A cinco años de la entrada en vigor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile, que permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación y los resultados quedan lejos de ser los esperados.

Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.

Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos. El 31 % fueron por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación. En 2021, el año con los registros más altos, se realizaron 672 y durante el primer semestre de 2022, 276.

Ante tal recuento y tras las alertas de una incorrecta ejecución de la ley por parte de organizaciones que observan y vigilan su puesta en práctica, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron una revisión del reglamento y la implementación de la norma.

Obstáculos para el acceso al aborto en Chile

«Existen barreras que dificultan que las mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que la ley IVE define», sostiene Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.

Entre los principales obstáculos que mencionan las expertas se destacan la poca información sobre la ley y los derechos que reconoce, incluso de los propios equipos de salud.

«Hemos tenido una administración [del Gobierno anterior de Sebastián Piñera] que estaba en contra de esta ley y no le interesaba que se conociera», indica Lidia Casas, fundadora de la Mesa Acción por el Aborto.

Las analistas también apuntan a una falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; el estigma social con el que carga el aborto; la ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos; y la falta de regulación de la objeción de conciencia.

El 47 % de los obstetras del sistema público son objetores de conciencia en caso de violación, según datos publicados en la prensa chilena proporcionados por la Ley de Transparencia.

«Existe una normalización de la violencia sexual por parte de los proveedores de salud», apunta la directora de la Corporación Miles, Javiera Carrera.

Otro dato que las expertas destacan es que solo el 14% del total de IVE se realizaron en un centro de salud privado, un porcentaje que cae aún más en la causal de violación (3%) y que se convierte en ínfimo cuando esta circunstancia afecta a menores: en cinco años, el sector privado solo ha realizado la IVE a dos menores por violación.

«Hay una fuerte presencia del conservadurismo en el mundo de la salud de los espacios más de élite. El sector privado no tiene fiscalización del Estado y pone sus propias normas», indica Siomara Molina, integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Batalla en las instituciones

Recientemente, el Partido Republicano ha presentado un proyecto para derogar la ley de la IVE y aumentar las penas a las mujeres que la realicen.

«Desde 2012 a 2021 ingresaron ante el Ministerio Público 1.430 nuevos casos por delito de aborto y de las personas formalizadas (69,5%) o posteriormente condenadas (57%) la mayoría son mujeres», señala Camila Maturana.

Para los detractores, como Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida, «la implementación de la ley de las tres causales dio pie a que se persiga una legislación completamente permisiva». La dirigente se refiere al artículo de la propuesta de nueva Constitución que garantizaba los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto.

La ciudadanía rechazó el nuevo texto en el plebiscito del 4 de septiembre, por lo que, por ahora, los avances en esta materia quedaron congelados.

«Según las encuestas, solo un 8% de las personas se movilizaron a votar rechazo por estar en contra de la agenda de género, por lo que en ningún caso se pierde la posibilidad para seguir avanzando», sostiene Javiera Canales.

Para Maturana, el recorrido debería darse al margen del proceso constituyente que está a punto de reanudarse.

«Los derechos sexuales y reproductivos, en tanto a derechos humanos consagrados en los tratados internacionales vigentes en Chile, son vinculantes para el país y no debieran depender del contenido de una nueva Constitución», explica.

El Gobierno presenta una ley

La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace cinco años.

En declaraciones a la televisión CNN Chile, Orellana ha revelado que ya se han iniciado «las conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos».

La meta es definir «cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos digamos respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones», afirmó.

La ministra ha criticado, asimismo, el proyecto promovido por dos diputados del conservador Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que con el apoyo de la Iglesia y grupos de ultraderecha, pretende prohibir el aborto en Chile.

«Quiero ser bien clara: no hay lugar para propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave», ha recalcado.

Nota de Meritxell Freixas para EFE 

Hace 5 años entró en vigencia la ley N° 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal y violación). Hasta agosto del presente año, según información recopilada por Corporación Humanas vía Ley de Transparencia, un 43% de los/as  médicos/as obstetras contratados/as en hospitales públicos son objetores/as de conciencia en la causal de violación, mientras que en el caso de riesgo vital de la mujer o inviabilidad fetal hay un 15,3% y 23,1%, respectivamente.

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A nivel nacional, hay 1338 obstetras contratados/as en los establecimientos de salud pública que están habilitados para realizar la interrupción del embarazo en 3 causales (ley IVE). Del  total anterior, 576 (43%) profesionales se acogen a la objeción de conciencia si la causal invocada es el embarazo producto de una violación. Por otro lado, 309 (23,1%) obstetras se declaran objetores en la causal inviabilidad fetal y en el caso de embarazos de riesgo vital, son 205 (15,3%) funcionarios. 

