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En la red asistencial, los hospitales de Chillán y San Carlos, son los principales recintos médicos donde se práctica este procedimiento, en caso de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

La región ha mantenido una tendencia de abortos por tres causales relativamente estable, desde 2019 a 2023, sin variaciones significativas, aunque sí hubo un repunte en 2023. En detalle, reportó las siguientes interrupciones de la gestación: 22 (2019), 14 (2020), 21 (2021), 12 (2022) y 31 (2023), de acuerdo al periodo registrado por las estadísticas territoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En ese último año, la causal por violación encabezó las cifras con 12 abortos, inviabilidad fetal con 11 y peligro para la vida de la madre 8 en total.

Para el director (s) del Servicio de Salud Ñuble, Álex Paredes, la Ley (IVE) ha representado un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes

“No se trata solo de garantizar el acceso a una prestación de salud segura, sino también de resguardar la dignidad, autonomía y el derecho a decidir en situaciones profundamente complejas. Como sistema público de salud, nuestro compromiso es brindar una atención oportuna y respetuosa, acompañando a cada persona con empatía y sin juicios”, dijo.

A la fecha, y desde que se promulgó la Ley 21.030, el mayor número de casos, a nivel local, ha ingresado al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, con más del 80% de éstos. En dicho establecimiento se han realizado 124 interrupciones del embarazo, de las cuales 56 han sido por la primera causal (riesgo vital de la madre), seguidas de la segunda causal (inviabilidad fetal) con 37 casos, y finalmente 31 por la tercera causal (violación).

Si bien no se tuvo acceso actualizado a los rangos etarios de las usuarias, a 2023 se estableció que en la tercera causal, por violación, seis de cada 10 mujeres son menores de 18 años de las atendidas en el complejo asistencial, lo que evidencia la cruda realidad de la violencia sexual sobre niñas y jóvenes.

“Mujeres, niñas y personas gestantes tienen derecho a estar informadas y a recibir una atención de salud digna y respetuosa en todo momento. Esta certificación otorga mayor confianza a quienes acceden a este derecho, y refleja el compromiso y profesionalismo de nuestros equipos clínicos, que resguardan el acceso oportuno e informado, brindando un acompañamiento respetuoso durante todo el proceso, que comienza con la constitución de la causal, según lo establece la ley. A partir de ese momento se ofrece acompañamiento psicosocial y se implementan las acciones necesarias, según la decisión de la persona, independiente de si opta o no por interrumpir su embarazo”, indicó Luz María Morán, directora del hospital de Chillán.

Nueva regulación

La objeción de conciencia es el derecho de una persona a negarse a cumplir con una obligación legal o mandato. En el contexto de la ley IVE, un funcionario de salud puede optar a no realizar el aborto en tres causales, por ser contrario a sus convicciones morales, éticas o religiosas. Sin embargo, esta objeción no puede ser utilizada para negar la atención médica necesaria o para impedir que otras personas realicen el procedimiento.

Recientemente el Diario Oficial publicó un nuevo reglamento que no elimina esta figura, pero establece requisitos más estrictos para garantizar que no se transforme en una limitación de acceso. Cada establecimiento deberá tener siempre disponible a un profesional no objetor, y deberá derivar con prontitud en caso contrario.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Sánchez, explicó que el nuevo marco normativo busca que, el lugar donde habita una mujer no sea una barrera para acceder a una atención oportuna y que la información sea completa y transparente.

“Es muy importante que exista, con este nuevo reglamento, la elaboración de un protocolo de determinación estándar para todos los establecimientos por parte del Minsal, y que siempre tiene que haber un profesional disponible para realizar el procedimiento en cualquiera de las tres causales y los otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y que ésta sea siempre oportuna, porque el tiempo acá es muy importante, y sin costo adicional, evitando que ellas tengan que deambular entre los centros de salud. Muchas veces también ir a otra región, ya sabiendo que están en una situación tan compleja”, explicó.

En la práctica, la objeción de conciencia no ha reportado dificultades para las mujeres que han optado por el aborto bajo las causales estipuladas, según lo informado por la autoridad, ya que no han recibido denuncias, aunque admitió que esta modificación a la normativa surge a raíz de los obstáculos que han enfrentado ellas en otros territorios.

