Esta ausencia no es menor. La sociedad conyugal sigue siendo un régimen que ubica al marido como administrador de los bienes, una discriminación estructural que afecta la autonomía económica de las mujeres. Pese a que su reforma ha sido presentada como prioridad en anteriores cuentas públicas y que Sonia Arce luchó por este cambio desde hace más de 20 años, la discusión sigue estancada y sin avances significativos.

Así nace el diálogo entre La Fiera y Jovanka que pone sobre la mesa preguntas incómodas y los pendientes que aún pesan sobre nuestra legislación.

– La Fiera: Dime, Jovanka, ¿es justo que una mujer, por el solo hecho de estar casada, no pueda vender su casa sin permiso de su marido?

– Jovanka: Por supuesto que no. Pero en Chile, hasta hoy, eso puede ocurrir. Se llama “sociedad conyugal”, y es el régimen legal que gobierna los bienes de muchas parejas casadas. Aunque suena neutral, en realidad pone al marido como administrador de todos los bienes comunes… y de los de ella también.

– La Fiera: ¿Y qué pasa si ese marido la abandonó hace años? ¿Si no responde? ¿Si es violento?

– Jovanka: Pasa lo que le ocurrió a Sonia Arce. Quiso vender una propiedad que había heredado junto a sus hermanos, pero no pudo hacerlo porque estaba casada bajo este régimen. Para vender necesitaba la firma de su esposo, un hombre con el que ya no convivía. No había violencia explícita. Pero había control. Y, sobre todo, había una ley que la trataba como incapaz.

– La Fiera: ¿Y qué hizo Sonia?

– Jovanka: Luchó. Llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, con apoyo de Corporación Humanas y CEJIL. Denunció al Estado de Chile por discriminación basada en su sexo. En 2008, logró un acuerdo amistoso con el Estado. Chile se comprometió a cambiar la ley para asegurar que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos sobre sus bienes.

– La Fiera: ¿Y se cambió la ley?

– Jovanka: No. Han pasado más de 20 años. Cinco presidentes. Múltiples promesas. Y el proyecto de ley, aunque ha avanzado en la Cámara De Diputadas y Diputados, aún espera en el Senado. Como si no fuera una materia urgente.

– La Fiera: ¿Pero no se han hecho otras reformas por la igualdad?

– Jovanka: Sí, muchas. Pero hay algo simbólico y estructural en esta. ¿Cómo decimos que luchamos por la autonomía económica de las mujeres, si aún hay una ley que dice que una mujer casada necesita un hombre para disponer de sus propios bienes?

– La Fiera: Entiendo. Pero me confunde algo. ¿Acaso no pueden elegir otro régimen al casarse?

– Jovanka: Pueden, pero el régimen por defecto sigue siendo la sociedad conyugal. Además, muchas mujeres no saben que pueden cambiarlo. Y otras lo descubren cuando ya están atrapadas en él. Cambiar el régimen no es fácil: requiere abogados, trámites, y recursos. Y mientras tanto, la discriminación sigue escrita en el Código Civil.

– La Fiera: ¿Y qué dicen los que se oponen al cambio?

– Jovanka: Que hay cosas más urgentes. Que las parejas pueden pactar lo que quieran. Que no es tan grave. Pero lo cierto es que esta ley refuerza una idea antigua: que el hombre manda en lo económico, y la mujer obedece o espera. Sonia Arce lo dijo con claridad: “Lo hice por mí, por mi hermana y por todas las mujeres”.

– La Fiera: Entonces, ¿por qué no se cambia ya?

– Jovanka: Porque cuesta reconocer que el Estado ha sido cómplice de una violencia más sutil, más antigua, pero no menos hiriente: la violencia económica contra las mujeres. Porque hay quienes aún se resisten a perder poder, incluso si se esconde bajo la forma de una firma en una notaría.

– La Fiera: ¿Y qué podemos hacer?