Al hacer un análisis en profundidad, se da cuenta de que en todos los hospitales públicos que realizan este procedimiento (68) la causal con mayor objeción es el embarazo producto de una violación. Inclusive, hay 4 establecimientos en donde todos/as los/as obstetras son objetores en la misma causal. Siendo estos el Hospital de Cauquenes y el Hospital de Constitución ubicados en la Región del Maule; y el Hospital de Pitrufquén y el Hospital de Lautaro de la Región de la Araucanía.

Es particularmente grave que en el Hospital de Cauquenes todo el equipo -médicos/as obstetras, anestesista, profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos- que está habilitado para hacer la interrupción del embarazo es objetor de conciencia en las tres causales. Es decir, ninguna mujer o niña que se atiende en ese hospital puede acceder en ese establecimiento a la interrupción que está asegurada por ley.  

A 5 años de la entrada en vigencia de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la activista de la Asamblea por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, realiza un análisis respecto a la implementación de ley: “Cuenta con deficiencias de base estructurales como, por ejemplo, que no se pueda entregar información a las mujeres, a las personas, a las pacientes, la existencia de la objeción institucional, lo limitado de los plazos para la tercera causal y más”.

En esa misma línea, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, menciona que esta ley contiene barreras y obstáculos que “dificultan que las mujeres y las niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que define la ley IVE”, como lo es la falta de información sobre la ley. Por otro lado, la abogada señala que esta misma falta de información ocurre en los propios equipos de salud pues “desconocen los alcances de esta ley y la responsabilidad que se les asigna”. 

Para la abogada también es preocupante que a las mismas usuarias no se les informe sobre este derecho. “Es bastante grave que una política pública tan relevante no se difunda adecuadamente, que no existan campañas como en otros temas de salud”, señala. Asimismo, considera urgente que los equipos de salud tengan capacitación y que se enfatice en la atención primaria, ya que son los recintos con mayor cercanía de la población.

En la actualidad, de acuerdo a la información obtenida por Ley de Transparencia, los únicos hospitales públicos que no tienen obstetras objetores en ninguna causal son: el Hospital de San Carlos en la Región de Ñuble, el Hospital de Curanilahue de la Región del Biobío y el Hospital de Puerto Aysén de la Región de Aysén.

El equipo médico 

Para realizar la interrupción del embarazo en sus 3 causales se necesita un equipo conformado por: un/a médico/obstetra, anestesista, profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos. Al igual que el caso de el/la obstetra, los otros funcionarios de salud también pueden abstenerse de hacer el procedimiento quirúrgico, por lo tanto, aunque un establecimiento de salud tenga obstetras no objetores, si el resto del equipo es objetor tampoco se puede hacer la interrupción del embarazo. 

Un ejemplo de lo anterior es la situación del Hospital de Vallenar (Región de Atacama) y el Hospital de Lautaro (Región de la Araucanía), en donde todos/as los/as anestesistas son objetores de conciencia en las 3 causales.  Según el artículo 119 ter del Código Sanitario¹, en estos casos los establecimientos de salud deben derivar de “forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción”.

Continuando con el desglose de información, se observa que el resto del equipo que participa en el procedimiento de interrupción del embarazo también presenta una tasa de mayor objeción de conciencia en la causal de violación. Vale decir, los médicos/as anestesistas muestran un 21,4% de objeción en la causal de violación mientras que los profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos representan un 15,6% y un 12,9% respectivamente.  

Pero, ¿por qué la violación es la causal con más objeción de conciencia? En el Informe de Monitoreo Social sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo  y a la Salud Sexual y Reproductiva en Tiempos de Coronavirus 2020, producido por la Mesa Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, explica que existen múltiples factores por lo cual la violación es la causal con mayor objeción, entre algunas de ellas, los juicios valóricos que hacen los/as funcionarios/as de salud. El informe señala que “en las primeras dos causales el diagnóstico que valida las causales es acreditado por el propio personal médico, mientras que en la tercera ‘la carga de la prueba’ recae en la palabra de la mujer, la que genera profunda desconfianza”, provocando que los y las profesionales rechacen o se retracten de efectuar el aborto en esta causal. 

Incluso, en el informe, una psicóloga perteneciente a la unidad Alto Riesgo Obstétrico (ARO) de un hospital de la zona centro del país, dice que “hay un número -de ginecólogos- que no objetan, pero que terminan siendo igual de vulneradores con las mujeres, que les ponen en duda, que expresan comentarios religiosos como para tratar de que cambien su opinión, a pesar de que no son objetores de conciencia en papel”. 

Acceso a la ley N° 21.030

Los artículos 119 ter y 119 quater del Código Sanitario han dificultado el acceso a la ley de interrupción del embarazo en tres causales debido a que en el primero se consagra la objeción de conciencia, ya sea para el equipo que se desempeña en el pabellón y/o el establecimiento de salud privado, mientras que en el segundo, se prohíbe “la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales del inciso primero del artículo 119”. Un ejemplo de esto es que las clínicas que realicen este procedimiento no pueden promover información sobre este derecho. 

