El podcast, que contará con tres capítulos, relata las vivencias de las mujeres que estuvieron presas en el Estadio Nacional, el más grande centro de detención y tortura durante la dictadura cívico militar. 

Septiembre 13, 2023.- Corporación Humanas estrenó hoy el primero de tres capítulos del podcast “Presa en el Estadio”, un relato que recoge las vivencias de las mujeres que estuvieron detenidas y que fueron torturadas y víctimas de violencia política sexual en el Estadio Nacional luego del golpe de Estado. 

Inmediatamente después del golpe, el Estadio Nacional se convirtió en un campo de concentración, tortura y muerte. Se calcula que más de 12 mil personas fueron detenidas allí entre el 12 de septiembre y el 9 de noviembre de 1973. No hay forma de establecer con seguridad cuántas de esas personas fueron mujeres y sus vivencias han sido históricamente invisibilizadas. 

Este podcast se produce a partir del libro con el mismo nombre, escrito por Marco Ensignia y publicado en 2016. Si bien la protagonista del relato es un personaje ficticio, para construir la historia se entrevistó a mujeres que fueron detenidas en el recinto deportivo y se revisaron testimonios en archivos escritos y audiovisuales. Esto con el objetivo de contribuir a la memoria histórica y relevar particularmente la violencia política sexual cometida contra las mujeres durante la dictadura cívico militar.

La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, señala que “a 50 años del golpe de Estado, este podcast busca ser un aporte más a la memoria de las mujeres que fueron víctimas y a las sobrevivientes de violencia política sexual. Esperamos que en este formato más personas puedan acceder a conocer parte de la historia de nuestro país, contribuyendo a la claridad necesaria de aquello que nunca y bajo ninguna circunstancia debe volver a ocurrir”. 

Escucha el podcast aquí

Son muchas las deudas que permanecen pendientes en materia de verdad, justicia, memoria, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. En particular, es importante insistir en visibilizar la violencia política sexual que en dictadura se ejerció de manera sistemática y generalizada, afectando a mujeres de diversas edades, condiciones sociales y participación política, incluyendo a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Esto, a lo largo de todo el territorio nacional y por parte de agentes del Estado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Reconocer y visibilizar la violencia política sexual que fue parte del régimen dictatorial ha sido una de las tareas a las que se han abocado las organizaciones feministas, a través de estudios, investigaciones, seminarios, conversatorios, campañas y la presentación de querellas criminales en representación de las sobrevivientes. Ello a fin de relevar su voz que por demasiado tiempo ha permanecido silenciada.

Durante décadas miles de sobrevivientes han buscado verdad, justicia y reparación, pero la respuesta ha sido tardía, limitada y en muchos casos ni siquiera ha llegado. Más allá de destacar la reciente sentencia de la Corte Suprema, que confirma algunas condenas por secuestros y “aplicación de tormentos con violencia sexual” cometidos en el recinto denominado “Venda Sexy”, preocupa que la inmensa mayoría de los crímenes permanece impune. La impunidad que caracteriza la violencia política sexual favorece su repetición, como se evidenció durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 y en el estallido social de 2018.

De ahí la importancia de reconocer, reparar y adoptar medidas de no repetición. Más allá del trabajo de las organizaciones, colectivos y las sobrevivientes, se requiere un compromiso de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para que estos crímenes no se vuelvan a cometer.

Por ello, valoramos que la Cámara de Diputadas y Diputados, haya asumido este 23 de agosto una señal clara y categórica de condena a la violencia política sexual, enfrentando algunas posturas negacionistas respecto a estos hechos. A 50 años del Golpe de Estado es urgente el compromiso con el “Nunca más”, pues no existe ninguna circunstancia que pueda justificar el derrocamiento del sistema político democrático, las violaciones a los derechos humanos ni la violencia política sexual.

Por Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera 

Santiago 31 de agosto, 2023.- La Corte Suprema condenó este 29 de agosto a ex agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) por secuestros, torturas y violencia sexual cometida en contra de Patricia Herrera Escobar y Ana María Campillo Bastidas en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, entre los meses de junio y julio de 1974. 