“Si bien acá nosotros y Ñuble, personalmente, a nuestra Seremi, no llegó ninguna mujer con ese problema, pero sabemos que a nivel central sí. Entonces, esa fue una gran razón por la cual el equipo del Ministerio impulsó esta modificación. Con este nuevo reglamento, las mujeres sabrán si quien las atiende es objetor de conciencia y los establecimientos de salud contarán con un protocolo de reasignación y derivación, que en este caso elabora el Minsal, para que se opere de manera igualitaria en todas las regiones”, dijo la seremi.

Según el Servicio de Salud, del total de profesionales de salud en Ñuble, 167 se han manifestado como objetores de conciencia, de los cuales 65 son profesionales médicos y 102 no médicos.

Desde el sector, aseguraron, que en vista de lo anterior, existe una planificación médica para entregar atención a aquellas mujeres que se acogen a la ley 21.030. Asimismo, recalcaron que se ha reforzado la difusión de información clara y accesible sobre los derechos de estas.

“Es importante señalar que los Hospitales de Chillán y San Carlos disponen de turnos que aseguran la cobertura ante los requerimientos que surjan y que estén disponibles de llamado ante una resolución de manera urgente. En general, excepto la Causal 1, puede tener cierto rango de tiempo para ejecutar la interrupción del embarazo, no así si se presenta un riesgo materno inminente”, indicó Ivette Retamal Jelvez, matrona asesora del Programa Salud Sexual y Reproductiva del SSÑ.

“Nuestro foco como institución es asegurar que nuestros establecimientos entreguen una atención digna, oportuna y libre de discriminación. Para ello, hemos fortalecido la formación de equipos clínicos, establecido derivaciones asistidas desde la atención primaria y regulado el uso de la objeción de conciencia para que no se transforme en una barrera estructural”, añadió.

Objeción de conciencia en la mira

De acuerdo a un estudio difundido en junio por la Corporación Humanas, elaborado en 2024, en el Hospital de Chillán, de 29 contrataciones de obstetras; 17,2% son objetores en riesgo vital, 24,1% en viabilidad fetal y 62,1% en caso de violación. Una realidad opuesta se reflejó en el hospital de San Carlos, donde de 11 contrataciones, ningún médico especialista es objetor de conciencia en las tres causales.

A nivel nacional, la tercera causal es la que presentó mayor negativa por parte del personal de salud desde la implementación de la ley IVE. Ñuble reportó 45,0% de objeciones en este ítem, de un total de 40 contrataciones, ocupando el octavo lugar entre regiones.

La abogada de la Corporación Humanas, Laura Bartolotti, calificó importante la cantidad de objetores de conciencia en el principal complejo asistencial de Ñuble, no solo porque están presentes en las tres situaciones que estipula la ley, sino porque supera el 50% en circunstancias de violación.

“El hospital de San Carlos, en la misma región, es uno de los cuatro hospitales de Chile que es un ejemplo muy positivo ya que no cuenta con objetores de conciencia, por lo tanto, no hay ninguna brecha o barrera para el acceso al aborto en tres causales, para niñas y mujeres. Sin embargo que existan objetores en Chillán y sus alrededores, sí genera una brecha importante para las niñas, sobre todo, para las víctimas de delitos sexuales que requieran un aborto por la ley IVE, ya que puede demorar el acceso y la derivación a otros especialistas que no son objetores”, analizó.

A juicio de la profesional de Humanas, la mayor cantidad de objetores de conciencia en la causal de violación se puede explicar por sesgos o prejuicios de género, que terminan impactando aún más a las víctimas de este delito.

“No creer que una mujer requiere una prestación de salud como el aborto, luego de ser víctima de un delito tan grave y dañino para la integridad de las personas como es la violencia sexual también genera revicitimización cuando las mujeres y niñas se enfrentan con brechas o dilaciones en el acceso. No solo el Estado está generado una dilación a una prestación de salud o falta de prestación para que la niña se recupere, sino también está incumplimiento con sus deberes internacionales a garantizar una vida libre de violencia de las niñas tanto en su prevención, protección como en la reparación a las víctimas de violencia, sobre todo sexual. Establecer barreras para el aborto, también es una especie de violencia ginecobstétrica que ha sido reforzada en la ley integral 21.675, que establece el deber de los organismos del Estado, especialmente del Minsal, a no realizar una revicitimización secundaria”, manifestó.