Por otra parte, de acuerdo con el Informe Especial de Fiscalización Focalizada: Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo, realizado por el Consejo para la Transparencia en 2021, de los 107 organismos prestadores de la red de salud² que fueron fiscalizados y que están vinculados al ejercicio de este derecho, no se pudo acceder a los protocolos de atención en 1 de cada 3 organismos. Asimismo, los protocolos no están “disponibles de manera permanente para quien esté interesado” en la página de Transparencia Activa. 

La integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina considera la prohibición de entrega de información como algo gravísimo, pues en otros casos como enfermedades crónicas, los servicios de salud difunden información sobre los síntomas, prevención, etc. Esta situación desde la perspectiva de la activista “no se puede excluir la interrupción del embarazo porque involucra -de alguna manera- situarla dentro de la ley en un lugar de clandestinidad y eso atenta contra los derechos de las mujeres y de todas las personas”.  

Los protocolos 

De los 107 establecimientos de salud fiscalizados en el informe del Consejo por la Transparencia, solo 44 servicios reportaron sus respectivos protocolos de atención. Ahora bien, el documento constata que fueron entregados 58 protocolos, ya que hay organismos que cuentan con más de uno. No obstante, conocer si se está realizando una efectiva implementación de estos es una problemática que aún es difícil de comprobar. 

El monitoreo creado por la mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia relata testimonios de las capacitaciones de los/as funcionarias/os de la atención primaria de salud (APS) y de la atención secundaria de salud. Respecto a la primera, una matrona de la zona centro del país dice: 

«Yo en el tiempo que llevo, jamás he recibido una instrucción del servicio de salud, ni de nivel municipal, en relación al tema (…) solo hemos recibido ese material educativo que eran estos carteles y los flyers, pero no hemos recibido ni capacitaciones ni una orientación específica a nivel del servicio de salud«.

En general, apunta el informe, la capacitación se ha centrado en la atención secundaria y no en los y las funcionarias de la primera. Una situación preocupante puesto que las mujeres, cuando buscan atención ginecológica, muchas veces ingresan por el sistema  primario de salud. Y, al final, «los equipos de atención primaria no necesariamente cuentan con la preparación para informar, guiar y derivar a una paciente”, dice el documento.

Las capacitaciones al personal de salud son clave para las mujeres que quieran acceder a este derecho. “Hay mujeres que pudiendo haber constituido una causal no pudieron decidir sobre una interrupción del embarazo porque quién las atendió no les entregó la información o se las presentó como una opción”, narra el informe. Es más, una psicóloga de la unidad ARO de la zona sur cuenta:

“En el sur del país se relata el caso de una joven atendida en APS con un embarazo por violación y donde el equipo tardíamente se dio cuenta que podía haber accedido a la IVE. Pasa que los médicos, la verdad, no conocían nada de la ley, pero nada. Es como que la pega, la ley IVE es de la matrona, cuando evidentemente causal 3 es una causal que le puede llegar a un técnico paramédico un fin de semana o al psicólogo o a cualquiera”.

Si bien existe un mayor enfoque en las capacitaciones del sector secundario de la salud y se ha avanzado en mayor profundización en capacitación y cursos sobre la ley o que se relacionen con la misma, el monitoreo señala que hay funcionarios que reconocen la necesidad de «no tan solo manejar información técnica, sino también comprender la importancia de la empatía y la parte emocional de un proceso como este». Una trabajadora social ARO de la zona sur comenta:

“Fue muy polémica esta ley entonces todavía hay personas que tienen eso de criticar, que no se sabe bien qué es lo que se hace. Yo creo que la capacitación, concientizar, en ser empático. Nuestras capacitaciones que hacemos en conjunto con la psiquiatra van enfocadas en poder tocar ese lado sensible de las personas porque es fácil hablar de afuera, cuesta mucho ponerse en los zapatos de la otra persona”.

Lo que pudo ser y lo que viene por delante

Al igual que distintas problemáticas de nuestro país, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pudo tener cambios sustanciales con la propuesta constitucional del 2022. Siomara Molina explica que en el caso de la objeción de conciencia “es algo que tendría que haberse regulado mediante un proceso legislativo”, mientras que la  prohibición de la publicidad “podría eventualmente haber cambiado, pero es algo que tendríamos que haber intencionado desde otros lugares para que ocurriera, ya sea desde la institucionalidad pública o desde la sociedad civil”. La activista destaca que la propuesta de texto constitucional del 2022 creaba un marco para avanzar hacia la despenalización del aborto, pero que “no establecía una regulación detallada, porque eso es materia de ley”.

En cuanto a las negociaciones que se están dando en el Congreso para un nuevo proceso constituyente, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, dice que los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales vigentes en el país fueron parte de los acuerdos mínimos de la «denominada hoja en blanco ya definida en el acuerdo del 2019 y en las reformas constitucionales que habían materializado dichos acuerdos».  Y que dentro de estos derechos humanos protegidos están los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, se entiende que los derechos sexuales y reproductivos «no deberían depender del contenido o texto expreso» de la nueva propuesta si se mantienen estos tratados como parte de los acuerdos.

