violencia hacia las mujeres – Humanas

Femicidios frustrados volvieron a subir en 2025 y consumados cumplieron casi una década sin retroceso

Fabiola Gutierrez — Thu, 05 Mar 2026 14:15:00 +0000

Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, 2025 terminó con 44 femicidios y 330 femicidios frustrados. En la víspera de un nuevo 8M, las cifras muestran un escenario donde el delito no cede, mientras las expertas apuntan a una estructura cultural férrea.

Todas las semanas el Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género (Sernameg) actualiza las cifras de femicidios en Chile. Los números han permitido visibilizar el enraizado problema de la violencia contra la mujer en nuestra sociedad, pero también evidencian que este delito no da tregua.

La cifra básicamente ha mantenido el mismo promedio durante casi una década.

Los femicidios frustrados no tienen una curva más auspiciosa; todo lo contrario, están en ascenso constante.

Monstruo estructural

¿Por qué los femicidios no disminuyen? Esa fue la pregunta que le hicimos a tres protagonistas claves en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Todas ellas, en conversación con Informe Especial, se refirieron a lo mismo: una estructura cultural difícil de roer.

—Se mantiene el temor de las víctimas, de las mujeres, a denunciar y a alejarse del agresor. Aún así, habiendo, digamos, denunciado, vuelven a estar bajo la influencia del agresor porque hay una relación de poder muy fuerte. Nosotras lo hemos vivido como madres, el tipo las agrede y ellas vuelven a estar con él y lo justifican. Les cuesta soltar una relación, porque es una relación muy poderosa —dice la vocera de Hermanas en el Dolor, María Isabel Leiva, una agrupación que reúne a madres, hermanas e hijas de víctimas de femicidio.

Este miedo viene de una sociedad que Leiva considera muy «machista y patriarcal» y que necesita de cambios profundos que acompañen a los avances punitivos y a los marcos normativos, como la nueva ley contra la violencia integral.

—Si bien hemos avanzado tremendamente del punto de vista de visibilizar estos temas, es una cultura que sigue siendo machista, porque estamos hablando de la comisión de un delito que ocurre por razones de género, porque son mujeres, porque hay una relación ahí de pareja absolutamente disímil, de una situación de poder disímil, ese es el móvil del delito. Entonces, seguimos estando presentes frente a la necesidad de un cambio cultural urgente para que esto no siga ocurriendo —dice la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco.

La autoridad agrega que la causa fundamental de que los hombres maten a las mujeres tiene que ver con una «visión cultural», con la idea de que la mujer es propiedad del hombre y que este último por tanto está en una posición de poder distinta. Indica además que la violencia de género aún sigue siendo mirada como un problema de parejas y no como un delito que atenta contra la seguridad pública.

Sobre este mismo punto, la directora de Corporación Humanas, Paula Salvo, cree que una de las causas de que las cifras no cambien tiene que ver con enfrentarse a la violencia mortal contra la mujer como si fuera un fenómeno aislado.

—Ellas tienen que denunciar, tienen que activar los procedimientos, tienen que salvarse de su agresor. Y el tratamiento del Estado o la oferta de protección social que le da el Estado es absolutamente marginal frente al gran problema estructural que significa.

Para Salvo también es preocupante cómo los femicidios no están incorporados de una manera relevante en la agenda de seguridad: «Si en este país mataran a 44 curas, o a 44 médicos, o a 44 periodistas, estaría el mundo vuelto una locura», afirma.

Cuentas pendientes

Desde Sernameg sostienen que tanto la psicoeducación preventiva como el seguimiento de los casos a través de datos unificados entre instituciones, son dos elementos que se deben seguir fortaleciendo para prevenir los femicidios.

—En prevención de este delito yo creo que hay dos aspectos que hoy día la ley integral nos permite desarrollar con mayor prontitud: una tiene que ver con trabajar preventivamente y que exista la educación no sexista en los colegios, es un ámbito realmente importante porque en el espacio formativo de jóvenes donde tú vas construyendo y vas instalando también visiones de mundo, de cómo se establecen el vínculo y las relaciones —enfatiza.

Desde Hermanas del Dolor también apuntan al trabajo para encontrar a los culpables, donde según sus experiencias sienten que hay un retraso. «Es muy importante, es un problema muy importante que la Fiscalía no persevere en casos en que la investigación es más difícil. No se ve un empeño decidido en buscar pruebas cuando estas no son evidentes, digamos, a hombres que son muchas veces los más astutos para hacer las cosas», indica la vocera.

Paula Salvo, de Corporación Humanas, también hace hincapié en que falta evaluar a los programas de violencia intrafamiliar.

—En 10 años, ¿qué hemos cambiado? Cuando tú hablas con varones o con gente que no está muy convencida de este tema, te dicen: «Bueno, pero si ya tienen leyes, ya tienen programas, ¿qué más quieren?».

—Que no nos maten —autoresponde la especialista.

Reportaje publicado en Informe Especial de TVN, martes 03 de marzo de 2026.-

¿Es la funa realmente una forma de punitivismo?

Fabiola Gutierrez — Mon, 30 Nov 2020 17:53:37 +0000

Cuando hablamos de punitivismo hablamos de un aumento en las penas legales como solución a problemáticas sociales; de dar por sentado que alguien cometió un crimen sin una sentencia; y finalmente de una sanción extrema en la esfera pública. De los debates clásicos que han girado en torno a la terminología destaca el que tiene que ver con el sistema penitenciario. Una pena aumentada y radical ¿detiene realmente el círculo de la violencia o termina por disminuir las posibilidades de reinserción y reparación del individuo condenado?

El debate que plantea que ciertos feminismos han incurrido en un mayor punitivismo no es nuevo. Son muchas las que manifiestan que los movimientos de denuncia por redes sociales, tales como el #MeToo –que surgió en 2017 con la intención de revelar abusos sexuales en ciertas industrias y en poco tiempo sentó las bases para que mujeres de todo el mundo se sintieran lo suficientemente amparadas para contar sus propias historias– y el #NiUnaMenos, se han vuelto una suerte de linchamiento público –muchas veces sin derecho a la defensa para el acusado– que pretende soluciones rápidas y la anulación completa del otro. Pero, ¿qué tanto de lo que comúnmente denominamos “funa” implica realmente caer en un punitivismo?

La abogada fiscal Bárbara Sepúlveda explica que es habitual confundir los conceptos, y que si bien la funa es un término polisémico cuyos significados e interpretaciones son múltiples, dentro de ellos no está el afán vengativo. “Le hemos dicho funa al contenido que comparte una persona en una red social contando algo que le pasó relacionado al abuso sexual, muchas veces sin más intenciones que las de compartir su experiencia y tener una instancia de catarsis, sin siquiera exponer los datos del agresor. El punitivismo, por otro lado, utiliza la sanción excesiva. Contrario a lo que se suele creer, en la funa no hay una intención de hacer justicia por las propias manos, y es importante aclarar esto para desmitificar la idea de que en las denuncias por redes sociales hay algo de vengativo. Esos casos son la excepción”.