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de marzo del año pasado, que condenó a Manuel Muñoz Gamboa a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de secuestro agravado de connotación sexual; y a Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado a 5 años y un día como cómplices. En tanto, Alejandro Sáez Mardones, igualmente cómplice de estos delitos, deberá cumplir la pena de presidio perpetuo por encontrarse condenado por otras causas de violaciones a derechos humanos. 

Previamente, en primera instancia, el Ministro Mario Carroza Espinosa también había condenado a José Luis Contreras Valenzuela y a José Hoffmann Oyarzún en calidad de cómplices de los delitos de secuestro agravado de connotación sexual, pero habiendo fallecido posterior a la sentencia, en su caso se dictaron los sobreseimientos correspondientes.

Finalmente, la Corte Suprema ha resuelto descartar los recursos de casación interpuestos por Muñoz Gamboa, Cruces Martínez y Alvarado Alvarado, con base en que los crímenes cometidos corresponden a crímenes de lesa humanidad.

Cabe señalar que las querellas presentadas por Patricia Herrera y Ana María Campillo datan de 2010 y 2015, respectivamente, evidenciando su larga búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación.

Desde Corporación Humanas, su directora Camila Maturana Kesten resalta que “habiendo transcurrido tanto tiempo desde los hechos y de las querellas presentadas por las sobrevivientes de violencia política sexual en los subterráneos de la Plaza de La Constitución, es importante que finalmente la Corte Suprema dictamine la condena de los perpetradores, pues se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, que deben ser reconocidos como tales y sancionados conforme a su gravedad. La violencia política sexual que la dictadura cívico militar ejerció contra las mujeres debe ser relevada, no puede seguir quedando impune y deben adoptarse medidas de no repetición, pues de otro modo se seguirá perpetuando la comisión de estos crímenes”.

“Más allá de esta sentencia, sigue siendo necesario avanzar en políticas integrales de reparación para las víctimas y especialmente en garantías de no repetición pues todos los poderes del Estado de Chile y la sociedad en su conjunto debe comprometerse con el nunca más”, concluyó la directora de Corporación Humanas.

Patricia Herrera y Ana María Campillo sostienen que la decisión de la Corte Suprema llega en un momento especialmente significativo, en una sincronía de la memoria y la reparación. Valoran la instalación de una placa que visibiliza los subterráneos de la Plaza de la Constitución como centro de detención y tortura a 49 años sus secuestros.

Agregan que continúan abriéndose otros senderos de búsqueda. “Creemos que ninguna mujer sobreviviente, que aún no se atreve a iniciar esta ruta de dar cuenta de la violencia política sexual vivida en dictadura, debe sentirse sola. Nuestro compromiso, junto a las mujeres que nos antecedieron en este camino, es hoy más que nunca perseverar y luchamos contra el intento negacionista que se ha vuelto a levantar”. 

“Hemos aprendido del dolor, de la alegría y de las palabras que sanan. Hemos sabido que la felicidad nace de la justicia y la justicia nace del bien colectivo, del bien de todas. Leemos y celebramos esta sentencia de la Corte Suprema largamente esperada junto a nuestras abogadas y junto a nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas y sobrevivientes de secuestro”, enfatizan Campillo y Herrera.

Se necesita una voz que alumbre como los versos de Rosabetty Muñoz, nuestra poeta chilota que canta también a los costados desgarrados del cuerpo de Chile: “Es la flor de la dicha la que estalla unos segundos y perfuma, al extinguirse, los demás momentos del día”.

Ver fallo de la Corte Suprema 

Por Corporación Humanas

25 de agosto, 2023.- En el marco del Festival OH! Stgo, iniciativa que durante 11 días convocó gratuitamente a la ciudadanía a conocer espacios de memoria y resistencia a través de la transformación de la ciudad, se incluyó la visita al Cuartel N°1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Este sitio fue conocido como “El Hoyo”, está ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Constitución y fue declarado Monumento Histórico en el 2018. 