– Jovanka: Exigir que el Senado cumpla. Que deje de postergar. Que se recuerde el compromiso internacional asumido en 2008. Que se reconozca, al fin, que las mujeres no necesitan un hombre para decidir sobre lo suyo.

– La Fiera: Que así sea, Jovanka. Porque la igualdad no se escribe solo en discursos. Se escribe, sobre todo, en las leyes.

Por Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 03 de junio del 2025

Revisa la nota completa con la participación de Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas en 24 horas.

Las  organizaciones que integran la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos presentan los desafíos legislativos que esperan sean considerados en la tercera Cuenta Pública.

Mayo 2024.- Corporación Humanas y la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos hicieron entrega al Presidente de la República, Gabriel Boric, de los Desafíos Legislativos en Derechos Humanos a considerar en su tercera Cuenta Pública.

 En lo que respecta a derechos de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil pusieron acento en el proyecto de ley de reforma a la sociedad conyugal, esperando que el mandatario anuncie que mantendrá la urgencia de discusión inmediata para que Chile dé cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Recordaron que esta reforma es parte del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sonia Arce Esparza.

Si bien valoran la aprobación del proyecto de ley que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se espera que el Ejecutivo impulse medidas legislativas y administrativas para hacerlo efectivo, con los recursos presupuestarios que se requieren para su implementación.

En materia de salud sexual y reproductiva hay especial atención en que el presidente anuncie el patrocinio al proyecto de ley sobre parto respetado y violencia ginecobstétrica, conocido como Ley Adriana, así como la asignación de presupuesto para su materialización.

Sobre la agenda de seguridad y derechos humanos las organizaciones observan con preocupación el proyecto de ley que establece reglas de uso de la  fuerza para el personal de las  fuerzas  de  orden y  seguridad  pública y  de las  fuerzas armadas, pues perdió su sentido original de prevenir la violencia institucional y proteger de a los grupos más vulnerables. En este punto, se espera que el Ejecutivo reitere su compromiso de prevenir, investigar y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza en concordancia con sus obligaciones internacionales en la materia.

Del mismo modo, señalan que es un imperativo que existan medidas de seguridad  pública con enfoque de derechos humanos y de género, impulsando políticas que incluyan las necesidades y experiencias de las mujeres. Se espera que sean incorporadas a los espacios de toma de decisiones y de acción para darles un rol protagónico en el diseño e implementación de soluciones sostenibles y duraderas en materia de seguridad.

En  su  tercera  Cuenta  Pública  el  Presidente  de  la  República  debe reforzar  su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes para su  protección plena, sin discriminación, manifestando su rechazo a iniciativas legislativas  que tipifican como delito el ingreso irregular al país y vulneran el debido proceso y el principio de no devolución en los procedimientos de expulsión. También se espera un proceso extraordinario de regularización migratoria y el anuncio de  campañas de sensibilización orientadas a frenar los discursos de odio.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad se requiere contar con sistemas de protección social, especialmente en el ámbito de la salud, inclusivos y accesibles para personas con discapacidad, basados en su consentimiento libre e informado.

En materia de verdad, justicia, memoria, reparación  y garantías de no repetición, las organizaciones llaman a crear un mecanismo de carácter  permanente  para  la  calificación  de  víctimas  de  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos. En la misma línea, impulsar iniciativas legislativas destinadas a dar acceso a los documentos, testimonios y antecedentes  aportados  por  las  víctimas en las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura. Y finalmente, presentar  un proyecto de Ley de Memoria Integral  que garantice este derecho y que proteja los Sitios de Memoria recuperados y  por recuperar.

Sobre derechos sociales y cuidados la atención estará puesta en que se presente un proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados, dotado de recursos  presupuestarios  para  su  implementación a lo largo del territorio nacional. Además, que se mantenga el impulso a la Reforma del Sistema de Pensiones y a la Ley Integral sobre Personas Mayores.