En ese sentido, como explica Sepúlveda, frente a las barreras de entrada del sistema judicial, la funa se vuelve a ratos la única instancia para esa mujer de dar a conocer lo que le pasó. Por eso, muchas de ellas recurren a las redes sociales, porque saben que es probable que por la vía institucional la denuncia no llegue a puerto. No por nada un informe realizado por Miles Chile en 2019 reveló que si bien el porcentaje de denuncias por violencia sexual había aumentado en más de un 10% en los últimos siete años, el 77% de las mujeres víctimas de este tipo de delitos no los denunciaba ante la justicia.

“La mayoría de los abusos sexuales suceden en el ámbito privado, sin testigos, sin registros y a puertas cerradas. El hecho de no tener ese tipo de pruebas muchas veces determina que los casos se cierren y que los agresores queden impunes. La única forma de obtener algo de reparación, entonces, pasa por contárselo al resto, especialmente en casos en los que una mujer adulta cuenta hechos sucedidos en su infancia y que hasta hace poco estaban prescritos (hace poco cambió la legislación y los delitos de abuso sexual a los menores de edad son imprescriptibles)”, explica Sepúlveda. “En las funas, entonces, la intención suele ser la de compartir lo ocurrido y alertar a las otras mujeres. Si ahí operara realmente el obtener justicia por las propias manos, sí se podría hablar de linchamiento, pero ninguna mujer que denuncia lo ve así. Y el problema se da cuando estos discursos se centran demasiado en los victimarios y en lo que están sufriendo ellos al ser ‘linchados’, siendo que deberíamos estar pensando en las víctimas”.

Y es que, según los especialistas, eso es lo que pasa. Existe una reacción organizada por parte de los acusados que incluso toman acciones legales en contra de las mujeres que los denunciaron, amparándose en el hecho de que están vulnerando sus derechos a la honra y a la propia imagen. Son muchos los casos en los que el Tribunal estima que las acusaciones que se le atribuyen al denunciado, más allá de su posible culpa o inocencia, constituyen una falta a su honra y que las plataformas virtuales en las que se divulga esa denuncia vulneran sus garantías constitucionales. Por lo que finalmente es la víctima la que queda mayormente expuesta. “Esto es complejo porque pone a la víctima original –la persona agredida– en la situación de victimaria. Ahora es ella la que vulnera los derechos”, señala Sepúlveda.

Como explica la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut, el fenómeno de las funas en casos de violencia de género aparece precisamente ante un sistema judicial que está en deuda. “Es una especie de protesta, hastío y búsqueda de reparación ante décadas de impunidad y silenciamiento. En ese sentido, podría tener una dimensión punitivista, porque busca la sanción pública, pero solo porque no hay otra a la que se puede acceder; ante las barreras de un sistema de justicia que nos cuestiona, revictimiza y nos obliga a cumplir con el imaginario de la ‘víctima perfecta’ (la que no sale mucho, no toma y tiene una vida sexual poco activa, entre otras cosas), la denuncia por redes aparece en algunos casos como el único camino para ser escuchadas”, explica. “Tenemos que hacernos cargo de esta realidad para canalizarla institucionalmente. Esto nos debería llamar a repensar el sistema y ver cómo garantizamos el acceso de las mujeres y disidencias a la justicia”.

Y es que tal como sostienen los especialistas, son muchas las denuncias que son descartadas por la vía institucional y que encuentran un canal de comunicación a través de comunidades en redes virtuales las que generalmente las acogen y replican. El problema, según argumenta Schönhaut, es que la denuncia por redes sociales es una sanción binaria: se está funado o no, sin atender al carácter o la gravedad de la agresión. “Además, es una sanción sin término. ¿Se puede des-cancelar a alguien? Y por cierto, es profundamente desgastante para las víctimas que se ven expuestas a querellas por injurias”.

¿Relacionarse o no con hombres funados?

Dentro del rango de contradicciones inherentes al ser humano, esta es posiblemente la que más nos hemos cuestionado en el último tiempo. Como mujeres, ¿podemos relacionarnos con personas que han sido acusadas de violencia de género?

Según Bárbara Sepúlveda, la relación entre mujeres y hombres funados siempre va ser tensa. “No creo que sea imposible que los hombres puedan rehabilitarse o que puedan resignificar muchos de sus actos y experiencias pasadas. También creo que pueden volverse conscientes de sus privilegios y tomar una postura proactiva no solo en cambiar ellos, sino que cambiar a los demás. Pero no podemos olvidar que hay víctimas y hay daños. Entiendo que muchos piensen en el daño que sufre el acusado cuando se hace una denuncia por redes, con el alcance que eso puede tener. Pero a las víctimas de sus agresiones le destruyeron la vida”.

La directora ejecutiva de ComunidadMujer, Alejandra Sepúlveda, sugiere que el proceso que hemos vivido de sacar a la luz todas las historias de abusos y que conectó a mujeres de manera intergeneracional, se trata de un movimiento pendular. “Probablemente ese péndulo esté en un extremo en este minuto, y eso ha supuesto señalar a todos los abusadores. Pero creo que este movimiento debe transitar desde el extremo al equilibrio, porque hay que encauzar la discusión de una manera que genere reparación para las víctimas en primer lugar, pero también un cuestionamiento respecto a cuáles son las relaciones de género que nos han llevado a esta gran asimetría de poder. Hay que exigirle a la vía institucional que esté a la altura, porque está al debe en la prevención, protección, sanción y reparación. Nos tenemos que responsabilizar del problema y no podemos dejárselo solamente a la funa”.

Por su lado, Schönhaut señala que hay que ser cuidadosas con terminar sancionando a las mujeres por las acciones de los agresores. “Nuestro rol como feministas es acompañar, visibilizar y ayudarnos a salir de situaciones de violencia cuando éstas existen. Desde el feminismo no espero hacer caso omiso al hecho que las personas somos complejas y contradictorias, lo importante es hacernos conscientes de esas contradicciones y ser más esclarecedoras que castigadoras”.

Reportaje publicado en Revista Paula

Hombre agredió a joven embarazada que estaba protestando en huelga: Perdió a su hijo por la golpiza

Fabiola Gutierrez — Fri, 20 Nov 2020 20:26:49 +0000

La mujer fue golpeada en diversas ocasiones por un individuo que no la conocía ni tenía relación con su empresa. Pese a ser advertido de que estaba embarazada, el agresor continuó.