Los primeros agentes instruidos por la DINA fueron destinados inicialmente al Cuartel N° 1. Este lugar, operativo entre 1973 y 1974, mantuvo a cerca de 30 personas vinculadas al partido socialista prisioneras en sus instalaciones La mayoría fue trasladada luego a otros recintos de detención y tortura. Parte de las víctimas y sus familiares se agrupan actualmente en la Corporación Colectivo Plaza de la Constitución y Fundación Víctor Zerega.

Como organización feminista que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile y, en tanto representantes de víctimas de violencia política sexual en los casos de Patricia Herrera y Ana María Campillo, nos sumamos a esta iniciativa que invitó a conocer la ciudad desde los sitios de memoria, la vivencia de sus protagonistas y su sobrevivencia.

En dos visitas guiadas a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, dirigidas al público,  se dio cuenta de cómo funcionó este centro de tortura y  cómo se gestó el compañerisño y la solidaridad frente a tantas vejaciones.

Patricia Herrera, sobreviviente de Cuartel N° 1, comentó que a partir de todo lo acontecido en dicho centro de tortura se interpuso en el año 2010 una querella por violencia política sexual, causa que lleva Corporación Humanas y que hoy está ad portas de tener una sentencia final de la Corte Suprema. “Nosotras tenemos rabia porque si bien hay miembros del SICAR hoy presos, también hay otros agentes libres caminando por las calles. Debemos tener un acto de memoria, pero también de fuerza”, señaló en la instancia.

Posterior a las visitas se realizó un acto cultural en el óvalo de la Plaza de la Constitución. En dicha instancia Patricia Herrera dijo que “queremos promover la difusión y el conocimiento sobre la historia y la cultura en derechos humanos”. También señaló que “están fuertes y decididas, que no son víctimas, que son sobrevivientes y que seguirán luchando”. 

En tanto, Alberto Zerega, hermano de Víctor Zerega, quien también estuvo preso en los subterráneos de la Plaza de la Constitución y posteriormente fue asesinado en 1974, agradeció que este sitio de memoria haya sido reconocido durante el gobierno de Michelle Bachelet, tras estar invisibilizado por más de 40 años. En la ocasión resaltó el que se estén generando nuevas acciones y la instalación de una placa en el lugar, lo que se hará el día 30 de agosto, cuando  se conmemora el Día Nacional e Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos.

En el acto también estuvo Camila Maturana, directora de Corporación Humanas y representante de Ana María Campillo y Patricia Herrera en las querellas por violencia política sexual. “Quiero hacer un especial reconocimiento a las compañeras por su tenacidad, resistencia, su lucha (…) y agradecer la confianza que  Patricia y Ana María han puesto en nosotras en esta ruta en búsqueda de la justicia y por visibilizar la violencia política sexual. Gracias a la valentía de mujeres como ellas y tantas otras hoy es parte de la verdad oficial en Chile que durante la dictadura las mujeres fueron víctimas de un castigo especial para sancionar su insumisión, su participación política y la búsqueda de una sociedad justa”, sostuvo Maturana en la instancia. 

La dirigenta del Partido Socialista, Fanny Pollarolo indicó que se están dando pasos adelante en momentos duros y difíciles. “Estamos mostrando resistencia, capacidad, energía, ganas voluntad y corazón. La verdad,  la justicia y la memoria hoy día es una tarea colectiva”.

Al cierre de la actividad cultural, Ana María Campillo leyó un poema escrito por Chantal Castiglione en memoria a Víctor Zerega. 

Por Corporación Humanas 

Por Corporación Humanas

El máximo tribunal desestimó el recurso al estar mal formulado y rechazó la aplicación de la figura de la media prescripción para reducir las penas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. De esta manera se confirman las condenas de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle a quince años y un día, como autores, y de Alejandro Francisco Molina Cisternas a dos penas de 541 días como cómplice, además de la indemnización que corresponde al Estado entregar a las víctimas.

Una de las querellantes en la causa, la psicóloga Beatriz Bataszew, sostuvo:  » considero importante el hecho de que la sentencia certifique el carácter de lesa humanidad e imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos por los agentes del Estado chileno, de manera sistemática y generalizada, contra los cuerpos y sexualidades de las mujeres que luchamos contra la dictadura cívico-militar.»