El Presidente debe reafirmar su compromiso con los derechos de niños y niñas y adolescentes, impulsando la  discusión del proyecto de ley  sobre prisión preventiva y cumplimiento de sentencias de mujeres embarazadas y madres, en resguardo del interés superior de niños y niñas.

Finalmente, se espera que el mandatario anuncie el ingreso de un proyecto de ley  que reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y su protección reforzada.

Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos

Corporación Humanas

Centro de Estudios de la Mujer (CEM)

Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS)

Corporación Colectivo Sin Fronteras

 Corporación Opción

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR ONG

Movimiento Acción Migrante (MAM)

Observatorio de Género y Equidad (OGE)

Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC)

Red Nacional Organizaciones Migrantes y Promigrantes

Comunicado publicado en El Mostrador

]]> https://www.humanas.cl/reforma-a-la-sociedad-conyugal-cuesta-entender-que-todavia-no-se-modifique-este-regimen-que-discrimina-a-las-mujeres-y-las-mantiene-subordinadas-a-los-maridos/ Wed, 03 Apr 2024 10:55:31 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23078

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, analiza la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal, en discusión parlamentaria hace años. “Defendemos que exista la sociedad conyugal, pero en condiciones de desigualdad estructural, en donde las mujeres se dedican en mayor medida a las tareas de cuidado y participan menos del mercado formal de trabajo, la separación de bienes no va a significar que la mujer genere normalmente un acumulado al término del matrimonio”, dice.

“Necesito un hombre. Y aunque no lo creas, tú también”.

Esta frase es parte de una estrategia publicitaria lanzada en marzo por la Corporación Humanas para captar la atención y concientizar sobre la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal. Se podría pensar que el eslogan fue creado para provocar, pero en realidad es un reflejo de la situación actual: en materia legal son muchísimas las mujeres en Chile que necesitan a un hombre. Así lo establece el Código Civil promulgado en 1855, que dicta que el marido es “jefe” de la sociedad conyugal –régimen que se aplica por defecto cuando no se señala otro específico– como tal, quien “administra los bienes sociales y los de su mujer”.

En esta entrevista, la abogada y directora de Corporación Humana, Camila Maturana, analiza y explica la necesidad de reformar este régimen que se debate en el Parlamento desde hace años.

¿Cuáles son las características principales del régimen de sociedad conyugal en Chile?

Lo interesante de este régimen es que es un régimen de solidaridad patrimonial, a diferencia de la separación de bienes, donde cada persona administra y se hace cargo de lo suyo. En la sociedad conyugal se conforma un patrimonio social con los bienes que se van adquiriendo durante el matrimonio. Este patrimonio se supone que es de ambos, el problema es que el Código Civil define que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y quien la administra.

Si una mujer tiene una herencia, esté en una relación o se haya separado, no puede hacer nada con ese inmueble sin la autorización de su marido.

 

¿En qué se traduce en la vida cotidiana?

El marido es el que toma las decisiones respecto a la sociedad conyugal, de esos bienes que van adquiriendo durante el matrimonio, que se le llama patrimonio social. Solamente requiere la autorización de la mujer cuando se trata de la disposición de un bien inmueble. Es decir, cuando hay que vender el inmueble no lo puede vender solo, tiene que tener autorización de la mujer.

Pero además existe el patrimonio propio: es lo que cada cónyuge tenía antes de casarse y los bienes que recibe en el matrimonio a título gratuito, es decir, las herencias. El marido administra sus bienes propios, pero también los bienes propios de la mujer. Es súper grave que el marido administre los bienes sociales y propios de la mujer.

Si él tiene una herencia, no necesita pedirle autorización a la mujer para venderla. Estos bienes, los que pertenecen a cada cónyuge a título individual, no se comparten, no forman parte de los bienes comunes, pero los administra el marido, entonces ahí tenemos más claridad de cuál es el problema. Si una mujer tiene una herencia, esté en una relación o se haya separado, no puede hacer nada con ese inmueble sin la autorización de su marido. En la vida cotidiana se presta para situaciones de violencia económica. La firma de esa autorización puede estar sujeta a una condición, puede exigirle una parte de la plata, por ejemplo.