Una joven se encuentra en estado de shock tras haber perdido a su hijo luego de sufrir una agresión por parte de un desconocido mientras se manifestaba en una huelga legal en las afueras del banco Falabella de Viña del Mar.

De acuerdo con Andrea Marchant, presidenta del Sindicato ° 1 de promotoras CMR Falabella, “este cliente sale desde el banco a forcejear con ella”, destacando que él no tenía ninguna relación con la protesta ni con la víctima.

“Le pegó en la guata y la botó al suelo. Producto de esta situación, la trabajadora en el fondo nos llamó a nosotras para constatarnos del hecho y después, el día miércoles, nos cuenta que ella estaba embarazada y que perdió a su bebé“, agregó la representante del sindicato.

En los registros de la agresión se escucha cómo la trabajadora le manifestó en repetidas ocasiones al agresor que ella estaba embarazada, pero él no se detuvo.

“Ella grita desesperadamente ‘estoy embarazada’, pensando que aquello lo iba a detener. Sin embargo, aquello significa un detonante mucho mayor a propósito de que el hombre pasa a cuestionarse qué hace una mujer embarazada protestando“, explicó Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, hizo un llamado a que “en el marco del día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas, efectivamente se adopten medidas para que el Estado de Chile pueda avanzar en las políticas de prevención que se requieren principalmente para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres“, sentenció.

Mujeres de Navidad: la lucha por romper la cultura del silencio en el mundo rural

Fabiola Gutierrez — Tue, 08 Sep 2020 12:29:28 +0000

La comuna de la región de O’Higgins ha visto crecer paulatinamente este movimiento contra la violencia y el patriarcado. Sus distintas intervenciones han visibilizado un problema de profunda raigambre en nuestro país: la naturalización de la violencia de género y contra la infancia en los sectores rurales.

Por Claudia Carvajal G. Radio Universidad de Chile

Así explica Rocío Villalobos el sentido del Movimiento Mujeres de Navidad, que reunió a dos grupos de mujeres de esa comuna de la región de O’Higgins con un fin común: combatir el abuso sexual y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y mujeres de esa localidad.

“Los territorios son muy vastos y hay poca población y además toda la gente se conoce, son parientes o amigos, entonces hay una cultura de silencio, una cultura de la naturalización de la violencia de género y contra la infancia. Hablamos de una cultura patriarcal absolutamente instalada y poco desmantelada”, explica Villalobos, periodista y quien lleva las comunicaciones de la agrupación.

Desde diciembre de 2019 a la fecha, Mujeres de Navidad ha llevado a cabo siete intervenciones en diferentes sectores de la comuna, y según nos señala Rocío, cada vez se les sumaban más mujeres. Fue debido a la fuerza que alcanzó la movilización feminista que el municipio consintió en la creación de un programa para Mujeres y Menores por el que se contrató a una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, en orden a dar respuesta a la necesidad de asesoría multidisciplinaria a mujeres y NNA.

En el marco de las acciones de Mujeres de Navidad que una joven de la comuna se atrevió a denunciar largos años de abuso sexual tanto contra ella como de su hermana postrada a causa de un daño cerebral, por parte de su padre, un militar en retiro muy conocido del sector. Actualmente, los hechos se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público y el progenitor fue alejado de la vivienda donde residen las víctimas.

La organización ha determinado un petitorio a las autoridades comunales y regionales que, en resumen, busca crear una red de apoyo formal a quienes sufren violencia. Así, solicitan la profesionalización de los procesos de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y contra la infancia; mejorar los protocolos en apego a la normativa vigente y con especial atención en el resguardo de derechos; evitar la revictimización; dar soluciones de acogida real a las víctimas expuestas a la violencia; dar mayor celeridad y prioridad en los procesos judiciales; garantizar la restitución de justicia y la reparación a las víctimas; gestionar un sistema integrado de educación que empodere a mujeres, niñas y niños, que respete la diversidad y que permita forjar una cultura de no violencia y antipatriarcal.

Ruralidad, un factor que agrava la indefensión

De acuerdo con las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la región de O’Higgins es la segunda a nivel nacional en número de femicidios: 6 de los 32 cometidos en lo que va del año y la primera, si se considera la proporción de habitantes. El 2019 fueron cuatro los femicidios en grado de consumados y once los frustrados en la misma región.

Lorena Astudillo, abogada de la Red, explica que, si bien no es posible determinar a cabalidad las razones por las que las cifras tanto de femicidios como de violencia contra la mujer son tan altas en esa región, si cree que hay una componente importante en esos datos: la ruralidad.

Lorena Astudillo. Foto @Uchile

“La violencia hacia las mujeres está en todos los espacios, sin embargo, hay ciertos factores que acentúan la violencia o generan que para las mujeres sea más difícil denunciarla o poder generar acciones en contra de ella. La ruralidad es un factor que acentúa estas manifestaciones de violencia. En espacios donde se conoce toda la gente, se tiende a culpabilizar a las mujeres cuando realizan denuncias, entonces terminan siendo etiquetadas, apuntadas. A eso se agrega el que la mayoría de las políticas públicas no están hechas para las mujeres que viven en ruralidad, sino que se piensan desde lo capitalino, desde el espacio urbano con mayor cantidad de herramientas para las mujeres y se deja de lado la territorialidad de cada espacio”.

En el mismo sentido se expresa Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

“La violencia no nos afecta a las mujeres del mismo modo y esa es una cuestión que es bastante evidente, pero que de alguna forma permanece oculta. Las mujeres no cuentan con las mismas herramientas y alternativas para enfrentar las situaciones de violencia que les afectan, muchas veces debido a ciertas condiciones particulares, de mayor vulnerabilidad. Una de las que ha estado muy poca puesta en la discusión es precisamente la ruralidad, considerando que en Chile ésta es una realidad, pero pareciera ser una situación aislada y minoritaria. Eso no es así, porque hay muchas localidades que se definen como urbanas, pero no cuentan siempre con todos los servicios que existen en las ciudades más grandes”.

“Además, en contextos de ruralidad es muy frecuente que se encuentren muy arraigadas concepciones tradicionales acerca de la familia y que las mujeres y las niñas se encuentren en situación de mayor subordinación en base a esterotipos de género tradicionales o conservadores y eso también impacta en la posibilidad de las mujeres de poder reconocer que se encuentran en situación de violencia y buscar herramientas”, agregó la profesional.

Foto @Twitter Corporación Humanas

El caso de la región de O’Higgins también puede responder a una cierta invisibilización de la zona dada su proximidad con la capital. “El estar tan cerca de Santiago, pero no ser Santiago”, como lo define Lorena Astudillo.