Este fallo emitido después de 49 años de ocurridos los hechos y 19 años de tramitación legal, lo valoro sólo como una constancia necesaria, pero que no alcanza a constituir la medida de justicia que como sobreviviente he buscado”.

Violencia sexual sistemática

Recordemos que en la sentencia dictada por el ministro Mario Carroza Espinosa en 2020 se destacó la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en el recinto denominado “Venda Sexy”, en especial contra las mujeres, señalando que, en el lugar, luego de haber sido secuestradas, se les mantuvo vendadas, amarradas, sometidas a continuos interrogatorios, aplicación de electricidad, golpes, agresiones sexuales y violaciones, causándoles grave sufrimientos físicos y psíquicos. La sentencia releva el caracter sistemático de la violencia sexual ejercida por agentes del Estado y su especificidad como manifestación de violencia contra las mujeres, calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas, organización feminista que ha representado a Beatriz Bataszew ante tribunales desde 2016, resaltó que “las mujeres sobrevivientes de violencia política sexual llevan décadas buscando verdad, justicia y reparación. Por ello es importante que la Corte Suprema haya dictado sentencia definitiva respecto a algunas de las víctimas de “Venda Sexy”, condenando a los perpetradores y definiendo alguna clase de reparación frente al daño causado”.

Sin embargo, resaltó que se trata de una medida parcial, en tanto la inmensa mayoría de crímenes de violencia sexual permanece impune. “A 50 años del golpe de Estado, esperamos que esta sentencia de la Corte Suprema contribuya a clarificar que bajo ninguna circunstancia resultan admisibles las violaciones a los derechos humanos y que la violencia política sexual debe ser reconocida y sancionada pues se trata de crímenes de lesa humanidad. 

Más allá de esta sentencia, sigue siendo necesario avanzar en políticas integrales de reparación para las víctimas y especialmente en garantías de no repetición. Chile debe comprometerse con el nunca más”, concluyó la directora de Corporación Humanas.

Link a la sentencia

Publicado por Radio JGM 

Jueves 24 de agosto, 2023.- 

El máximo tribunal desestimó el recurso al estar mal formulado y rechazó la aplicación de la figura de la media prescripción para reducir las penas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. De esta manera se confirman las condenas de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle a quince años y un día, como autores, y de Alejandro Francisco Molina Cisternas a dos penas de 541 días como cómplice, además de la indemnización que corresponde al Estado entregar a las víctimas.

Una de las querellantes en la causa, la psicóloga Beatriz Bataszew, sostuvo que «considera importante el hecho de que la sentencia certifique el carácter de lesa humanidad e imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos por los agentes del Estado chileno, de manera sistemática y generalizada, contra los cuerpos y sexualidades de las mujeres que luchamos contra la dictadura cívico-militar. Este fallo emitido después de 49 años de ocurridos los hechos y 19 años de tramitación legal, lo valoro sólo como una constancia necesaria, pero que no alcanza a constituir la medida de justicia que como sobreviviente he buscado”.

Recordemos que en la sentencia dictada por el ministro Mario Carroza Espinosa en 2020 se destacó la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en el recinto denominado “Venda Sexy”, en especial contra las mujeres, señalando que, en el lugar, luego de haber sido secuestradas, se les mantuvo vendadas, amarradas, sometidas a continuos interrogatorios, aplicación de electricidad, golpes, agresiones sexuales y violaciones, causándoles grave sufrimientos físicos y psíquicos. La sentencia releva el caracter sistemático de la violencia sexual ejercida por agentes del Estado y su especificidad como manifestación de violencia contra las mujeres, calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas, organización feminista que ha representado a Beatriz Bataszew ante tribunales desde 2016, resaltó que “las mujeres sobrevivientes de violencia política sexual llevan décadas buscando verdad, justicia y reparación. Por ello es importante que la Corte Suprema haya dictado sentencia definitiva respecto a algunas de las víctimas de “Venda Sexy”, condenando a los perpetradores y definiendo alguna clase de reparación frente al daño causado”.

