En paralelo a la discusión parlamentaria por la despenalización del aborto en tres causales, organizaciones feministas plantean la demanda por un aborto libre, seguro y gratuito, que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y liberarse del espacio de maternidad obligatoria al que han sido confinadas por el Estado.
Durante la semana pasada se realizó por cuarto año consecutivo la marcha por el aborto libre, seguro y gratuito. La instancia, convocada por diversas organizaciones que promueven los derechos humanos de las mujeres, busca visibilizar la demanda de aborto libre en el contexto del estancamiento en el Senado del proyecto que busca despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, violación y cuando esté en riesgo la vida de la madre.
Desde las organizaciones adherentes a la marcha, entre las que se encuentran la Corporación Humanas, la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres y la Coordinadora de Feministas en Lucha, entre otras, consideran la prohibición del aborto en todas sus causales como una grave afrenta contra los derechos de las mujeres y, a su vez, acusan el incumplimiento de Chile a diversos tratados internacionales que ha suscrito en relación a derechos sexuales y reproductivos.
Camila Maturana, encargada del Programa de Seguimiento Legislativo de Corporación Humanas, asegura que “la legislación totalmente punitiva en materia de aborto en Chile es una realidad anómala que comparten muy pocos países en el mundo y eso significa una constante y grave violación a los derechos humanos de las mujeres”.
Por otra parte, las organizaciones consideran que el actual proyecto de ley de interrupción del embarazo en tres causales resulta un avance menor frente a la realidad nacional en materia de aborto, en tanto abarca solamente al tres por ciento de las mujeres que actualmente se someten a esta práctica.
Infinitas causales
El pasado 28 de mayo, organizaciones feministas lanzaron la campaña Miso pa’ todas: Infinitas causales, con la cual buscan posicionar la demanda de aborto libre más allá de las tres causales que contempla el actual proyecto. “Apoyamos la ley que propone el gobierno, consideramos que es un avance importante que el programa de gobierno lo incluya. Ese programa de gobierno responde de algún modo a compromisos internacionales que están pendientes, pero ciertamente que ello no agota el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, afirma Camila Maturana, en una opinión compartida por gran parte de las organizaciones feministas.
Además de la insuficiencia del proyecto de ley de aborto tres causales, las mujeres acusan falta de libertad sobre sus cuerpos y primacía de criterios religiosos y morales por sobre las necesidades de la sociedad.
Bárbara Brito, vocera de la Coordinadora Feministas en Lucha asegura que el actual proyecto no alcanza a cubrir ni el 3 por ciento de los casos de aborto clandestino que se realizan en Chile. “La gran diferencia que tenemos con el Gobierno es que creemos que es importante cuestionar que no nos dejen a las mujeres decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra vida, sobre todo porque tenemos condiciones económicas distintas”.
“Para quienes tienen plata no hay ningún problema en decidir abortar ni en decidir no abortar (…), si deciden abortar lo hacen en clínicas privadas y si deciden no abortar tienen toda la posibilidad de seguir criando a sus hijos. Son las pobres, las trabajadoras y las estudiantes que aún no tienen sustento económico, las que enfrentamos las consecuencias de los abortos clandestinos, en infinitas causales”, señala Brito.
En la misma línea, Lorena Astudillo, coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, sostiene que “el aborto tiene que despenalizarse en todos los aspectos. Si una mujer aborta es porque no quiere ser madre y el Estado no puede obligarla, no tiene porqué obligarla, ese es otro tipo de violencia estatal donde nos quieren situar a las mujeres en un espacio obligado que es la maternidad”.
Astudillo considera que la fuerte criminalización del aborto que existe en Chile se debe a que la Iglesia Católica y los fundamentalismos religiosos han impuesto su discurso sobre el resto de la sociedad. “No sé en qué momento los moralistas nos han hecho creer que el aborto nunca ha existido, que es casi como un asesinato de niñitos que andan corriendo por ahí, porque esto no es así”, asegura.
Y añade que “antes era más terrible tener un hijo fuera del matrimonio que abortar, estaba muy validado el aborto, las mujeres se hacían remedio y tenían distintas técnicas, graves, algunas morían, pero las mujeres abortaban, han abortado, hemos abortado siempre y lo vamos a seguir haciendo”.