“A eso agrega las zonas de ruralidad donde hay costumbres arraigadas de lo campesino, perpetuando las relaciones del poder, las prácticas culturales de dominación hacia otros y otras. Es una región con costumbres fundamentalistas en la que se perpetúan ciertos principios que implican el sometimiento de las mujeres, el servirse de las mujeres para realizar sus prácticas diarias”, añade.

Camila Maturana ahonda además en la falta de presencia de la institucionalidad en las zonas rurales o más alejadas de centros urbanos importantes, pero también en las propias idiosincrasias de las localidades rurales, lugares en las que todo el mundo se conoce o está relacionado.

“Los vínculos de las comunidades pequeñas son riquezas en ellas, pero lamentablemente esos vínculos y redes favorecen las relaciones públicas entre hombres y personas poderosas y no aportan a la protección de las mujeres y sus derechos, todo lo contrario. Ese problema agrava el aislamiento de las mujeres. Esas condiciones en que todo el mundo se conoce hacen más difícil la denuncia porque a las mujeres nos han enseñado a sentir vergüenza de la situación de violencia, no nos han enseñado que somos víctimas y tenemos derecho a ser escuchadas y creídas”.

“El centralismo de nuestro país atenta contra las realidades territoriales, las idiosincracias o las necesidades de determinadas comunidades. Por eso es urgente que efectivamente las políticas tengan lineamientos desde el nivel central, pero que sean aplicables nivel local, acorde a la realidad y en materia de violencia contra las mujeres y niñas, la respuesta estructural es la denuncia, pero esa denuncia implica el inicio de una ruta muy ardua en un sistema que las revictimiza una y otra vez y que ni siquiera es capaz de garantizar su protección oportunamente en los casos que así se requiera y, por lo demás, la impunidad es muy alta y en muchos casos ni siquiera se puede llegar a establecer la verdad de lo ocurrido”, reflexiona la abogada.

Justamente es la falta de institucionalidad presente en los distintos puntos del país uno de los temas centrales del petitorio de las Mujeres de Navidad, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos de la región.

En agosto, las usuarias del Centro de la Mujer de Pichilemu han realizado diversas manifestaciones en las afueras de la oficina local del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, debido a la decisión del organismo de desvincular a los profesionales que atienden a 140 mujeres víctimas de violencia en la comuna. El cambio de los abogados y psicólogos impide la continuidad de las intervenciones y obliga a las víctimas a reiniciar sus procesos de reparación.

“El hecho que en Pichilemu se haya desvinculado al equipo de Sernameg es muestra de la poca importancia que se da a la protección a las mujeres y lo que tiene que ver con esos espacios ganados ministerialmente para ellas. Todo lo que dice relación con el Sernameg es que son espacios laboralmente muy precarios, en donde las mujeres que trabajan para resguardar los derechos de otras mujeres están permanentemente siendo vulneradas porque trabajan a honorarios, con recursos precarios, porque no hay mayor asignación de éstos en el presupuesto. Además, ellas cada año están con el temor de si son despedidas o vueltas a contratar, porque además se traspasa a los municipios esa contratación y dependerá de la autoridad de turno la visión que se da al órgano”.

“Es a esas mujeres con empleos precarios a las que se les pide que enseñen a restaurar los derechos de las mujeres. Tiene que cambiar esa concepción de la mujer que necesita ‘una ayudita’ y, ante nada, mejor conformarse con un poquito, eso me parece una falta de respeto enorme, más en gobiernos en cuyos discursos siempre está presente la violencia hacia las mujeres y su supuesto compromiso para erradicarla”, enfatiza Lorena Astudillo.

Es ante la falta de Estado que la comunidad de mujeres como la organización Mujeres de Navidad releva su valor, porque forman una red para ayudar a otras mujeres para salir de la situación de violencia o a buscar ayuda para enfrentarlo.

“Nuestra lucha es porque estos hechos se detengan, se imponga la justicia, que el Estado y sus instituciones actúen de forma proactiva y profesional y se eduque en todos los ámbitos de la vida para la construcción de una cultura del respeto, antipatriarcal y no violenta, por todos sus habitantes y las generaciones futuras. Creemos firmemente que en nuestro territorio esto ya no se trata de una opción, sino que significa, de forma literal, la diferencia entre la vida y la muerte”, dicen desde la organización de mujeres, cuyo objetivo más urgente es contar prontamente con una casa de refugio para mujeres violentadas, de modo de entregarles un espacio seguro y lejos de sus agresores.

Foto @Mujeres de Navidad

Corporación Humanas y crimen de Ámbar: «La violencia contra las mujeres no es prioridad en Chile»

Fabiola Gutierrez — Mon, 10 Aug 2020 20:34:50 +0000

«Pareciera que cuando ocurren casos tan dramáticos, todos nos mostramos preocupados, pero en la vida cotidiana no se da prioridad a la contención y prevención de la violencia contra las mujeres», dijo Camila Maturana, abogada de la organización.

24Horas.cl Tvn

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, criticó la labor delEstado de Chile en lo que refiere a la violencia de género, aludiendo al impacto nacional por el crimen de la joven Ámbar Cornejo, indicando que «la violencia contra las mujeres no es prioridad en Chile».

Según dijo a 24 AM, en la actualidad las mujeres son sometidos a diferentes tipos de violencia desde la infancia, situación que se mantiene durante la adultez.

«Vemos cómo la violencia es una realidad sumamente generalizada en Chile en tiempos normales, pero que con la pandemia se ha visto exacerbada», aseveró.

Maturana destacó que sucesos como el de la adolescente de Villa Alemana «es la punta del iceberg de un problema estructural», argumentando que «la violencia contra la mujer no es un tema al que se le da prioridad».

Sostuvo que, actualmente, «existe una falta de presupuesto y apoyo contra las víctimas, donde no reciben la protección que requieren».

«Pareciera que cuando ocurren casos tan dramáticos, todos nos mostramos preocupados, pero en la vida cotidiana no se da prioridad a la contención y prevención de la violencia contra las mujeres», complementó.

Matar al agresor: El caso de Sara y el debate sobre el derecho a la legítima defensa

Fabiola Gutierrez — Mon, 03 Aug 2020 19:57:48 +0000

La mujer fue víctima de violencia intrafamiliar de su expareja, quien incumplió una orden de alejamiento para llegar a su casa y amenazarla de muerte en reiteradas ocasiones. La última, con intenciones de atacarla con una hacha. Ella respondió. Ahora enfrenta una condena por parricidio, mientras su defensa busca la absolución apelando a una exención de responsabilidad criminal por derecho a la legítima defensa.