 1 Art. 119 ter inc. 1: “El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”. (Biblioteca Nacional del Congreso).

² Prestadores de salud, según el informe Especial de Fiscalización Focalizada, Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo: 52 Hospitales Autogestionados; 4 Hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile; 16 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud; 29 Servicios de Salud; 6 Organismos de la Administración Central del Estado.

³ Atención Secundaria: Corresponde a los establecimientos que brindan atención ambulatoria y sólo a pacientes que hayan sido derivados desde el nivel primario o tras consultar las Unidades de Emergencia, cuando el profesional de la salud ha determinado que requiere atención de mayor complejidad.

Por Danitza Soto, periodista del equipo de comunicaciones de Corporación Humanas 

• Frente a la votación del proyecto de ley sobre despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, previsto para este martes 28 de septiembre, organizaciones feministas y de mujeres llaman a su aprobación
• Se espera que el Congreso Nacional legisle en esta oportunidad en base a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, en lugar de las convicciones morales personales de las y los congresistas

Santiago de Chile, otros territorios, 27 de septiembre de 2021.-  La dictación de la ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales constituyó un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Chile, al permitir la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar la atención de salud en casos de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, se trata de una legislación limitada que solo resguarda a las mujeres en situaciones excepcionales y definidas de manera muy estricta, manteniendo severas sanciones penales a quienes deciden interrumpir sus embarazos por fuera de las tres causales.

La actual legislación no cautela el derecho a decidir ni la maternidad voluntaria de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, ni reconoce su condición de sujetas de derecho, sino únicamente a quienes se encuentren en alguna de las causales legales, supeditado a la decisión de los equipos de salud que así lo confirmen.

Cabe resaltar que con posterioridad a la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, continúan vigentes sanciones penales de tres años y un día a cinco años (presidio menor en grado máximo) para las mujeres que “fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause” (Código Penal, Art. 344 inc. 1).

Por ello, en agosto de 2018 se presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados una moción parlamentaria que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, que contó con amplio respaldo de organizaciones feministas y de mujeres, y de congresistas, más allá de quienes suscribieron formalmente la iniciativa. Atendidas las limitadas atribuciones con que cuentan en el país las y los congresistas, no fue posible en la oportunidad ingresar a trámite legislativo una propuesta integral sobre el derecho a decidir y garantías de atención de salud, sino únicamente una moción sobre despenalización.

Mantener vigentes sanciones penales para las mujeres que abortan limita su autonomía para decidir sobre sus vidas, desconociendo su condición de sujetas de derecho y soberanas de sus cuerpos. Mantener vigentes sanciones penales no reduce la práctica del aborto, pero estigmatiza a quienes así lo deciden y les obliga a la clandestinidad.

La amenaza del castigo penal no disuade a las mujeres que requieren abortar, pero profundiza las desigualdades sociales, exponiéndolas a riesgos para su vida y su salud e incluso a la posibilidad de ser denunciadas y verse envueltas en un proceso criminal. Estos riesgos que impone la criminalización afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables, como las niñas y adolescentes, las mujeres que no cuentan con recursos económicos, las mujeres migrantes y quienes habitan en territorios alejados, entre otras.

Llamamos a las y los congresistas a legislar conforme a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, y no solo en base a sus creencias morales personales, de cara al país, a la ciudadanía y especialmente de frente a las mujeres y niñas cuyos derechos les corresponde asegurar.

Las mujeres y quienes defendemos los derechos humanos esperamos que en Chile se ponga fin a la criminalización del aborto y que no se persiga más a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna adolescente ni a ninguna persona con capacidad de gestar, por interrumpir un embarazo, por decidir sobre su maternidad y proyecto de vida.

Queremos que en Chile la Constitución y las leyes protejan a todas las mujeres.

La sesión prevista para el martes 28 llega a la Sala con informe negativo de la Comisión de Mujer. Sin embargo, en las agrupaciones por los derechos de las mujeres hay optimismo luego de la relevancia que ha tenido el tema en la campaña presidencial.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Es precisamente ese día en el que la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas conocerá y discutirá la moción parlamentaria que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Chile  hasta las catorce semanas de gestación.

Se trata de un fecha simbólica para que las y los parlamentarios debatan este asunto que permitiría una modificación del Código Penal de modo que deje de existir persecución a  la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, hecho que puede tener penas de presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años. La moción llegará al Hemiciclo con informe negativo de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que, por un voto de diferencia, rechazó la idea de legislar.

Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas entidad que apoyó técnicamente a las diputadas autoras del proyecto de ley, la sola discusión de la iniciativa en la Sala es un hecho tremendamente relevante, pues da cuenta de una realidad que se vive en Chile diariamente y de la que la legislación debe hacerse cargo.

