Si bien la voluntad de que el nuevo órgano sea paritario ha sido confirmada por la mayoría de los partidos, la fórmula de una “paridad de entrada y de salida”, aún no es una realidad, debido a que en términos formales la paridad aún no está institucionalizada, advierte Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

“Hay todavía mucha conversación pendiente para efectos de la paridad (…) que algunos partidos estén planteando que su preferencia es la paridad en la competencia o en la definición de candidaturas, es una cuestión súper distinta a un compromiso fuerte con la paridad que incluye necesariamente pensar en una composición paritaria del órgano constituyente”, agrega la abogada.

Maturana señala que quienes trabajaron en 2019 y en 2020 para elaborar el mecanismo paritario para la Convención Constitucional tienen claro que el resultado final, en el que incluso algunas mujeres que obtuvieron mayor votación fueron reemplazadas por candidatos hombres para asegurar el resultado paritario, “no se habría logrado únicamente con una definición de paridad de entrada”, destaca.

“En su momento fue un avance la incorporación del mandato en la composición de las listas para que los partidos políticos tuvieran que incorporar -al menos- un 40% de mujeres, pero al no tener un mecanismo, una garantía de paridad en los resultados, lo que tenemos es un Senado y una Cámara con un tercio de representación de mujeres, pero no una cifra cercana a la paridad. eso significa que la mayoría de las bancadas parlamentarias están compuestas mayoritariamente por hombres, porque la legislación que se aplica en la elección del Senado y de la Cámara no incorpora la paridad”, dice la integrante de la corporación.

Además, Camila Maturana refuerza la importancia de relevar que: “La paridad no está instalada institucionalmente en nuestro país, ni respecto de los órganos de elección popular, ni respecto de los órganos y cargos de designación, en ninguno de los poderes del Estado está institucionalizada la participación política de mujeres y hombres en igualdad de condición, eso no debemos perderlo de vista. Por lo tanto, es todavía una cuestión a asegurar a través de las leyes, los reglamentos y las prácticas necesarias de los distintos actores políticos y sociales, y desde las distintas instituciones”.

La agenda de género post rechazo

“Estamos en un escenario bastante desalentador porque esta propuesta (de nuevo texto constitucional) no haya concitado el respaldo ciudadano requerido”, así define el momento post plebiscito la abogada Camila Maturana, quien fue parte de las diversas organizaciones feministas que colaboraron desde la creación del instrumento paritario hasta la elaboración de propuestas populares de norma para la Convención.

“Esa propuesta constitucional que respondía de manera muy cercana a la histórica agenda feminista y de diversidad sexual no se aprobó. Volvemos a estar en el mismo punto que estábamos, todavía el Estado de Chile mantiene deudas importantes en estas materias, deudas que incluso han sido señaladas reiteradamente por diversos organismos internacionales de derechos humanos”, agrega la abogada.

Respecto a las razones por las que la mayoría de las mujeres que votaron también optaron por el rechazo, Camila Maturana señala que tiende a pensar que “las razones que llevaron a las mujeres a rechazar, probablemente tengan que ver con otras cuestiones y no necesariamente con la agenda de género, pero no lo puedo descartar del todo.”

Destaca que los resultados que arrojan las encuestas sobre percepciones de las mujeres sobre sus condiciones de vida que ha realizado Corporación Humana y en los últimos años en el marco de la plataforma Nada sin Nosotras, se observa que desde “hace más de una década viene nítida la percepción de las mujeres de que son discriminadas en distintos ámbitos: en el trabajo, en el ámbito de la familia, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la en la respuesta estatal frente a la violencia de género; entonces no tengo elementos para pensar que hubiera un retroceso en la conciencia de las mujeres respecto de la discriminación estructural”, dice.

“Pero está el dato que la nueva Constitución, tal como la propuso la Convención, no consultó el apoyo de la ciudadanía, ni tampoco de las mujeres, y es un dato irrefutable, está ahí sobre la mesa”, agrega.

En cuanto a la permanencia y relevancia de la agenda en materia de género, la abogada destaca que aunque “es evidente que se han ido produciendo avances en esta agenda, tanto en términos legislativos como de política pública, lo que nos mantiene movilizadas dice relación con los temas que están pendientes y desde ese punto de vista también resulta bien claro que el rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional, es un golpe importante en términos de los avances que este texto contemplaba”, dice Camila Maturana.

Por el derecho de las mujeres a vivir sin violencias

A pesar de los avances, tal como señala la abogada de Corporación Humanas, aún hay deudas y temas pendientes en la agenda de género, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias sexuales, entre ellos se incluye el proyecto sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se presentó en 2017, al término del Gobierno de Michelle Bachelet. “Ese proyecto se tramitó en la Cámara de Diputados, se aprobó en primer trámite constitucional y pasó al Senado, durante largo tiempo se discutió en la Comisión de la Mujer, pasó a la Comisión de Constitución del Senado durante 2021 y no hubo ninguna discusión”, explica la abogada.