Hasta tres veces le repitió que la mataría. La última de las amenazas, ya fue con un hacha en la mano, dispuesto a cumplir su palabra. Entonces, Sara se defendió. Lo hizo con un cuchillo de la cocina: se lo clavó una sola vez, en el tórax, y acabó con la vida de Flavio Avilez.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio en Puerto Raúl Marín Balmaceda, una pequeña localidad de la comuna de Cisnes, en la Región de Aysén. Sara había sufrido cuatro años, prácticamente desde el inicio de su relación, de violencia intrafamiliar (VIF) perpetrada por Avilez. La mujer, de 45 años, había presentado dos denuncias contra su expareja, una en septiembre de 2019 y otra en mayo de este año. Sobre la primera, la Fiscalía decidió no perseverar por falta de antecedentes, mientras que tras la segunda él quedó con una orden de alejamiento de Sara y su hogar.

“A pesar de tener la cautelar, él fue a la casa para pedirle cigarros [a Sara] e iniciar una conversación con ella. Le reclamó que no había dormido en la casa y que tendría otra pareja”, explica Oriana Macías, defensora penal pública de Puerto Cisnes. Durante aproximadamente una hora se produjo una discusión entre ambos que subió de tono hasta llegar a las amenazas de muerte contra Sara y el final de Avilez. Tras recibir el contraataque, el hombre, de 35 años, se desvaneció. “Ella salió arrancando a pedir ayuda a la calle, gritó mucho rato hasta que encontró una persona en un auto. Trató de proporcionar ayuda médica lo más pronto posible a su expareja, pero lamentablemente falleció en el sitio del suceso”, precisa la abogada.

Sara fue detenida y en su formalización se le imputó el delito de parricidio, que puede conllevar penas de presidio mayor (15 a 20 años ) a perpetuo simple. Si bien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el tribunal optó por decretar arresto domiciliario total: “Es una víctima de VIF, no sería un peligro [para la sociedad], porque ella se defendió de un ataque inminente contra su vida. Si bien la lesión produjo la muerte de su expareja, fue una sola lesión; en cambio, ella tiene varias en su cuerpo”, considera Macías. Según verificó la defensora, Sara tiene una quemadura en el pecho y el estómago que la dejó hospitalizada un mes y por la que requirió injertos. “Esto fue otro episodio de VIF que ella no denunció”, asevera la abogada. Al momento de ser detenida, añade, también tenía heridas en la zona frontal del cuero cabelludo, en el pómulo izquierdo y hematomas en el brazo. “Ella se las atribuye a él, de otras ocasiones”, dice la defensora.

Sin responsabilidad criminal

Oriana Macías prepara la defensa de Sara en el juicio a partir de una causal para la exención de responsabilidad criminal recogida en el artículo 10 numeral 4 del Código Penal chileno: la legítima defensa. Según el texto, se la puede considerar como tal cuando concurra una agresión ilegítima en circunstancias de “necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla” (proporcionalidad) y “falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. “La ley permite a las personas defenderse de una agresión en contra de su vida y en ese entendido no debería ser condenada, sino absuelta”, asegura la defensora.

La abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, opina que en Chile “no es tan difícil demostrar la legítima defensa”. Sobre la segunda circunstancia planteada en la ley, destaca: “Se defendió con un cuchillo, una arma blanca, pero de una fuerza considerablemente menor que [la que podría resultar de] ser atacada con un hacha”. Para la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, “hay elementos para decir que ella se está defendiendo porque [el agresor] la iba a atacar, ya había infringido una orden de alejamiento y tenía una historia de agresiones previas que le permitían tener claridad de que iba a cumplir sus amenazas”.

La subdirectora de la Comisión de Derecho Penal de Abofem, Carolina Sepúlveda, asegura que el Ministerio Público “tiene la obligación” de investigar tanto la culpabilidad de la imputada como las eventuales causas que la eximen de responsabilidad, como la legítima defensa. Para ella, lo relevante de la investigación es que incorpore la perspectiva de género y que “se entiendan las circunstancias y el miedo a los que se enfrenta una mujer cuando se le acerca quien ha sido su agresor por varios años”.

Según Macías, en los casos de parricidios perpetrados por mujeres hacia sus parejas, en general, “no se da” la legítima defensa, sino que las defensas suelen argumentar lo que se conoce como “estado de necesidad exculpante”por la VIF. Se trata de una causal incorporada en la ley de femicidio de 2010, explica la defensora, más difícil de probar y en la que “la mujer no responde inmediatamente a la agresión, sino que [para responder] espera que el agresor no pueda cometer una amenaza contra su vida”, por ejemplo cuando está durmiendo.

El Desconcierto contactó a la Fiscalía de Aysén para recoger la opinión del fiscal del caso, Pedro Poblete. Sin embargo, respondieron que ”no efectuará comentarios a la prensa en relación a esta investigación, la cual se encuentra actualmente vigente hasta aproximadamente mediados de agosto y con diligencias en curso, como parte del principio de objetividad del Ministerio Público”. En declaraciones que el magistrado entregó a La Tercera a principios de junio, sostuvo que los antecedentes que tenía hasta el momento de la audiencia, no le permitían “configurar una legítima defensa”. Calificó la situación de “grave”, con datos por “despejar”, y si bien reconoció que “no se cierra” a reconocer la VIF, subrayó que hay “una familia al otro lado que extraña a un familiar”.

El rol del Estado

Según datos de la Fiscalía, en 2019 en Chile hubo un total de 87 víctimas de parricidios, es decir, personas asesinadas por un familiar directo o pareja (cónyuge o conviviente) masculino. La institución no ha aclarado a este medio cuántos de estos fueron perpetrados por mujeres en contra de su cónyuge, conviviente o ex cónyuge hombre, pero según datos estadísticas de años anteriores, 1/3 del total de los parricidios (o intentos de ellos) cumplirían esa condición. En comparación, en 2019, según el SernamEG, hubo 46 femicidios y 109 femicidios frustrados. En lo que llevamos de año, ya se han producido 20 femicidios consumados y 66 frustrados.

Tras las cifras de parricidios perpetrados por mujeres suele haber la decisión de una mujer víctima de VIF que termina buscando justicia por sus propios medios, después de sufrir por largos períodos de tiempo violencia de género sistemática dentro de la pareja. “Quieren ponerle término a las agresiones que están viviendo”, señala Lorena Astudillo, quien recalca que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95% de mujeres que matan a sus agresores lo han hecho autodefendiéndose.