En respuesta, desde el hospital Herminda Martín aseguraron que las pacientes han recibido atención en las tres causales, sin que se requiera, hasta ahora ser trasladadas a otros puntos del país.

“En cualquiera de las tres causales, la red asistencial, en todos sus niveles: atención primaria, de especialidades y de urgencia, está coordinada para entregar atención integral y acompañamiento a las personas que lo requieran. En caso de ser necesaria una derivación entre establecimientos, ésta se realiza de manera oportuna y coordinada, asegurando la confidencialidad y continuidad de la atención. Hasta la fecha, no hemos derivado a ninguna usuaria fuera de la región, todas han sido atendidas en nuestro establecimiento. Cada atención está plenamente garantizada”, indicó la directora Luz María Morán.

En ese sentido, destacaron que el Hospital de Chillán es uno de los nueve establecimientos del país destacados por Observadoras de la Ley de Aborto (OLA) por su compromiso con los estándares de atención en la aplicación de la Ley N.º 21.030.

Pese a que esta figura jurídica excepcional es aplicada en el recinto asistencial de Chillán, con mayor porcentaje en caso de agresión sexual, desde el Colegio Médico de Ñuble sostuvieron que no ha sido una barrera para que las mujeres ejerzan este derecho.

“Se le entrega la información necesaria y hasta donde nosotros conocemos la objeción de conciencia no ha sido un obstáculo para que se aplique esta Ley. La razón de esto es que, aunque efectivamente el aborto supone para nuestra profesión un dilema ético donde no existe una sola posición al respecto y existen médicos que son objetores de conciencia, también hay también médicos que no lo son. Hay informes al respecto y al menos hasta el año 2019, en línea con los datos de otras regiones del país, aproximadamente un 60% de los gineco-obstetras, considerando el Hospital Herminda Martín y el Hospital San Carlos, se consideraban objetores”, sostuvo el presidente del gremio, Guillermo Pavés.

Respecto a la mayor negativa a practicar el procedimiento por violación, el médico explicó que “en la primera causal la interrupción del embarazo se efectúa para salvar la vida de la madre y en la segunda causal se trata de una concepción que es inviable por lo cual el médico está actuando dentro de lo que se puede considerar que corresponde al actuar médico o Lex-artis. En el caso del aborto por la causal de violación el caso es distinto y existe un dilema ético innegable. Se trata de un embarazo viable y que no supone un riesgo para la vida de la madre. Dadas estas condiciones donde no existe patología alguna que haga necesario un aborto esto quedaría fuera de lo que se puede considerar que corresponde a la práctica médica. Por supuesto que todos los médicos, objetores o no, comprendemos que un embarazo producto de una violación supone una situación dramática y terrible”.

Menores violadas

Si bien la causal por violación es la que concentra la menor cantidad de abortos realizados en el hospital de Chillán desde la implementación de la ley, llama la atención que a 2023, seis de cada 10 mujeres, eran menores de 18 años.

“Se da por factores culturales, y donde lamentablemente nuestra región no está exenta de eso, porque hace generaciones atrás, la violencia sexual es algo que muchas veces se normalizó y no se denunció. Acá también hay patrones culturales, como es el machismo. Nuestro objetivo, por supuesto, es erradicar este tipo de violencia, que es una obligación que tiene el Estado, y con todas las herramientas que puede intervenir”, explicó la seremi de la Mujer, Constanza Sánchez.

Para combatir este delito contra las mujeres, desde el Estado se han articulado estrategias de prevención contra la violencia y de educación sexual.

“Estamos haciendo como Ministerio prevención, por ejemplo, llegar con campañas preventivas, en cómo abordar la violencia en el pololeo y cómo nos ayuda a detectar variables a tiempo y a erradicarlas en este rango etario, en la adolescencia. Tenemos conocimiento que el Ministerio de Educación también está haciendo campañas preventivas en lo que es la educación sexual integral, ya que sabemos como niños adolescentes pueden necesitar patrones, si son víctimas de un abuso”, dijo.