Camila Maturana comenta que “el retraso que el parlamento chileno ha tenido para siquiera discutir algunas excepciones a la ley punitiva en materia de aborto es muy sintomático del peso que tienen en muchos representantes, en quienes son autoridades de gobierno y del parlamento, las creencias morales y religiosas, que están vinculadas en muchos casos a la Iglesia Católica”.
Incumplimientos a convenios internacionales
De acuerdo al estudio “Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países de Iberoamérica y el Caribe”, publicado el 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 97 por ciento de los países del mundo permite la interrupción del embarazo si está en riesgo la vida de la madre y sólo un 3 por ciento lo mantiene totalmente penalizado. Chile es el único país sudamericano que está dentro del último porcentaje, luego de que la dictadura militar derogara el artículo 119 del Código Sanitario, que autorizó el aborto terapéutico entre 1931 y 1989.
Dentro de las principales preocupaciones de los organismos internacionales se encuentran la alta tasa de mortalidad materna en Sudamérica, donde más de cinco mil mujeres mueren cada año producto de las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad.
En ese contexto, el Estado chileno ha ratificado una serie de convenios de Naciones Unidas en los cuales se le insta a revisar la actual normativa que rige el aborto y, al mismo tiempo, garantizar las condiciones de salud de las mujeres que sufren complicaciones producto de abortos practicados en clandestinidad.
Uno de ellos es el Comité contra la Tortura de la ONU, el cual recomendó a Chile el año 2004 que “elimine la práctica de extraer confesiones a efectos de enjuiciamiento de las mujeres que buscan atención médica de emergencia como resultado de abortos clandestinos y a que se investiguen y revisen las condenas dictadas en las causas en las que se hayan admitido como prueba las declaraciones obtenidas mediante coacción”.
Para la ONU, el obligar a una mujer a tener un hijo contra su voluntad, negándole el acceso al aborto libre y seguro, es constitutivo del delito de tortura.
Dentro de los acuerdos ratificados por Chile se encuentra también la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, la cual le solicita a los Estados elaborar informes regulares acerca de las condiciones de las mujeres en distintos aspectos y realiza un seguimiento de los avances conseguidos por los países en materia de discriminación y violencia de género.
Precisamente el último informe de la CEDAW, el año 2012, insta a Chile a revisar la legislación vigente sobre el aborto, con miras a despenalizarlo al menos en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre, causales que considera el proyecto de ley presentado por la actual administración de la presidenta Bachelet.
La CEDAW considera también informes sombra que son presentados por las organizaciones de derechos humanos al Comité con el fin de contrastar la información entregada por el Estado y acercarse más a la realidad del país. Según el estudio de la CEPAL, dichos informes “han indicado reiteradamente la necesidad de despenalizar el aborto como parte de la protección de sus derechos humanos y por tratarse de un asunto de salud pública”
El informe sombra de Chile cita un estudio realizado por la Universidad de Chile en el que se muestra que una de las principales causas de aborto es la económica. “Un 30 por ciento del total de las encuestadas señala el problema económico como razón para haber optado por la práctica del aborto clandestino. A la vez, el estudio caracteriza a las encuestadas como con baja tasa de escolaridad e incluso analfabetismo, una mayor inserción en el mercado informal o bien inserción en trabajos como el doméstico o como asesoras del hogar”.
Aborto en América Latina
A pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con una legislación que permite la interrupción del embarazo en al menos una causal, la realidad en cuanto al acceso a servicios médicos que garanticen el aborto en condiciones seguras genera preocupación en organismos internacionales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95 por ciento de los abortos realizados en América Latina son inseguros. Por otro lado, la mayoría de los abortos seguros realizados en la región tienen lugar en Cuba, donde las mujeres tienen libertad para acceder al procedimiento.
Uruguay es el único país sudamericano que ofrece un aborto libre y gratuito hasta las 12 semanas de embarazo y, según cifras del propio gobierno, cuentan con una de las tasas de aborto más bajas del mundo: nueve abortos cada mil mujeres.
En Brasil, el Supremo Tribunal Federal dictaminó en abril de 2012 la despenalización del aborto en el caso de fetos con malformaciones cerebrales y el cese del castigo a los médicos que los realicen. Durante el mismo mes, la Corte Suprema argentina decretó la legalidad del aborto en casos de violación, sumándose a las causales de peligro para la vida y peligro para la salud.