¿Cómo es el caso de las mujeres que no trabajan y están dentro de este régimen?

Esperamos que la modificación permita cambiar las normas discriminatorias que existen en la actualidad. También que todos aquellos bienes que las parejas adquieran durante el matrimonio sean administrados por ambos. Debido a la regulación actual, muchas veces las instituciones financieras exigen que la mujer presente una autorización del marido y también, en otros casos, se piden certificaciones o permisos más allá de lo que la ley estipula.

¿Qué es el patrimonio reservado?

Las mujeres casadas en sociedad conyugal tienen un patrimonio reservado que son los bienes que ellas adquieren estando casadas producto de su trabajo. Es decir, si la mujer tiene un trabajo remunerado, lo que ella vaya adquiriendo es suyo y lo administra ella. Este es el único caso en que no tiene que pedir autorización al marido. Pero en condiciones de desigualdad estructural y de brechas salariales, las mujeres suelen ganar menos que los hombres, por lo tanto este patrimonio reservado no siempre es muy contundente. Y en general las mujeres destinan todo o gran parte de sus ingresos a las necesidades familiares. No van acumulando riqueza sino que la gastan en la vida cotidiana en lugar de ahorrar o adquirir bienes.

Esta regulación del patrimonio reservado fue como una reforma que hubo en 1925 para morigerar un poco la cruda discriminación que era la sociedad conyugal. Algunos académicos lo siguen entendiendo como un privilegio para la mujer, que ella pueda al final del régimen elegir si se queda con sus bienes. Este pequeño espacio para administrar que tienen las mujeres ha contribuido a la resistencia cultural para la modificación de la sociedad conyugal.

¿Debería eliminarse el régimen de sociedad conyugal?

¿Por qué no se ha reformado en todos estos años?

Aunque parezca increíble, desde 1995 que en el Parlamento se están discutiendo proyectos de ley para reformar la sociedad conyugal y terminar con su carácter discriminatorio. Ha habido un interés transversal por modificar esta regulación, pero ha pasado el tiempo y eso no se ha concretado. Cuesta entender que si todos los actores políticos señalan que están en contra de la discriminación contra las mujeres, todavía no se modifique este régimen que las discrimina y las mantiene subordinadas a los maridos. También cuesta entenderlo porque han habido numerosísimas recomendaciones de los organismos internacionales de Naciones Unidas para que Chile modifique esta legislación que es discriminatoria contra las mujeres.

¿Cómo fue el caso de Sonia Arce, que también protagoniza la campaña?

En el año 2000 se presentó una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Sonia Arce. Muy en síntesis: ella estaba casada en sociedad conyugal al momento de querer vender un inmueble que había recibido de su padre en herencia. Ahí se dio cuenta de que no lo podía hacer por sí sola, que necesitaba una autorización de su marido. Una situación injusta y discriminatoria porque a sus hermanos no les exigían la autorización de su cónyuge para vender el inmueble. Ella asumió esta ruta de presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de manera que esta situación se corrigiera en general y de raíz, no solo para su caso. Independientemente de si pudiera negociar con el exmarido para que le diera la autorización o de si podía conseguir una autorización judicial para suplir la voluntad del marido porque esos mecanismos existen.

Si el marido se opone sin fundamento a dar su autorización, eso se puede suplir con una autorización judicial. Pero son trámites complejos, que la gente común y corriente no tiene por qué conocer. Las mujeres tampoco deberían estar pagando abogados para realizar un trámite solamente porque la ley impone esta condición. La demanda de Sonia tenía que ver con un cambio en la legislación que discrimina a las mujeres, y en 2007 se alcanzó un acuerdo en que el Estado quedó comprometido a derogar las normas que discriminan a las mujeres. Han pasado 17 años y el acuerdo sigue sin cumplirse, pero ha avanzado la legislación en la discusión sobre la sociedad conyugal.

