Chile está hoy inmerso en un contexto de crisis global que pone en riesgo los avances alcanzados en las últimas décadas en igualdad, derechos humanos y justicia social. Paralelamente, en el país se profundiza la desconfianza hacia la política, la fragmentación social y el sostenido avance de las fuerzas conservadoras que amenazan la democracia y derechos conquistados.

Frente a ello, nos convocamos organizaciones de mujeres y feministas de todo el país. Mujeres diversas del norte y el sur, del campo y la ciudad; migrantas, indígenas, trabajadoras, cuidadoras, activistas por el medioambiente, jubiladas, jóvenes y mayores, dueñas de casa, buscando fortalecer nuestra unidad, ampliar nuestra presencia en los territorios, reforzando la acción colectiva.

Nos une la decisión de proteger lo avanzado y frenar proyectos regresivos, junto con defender la democracia y disputar el proyecto de país justo y decente que imaginamos. Desde la diversidad de este colectivo, reafirmamos nuestra convicción de que la respuesta frente a este escenario de incertidumbres y amenazas no es el retroceso ni el autoritarismo, sino ir por más derechos, más organización social y más democracia.

Hoy más que nunca, llamamos a defender lo conquistado durante décadas de lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y las mujeres mayores, y a seguir construyendo juntas un futuro digno y democrático para todas las personas, en su más amplia diversidad. Las convocamos a participar en todas las instancias democráticas, en los territorios y también en la calle y en las redes sociales, exigiendo una vida libre de violencias machistas en lo público y en lo privado; derecho a la maternidad segura, libre y sin riesgos, y derecho al aborto sin causales; derecho a la salud integral durante todo el ciclo vital; reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos; garantías en derechos al cuidado; derecho a la seguridad en el trabajo, en la educación y en el barrio; derecho la paridad real y sustantiva; derecho a un medioambiente sustentable.

Tenemos la fuerza y la memoria de las mujeres y organizaciones que nos antecedieron en el camino, quienes pavimentaron lo que hemos conquistado. ¡Ni un paso atrás!

¡Hoy las mujeres feministas decimos: Ni un paso atrás!

Observatorio Género y Equidad, Colectivo Mujeres Malhuén, Coordinadora Feminista 8M, Observatorio de Políticas Públicas, EPES, MEMCH, Corporación Humanas, Ni Una Menos Chile, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Fondo Alquimia,  Organización Migrantas, Agrupación Cultural Violeta Parra, Bordadoras en resistencia, Intransigentes, Tremendas, Iniciativa Mujer, ANAMURI, Observadoras Ley Aborto, Asamblea por la Legalización Aborto, Corporación Miles, la Rebelión del Cuerpo, Fundación Olga Poblete, Feministas en Acción, el Comité de DDHH El Bosque, feministas sueltas, Corporación La Morada, Colectivo Bordadoras Villa Frei, Plataforma Nada Sin Nosotras.

Santiago de Chile, 28 de mayo de 2025.

A 90 años desde la fundación del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile

Para estas elecciones, del total de candidaturas, las mujeres alcanzan apenas al 25% (391 de 1.573) y cuatro de cada diez de ellas postulan como independientes, fuera de algún pacto (157). Lo que habla de la gran deuda pendiente de los partidos políticos con la equidad de género.

Tras los procesos electorales de 2021 (elección de convencionales) y de 2022 (elección de consejeros constitucionales), ambos bajo una legislación que exigió paridad de resultado entre mujeres y hombres, Chile se apronta a elegir autoridades municipales y regionales sin requisitos de paridad en ninguno de sus niveles, dependiendo de los partidos políticos y de las candidaturas independientes la representación femenina en ellas.

Esto aunque partidos de la derecha tradicional, centro derecha, de centro, centroizquierda e izquierda, han declarado su compromiso con el avance y empoderamiento de las mujeres, cuentan con Secretarías, Vicepresidencias o Frentes de la mujer o feministas. E incluso hay partidos que se declaran feministas.

Las elecciones parlamentarias cuentan con una norma de representación equilibrada que ha permitido un incremento de mujeres en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Por otra parte, el financiamiento público de los partidos políticos exige destinar un 10% de recursos para promover la participación de mujeres en el quehacer político.

Por ello es relevante analizar la presencia de candidatas en estas elecciones de gobierno municipal para saber en qué medida los partidos expresan su compromiso con la mitad del universo ciudadano que son las mujeres, aun cuando no exista una ley que los obligue a representarlas proporcionalmente.