Noticia publicada en La Discusión de Chillán, el 12 de julio de 2025.-

A siete años de la ley que despenalizó el aborto en tres causales, el acceso efectivo a este derecho sigue siendo una deuda del Estado. Según el Informe 2024 que elaboramos en Corporación Humanas, el 41,6% del personal obstetra en hospitales públicos se declara objetor en la causal de violación. En tres hospitales del país -Cauquenes, Constitución y Lautaro- el 100% del equipo se acoge a la objeción, dejando sin alternativa real a quienes requieren esta prestación de salud.

La objeción de conciencia -que debiera ser una situación excepcionalísima, ya que supone el incumplimiento de una obligación jurídica-, hoy opera como una barrera estructural para el acceso a la Ley IVE. Afecta especialmente a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, quienes enfrentan una doble vulneración: la de sus agresores y la de un sistema de salud que no garantiza atención oportuna ni libre de juicios.

Es urgente que el Estado regule y fiscalice efectivamente esta práctica. La reciente actualización del reglamento de objeción de conciencia representa un avance en esa dirección, pero el sistema aún presenta brechas importantes que exigen redoblar los esfuerzos institucionales para asegurar el acceso igualitario y sin discriminación a este derecho.

La objeción de conciencia es un derecho individual reconocido, pero no puede limitar el acceso efectivo a derechos legalmente garantizados para las mujeres y niñas.

Constanza Schonhaut, Directora ejecutiva, Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, 27 de junio del 2025.- 

Santiago, 07 de abril de 2025.- Las organizaciones Corporación Humanas, Amnistía Internacional y Corporación Miles acudieron a la Contraloría General de la República para respaldar los cambios propuestos al Reglamento de Objeción de Conciencia. A través de la presentación de un escrito, las organizaciones solicitaron que el nuevo reglamento asegure la disponibilidad efectiva de la prestación de aborto en tres causales en todos los servicios de salud del país.

“Estamos aquí para validar la rectificación al reglamento, con el objetivo de asegurar el derecho al aborto en tres causales para mujeres, adolescentes y niñas en todo Chile. La objeción de conciencia no puede seguir siendo un obstáculo para ejercer esta prestación de salud”, señaló Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas.

Desde Amnistía Internacional, la coordinadora de investigación Viviana Cáceres subrayó: “La autonomía reproductiva y la libertad corporal son esenciales. Abogamos por un acceso universal al aborto, y por eso solicitamos a Contraloría que tome razón del reglamento presentado por nuestras organizaciones”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Corporación Miles, Javiera Canales, explicó que esta presentación de un “téngase presente” busca dar continuidad a un escrito ingresado previamente en 2024 por las tres organizaciones: “Nuestro objetivo es que el nuevo reglamento entre en vigencia lo antes posible, para garantizar derechos sexuales y reproductivos, y asegurar la entrega oportuna de una prestación de salud fundamental para mujeres y niñas en Chile”.

 

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¿Qué establece el nuevo reglamento?

La normativa en revisión busca fortalecer la implementación de la Ley N° 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Entre las modificaciones propuestas, destaca la creación de un nuevo formulario para que quienes se declaren objetores de conciencia lo hagan de manera formal. Esto permitirá una mejor planificación de turnos y equipos médicos, privilegiando la atención por parte de personal no objetor.

Asimismo, el reglamento establece que todos los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal idóneo, suficiente y disponible para garantizar esta prestación. En ese sentido, se propone considerar como un factor positivo en los procesos de contratación el no ser objetor de conciencia, como medida para asegurar la continuidad y calidad del servicio.

El texto también incorpora avances en el derecho a la información de las pacientes: deberán ser informadas si el profesional que las atiende es objetor, y esta información deberá estar visible en espacios públicos del centro de salud, junto a los derechos establecidos por ley.

Santiago, 26 de marzo de 2025. Diversas autoridades religiosas solicitaron a la Contraloría General de la República frenar la aprobación del nuevo reglamento de objeción de conciencia presentado por el Ministerio de Salud. La carta enviada defiende la normativa anterior y pide preservar la libertad de conciencia de los profesionales de la salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Este nuevo reglamento —ingresado el pasado 10 de marzo tras una revisión por parte de la Contraloría— busca reforzar la correcta implementación de la Ley 21.030, asegurando la presencia de personal no objetor de conciencia en turnos hospitalarios y promoviendo su contratación, a fin de garantizar el acceso efectivo a los derechos de mujeres y niñas.