¿En qué está ahora la discusión sobre esta legislación?

Hubo un proyecto en 2011 ingresado por el Presidente Piñera que terminó su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2013 y luego en el Senado ha sido sumamente lenta la discusión. Se agilizó cuando se conformó la Comisión Especial sobre Mujeres y Equidad de Género. En 2023 terminó de discutirse este proyecto de ley en la Comisión de la Mujer y pasó a la Sala del Senado que aprueba en general el proyecto, es decir, la idea de legislar. Pero se estima que era necesario volver a revisar lo que se había discutido en la Comisión de la Mujer durante tantos años. Se decidió que no es suficiente lo que se discutió en la Comisión de la Mujer y que se tiene que hacer una revisión también por la Comisión de Constitución y ahí estamos. No quisiera decir todavía que estamos entrampadas, porque quizá es un poco pronto, pero ya ha transcurrido todo marzo y la Comisión volvió a escuchar académicos que ya habían sido recibidos en la Comisión de la Mujer y han planteado algunos nudos que se supone que estaban resueltos en el proyecto aprobado por la Comisión de la Mujer.

¿Crees que se tiene menos conciencia de la violencia económica ante otro tipo de violencias contra la mujer?

Falta mayor conciencia de las múltiples expresiones de las relaciones de poder en los ámbitos en que las mujeres nos desenvolvemos y la necesidad de avanzar, que desde todos los órganos del estado se generen las acciones preventivas de estas violencia para efectivamente lograr su erradicación.

¿Falta una mejor información sobre estos temas?

El componente principal es que el Estado se comprometa a derogar las normas discriminatorias. Hay otro componente que es la obligación de mejorar la información que se entrega a las mujeres y a las parejas cuando se van a casar. Que sea comprensible para que la decisión que se tome sea una decisión informada, porque no es usual que se hable de temas patrimoniales.

También hay una cultura que asigna que no es propio para las mujeres tener preocupación patrimonial porque podemos parecer ambiciosas e interesadas. Es importante que las mujeres tengan información, que pregunten, que busquen asegurar que su independencia esté garantizada. Es un componente a mejorar, pero eso se dará cuando se esté cumpliendo el acuerdo y cuando la legislación se haya reformado.

Nuestro rol no es suplir esa falta de información, pero la campaña también busca volver a señalar que este problema sigue vigente, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no ha cambiado.

Entrevista publicada en Revista Paula el 02 de abril de 2024

Revisa el reportaje completo en 24 horas.

En el marco del 8 de marzo, la campaña busca visibilizar que en Chile los hombres siguen pudiendo decidir sobre los bienes de las mujeres.

 Marzo 2024.- Esta semana, Corporación Humanas lanzó la campaña “Necesito un hombre”,  que busca ampliar la discusión respecto al régimen de matrimonio en sociedad conyugal, regulado en el Código Civil desde 1855 y permite que el marido administre el patrimonio social y los bienes propios de la mujer.

Esto no solo afecta a las mujeres casadas bajo ese régimen. Quienes están con separación de bienes, solteras o viudas deben acreditar con documentos notariales su estado civil para administrar sus propiedades o incluso las herencias familiares, mientras que los hombres no deben hacerlo. Incluso las mujeres casadas con otra mujer deben acreditar esto con un documento legal para gestionar sus bienes.

A la campaña se han sumado la actriz Mariana Loyola y la comediante Paloma Salas, quienes acompañan a Sonia Arce, la mujer que ha permitido que este tema se discuta. Sonia Arce perdió a ambos padres en 1994 y al intentar vender las propiedades en herencia no pudo porque necesitaba ser autorizada por su esposo, con quien no tenía contacto hace años.

Por ello finalmente acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado chileno y su discriminación, representada por Corporación La Morada y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y posteriormente por Corporación Humanas. El 2007 el Estado de Chile se comprometió a reformar la ley para terminar con esta discriminación. Sin embargo, hasta el día de hoy el Congreso Nacional todavía sigue discutiendo su modificación y eso es lo que esta campaña busca visibilizar.