“Ha pasado un proceso bastante largo para que el Ejecutivo pudiera presentar una nueva propuesta a través de una indicación sustitutiva al proyecto, eso ha tardado bastantes meses, la verdad. Recién se presentó el 26 de septiembre. Nosotras nos enteramos hace poco que abrieron un nuevo plazo para la presentación de indicaciones”, agregando que en las próximas semanas las indicaciones comenzarán a ser trabajadas en las comisiones unidas de Constitución y Mujer en el Senado.

“Consideramos que esta es una oportunidad importante de mejorar un proyecto de ley que, en su formulación inicial del 2017, respondía a un contexto distinto al de hoy, en términos de la mayor fuerza de las demandas de las organizaciones feministas, de la mayor conciencia social frente a la violencia de género. Vemos que es una oportunidad de fortalecer las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención de la violencia de género, en investigaciones, de protección de las víctimas, y de atención integral, reparación y acceso a la justicia”, detalla.

Respecto a la ley de aborto en tres causales, Camila Maturana destaca que la moción para derogar las causales de inviabilidad y violación es un retroceso en “una legislación ya vigente que está dictada hace cinco años, que ha tenido avances significativos en su implementación en términos de lo que ha significado la protección de al menos las mujeres que han podido acceder a esta interrupción del embarazo, sabemos que hay falencia, sin duda, pero ha significado una base importante para muchas mujeres”.

“Lo que se plantea este proyecto es retroceder; aumentar las penas a quienes interrumpan embarazos, sancionar de manera mucho más grave a los y las profesionales de la salud que hagan estos procedimientos y otras medidas que también son de carácter muy regresivo”, enfatiza la abogada.

Una iniciativa que sí es relevante de apurar en su implementación, según la abogada de Corporación Humanas, es el manual para la fiscalización de la aplicación de la Ley de Tres Causales: “Lo señalado desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer en torno a la fiscalización, que es un pendiente que viene desde el gobierno del presidente Piñera, en que se preparó un borrador. Ese manual de fiscalización todavía no está lanzado públicamente, no está en la aplicación. Es una cuestión urgente, muy importante para poder tener un diagnóstico muy claro, respecto de qué es lo que ocurre en los distintos establecimientos de salud en relación a las mujeres y niñas afectadas por algunas de las tres causales”.

Fue en los noventa que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos manifestaron estar particularmente atentos y preocupados por la violencia en contra de las mujeres. Y es que si bien en 1979 había sido adoptada la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), no fue hasta 1992 –como se explica detalladamente en el informe de Corporación Humanas sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia– que el Comité CEDAW reconoció explícitamente que la violencia contra la mujer constituía una forma de discriminación contra ésta, producto justamente de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, definiendo tal violencia como aquella ‘dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada’.

Luego, en 1993, como sigue desarrollando el informe, la Declaración y Programa de Acción de Viena reconocieron la violencia contra las mujeres y las niñas como una forma de violación a sus derechos humanos. Fue en ese año, también, que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y un año después, la OEA aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, tratado al que Chile está suscrito y que establece los deberes del Estado en esta materia.

Así mismo, en 2021, la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados a la mujer y la igualdad de género, impulsaron en el país el proyecto de ley que busca asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente a través de la prevención, sanción y erradicación de tal. Fue en ese contexto que se amplió y aclaró lo que constituía la violencia intrafamiliar.

No fue, sin embargo, hasta la propuesta constitucional presentada por la Convención, que el derecho a vivir una vida libre de violencia se consagrara como un derecho fundamental y constitucional. Y, si bien esta propuesta no fue aprobada en el plebiscito de salida, las especialistas en temas de género aseguran que Chile tiene la obligación de actuar en contra de estos crímenes. “Aun bajo la Constitución que nos sigue rigiendo –y que no recoge esta demanda– las obligaciones del Estado están definidas en los tratados internacionales de los cuales Chile es parte, entonces desde ese punto de vista las obligaciones de los órganos y poderes del Estado de actuar en el ámbito de la prevención y erradicación de la violencia de género siguen siendo exigibles”, especifica la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

¿Qué significa vivir una vida libre de violencia y cómo se garantiza este derecho si no es recogido en una eventual nueva Constitución? Dos abogadas, activistas y especialistas en temas de género nos cuentan.

Responde Francisca Millán Zapata, abogada litigante de AML Defensa de Mujeres

“El derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho que está consagrado internacionalmente en los tratados referentes a los derechos de las mujeres y que han sido firmados y ratificados por Chile. En definitiva, estos tratados promueven que los países suscritos tomen todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, entendiendo que esta es una violencia que se da en un contexto estructural, específico, sociocultural y que tiene implicancias y afectaciones de distintas naturalezas, en distintos niveles y en todas las mujeres y niñas.