“Creemos que es un debate que es muy importante que tenga lugar en la sala y que la Cámara en pleno se pronuncie respecto de esta demanda tan importante para mujeres y niñas como es avanzar en la protección del derecho al aborto. Esto responde a una demanda largamente sostenida de las organizaciones de mujeres y feministas y que de aprobarse, permitiría poner a Chile más a tono con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de los derechos de las mujeres y niñas”.

“No es un debate fácil, es complejo y que llega con informe de la Comisión de la Mujer que recomienda el rechazo, sin embargo, es la Sala la que toma la decisión”, subrayó la profesional que también integra la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

De acuerdo con los planteamientos de las candidaturas presidenciales de Gabriel Boric y Yasna Provoste, este tema no debería tener mayor dificultad para avanzar en el trámite legislativo, ya que ambos aspirantes a La Moneda han señalado expresamente que apoyan la iniciativa y se espera que los parlamentarios de esos pactos estén alineados con sus abanderados.

“Tenemos bastante expectativa respecto de este proyecto, considerando los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la protección de las mujeres frente a la consecuencias del aborto, porque es un tema que ha estado en la campaña presidencial, algo que  no había ocurrido en elecciones anteriores y responde a la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en Chile y la región para plantear el tema. También es un tema que está presente en la discusión de la nueva Constitución, por lo tanto, es ineludible que forme parte del debate social y político y uno esperaría que en la Cámara esto tenga un respaldo mayoritario y que siga avanzando la legislación”, expresó la abogada de Corporación Humanas.

Los argumentos en pro y en contra

Uno de los argumentos que se ha esgrimido para fundar la necesidad de que este proyecto se transforme en ley dice relación con la salud y la protección de la vida de las mujeres, ya que el estar penalizada la interrupción voluntaria del embarazo, salvo en las tres causales específicas (peligro para la vida de la mujer; embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y que el embarazo sea resultado de violación), las mujeres muchas veces se ven forzadas a buscar abortos clandestinos o a auto provocarse la interrupción de la gestación. Algo que tiene también un sesgo de clase, ya que aquellas que tienen más recursos pueden acceder a intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, mientras que quienes carecen de ellos se exponen a riesgos sanitarios importantes.

Sin embargo, Chile es efectivamente el país de la región que tiene una menor tasa registrada de abortos clandestinos y un número bajo de mujeres que mueren producto de ellos, por lo que ese argumento para tener una ley que permita la interrupción de la gestación es desvirtuado por el médico y doctor en Biociencias, Elard Koch, del Instituto Melisa.

Dr. Elard Koch. Foto @UAustral

“No hay una relación actual entre el cambio del Código Sanitario y un aumento de la mortalidad materna. La mortalidad materna que hoy exhibimos es un perfil residual que se debe principalmente al envejecimiento de la maternidad en Chile, esto quiere decir que el 90% de las muertes maternas se debe principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles o por causas indirectas como hipertensión, diabetes gestacional, preeclampsia y complicaciones del embarazo y parto que no tienen relación con el aborto”.

“Hace tiempo que logramos los niveles de mortalidad materna óptimos que se han fijado como estándar de las metas del milenio para la agenda 2030, y nosotros logramos eso hace décadas atrás. No hay ninguna relación entre la prohibición del aborto y las tasas de mortalidad materna”, agregó.

Para Camila Maturana, pese a que no hay una estadística de la cantidad de interrupciones de embarazo clandestino que se realizan, es importante entender que eso no significa que no se realicen estos abortos ni que no exista riesgo para la vida de las mujeres.

“El aborto es una realidad, existe y ha existido siempre más allá de las leyes que puedan haber en cada país. Cuando las mujeres necesitan interrumpir un embarazo, porque no es deseado o no es posible de llevar adelante, buscan la manera de hacerlo aun cuando eso signifique riesgos para su salud y su vida. Esa es una situación muy dramática que en Chile sí existe,+ aunque no tengamos cifras precisas de cuántas mujeres abortan en Chile, fuera de las tres causales. Como el aborto existe y debido a la legislación que establece penas de cárcel para las mujeres que interrumpan sus embarazos, entonces lo hacen en condiciones de clandestinidad y riesgo para su vida y esos riesgos no afectan a las mujeres del mismo modo: las adolescentes, las mujeres pobres y las migrantes están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

De esa misma opinión es la ex ministra de la Mujer y quien ejercía tal cargo durante la promulgación de la ley de aborto en tres causales, Claudia Pascual, quien además releva el que es precisamente la clandestinidad la que hace imposible conocer el dato de cuántos realmente se realizan en nuestro país.

Claudia Pascual Foto @Flickr secretaria_general_de_gobierno

“Los abortos clandestinos no están contabilizados en ninguna parte porque nadie se reconoce que lo hizo,  porque queda expuesta al ejercicio de la justicia, a la persecución y penalización del hecho. Pero más allá de cuántos son, de si la tasa es alta o baja o media en relación a otros países, me parece que aunque sea solo una mujer o adolescente que se someta a un aborto clandestino y se exponga a una situación de riesgo o de violencia y maltrato, nosotros deberíamos tener la legislación y prestaciones de salud que permitieran que esas niñas o mujeres puedan hacerlo cuidadas por el Estado. Aunque fuera solo una tenemos la obligación como Estado de proteger a las mismas adolescentes y mujeres para que no se expongan a situaciones de violencia, clandestinidad, persecución y mucho menos a poner en riesgo su vida por la desesperación que implica tomar una decisión de este tipo”.