La evaluación de las candidaturas alcaldicias aceptadas por el Servicio Electoral revela que los partidos, en sus pactos electorales, están lejos de cumplir con una representación equilibrada entre mujeres y hombres.

Del total de candidaturas, las mujeres alcanzan apenas al 25% (391 de 1.573) y cuatro de cada diez de ellas postulan como independientes, fuera de algún pacto (157). La elevada proporción de candidaturas independientes nos habla de la crisis de los partidos políticos en su capacidad de representar a los distintos sectores ciudadanos. En el caso de las mujeres, pareciera que no encuentran en ellos un espacio de expresión o canalización de sus demandas.

De las 345 comunas que elegirán nueva autoridad, hay 115 que sólo llevan candidatos varones. Tres llevan sólo candidatas mujeres, por supuesto, comunas pequeñas: Curaco de Vélez, Camiña y María Pinto. Sobresale la región de Ñuble, en que 15 de las 21 comunas sólo llevan hombres: de un total de 94 candidaturas, sólo 9 son mujeres, es decir, ni siquiera el diez por ciento.

A nivel nacional, el pacto Chile Contigo Mejor (Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista y la Democracia Cristiana) presenta el mayor número de candidatas dentro de un pacto, con 80 postulantes, pero sólo representan el 26,1% del total de sus candidaturas (307).

Le sigue el pacto Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli), con 59 mujeres entre 278, que representan el 21,2% de sus propuestas.

Le sigue el pacto Partido Social Cristiano e independientes con 34 candidatas entre 87, con una participación que alcanza a casi el 40%.

Los pactos Centro Democrático, Partido de la Gente, Republicanos, Izquierda Ecologista Popular, con independientes en sus listas, llevan entre 10 y 18 mujeres candidatas. Los pactos Animalistas Ecologistas e Izquierda de Trabajadores llevan menos de 10 candidatas.

Sin duda, hay fuertes diferencias regionales. Las regiones con mayor porcentaje de candidatas mujeres son Antofagasta, con 36,6%, la Metropolitana con 32,9% y Valparaíso con 32,4%. La región con menos candidatas mujeres es Arica y Parinacota, con sólo un 8,7%.

Estas cifras confrontan las declaraciones de los partidos en cuanto a su compromiso con la igualdad de mujeres y hombres en la representación política y confirma la necesidad de legislar para garantizar que la mitad de la población, las mujeres, estén representadas proporcionalmente en los gobiernos municipales, a nivel de alcaldías y también de concejos municipales. De este modo se asegura más y mejor democracia.

Por Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.

Columna publicada en El Desconcierto el 26 de septiembre de 2024.- 

En materia de prevención de la violencia contra niñas y mujeres, recientemente se promulgó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género tanto en el ámbito público como privado. También fuimos el país anfitrión para la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

Sin embargo, cuando creíamos que habíamos llegado a ciertos acuerdos sociales y jurídicos para la condena absoluta y transversal a la violencia más grave que sufren niñas, adolescentes y mujeres, especialmente ante vulneraciones a su indemnidad sexual, la realidad política nos demuestra lo contrario: el derecho humano a una vida libre de violencia aún no se encuentra asentado en nuestra clase política.

Pareciera que estos principios éticos y de derechos humanos no son de sentido común en todos los liderazgos, aun cuando nuestra Constitución -a través de los tratados internacionales-, y muchas leyes consagran sanción y protección ante la violencia contra niñas y mujeres. Del mismo modo, existen deberes para todos los agentes del Estado -incluidos parlamentarios y parlamentarias- para prevenir, investigar y sancionar esta violencia.

Con indignación hemos visto nuevamente que solo la movilización social y, especialmente feminista, logra presionar al saliente presidente de la UDI y senador Javier Macaya, para desdecirse de defender a su padre Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual infantil reiterado. Continuamente la sociedad civil debe estar alerta para que líderes políticos y tomadores de decisiones que representan a la ciudadanía, no minimicen la violencia sexual o de género que sufren niñas y mujeres.

La relación entre la política y la condena a la violencia sexual o de género siempre ha sido incómoda, pero llama la atención que, si bien existe un importante avance legislativo, no existan consensos ideológicos transversales en la política sobre esta problemática.

Cabe preguntarnos si la clase política está capacitada éticamente para defender los derechos mínimos de niñas y mujeres o si existe un compromiso real de los partidos políticos con la prevención de la violencia.