Sin embargo, resaltó que se trata de una medida parcial, en tanto la inmensa mayoría de crímenes de violencia sexual permanece impune. “A 50 años del golpe de Estado, esperamos que esta sentencia de la Corte Suprema contribuya a clarificar que bajo ninguna circunstancia resultan admisibles las violaciones a los derechos humanos y que la violencia política sexual debe ser reconocida y sancionada pues se trata de crímenes de lesa humanidad. Más allá de esta sentencia, sigue siendo necesario avanzar en políticas integrales de reparación para las víctimas y especialmente en garantías de no repetición. Chile debe comprometerse con el nunca más”, concluyó la directora de Corporación Humanas.

Link a la sentencia

28 de mayo, 2023.- Corporación Humanas estuvo presente, junto al colectivo Plaza de la Constitución en el Día de los Patrimonios, en la primera visita y charla abierta al público que se realizó en el Sitio de Memoria “Plaza de la Constitución, Cuartel No 1” en homenaje a las mujeres y hombres que fueron secuestrados y torturados en los subterráneos de La Moneda.

La memoria histórica es necesaria para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, anhelos que resurgen con mayor convicción en el marco de los 50 años de la dictadura cívico militar en el país. Este Sitio de Memoria fue un centro de represión y tortura donde al menos 21 personas estuvieron detenidas, y fue reconocido oficialmente por el Estado y desde 2018 fue declarado monumento nacional en la categoría de histórico.

En un ambiente emotivo, Patricia Herrera, quien estuvo detenida en este lugar y es la presidenta del colectivo conformado por sobrevivientes, familiares y amigos, señaló que “en el marco de la conmemoración del golpe de Estado, queremos decirles que estamos aquí, que estamos presentes y que lucharemos”. Se resaltó también la ubicación de este cuartel, situado en los subterráneos de La Moneda, “es el centro de poder político de este país, y tal vez por eso ha sido tan difícil lograr su visibilización”, enfatizó la presidenta del colectivo.

Eliana Medina, parte directiva del colectivo Plaza de la Constitución, reflexionó acerca de la tardía acción de la justicia chilena, “después de largos años de impunidad, lentamente avanzan para llegar a los culpables. Tenemos que decir, que 50 años después aún estamos en espera de verdad, justicia y reparación”. 

Corporación Humanas, a través de su directora, la abogada Camila Maturana Kesten,  ha representado a Patricia Herrera y Ana María Campillo en las querellas por violencia político sexual cometida por agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) en ese recinto de detención.

Maturana reafirmó el profundo respeto y admiración por las y los compañeros del colectivo, “su lucha incansable por la justicia, que no son sólo innumerables diligencias y declaraciones judiciales (…)  de todas maneras no es suficiente para reparar el daño que las sobrevivientes y sus familiares han enfrentado, pero es necesaria para el respeto a los derechos humanos y prevenir sus violaciones”. 

Violencia Política Sexual en los Subterráneos de La Moneda

Transcurrida más de una década desde la presentación, en diciembre de 2010, de la querella criminal por las torturas y violencia sexual sufridas por Patricia Herrera Escobar en los subterráneos de la Plaza de la Constitución a manos de agentes de la Sección Servicio de Inteligencia de la Secretaría General de la Dirección General de Carabineros (SICAR), y varios años después de que similiar acción fuera interpuesta por Ana María Campillo Bastidas, en 2016; con fecha 2 de marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido sentencia confirmando el fallo del Ministro Mario Carroza que condena a numerosos agentes de SICAR por dichos crímenes.

La sentencia tiene por acreditado que Patricia Herrera y Ana María Campillo fueron detenidas en junio de 1974 y mantenidas secuestradas por agentes de SICAR en el denominado cuartel “El Hoyo” ubicado en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, lugar en que “permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente”.

Releva la Corte de Santiago que “en el caso que se revisa, los secuestros padecidos por las víctimas de autos, y que se ven agravados por las conductas que aborda el fallo, constitutivas de graves delitos de connotación sexual – violaciones y abusos sexuales-, no cabe duda que deben ser considerados como delitos de lesa humanidad” y detalla que “dichos actos se tradujeron en atentados contra la dignidad de las ofendidas, a través de la violación y abusos sexuales con los que se las afrentó y que estaban destinados a su intimidación, degradación, humillación, castigo y control, y que fueron ejecutados en virtud de la persecución desplegada en contra del colectivo o grupo al cual pertenecían”.