La directora de Corporación Humanas destacó la urgencia de reformar la legislación vigente ya que “discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica”.

Esta campaña fue realizada con el apoyo de la agencia TBWA Chile y se puede revisar en el sitio web y en Instagram, además de las redes sociales de Corporación Humanas.

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora quisiera relevar algunas de las deudas en el país en materia de derechos de las mujeres.

En el ámbito de trabajo doméstico y de cuidados, éste sigue siendo realizado mayoritariamente por mujeres, en condiciones precarias, sin descanso, reconocimiento ni seguridad social. Como es sabido, no existe una condición biológica que nos hace «más aptas» para estas labores, sino una discriminación histórica y estructural que afecta a las mujeres.

Esta discriminación se ve reflejada en distintas cifras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 2023 la participación laboral de las mujeres (50,8%) tuvo casi 20 puntos menos que la de los hombres (70,2%). Un tercio de las mujeres que no participan del mercado laboral aducen razones familiares permanentes, es decir, labores de cuidado y del hogar. A ello se suma que según la encuesta sobre violencia laboral de GROW & FES, el 78% de las mujeres admite haber sufrido violencia en el trabajo y casi un tercio de ella ha sido violencia sexual.

En el ámbito de la participación política, la reforma electoral de 2015 se limita a las candidaturas y por un plazo acotado, y las reglas de paridad aplicadas para ambos procesos constitucionales -logradas en alianza entre organizaciones feministas y de mujeres, académicas y parlamentarias-, no se han instalado como una buena práctica en otros espacios de toma de decisión y cargos públicos.

Los avances normativos necesarios para la protección y defensa de los derechos de las niñas y mujeres siguen siendo cuestionados por sectores antiderechos que despliegan variados esfuerzos para oponerse a ellos. Uno de los ejemplos más conocidos fue el intento de derogar la ley de aborto en tres causales, ampliar la objeción de conciencia y no consagrar la educación sexual integral en la segunda propuesta constitucional.

En el ámbito de la violencia de género, los datos dan cuenta de un aumento de las denuncias, especialmente de violencia sexual, que en los últimos cinco años se incrementó en 57%. También, según los datos del Circuito Intersectorial de Femicidios, en 2023 hubo 41 femicidios consumados y 216 frustrados. En los tres meses que llevamos de 2024, ya se han registrado 4 femicidios consumados y 33 frustrados.

Preocupa que frente a la magnitud y las distintas dimensiones de la violencia contra niñas y mujeres, la respuesta estatal y social no resulte suficiente. Más allá de los avances, hay muchas deudas pendientes que requieren convicción y voluntad política para realizar políticas públicas y legislativas destinadas mejorar la calidad de vida de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad, asignando los recursos necesarios e impulsando iniciativas destinadas a promover una cultura que tenga a la base la igualdad en el goce de los derechos humanos para hombres y mujeres.

Columna de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 06 de marzo de 2024 en Cooperativa 

Santiago de Chile – Buenos Aires, 15 de noviembre de 2023.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Corporación Humanas expusieron ante la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado sobre la reforma a la sociedad conyugal. Contar con una ley que garantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es el principal compromiso asumido por el Estado de Chile en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Sonia Arce, quien en 2001 denunció la discriminación legal que le impedía disponer de su herencia sin la autorización de su marido con quien se encontraba casada bajo el régimen de sociedad conyugal.

La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, destacó la importancia de reformar la legislación vigente pues discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica. Asimismo, valoró el compromiso mantenido estos meses por las senadoras y senadores de la Comisión de la Mujer y por el Gobierno

“Sin perjuicio de reconocer estos avances reiteramos nuestra preocupación por las etapas de tramitación que aún quedan pendientes y los acuerdos transversales que se requieren para que en Chile se pueda contar con una ley sustentada en un principio tan básico como la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y el fin de la subordinación de las mujeres a sus maridos”, expuso Maturana.