Desde Corporación Humanas, su presidenta, Paula Salvo del Canto, afirmó: “En una sociedad democrática la deliberación es clave para el progreso social y es fundamental que todos y todas respeten las leyes aprobadas. La ley de aborto en tres causales requiere un reglamento claro para que las mujeres puedan acceder a sus derechos. Esperamos que las opiniones de las iglesias no interfieran con el Estado de Derecho y que se respete la separación entre iglesia y Estado, vigente en Chile desde 1925”.

Además, desde la organización destacaron la importancia de avanzar en la modificación del reglamento para garantizar la implementación plena de la ley, establecer la objeción de conciencia como un mecanismo excepcional y eliminar barreras que actualmente impiden el acceso a servicios de salud para mujeres y niñas en Chile.

La jornada de este viernes, las organizaciones Fundación Por el Derecho de Decidir y Corporación Humanas, acompañados por la senadora Claudia Pascual (PC) y la diputada Claudia Mix (FA), llegaron hasta Teatinos 56 en Santiago para entregar a Contraloría dos “téngase presente”, escritos que buscan complementar los argumentos a favor de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, destacando que esto respeta la legislación vigente.

El nuevo reglamento causó opiniones divididas por parte de exautoridades y parlamentarios, desde donde algunos los catalogaron como “inconstitucional” o “medida correcta”. El pasado 1 de julio la Conferencia Episcopal acudió a Contraloría para que este reglamento se declare inconstitucional.

Al respecto, según explicó Danitza Pérez, representante de Fundación Por el Derecho de Decidir, “todas las investigaciones después de siete años de implementación de esta norma han dado cuenta de barreras importantes de acceso para el ejercicio de este derecho, y que tienen principalmente dos foco: por una parte, la información que precisamente obtienen las mujeres a través de los servicios de salud en Internet y en otras plataformas, y también la disponibilidad de servicios”.

En esta línea, explicó, esta modificación presentada por el Minsal “viene precisamente a realizar cambios importantes en relación a cuestiones muy prácticas para las mujeres, que es poder contar con información suficiente, objetiva, concreta, y que permita acceder al servicio de salud, en este caso a la prestación en particular de interrupción voluntaria del embarazo, y otras cuestiones que tienen que ver precisamente con saber, por ejemplo, si el médico o la médica con la que yo estoy trabajando es objetora o no, y poder tomar decisiones al respecto. Ese es el objetivo”.

Asimismo, Elisa Walker, abogada de Sarmiento Walker y García, expresó que el reglamento lo que busca finalmente es “promover” que el Estado entregue servicios adecuados, eficientes, coordinados en torno al cumplimiento de la ley IVE.

“La ley es muy clara sobre esta materia: la objeción de conciencia se permite, pero eso no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo. Eso lo dice con claridad la ley 21.030 (…) también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que regula el derecho de los pacientes de recibir un trato digno por parte de los médicos y también de los establecimientos de salud. Y también de esta forma se cumple con la establecido en el decreto que regula las facultades del Ministerio de Salud (…) venimos a apoyar esta iniciativa para que el proceso de toma de razón, la Contraloría reafirme su legalidad”, expresó.

Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, destacó que de acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, “45,8% de los obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia para no atender a las mujeres y niñas embarazadas producto de violación. En uno de cada cuatro hospitales en Chile, más de dos tercios de los obstetras se declaran objetores de conciencia”.

Esto incluye, indicó, cuatro hospitales regionales y cinco hospitales en que todos los obstetras son objetores de conciencia.

“Esto evidentemente genera limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar: se busca garantizar el acceso a la información que requieren las niñas y mujeres que puedan verse afectadas por alguna de las tres causales, se definen medidas para asegurar los turnos adecuados y especialmente para que todos los establecimientos públicos cuenten con un equipo no objetor que permita garantizar a todas las mujeres y niñas que tengan una atención de calidad digna y que no sean discriminadas por el lugar donde viven”, concluyó.

En la última década, unas mil denuncias de interrupciones del embarazo han llegado a la justicia. El Gobierno de Boric presentará en diciembre un proyecto que amplía la normativa actual, que lo permite desde 2017 en tres causales.