Nota preparada por Yazmín Contreras y Yareta González, estudiantes en práctica de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

En marzo, las feministas conmemoramos la lucha histórica de las mujeres trabajadoras parar ser reconocidas como sujetas de derecho y ser libres de toda forma de opresión y violencia. Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial, pues coincide con los 50 años del golpe cívico-militar de 1973.

El hito de los 50 años representa una oportunidad para evaluar nuestro proceso de justicia transicional y visibilizar el rol que hemos jugado las mujeres en el devenir político de estas décadas.

Las mujeres pusieron el cuerpo y lideraron la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura a través de las organizaciones de familiares que, sin descanso, han exigido verdad, justicia y reparación. De igual modo, las organizaciones de mujeres y feministas contribuyeron a la recuperación de la democracia impulsando movilizaciones pacíficas y masivas, como el Caupolicanazo de 1983, denunciando la falta de democracia en el país y en la casa.

Una vez finalizada la dictadura, las organizaciones feministas desplegaron distintas estrategias para que la experiencia de las mujeres durante la represión no quedara obturada en un relato neutro y totalizante.

En efecto, la violencia político sexual cometida contra las mujeres detenidas durante la dictadura ha sido un secreto a voces muy difícil de nombrar e incorporar en la memoria común sobre los efectos que la dictadura cívico-militar tuvo en el país. La cultura machista normaliza estas agresiones y las mantiene ocultas como expresión de violencia, minimizando su importancia y generando, en las sobrevivientes, sentimientos de vergüenza y culpa que impiden sacarla a la luz.

A pesar de estas barreras, son muchísimas las sobrevivientes que han alzado la voz para denunciar ocurrido. Así lo recogió la Comisión Valech I:

“Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto a estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, pág. 291).

El carácter sistemático y generalizado de la violencia sexual devela su propósito disciplinador en tanto castigo a aquellas mujeres que dejaron el espacio privado socialmente asignado para salir al ámbito público y político. Esta transgresión al cuerpo y la sexualidad cometida por agentes del Estado conlleva un mensaje dirigido a todas las mujeres, no solo a las víctimas directas, acerca de su rol subordinado y circunscrito al espacio privado, que ninguna mujer debe contravenir. Por lo tanto, busca disuadir la participación política de mujeres pues en el orden de género tradicional lo público-político es un espacio que no les corresponde.

A pesar de la regla tácita de silencio que rodea este tipo de crímenes, las organizaciones feministas han realizado una importante contribución para situar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a nivel internacional y nacional. Así, por ejemplo, organizaciones como La Morada, el Instituto de la Mujer y Corporación Humanas llevaron a cabo proyectos de investigación orientados a visibilizar las condiciones socio-culturales que facilitan y mantienen oculta la violencia sexual. Esos estudios representan un significativo aporte en la elaboración de la verdad histórica, sistematizando y difundiendo los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como método de tortura.

En el ámbito de la justicia, Corporación Humanas interpuso en 2010 las primeras querellas por violencia sexual como tortura ante los tribunales. Estas acciones judiciales tienen como propósito reconocer las violaciones a los derechos humanos que vivieron las mujeres, por el hecho de ser tales, y obtener reparaciones adecuadas, en un contexto de bajísima judicialización de este tipo específico de delitos. Dada la escasa relevancia que se le asigna a la tortura en general, y a la violencia sexual en particular, el camino judicial no ha sido fácil, y luego de más de 13 años de litigio las sobrevivientes siguen a la espera de una sentencia firme que ponga fin a la impunidad endémica de la violencia sexual y haga realidad una justicia que ha sido esquiva por tantas décadas.

La valentía de las sobrevivientes de violencia político sexual para hablar sobre sus experiencias y judicializar sus casos, con el objetivo de visibilizar esta violación a los Derechos Humanos y de contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte, son actos de resistencia política, porque se orientan a superar el silencio y el olvido. Estos seis meses que restan para la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar representan una oportunidad para reconocer a las sobrevivientes en su calidad de defensoras de Derechos Humanos y sentar bases sólidas de garantías de no repetición. La gravedad de la violencia político sexual nos exige no sólo no olvidar, sino también mantenernos alertas y activas frente a una violencia que contra las mujeres no ha acabado.