Durante los meses de pandemia, el SernamEG, ha detectado un aumento del 106% del número de llamados al teléfono que entrega orientación en casos de VIF, entre los meses de marzo y mayo. Ante este panorama, expertas en violencia de género aseguran que “no hay medidas de protección efectivas para las mujeres” porque, aunque existan las órdenes de alejamiento, “no se activan mecanismos para asegurar su cumplimiento”, destaca Carolina Sepúlveda. Camila Maturana coincide: “El caso de Sara muestra la dificultad del sistema judicial para garantizar la protección de las mujeres, especialmente las que viven violencia grave o están en riesgo vital”, sostiene. Astudillo indica, por su parte, que la institucionalidad “operó” para poner a salvo a una mujer que había denunciado y cuya vida corría peligro, “sin embargo, falló”. Para ella, este caso “traspasa lo que significa la legítima defensa” porque, dice, “no se puede poner a Sara en igualdad de condiciones que a su agresor”. Y añade: “Ella temía por su vida y pidió ayuda al Estado chileno para protegerse, mientras él tenía una relación de superioridad y poder con ella”.

Además de cuestionar los sistemas de protección del Estado, colectivos feministas de la región criticaron en un comunicado “el actuar indiferente” de la directora regional del SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, a quien acusaron de “no apoyar” el caso de Sara y emitir unas polémicas declaraciones de “condena a la violencia venga de quien venga”. Desde SernamEG respondieron que, según establecen las Orientaciones Técnicas de la creación del Servicio en 1991, el organismo “solo tiene facultad de representar judicialmente a una mujer víctima de violencia, no en calidad de imputada”.

En opinión de la institución, la red de protección no falló porque “sí se activó la protección” con las medidas cautelares, pero “fue el agresor quien vulneró la red de protección que ella tenía”. También comentaron que, a través del abogado de Línea Violencia Extrema y la directora regional, SernamEG “tomó contacto con la defensora de la causa y el fiscal regional para ponerse a disposición y asesorar en todo lo que ellos requieran para asegurar que el juicio sea debidamente tratado con enfoque de género”.

Otros casos

El caso de Sara se suma a otras batallas legales que han protagonizado sobrevivientes de violencia de género que han llegado al punto de dar muerte a sus agresores para poder salvar su integridad física.

Uno de los casos más recordados fue el de Karina Sepúlveda, ocurrido en 2011, quien disparó a su pareja Claudio Reyes y, tras comprobarse el “estado de necesidad exculpante” por ser víctima de VIF durante casi dos décadas, quedó absuelta dos años después. La Corte consideró que la mujer actuó para evitar un mal grave para ella y sus hijos. “Ella no mata a su pareja defendiéndose de una agresión inminente, lo mata porque llega a la convicción que su siguiente actuar será atacar al hijo, como lo había hecho con ella”, recuerda Camila Maturana.

Otro caso fue el de Blanca Paredes, una mujer de entonces 55 años de Mejillones, en la región de Antofagasta, quien en 2016 acuchilló a su marido, Víctor Flores, mientras dormía. Él sobrevivió y ella fue condenada a diez años de cárcel por parricidio frustrado. Tras una fuerte movilización social en el norte para defender a la mujer, quien había explicado que tanto ella como sus hijos fueron víctimas de todo tipo de violencia machista por parte de su cónyuge por 35 años, el juicio se anuló. En una segunda instancia judicial, en 2017, el tribunal la condenó, finalmente, a cuatro años de libertad vigilada.

En 2016, en Valdivia, trascendió el caso de Constanza Silva, una profesora quien acuchilló a su expareja Cristián Sepúlveda, luego de que se presentara a su casa, pese a tener una orden de alejamiento. La mujer llamó a la policía para advertir del incumplimiento, pero antes de que llegaran los agentes, se produjo una fuerte discusión que precipitó los acontecimientos y ella dio muerte a su agresor. Él tenía una causa pendiente de VIF y había sido detenido anteriormente por otros delitos como amenazas, lesiones leves y menos graves y abuso sexual, entre otros. Constanza fue condenada un año después a 10 años de cárcel por parricidio, y en su sentencia no se consideró que fuera sobreviviente de VIF. El tribunal solo estimó “la irreprochable conducta anterior”, ya que no tenía condenas previas, y su colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Aunque la defensa solicitó la nulidad del juicio, la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia.

“Lograr la absolución”

Sara se encuentra actualmente en casa de sus padres cumpliendo arresto domiciliario total hasta que se celebre el juicio, previsto para mediados de agosto. Por mientras, retomó sus estudios de primero y segundo medio onliney por ahora ha sacado muy buenos resultados. Esto, explica su abogada, es un buen antecedente de cara a la revisión de las cautelares, una cita en la que Macías quiere solicitar el arresto domiciliario nocturno.

Por mientras, colectivos feministas de la zona se han articulado para visibilizar el caso. Danae Aravena, de la organización Patagonas Feministas, perteneciente a la Red Feminista de Aysén, cuenta que las activistas se juntaron “para lograr la absolución” porque este caso “toca al territorio de forma muy directa”. Y añade: “La región de Aysén es muy rural y los tipos de violencia hacia las mujeres son más crudos”. Así ocurrió, dice, con el caso de Sara, de Nabila Riffo o de la niña Florencia Aguirre. Aravena considera que la “presión” del movimiento “es importante”, tal y como se vio la semana pasada tras la audiencia por las medidas cautelares de Martín Pradenas, agresor de Antonia Barra.

“La institución le falló a Sara, el Estado la abandonó y ahora buscan las penas más duras para ella. Si en esa localidad tan pequeña, de menos de 300 habitantes, no pueden hacer valer la prohibición de acercamiento, imaginemos lo que pasa en las ciudades más grandes”, reflexiona Adelina Tello, vocera de la misma Red regional. A la espera de la audiencia, las feministas ayseninas quieren acompañar a Sara y, para eso, han impulsado la campaña #YoTambiénMeDefendería para levantar, hasta la fecha del juicio, “las consignas de absolución”.

Publicado por El Desconcierto

Cuando el micrófono sigue prendido y presenciamos violencia de género: ¿cómo ayudar?

Fabiola Gutierrez — Sun, 02 Aug 2020 19:46:06 +0000

Según un informe reciente realizado por ONU Mujeres, la violencia de género se ha agudizado de manera notoria en Latinoamérica desde que empezó la pandemia. Con las medidas de confinamiento, ha habido un alza a nivel regional en las denuncias efectivas y las consultas a las líneas telefónicas de ayuda. En Chile, aunque las denuncias no hayan subido en relación al mismo periodo de tiempo del 2019, las llamadas al 1455 –fono de orientación y ayuda del SERNAMEG– han aumentado en más de un 70%. Junto a esto, también han aumentado los casos de violencia que se han presenciado por Zoom y otras plataformas en las que hemos depositado nuestra cotidianidad en tiempos de pandemia.