Una mujer que usó misoprostol para terminar un embarazo retratada en Santiago (Chile), en 2015.LUIS HIDALGO (AP)

El Gobierno de Gabriel Boric presentará el próximo diciembre un proyecto de ley de aborto legal a plazos. En las discusiones parlamentarias previas se ha hablado de 14 semanas, pero aún está por escribirse este nuevo intento para reconquistar un derecho que se penalizó en 1989, en el descuento de la dictadura de Augusto Pinochet. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defiende el impulso de la discusión pendiente argumentando que estaba en el programa de Gobierno y a la “extendida situación de clandestinidad” del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona, “con el peligro que ello conlleva y de manera de que no dependa del bolsillo el correcto uso de lo que la medicina que algo ha ido avanzando”, dice a EL PAIS.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). La Administración de izquierdas no busca solo despenalizar el aborto, sino también garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. Como las niñas, adolescentes y mujeres que abortan hoy en el país sudamericano lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al año, que son las que maneja el Ejecutivo. Los datos tienen al menos una década, por lo que hay especialistas en el tema que creen que realmente el país está totalmente a ciegas.

El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud. De esos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido (detención del embarazo, aunque no se expulsa espontáneamente el embrión o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561, cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero). Solo cuatro figuran en la categoría de aborto fallido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el misoprostol es el medicamento más recomendado para practicar un aborto médico. El Instituto de Salud Pública chileno permite su uso solo para tratamientos de ultragástrica. “No tenemos las cifras exactas de su uso porque su venta es clandestina”, sostiene la ministra Orellana, “pero basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho”.

Efectivamente es fácil llegar al mercado negro. Los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 dólares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestación) hasta los 144.000 pesos, 157 dólares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Pero comprado y usado en la ilegalidad, sin acompañamiento médico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Además de los medicamentos, la ministra Orellana sostiene que “hay harto mal uso del Yuzpe”, un método que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas de uso diario, lo que supone la ingesta de dos tipos de hormonas (estrógenos y progestágenos), con importantes efectos secundarios. “También se utilizan vías más extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todavía se reportan casos de uso de apio”, dice la ministra Orellana.

Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, señala que las tres causales son muy restrictivas y que la mayoría interrumpe su embarazo fuera de la ley. “Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminación que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos”, asegura.

En Chile no existe un solo órgano que unifique el número de causas judiciales vinculadas al aborto que ingresan por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros. Según las cifras del Poder Judicial, citadas por La Tercera, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a los abortos, en las que 19 correspondieron a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas. En base a una investigación en curso de la Corporación Miles, una ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos, en los últimos 10 años se han registrado al menos 1.000 denuncias, en las que en torno al 60% provinieron de profesionales de la salud, según los datos preliminares. Al menos tres han terminado en prisión. Para Javiera Canales, directora de Miles, la consecuencia de criminalizar el aborto no es únicamente terminar en la cárcel, sino toda la ruta: “Es la persecución y el trato de delincuente, con una firma mensual o semanal y eso impacta sus proyectos de vida y terminan marginadas de sus redes”.

El impacto de las tres causales

Después de décadas de lucha feminista, en septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (LIV), que regula la despenalización del aborto en tres causales. Hasta abril de este año, en total, se han efectuado 5.063 procedimientos (30% por riesgo vital de la madre, 47% por inviabilidad fetal y 23% por violación). Dadas las cifras que se manejan en el Gobierno en base a diferentes estudios realizados por diferentes instituciones –entre 30.000 y 150.000, un rango amplio justamente por la ilegalidad del procedimiento– la mayor parte de las interrupciones del embarazo se sigue realizando en Chile en forma clandestina.

La abogada Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), ha investigado a fondo el funcionamiento de las tres causales y ha detectado problemas de acceso a la información, falta de capacitaciones a los profesionales involucrados y muchos casos de sobre-objeción de conciencia: “Hay un problema con lo que se ha denominado pseudo objeción de conciencia. Se declaran objetores por conveniencia personas que dicen ‘no me quiero meter en un lío’, ‘esto es un tramite, tengo suficiente trabajo’ y ‘qué tal si la mujer miente en el caso de la violación’. Tienes un conjunto de situaciones que no son el lenguaje de la extrema derecha sobre la protección de la vida sino la comodidad de los prestadores de salud”.