En cuanto al debate mismo de la idea de legislar en orden a ampliar la despenalización sobre la base de un plazo y no solo de causales, el doctor Koch, epidemiólogo y especialista en salud materno-fetal, aseguró que la evidencia científica no respalda la idea de que un cambio en la legislación afecte la salud materna.

“No hay ningún beneficio en volver una ley de aborto más permisiva o incluso menos permisiva, no hay un efecto sobre la salud materna. El segundo elemento es que los abortos clandestinos en Chile no producen las complicaciones que producían antiguamente y es un número bajo debido a la universalidad de los métodos de planificación familiar. Si hay un grado de abortos autopracticados, principalmente con misoprostol, que generan complicaciones como hemorragias y se resuelven en los servicios de emergencia en los hospitales chilenos. Como salubrista, yo diría que no hay una justificación científica, desde el punto de vista de salud pública o epidemiológico que apoye una despenalización del aborto y una vez más permisiva que la que actualmente está en rigor”.

En  2017, un grupo de expertos de  Naciones Unidas (ONU) llamaron a que todos los Estados deroguen las leyes que penalizan y restringen “indebidamente” el aborto ya que negar a las mujeres el acceso a atención médica necesaria constituye una discriminación arbitraria discriminatorio y una violación de sus derechos humanos.

Ese es el punto que releva Camila Maturana al señalar la necesidad de que este proyecto se transforme definitivamente en ley.

“Los organismos de Naciones Unidas han recomendado hace varios años que los Estados eliminen las sanciones penales al aborto como un primer paso para disminuir estos riesgos a la salud y la vida, porque se trata de muertes evitables, que no debieron ocurrir. Esto tiene que ver también con la posibilidad de cada persona de autodeterminarse y de definir su proyecto de vida y nosotras como feministas es que la maternidad voluntaria esté garantizada en el país, que ser madre sea una decisión y no una imposición de leyes que definen sanciones penales en contrario”.

Para Claudia Pascual, existe voluntad desde el pacto Apruebo Dignidad para avanzar en esta materia ya que forma parte de los temas programáticos que han instalado las mujeres y que el candidato presidencial Gabriel Boric ha sumado a su programa.

“Veo que hay posibilidades sobre todo pensando que tengamos un Parlamento para las transformaciones que Chile necesita, por lo tanto, uno acorde para llevar a cabo las definiciones de una nueva Constitución y que esté acorde a reformar o derogar aquellas legislaciones que no estarían acorde con la nueva Carta Fundamental ni con el respeto de los derechos que las personas deben tener”.

“En este pacto hay un sentido de urgencia de saldar las deudas que la democracia tiene con las mujeres y una de esas deudas tiene que ver con el respeto más pleno y profundo a la autonomía de las mujeres al derecho a decidir y, por lo tanto, con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, pero muy en particular, las mujeres”.

La sesión de sala para el próximo martes 28 ya se encuentra citada y será responsabilidad de la diputada Camila Rojas entregar a la Cámara Baja el informe de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en la que votaron a favor  de la idea de legislar las diputadas Maite Orsini,  Maya Fernández, Marcela Hernando, Camila Rojas, Patricia Rubio y Marisela Santibáñez y en contra las parlamentarias Nora Cuevas, María José Hoffmann, Karin Luck (por Aracely Leuquén), Francesca Muñoz (por Erika Olivera), Ximena Ossandón, Joanna Pérez y Virginia Troncoso.

Nota publicada en Radio Universidad de Chile 

La lucha de los feminismos no es un movimiento aislado. La red que se tejió durante décadas para conquistar los derechos de mujeres y diversidades se forjó también gracias a las alianzas de los países de la región. Sin ir más lejos, fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 donde se estableció por primera vez la fecha del 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina. Eso es lo que genera tejer lazos: un impulso que puede comenzar en cualquier lugar pero que necesariamente tendrá su repercusión para el resto, una sinergia que crece y se retroalimenta a medida que se avanza hacia las metas que se imaginaron en conjunto. Por eso, la legalización del aborto en Argentina, el 30 de diciembre de 2020 es parte de un nuevo capítulo para la historia de los feminismos del continente.

La lucha de los feminismos no es un movimiento aislado. La red que se tejió durante décadas para conquistar los derechos de mujeres y diversidades se forjó también gracias a las alianzas de los países de la región. Sin ir más lejos, fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 donde se estableció por primera vez la fecha del 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.