No ha sido inusual asistir a una reunión, clase o conferencia y que a una colega o compañera se le quede prendido el micrófono, permitiéndole al resto acceder a su intimidad y presenciar, aunque de manera remota, una escena de violencia y abuso. Así lo han relatado profesores, académicos y distintas organizaciones que, enfrentados a esta situación, no siempre han sabido cómo reaccionar. Los especialistas concuerdan en que lo más urgente es lograr entregarle a la víctima las herramientas para que ella misma pueda hacer la denuncia. Pero esto no siempre es fácil. Si hemos sido testigos de una agresión o hecho de violencia de género, ¿cómo podemos ayudar y a qué debemos recurrir?

Como explica la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schonhaut, muchas veces los casos que se evidencian a través de plataformas de comunicación virtual pueden incluso ser un llamado de ayuda implícito por parte de la víctima, por lo que siempre hay que mantenerse alerta. Así como está pasando en el espectro virtual, además, puede estar pasando en nuestro barrio, en la calle y en las redes sociales. Y en Chile, la violencia intrafamiliar se define como todo tipo de maltrato que afecte la vida y la integridad física o psíquica de una persona cometida por un miembro de la familia contra otro. Se trata, como explica Schonhaut, de lo más cercano que tenemos a una regulación de la violencia machista al interior de la esfera privada. Y en ese sentido, la denuncia la puede realizar en Fiscalía, Carabineros, PDI y Tribunales de Familia tanto la víctima como un testigo.

“Ante esta situación es importante saber que cualquier persona que tome conocimiento de un caso de violencia puede hacer la denuncia. Pero es relevante involucrar a la víctima en esa decisión, no se puede hacer sin su consentimiento. Por lo que quizás el primer paso es más bien tratar de acercarse a ella y a su entorno, preguntarle cómo está, escucharla sin prejuicios y ayudarla a reconocer sus propias emociones. Luego de eso, plantearle los riesgos que conlleva la agresión y el abuso y explicarle que tiende a ser de carácter ascendente. La mayoría de las veces no se trata de un hecho aislado y solamente empeora”, explica.

Según Schonhaut, y en esto todas las especialistas en género parecieran estar de acuerdo, la denuncia es relevante, pero es principalmente importante poder colaborar en la creación o identificación de la red de apoyo de aquella mujer cuyos derechos están siendo vulnerados. “Muchas veces las víctimas deciden no denunciar porque no confían en la institucionalidad o porque no tienen un lugar a dónde ir y temen quedarse solas. Ahí, como sociedad y posibles integrantes de la red de apoyo, es importante poder cumplir ese rol y ayudarla a concientizar respecto a la violencia de género y al hecho que hay conductas que pudiesen estar naturalizadas –como que le revisen el celular y le hagan escenas de celos– pero que por ningún motivo son normales”. En ese sentido, como postula la especialista, es de suma importancia que se puedan articular redes y que entre las mujeres se puedan conversar estos temas, para que todas sientan que cuentan con la posibilidad de hacerlo. “Porque, además, la justicia feminista opera desde la lógica que si una alza la voz, todas nos sentimos interpeladas y más capaces de alzar la voz”.

Por su lado, la socióloga del Observatorio de Género y Equidad, Tatiana Hernández, explica que en lo concreto, esto se debiese abordar antes o después de cada clase, charla o reunión –laboral o académica– que tenga lugar durante los meses de pandemia. “Cuando presenciamos un hecho de violencia en cualquier plataforma, no podemos hacer como si no pasó nada. Siempre hay que acoger e irrumpir dejando claro que esto no es normal y no puede quedar impune. Hay que entender que la violencia hacia la mujer nos afecta a todas: es un daño que tiene un impacto en aquella mujer vulnerada pero también en la sociedad en conjunto, a propósito de las repercusiones que tiene el naturalizar ese hecho”, explica.

Por eso, Hernández es enfática al plantear que es necesario informar que ha habido una agudización de la violencia de género durante la pandemia y que frente a eso las mujeres o sus terceros significativos pueden acudir a la institucionalidad –ya sea llamando al 1455 o al WhatsApp del Ministerio de la Mujer y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género– o a las organizaciones de mujeres y feministas, tales como la Coordinadora Feminista 8M, quien desde abril, y junto a otras organizaciones civiles, lanzó la campaña contra la violencia machista en cuarentena, En Red Nos Cuidamos(www.cf8m.cl)

Una de cada tres mujeres está experimentando o ha experimentado violencia en algún minuto de su vida. Por eso, Hernández parte todos sus clases hablándole a sus alumnos respecto de la violencia de género y cómo ha aumentado en estos meses. “Me parece que tendría que ser parte de cualquier inicio de charla o curso, así de radical. Muchas de ellas pueden estar experimentando violencia o conocen a alguien y pueden ser terceros significativos para abordar el tema”. Se trata, como explica la especialista, de decisiones que debiesen ser organizacionales, y que no dependan únicamente de la voluntad de cada coordinador de dicha actividad. “Todos aquellos que están haciendo clases debiesen contar con un manual –tipo protocolo de atención– que les permita entregar información, y que los oriente en materia de cómo abordar y cómo derivar a esa persona para ayudarla. O, por ejemplo, que al final de cada presentación PowerPoint haya información respecto a qué se puede hacer en estos casos, cómo intervenir y a qué organizaciones recurrir”.

Asimismo, la psicóloga clínica y forense especialista en género y académica de la Universidad Diego Portales, Guila Sosman, señala que los testigos no deben ser pasivos frente a estas situaciones. “No hay que pensar que porque estas situaciones se dan en el ámbito privado, lo son. Pasan a ser del ámbito público en la medida que se trata de delitos y en la medida que hay una persona que está en posible riesgo vital o de daño físico y psicológico. Todas tenemos que estar atentas y cuidarnos”.

En ese sentido, si bien sostiene que la denuncia es importante, lo primordial es acercarse a la víctima. “Si no se tiene mucha confianza, hay que acercarse de manera paulatina, explicar que una fue testigo y contactar a la persona con su red cercana. En general son mujeres que están muy aisladas –porque así opera el agresor, devaluando y descalificando a la víctima– pero quizás hay una amiga o una mamá. Si no, ofrecerles acompañamiento y estar ahí”.

Se trata, según Sosman, de pasos similares a los que se tomarían en una intervención de crisis: escuchar, acompañar hasta que la persona vulnerada esté más tranquila, ayudarla a dimensionar el problema y ayudarla a identificar sus propias herramientas y redes de apoyo. “Esto es clave porque de esta forma también se pueden definir soluciones a corto plazo. Es muy importante empoderarla y para hacerlo hay que lograr que ella vea de qué manera ha logrado sobrellevar otros problemas en el pasado, para que identifique y recoja sus recursos y experiencias previas. Por otro lado, decirle que vamos a estar ahí y quedarnos monitoreando”.