¿Por qué es importante que esto quede consagrado como un derecho fundamental en la Constitución? Porque eso establece que es un derecho a ser abordado de manera integral. Normativamente, toda la legislación está organizada de manera jerárquica y al ser la Constitución la que se encuentra en la cúspide de esta jerarquía, todo lo que hay en ella adquiere un carácter de esencial y fundamental, que no necesariamente tienen las normas hacia abajo y que pueden hacerse igual, de manera aislada, separada y desintegrada, sin que haya algo en común que las una como un derecho fundamental o norma constitucional.

Además de eso, tenerlo en la Constitución genera mayores obligaciones estatales porque se trata, en ese caso, de cumplir con aquellos preceptos no solo legales, sino que constitucionales. Y por último, la premisa del mandato constitucional también amarra a todos los órganos que estén relacionados, a actuar de acuerdo a eso porque de lo contrario se estaría incurriendo en un acto inconstitucional, y eso es un marco de acción fundamental para los funcionarios, autoridades y las magistraturas.

La carta Constitucional redactada por la Convención Constitucional recogía de una manera muy integral esta demanda, abordando las necesidades estructurales que las mujeres venimos reclamando hace décadas, pero aun habiendo sido rechazada, el proceso constituyente no termina aquí y tendremos que reencontrarnos en los sentidos que sean necesarios para conversar respecto una nueva propuesta. En ese sentido, es fundamental saber que la manera de garantizar una vida libre de violencia es con planes de políticas públicas que apunten a la prevención, la erradicación y sanción de este tipo de violencia específica. Ahí obviamente la Educación Sexual Integral y la educación no sexista juegan un rol fundamental, y son dos de las principales demandas que se refieren a la lógica de prevención.

En cuanto a la erradicación, busca poder otorgarle a las mujeres y niñas espacios libres de violencia, ya sea tomando aquellos resguardos que sean necesarios para evitar que ocurran esos delitos o informando y estableciendo protocolos y formas de funcionamiento en los espacios comunitarios. La sanción, por su lado, es la respuesta desde el Sistema Judicial –tanto en el área de familia, como en la penal– respecto del castigo por haber incurrido en actos de violencia de esa naturaleza.

Todas estas acciones requieren, o van a requerir en algún momento, de una articulación entre el Estado, la policía, los establecimientos educacionales, el Sistema Judicial y las mismas políticas públicas a implementar por cada uno de los ministerios, porque esto es algo interministerial que finalmente, para que impacte de manera sustantiva, tiene que tener un abordaje integral e intersectorial”.

Responde Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

“Cuando hablamos del derecho a una vida libre de violencia para mujeres y niñas, nos situamos en la agenda internacional de derechos humanos, que por cierto ha sido movilizada por las organizaciones y movimientos de mujeres en el mundo, quienes han logrado instalar en la agenda de las Naciones Unidas que la protección frente a la violencia de género es responsabilidad de los Estados y de las sociedades en general.

Es por eso que se han firmado tratados internacionales, de los que Chile es parte, que reconocen y protegen el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Porque se conceptualiza la violencia de género como una manifestación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y, por lo tanto, como una violencia continua que está presente en todos los espacios en los que nos desarrollamos, sea el espacio público, privado, en la política, en los entornos laborales, en las calles, en los medios de transporte y no solo en las relaciones familiares y de pareja.

Estos tratados establecen también que esta violencia afecta de manera diferenciada a aquellas mujeres que además están cruzadas por discriminaciones múltiples o situaciones especiales de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes, indígenas, mayores, con discapacidad, o privadas de libertad. Es clave saber, entonces, que esta conceptualización amplia de violencia es recogida por la agenda internacional de derechos humanos en los años 90 y el compromiso a combatirla se plasma en la firma de tratados que no solo reconocen estos derechos sino que además establecen obligaciones precisas para los Estados en cuanto a la prevención, la investigación y sanción de estos crímenes, protección y atención integral de las víctimas y reparación frente a las violaciones a sus derechos. Eso está vigente y hay que exigirlo.

Eso es lo que busca la vida libre de violencia, una demanda que ha trascendido muchas décadas de movilizaciones feministas en el mundo y que sigue siendo una preocupación porque la violencia sigue existiendo y adquiriendo nuevas manifestaciones. En ese sentido, el hecho que la propuesta de texto constitucional no haya sido aprobada, no significa que este derecho no siga siendo una obligación; aun bajo la Constitución vigente, las obligaciones del Estado están definidas en los tratados internacionales de los cuales Chile es parte, entonces desde ese punto de vista las obligaciones de los órganos y poderes del Estado de actuar en pos de la prevención de la violencia de género siguen siendo exigibles. Por eso es necesario impulsar una educación no sexista, la formación de los agentes del Estado, campañas permanentes de sensibilización y educación sobre derechos de las mujeres, entre otras medidas, porque es igualmente obligatorio avanzar en esta línea”.

Publicación en La Tercera 

Nada Sin Nosotras, en conjunto con Corporación Humanas y la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, te invita a revisar y descargar nuestro Comparador Constitucional, una herramienta para el voto informado que compara algunos derechos fundamentales para las mujeres en la Constitución vigente y la propuesta constitucional.

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