Mariangeles Misuraca, co-directora de Brasil y Cono Sur de CEJIL, sostuvo que al suscribirse el acuerdo de solución amistosa la Sra. Sonia Arce tuvo en cuenta a todas las mujeres chilenas y pospuso su derecho a recibir reparación con la expectativa de alcanzar una ley que las repare a todas. No obstante, a 22 años del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a 16 años de la firma del acuerdo de solución amistosa el Estado chileno aún continúa en deuda.

“Están frente a una oportunidad histórica de poner fin a una legislación que sistemáticamente discrimina a las mujeres casadas, despojándolas del patrimonio social y de sus bienes propios, subordinándolas a las decisiones de sus cónyuges varones. De avanzar con la aprobación del proyecto se abrirá la posibilidad de establecer una normativa legal que deje atrás las disposiciones discriminatorias y contribuya a erradicar las persistentes desigualdades de género arraigadas en la sociedad chilena”, sostuvo la representante de CEJIL.

A su vez, el senador Gustavo Sanhueza, Presidente de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género señaló que es necesario hacerse cargo de una realidad con la cual no están de acuerdo. “Queremos que no subsista está discriminación en la ley y por lo tanto, avanzaremos en generar una mejor sociedad. El compromiso es con las mujeres de Chile”, dijo el parlamentario.

Por su parte, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reiteró el compromiso del Gobierno de Chile con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantener la celeridad en la tramitación.

Al finalizar la sesión, las representantes de las organizaciones instaron a las senadoras y senadores a culminar prontamente la tramitación del proyecto. Asimismo, destacaron la importancia de que la legislación reformada sea aplicable a todas las mujeres, incluyendo especialmente a quienes en la actualidad se encuentran casadas bajo una normativa que las discrimina y las priva de sus derechos plenos.

Luego de trabajar durante 2022 junto a organizaciones de mujeres, comisiones del Senado y expertos en el tema, el gobierno reactivará la tramitación del proyecto de ley que reforma el régimen de sociedad conyugal.

El proyecto ha tardado 16 años en materializarse, luego de que en 2007 el Estado de Chile suscribiera un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Sonia Arce Esparza, quien denunció la discriminación que vivía porque el ordenamiento jurídico, por el hecho de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso fue, precisamente, la promulgación de una ley que reformara el régimen de sociedad conyugal.

En marzo de 2013, el proyecto fue despachado por la Cámara Baja para continuar con su segundo trámite constitucional ante el Senado. Y una vez creada la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el 26 de octubre de 2018, la Comisión de Constitución le traspasó este proyecto de ley, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional.

Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que la CIDH instó en marzo al Estado “a concretar una hoja de ruta con plazos para dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa, debido a que han transcurrido más de 15 años desde el acuerdo, sin que este se haya cumplido”.

Y según indicó la cartera, la tramitación se retomará la semana del 8 de mayo, mes durante el cual se recibirá en audiencia pública a los expertos, además de acoger nuevas indicaciones en un plazo que se extenderá hasta el 6 de junio, con el objetivo de comenzar a votar en particular los artículos del proyecto.

“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, dice la ministra Antonia Orellana.

Y añade: “Entre otras modificaciones, destacamos la indicación para que la administración de los bienes sea conjunta entre los cónyuges y ya no solo potestad del hombre. De esta forma, si conseguimos despachar las modificaciones a ley, estaríamos dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, que es una obligación que tenemos como Estado. Y confiamos en que así será”.

Desde Corporación Humanas, que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representan a Sonia Arce ante la CIDH, la abogada y directora Camila Maturana consideró muy importante que se reanude el debate, “pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges”.

Respecto a la lenta tramitación que ha tenido el proyecto tras el compromiso adquirido ante la CIDH, Maturana agregó que “desde Corporación Humanas esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.

Publicado en La Tercera el 27 de abril de 2023