Tal es así que a las pocas semanas, la marea verde alcanzó al país vecino: el pasado 13 de enero, Chile comenzó a debatir la despenalización del aborto hasta la semana 14 sin sujeción a causales, proyecto que había sido ingresado por primera vez en 2018 pero que nunca había sido efectivamente tratado, hasta ahora. “A partir del estallido político social de octubre de 2019, la discusión en torno a los derechos de las mujeres y las niñas  ha sido muy fuerte, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, y la aprobación de la ley sobre aborto en Argentina constituyó un impulso muy relevante para lograr que comenzara la discusión en la Cámara de Diputados”, comenta a La Primera Piedra Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, una de las organizaciones que propuso el proyecto y que juntas conforman Mesa Acción por el Aborto en Chile, nacida en el 2015 con el objetivo de generar los argumentos para instalar el debate en la sociedad.

Foto: Claudio Reyes/AFP

El antecedente en el camino para la ampliación de derechos es la Ley 21030 que legalizó el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto. Impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet y sancionada en 2017 después de años de discusión, permitió salir de la criminalización total, situación que perduraba desde la dictadura cívico militar cuando, en 1989, se derogó el aborto terapéutico. “La ley de las tres causales fue duramente resistida en el Congreso”, cuenta Maturana. “Los partidos políticos de oposición en ese momento que hoy son la coalición de gobierno se opusieron fuertemente durante toda la discusión legislativa en la Cámara y fueron al Tribunal Constitucional (TC) para buscar que la ley fuera rechazada”, agrega. En Chile, el TC es un órgano que tiene la facultad de dejar leyes sin efecto por considerarlas “inconstitucionales” y, a lo largo del tiempo, ha actuado en sintonía con los sectores conservadores. Es uno de los mecanismos instaurados desde la dictadura para limitar la intervención política, al igual que los “super quórum”.

El antecedente en el camino para la ampliación de derechos es la Ley 21030 que legalizó el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto. Impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet y sancionada en 2017 después de años de discusión, permitió salir de la criminalización total, situación que perduraba desde la dictadura cívico militar cuando, en 1989, se derogó el aborto terapéutico.

La resistencia durante su tratamiento fue un anticipo de los obstáculos que se presentaron al momento de su aplicación. De acuerdo a Camila Guerrero Martínez, Directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile  (Abofem), que también integra la Mesa Acción por el Aborto, hay tres problemas fundamentales para el cumplimiento de la ley de las tres causales. “Por un parte hay falta de información, las mujeres no conocen la ley y no tenemos campañas comunicacionales donde se promocione, se explique en qué consiste y cuáles son los requisitos para poder acceder a ella, lo que hace que finalmente tengamos como principal traba de aplicación una ley que es aprobada en un gobierno de izquierda y que luego es invisibilizada n un gobierno de derecha”, explica Guerrero Martínez para La Primera Piedra. La difusión se limita a un banner  la página web del Ministerio de Salud pero, tal como comenta también Maturana, no existen en los establecimientos de salud, en territorios o en barrios, acciones de promoción que difundan la existencia de los derechos que la ley reconoce.

“En segundo lugar, otra de las trabas son las capacitaciones”, continúa Guerrero Martínez. “Si bien en la atención primaria de salud, que es donde vemos la principal dificultad, no se realizan las interrupciones, es ahí donde las mujeres llegan en primer lugar para tener algún tipo de prestación de salud de este tipo y es donde son derivadas a un nivel secundario y terciario, que son los hospitales. En este ítem podemos decir que no hubo capacitaciones suficientes, ya que solamente se desarrollaron en los hospitales, siendo muy escasas y únicamente al principio de la promulgación de la ley”, cuenta la Directora de Abofem. El tercer problema, y también el principal, es el de la objeción de conciencia, uno de los argumentos más utilizados por los sectores conservadores para obstaculizar derechos. En Chile, el TC avaló la objeción de conciencia institucional, lo que genera que muchas clínicas u hospitales completos se nieguen a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo por causales, incluso cuando muchos de ellos reciben fondos estatales y desempeñan una función pública.

En Chile, el Tribunal Constitucional avaló la objeción de conciencia institucional, lo que genera que muchas clínicas u hospitales completos se nieguen a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo por causales, incluso cuando muchos de ellos reciben fondos estatales y desempeñan una función pública.

“Al ser muy fácil objetar ha habido una abuso”, explica Guerrero Martínez. “En cierta forma una recurso que debería ser extremo solamente por razones de profunda convicción lleva a no cumplir la ley. Es ahí cuando se debiera autorizar por razones fundadas, sin embargo, hoy en día, vemos que solamente basta con llenar un formulario y que muchos en el personal de salud lo hacen sabiendo que podría implicar menos caga laboral. En la práctica una ley que ya era limitada y que se limita aún más porque hay menos mujeres que pueden acceder a ellas”. Por su parte Camila Maturana agrega: “Esta regulación tan amplia que se aparta de los estándares internacionales que regulan la objeción de conciencia de manera excepcional y restrictiva ha favorecido que uno de cada dos obstetras que trabaja en hospitales públicos en Chile se haya declarado objetor de ciencia en al menos una de las tres causales. La situación más crítica es la que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación”.