Cuando el Gobierno de Boric asumió en 2022, el ministerio de la Mujer junto con el de Salud inició la primera fiscalización en las 16 regiones del país sobre la aplicación de la LIV. En base a la información levantada presentaron un reglamento a la Contraloría la semana pasada para garantizar el derecho a la información de las pacientes respecto a la prestación de salud consagradas en la ley y la continuidad de la atención, independiente de los objetores de conciencia. Un estudio de la Corporación Humanas revela que al menos cinco hospitales públicos, todos de zonas rurales, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. El reglamento busca que exista al menos un médico disponible en cada centro.

Una de las banderas de quienes están a favor del aborto legal es el creciente apoyo ciudadano a la idea. Diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales. En la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que estaría dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestación escaló a un 37,1%, del 15% registrado en 2018. Bajo las tres causales retrocedió de 26,4% a 18,2% en esos cuatro años y bajo ninguna circunstancia disminuyó de 54,3% a 42,9%.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las jóvenes declararon haberse hecho o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica por inviabilidad fetal, un 3,3% por violación y un contundente 83,2% lo realizó por una decisión personal.

Reportaje publicado en El País Chile el 09 de junio, 2024

Uno de los más comentados ha sido el anuncio de la presentación de un proyecto de ley sobre aborto legal. Los derechos de las mujeres y las niñas, y los derechos sexuales y reproductivos, vuelven a estar en el centro del debate político y social, retomándose la discusión sobre su condición de sujetas de derechos.

Sin embargo, las desmedidas reacciones resultan preocupantes. Todo el país fue testigo de la falta de respeto cívico en que incurrió un grupo de parlamentarios y parlamentarias, que luego de escuchar este anuncio -que no resultó de su agrado- se retiró del Salón de Honor del Congreso Nacional. Otro grupo de legisladores anticipó enérgicamente su rechazo a un proyecto de ley que todavía no se ha presentado, en circunstancias que su rol de representantes de la ciudadanía incluye precisamente debatir, argumentar, proponer y decidir sobre las iniciativas sometidas a su conocimiento. Pareciera que desde algunos sectores políticos se buscara cancelar o cerrar un debate antes de que este tenga lugar. Un tercer grupo de congresistas y representantes políticos, en tanto, ha descalificado el debate, argumentando que no es oportuno o desvía la discusión de otros temas más importantes.

Todo lo anterior genera gran alarma, ya que devela la desconexión y desinterés frente a la realidad de las mujeres y niñas que requieren interrumpir sus embarazos en condiciones dignas y adecuadas, sin poner en riesgo su salud y su vida.

Es de conocimiento público que la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobada en 2017, no ha sido suficiente. Esto no solo por su acotada aplicación respecto a las múltiples situaciones en que se encuentran quienes desean abortar, sino también por la regulación amplia de la objeción de conciencia que obstaculiza este derecho.

Más allá de las polémicas, se trata de un debate necesario, que fortalecerá la institucionalidad democrática del país.

Esperamos que la discusión legislativa que tendrá lugar sobre el aborto legal durante el segundo semestre de 2024 garantice la pluralidad, ofrezca espacio a diversas posiciones e incorpore la voz de las mujeres.

Columna publicada en Radio Cooperativa el 04 de junio de 2024.-

Foto Revista Paula, La Tercera

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho desde su promulgación en 2017. Sin embargo, en el contexto de la aprobación de la Ley Corta de Isapres, surgen interrogantes sobre si la afiliación a la prestación de salud puede afectar el acceso a este derecho.

Cabe recordar que para optar a un aborto legal en Chile se deben cumplir con una de tres causales: cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad fetal para sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo es causado por una violación.

Según la ley 21.030, las mujeres con Isapre pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en servicios públicos y privados, ya que es un derecho universal. La diferencia es el costo del procedimiento, que depende del plan de salud elegido.

“Todas tenemos derecho a acceder a la IVE, ya sea en el sistema público o privado, sin importar nuestra afiliación a FONASA o ISAPRE”, expresan desde Observadoras Ley de Aborto Chile (OLA Chile).

Sin embargo, la objeción de conciencia se manifiesta como una barrera para su acceso, tal como reporta un informe de Corporación Humanas, que da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación.

Noticia publicada por El Mostrador el 14 de mayo de 2024.-