo a la necesidad de respuestas normativas integrales que reconozcan tanto la magnitud del daño como la urgencia de la protección, la retirada oportuna del contenido, la sanción adecuada y la reparación integral.
La adopción de esta Ley Modelo en Fortaleza, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirma el compromiso hemisférico político e institucional con la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también en los entornos digitales. Este hito marca el inicio de una nueva etapa de trabajo colectivo para fortalecer marcos normativos, rutas de acceso a la justicia, mecanismos de protección y políticas públicas integrales con enfoque de género e interseccionalidad y pertinencia cultural