De acuerdo a un informe elaborado por Corporación Humanas, son 70 los hospitales habilitados para la implementación de la ley y, de 67 de ellos – de los cuales se logró obtener información – en 27 la proporción de obstetras objetores y objetoras de conciencia en casos de violación es superior al 66,6%, es decir más de dos tercios del personal contratado. Además, en al menos cinco, todos los obstetras se oponen a interrumpir dichos embarazos. Según datos de la Mesa Acción por el Aborto, se realizan en Chile entre 80 mil y 260 mil abortos por año, de los cuales únicamente un 3% representan procedimientos enmarcados dentro de la ley de las tres causales. Esto implica que la mayor parte se realiza por lo tanto en la clandestinidad, en condiciones insalubres, que ponen en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes.

Foto: AFP

El proyecto de despenalización hasta la semana 14 sin sujeción a causales se encuentra actualmente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde se estuvieron realizando audiencias públicas para recibir a expertos del ámbito de la salud, jurídico y de organizaciones de la sociedad civil. Durante el mes de febrero hay receso legislativo y, luego de las dos primeras sesiones en marzo, la discusión se reanudará. Si bien es un paso importante en el camino hacia el aborto legal, seguro y gratuito, el proyecto de despenalización se centra en eliminar el carácter de delito pero no garantiza el derecho de interrupción voluntaria del embarazo y la atención de salud para todas las mujeres y personas gestantes que lo requieran. Uno de los motivos es que fue presentado por parlamentarias que constitucionalmente no tienen la atribución para proponer proyectos de ley que involucren gasto público.

“Vemos que hay esperanza en una Constitución feminista que tenga clave de genero para la organización del Estado, para establecer paridad en los órganos del mismo en distintas esferas, para la incorporación de tratados internacionales que ya reconocen derechos sexuales y reproductivos y que están en nuestra actual Constitución pero incorporando mecanismos que garanticen su exigibilidad”.

Al respecto, Guerrero Martínez comenta: “Sabemos que el proyecto de ley tiene esas dificultades porque finalmente no traducen la potencia transformadora que se ha sostenido en las calles por parte del movimiento feminista y que debiera traducirse en una discusión legislativa constitucional que vaya mucho más allá de la mera despenalización. Eso hace que estemos planteando, ya con miras al proceso constituyente que se viene, que la discusión avance, se transforme y mute a pensar el aborto como una obligación del Estado a través de la legalización, y esto va de la mano con modificaciones en la legislación en distintas dimensiones como la ESI, la generación de estándares y también el acceso a la seguridad de anticoncepción”. El pasado mes de octubre y a casi un año del estallido social chileno que mostró el descontento frente al sistema económico y político, se decidió, a través de un plebiscito la convocatoria a una Convención Constitucional para discutir una nueva Constitución que reemplace a aquella establecida por la dictadura desde 1980.

Una de las expectativas respecto del proyecto constituyente que se avecina es precisamente la discusión de aquellas formas que preservan el sistema instaurado por Pinochet y que obstaculizan cambios sustanciales en materia de derechos sociales, como las atribuciones del TC o las facultades exacerbadas de la figura del presidente sobre proyectos que implican gasto presupuestario, por ejemplo. Además, Guerrero Martínez afirma: “El movimiento social sabe que una Constitución con perspectiva de género es esencial y que va más allá de un mero artículo para garantizar una igualdad formal, que debe contemplar transversalmente todos los derechos y abrir la discusión acerca de derechos sexuales y reproductivos, que implique poder decidir sobre la sexualidad y sobre la reproducción. Vemos que hay esperanza en una Constitución feminista que tenga clave de genero para la organización del Estado, para establecer paridad en los órganos del mismo en distintas esferas, para la incorporación de tratados internacionales que ya reconocen derechos sexuales y reproductivos y que están en nuestra actual Constitución pero incorporando mecanismos que garanticen su exigibilidad”.

Foto: Télam

La marea verde movió así la tierra para que se abran nuevas posibilidades, aunque también generó la avanzada de los sectores conservadores en otras regiones del continente: recientemente, en Honduras, a fines de enero, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que blinda la prohibición absoluta del aborto existente en el país de forma que no pueda ser modificada y que clausure cualquier debate en torno a la despenalización del aborto. El país tiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial sobre derechos sexuales y reproductivos.

Pero la discusión en el Congreso en Chile, de la mano de un proceso constituyente que avanza también junto a la fuerza de los movimientos feministas deja entrever un halo de esperanza que se abre en la región, en un contexto de avanzada neoliberal. La fuerza de las organizaciones que lucha por la ampliación de derechos de mujeres y diversidades permite abrir fisuras gracias a la unión regional que marca, con hitos históricos, cambios de época.

Publicado por La Primera Piedra