También es importante, según explica la especialista, que nosotras como testigos entendamos que a la persona vulnerada le resulte difícil ver cuáles son sus recursos, porque es probable que crea el discurso de su agresor. Si está en riesgo vital, es fundamental recurrir a casas de acogida y hacer la denuncia. Además de recurrir a organizaciones o fundaciones que presten asesoría legal o acompañamiento psicológico.

Como dice la abogada y Presidenta de Corporación Humanas, Lorena Fries, “lo que hay que hacer es configurar la voluntad de la mujer para que ella misma llegue al punto de denuncia. Esto es un proceso que se hace con acercamiento, diálogo y escucha amplia sin prejuicios, porque las mujeres que sufren de violencia se avergüenzan y difícilmente lo cuentan”.

Si tú o alguien cercano están pasando por una situación de violencia, se pueden contactar al 1455 (atención 24/7), o con alguna de las organizaciones que ofrecen acompañamiento legal y psicológico, como Corporación Humanas (www.humanas.cl), Asociación de Abogadas Feministas (www.abofem.cl), Corporación La Morada (www.corporacionlamorada.cl), y Fundación Templanza (www.fundaciontemplanza.cl).

Publicado por Revista Paula

Caso Antonia Barra: La punta del iceberg de la situación que viven las mujeres en Chile

Fabiola Gutierrez — Wed, 22 Jul 2020 15:37:51 +0000

La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, analizó el desolador panorama de lo que significa buscar justicia para casos como el de Antonia Barra.

«Lo que le ocurrió a Antonia es la punta del iceberg de la situación que vivimos las mujeres en Chile cuando queremos justicia», dijo Camila Maturana, abogada de Corporación Humana, esta mañana en La Voz de los que Sobran.

En conversación con Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen, Maturana aseguró: «Es como después de Nabila Rifo no hubiera aprendizaje de cómo debe ser tratada una mujer que denuncia violencia sexual y eso me preocupa».

Esto a propósito de la reciente audiencia de formalización de Martín Pradenas. En dicha instancia, su abogado defensor sacó a flote una serie de antecedentes sobre la vida sexual de la víctima, lo que recuerda al tratamiento del caso de Rifo.

Sobre Pradenas, la abogada es enfática en decir que «es un peligro para la sociedad y un peligro para las mujeres y las niñas (…) Las mujeres no denunciamos ante la justicia porque la justicia no resguarda la tremenda exposición que significa denunciar«.

Por otro lado, Maturana alertó sobre lo que está pasando actualmente con la crisis sanitaria: «Sabemos que las denuncias han disminuido porque las mujeres están encerradas con sus agresores (…) Pero hay una cifra muy alta de delitos de violencia sexual en contexto de pandemia».

Finalmente, precisó, «creo que lo importante es que como sociedad podamos conversar sobre lo que significa denunciar violencia sexual en el contexto de una justicia patriarcal».

Revisa el momento:

Publicado por La Voz de los Que Sobran

Santelices lleva a exproductor de la Reina de Viña al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Fabiola Gutierrez — Mon, 08 Jun 2020 14:41:27 +0000

Archivo | Agencia UNO

Este lunes se hizo público que Jorge Ruz trabajaría en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ruz fue ex productor general de La Cuarta entre 2008 y 2017 y productor ejecutivo de la campaña La Cuarta Festival de Viña (de 2007 a 2019), así como también encargado de coordinar el concurso de La Reina y su piscinazo en el mismo festival.

Tras una publicación de El Mostrador, fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que el periodista se desempañará en el Ministerio de la Mujer, lo que ha generado una diversidad de críticas, tanto del sector político como desde la sociedad civil.

Desde Corporación Humanas expresaron “preocupación frente a nombramiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, como jefe de Dirección de Estudios a Jorge Ruz, ex editor del suplemento de espectáculos de La Cuarta y ex productor de L4tv. Un sin sentido nombrar a personas sin competencias para el cargo”.

La presidenta de Humanas, Lorena Fries, señaló a BioBioChile que “es un desatino más en el caso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que da cuenta que no hay una sensibilidad sobre los temas de mujeres, o sea, contratar al señor Jorge Ruz, que trabajó en La Cuarta, que es un diario conocido por el enfoque machista, misógenoque tiene y habiendo estado él a cargo además de los piscinazos que no son otra cosa más que son reproducir estereotipos y la cosificación de las mujeres, la verdad es que no se entiende qué es lo que hace en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género”.

Francisca Torres, Vocera de la Brigada de Comunicación Feminista, señaló: “Nos parece vergonzoso y una provocación al movimiento feminista. No es posible que un hombre que ha dedicado su vida profesional a objetivizar a las mujeres, ahora tenga un cargo en el Ministerio. Que él acepte el cargo, nos dice que tiene más ego que responsabilidad y que además Santelices lo haya nombrado, nos muestra que pesa más su amiguismo que los derechos de todas las mujeres”.

Por su parte, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres declararon: “Hemos apuntado a los medios y su misoginia como reproductores de violencia patriarcal y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género pone a Jorge Ruz, ex-productor de eventos de La Cuarta como jefe de estudios, sin experiencia y con trayectoria de cosificación a mujeres”.

“Que el mundo se entere que al Gobierno de Chile, de Sebastián Piñera, no le interesa la vida de mujeres. En plena crisis, cuando la violencia patriarcal se agudiza y miles de mujeres corren riesgo, nombran a personas que no están calificadas, partiendo por Macarena Santelices”, sostuvieron.

Mientras tanto, la diputada Claudia Mix (Comunes), mencionó que “claramente es un error nombrar como jefe de División de Estudios del Ministerio de la Mujer a alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento teórico ni formación para realizar investigaciones en materia de género, y que, por lo tanto, difícilmente pueda contribuir con propuestas significativas en el área que aporten perspectivas para el futuro”.

“Más bien su desarrollo profesional ha dado cuenta de un enfoque sexista hacia la mujer. Vemos que no es prioridad la agenda de género, la prioridad es el cuoteo político”, sostuvo.

Nota de Radio Bio Bio

Polémico video del Sernameg sobre violencia de género fue bajado de redes sociales

Fabiola Gutierrez — Mon, 01 Jun 2020 23:39:26 +0000

Menos de 24 horas en la web duró un video que formaba parte de una campaña en contra de la violencia de género realizado por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg). La pieza audiovisual generó críticas porque parecía que victimizaba a un agresor. El Gobierno pidió disculpas por el hecho, retirando de inmediato el registro de sus redes sociales.

Noticia publicada en 24 horas