Referencias

• Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2005). Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago, Chile. Extraído de http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf
• Fundación Instituto de la Mujer & Corporación Humanas (2005). Memorias de Ocupación: violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Extraído de https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-544022.html

Por Mariela Infante Erazo
Socióloga. Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Columna de opinión publicada en Descentrados 

Conformidad frente al reconocimiento del carácter de crímenes de lesa humanidad de la violencia sexual cometida contra Patricia Herrera y Ana María Campillo por agentes de SICAR en subterráneos de la Plaza de la Constitución.

Preocupación por la ausencia de garantías de no repetición y de políticas integrales de reparación a las víctimas de violencia política sexual, pese al tiempo transcurrido.

Santiago de Chile, 3 de marzo de 2022. Transcurrida más de una década desde la presentación, en diciembre de 2010, de la querella criminal por las torturas y violencia sexual sufridas por Patricia Herrera Escobar en los subterráneos de la Plaza de la Constitución a manos de agentes de la Sección Servicio de Inteligencia de la Secretaría General de la Dirección General de Carabineros (SICAR), y varios años después de que similiar acción fuera interpuesta por Ana María Campillo Bastidas, en 2016; con fecha 2 de marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido sentencia confirmando el fallo del Ministro Mario Carroza que condena a numerosos agentes de SICAR por dichos crímenes.

La sentencia tiene por acreditado que Patricia Herrera y Ana María Campillo fueron detenidas en junio de 1974 y mantenidas secuestradas por agentes de SICAR en el denominado cuartel “El Hoyo” ubicado en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, lugar en que “permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente”.

Releva la Corte de Santiago que “en el caso que se revisa, los secuestros padecidos por las víctimas de autos, y que se ven agravados por las conductas que aborda el fallo, constitutivas de graves delitos de connotación sexual – violaciones y abusos sexuales-, no cabe duda que deben ser considerados como delitos de lesa humanidad” y detalla que “dichos actos se tradujeron en atentados contra la dignidad de las ofendidas, a través de la violación y abusos sexuales con los que se las afrentó y que estaban destinados a su intimidación, degradación, humillación, castigo y control, y que fueron ejecutados en virtud de la persecución desplegada en contra del colectivo o grupo al cual pertenecían”.

Para la Directora de Corporación Humanas, Mariela Infante Erazo, resulta de la mayor relevancia que “en un caso de violencia político sexual se reafirme que se trata de crímenes de lesa humanidad, cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, que no pueden quedar sin castigo y que el Estado debe reparar. Sin embargo, a casi 50 años del golpe militar preocupa la insuficiencia de las políticas de reparación de la violencia de género y la ausencia de garantías de no repetición”

Ana María Campillo, si bien valora el aumento de penas insiste, al mismo tiempo, en la necesidad de reconocer el delito de violencia sexual como delito de lesa humanidad. Existe una necesidad de que el poder político establezca plazos acotados para los fallos en derechos humanos y establecer un mecanismo que así lo permita. Agrega, que no nos corresponde a las mujeres en lucha por justicia establecer la solución para dignificar nuestro sistema judicial y reparar el daño causado.

En la misma línea, Patricia Herrera si bien valora la sentencia, advierte que la tardanza de la sentencia no permite, justamente, una justicia real, ni reparación. Sabemos que existen otras instancias de apelación, como la Corte Suprema, a la que pueden concurrir los agentes de la SICAR que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos.

SOBRE LAS CONDENAS

Atendida la gravedad y reiteración de los crímenes, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las condenas impuestas en primera instancia, definiendo para Manuel Muñoz Gamboa, recluido en Punta Peuco, la pena de 10 años y un día como autor de secuestro agravado; mientras que a Francisco Illanes Miranda, Wiston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado, se les condena a 5 años y un día en su calidad de cómplices. A Alejandro Sáez Mardónes, por estar ya condenado por otros crímenes, se le definió como pena única la de presidio perpetuo.

Ver fallo Corte de Apelaciones