Los actores políticos deben fomentar un compromiso con los derechos humanos y el respeto a la justicia como base de una sociedad democrática. Por ello, las autoridades, independiente de sus posiciones políticas o ideológicas, deben ser las primeras en condenar estas violencias. Ser representante político no solo consiste en una conducta intachable y un desempeño honesto, sino también poner por encima siempre el interés común de la ciudadanía, y que esto se demuestre en los hechos, no sólo en declaraciones.

A días de que se cierren las inscripciones a candidaturas municipales y regionales, los partidos políticos deben dar una señal clara contra la violencia sexual y de género. No se puede esperar, nuevamente, a que las organizaciones feministas levanten las alertas cuando un candidato ha sido denunciado por violencia, o si existen conflictos de intereses que permitan suponer que no trabajará en prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Si nuestras autoridades políticas continúan solo siendo reactivas ante escándalos mediáticos, no avanzaremos en una cultura de prevención de la violencia de género y protección integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en Página 19 (25 de julio de 2024)

En el marco del 8 de marzo, la campaña busca visibilizar que en Chile los hombres siguen pudiendo decidir sobre los bienes de las mujeres.

 Marzo 2024.- Esta semana, Corporación Humanas lanzó la campaña “Necesito un hombre”,  que busca ampliar la discusión respecto al régimen de matrimonio en sociedad conyugal, regulado en el Código Civil desde 1855 y permite que el marido administre el patrimonio social y los bienes propios de la mujer.

Esto no solo afecta a las mujeres casadas bajo ese régimen. Quienes están con separación de bienes, solteras o viudas deben acreditar con documentos notariales su estado civil para administrar sus propiedades o incluso las herencias familiares, mientras que los hombres no deben hacerlo. Incluso las mujeres casadas con otra mujer deben acreditar esto con un documento legal para gestionar sus bienes.

A la campaña se han sumado la actriz Mariana Loyola y la comediante Paloma Salas, quienes acompañan a Sonia Arce, la mujer que ha permitido que este tema se discuta. Sonia Arce perdió a ambos padres en 1994 y al intentar vender las propiedades en herencia no pudo porque necesitaba ser autorizada por su esposo, con quien no tenía contacto hace años.

Por ello finalmente acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado chileno y su discriminación, representada por Corporación La Morada y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y posteriormente por Corporación Humanas. El 2007 el Estado de Chile se comprometió a reformar la ley para terminar con esta discriminación. Sin embargo, hasta el día de hoy el Congreso Nacional todavía sigue discutiendo su modificación y eso es lo que esta campaña busca visibilizar.

La directora de Corporación Humanas destacó la urgencia de reformar la legislación vigente ya que “discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica”.

Esta campaña fue realizada con el apoyo de la agencia TBWA Chile y se puede revisar en el sitio web y en Instagram, además de las redes sociales de Corporación Humanas.

Con base en la mayoría electoral obtenida en la votación de consejeros y consejeras en mayo pasado, el Partido Republicano ha impuesto su ideario político, contando con amplio respaldo de los partidos de Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli). Pero el hecho de contar con amplia mayoría circunstancial no reviste a su propuesta de la legitimidad que requiere una Constitución para regir a un país completo.

Uno de los aspectos más críticos que presenta la propuesta es la falta de garantías a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, diversidades sexuales, migrantes, pueblos indígenas, y al conjunto de derechos sociales (como salud, trabajo y educación) y ambientales, entre otros. Con preocupación se observa que, en lugar de avanzar en la protección de las personas, se imponen restricciones y retrocesos importantes. La Constitución que proponen los Republicanos y Chile Vamos se desentiende de las necesidades de la ciudadanía y no permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes habitan Chile.

La propuesta constitucional restringe los derechos laborales de mujeres y hombres, y no ofrece reales garantías al derecho a la salud ni a la seguridad social, pues para ello no basta enunciar la libertad de elección. Por lo demás, la anunciada protección a la propiedad de los fondos de pensiones obstaculizará el pago de las deudas de pensiones alimenticias que afecta a miles de niños y niñas en el país.

Para las mujeres, el texto resulta particularmente negativo. De acuerdo a la ideología republicana, y de los partidos políticos que la apoyan, las mujeres deben permanecer relegadas en el espacio privado y seguir desempeñando solas las tareas domésticas y de cuidado, sin reconocimiento ni retribución. Para este sector político, las mujeres no deben contar con garantías para participar en la vida social y política ni acceder a cargos públicos, pese a la evidencia internacional sobre la importancia de medidas afirmativas para asegurar la participación de mujeres en espacios de decisión. Tampoco les preocupa la vivencia cotidiana de violencia de género a que están expuestas las mujeres y las niñas, pues rechazaron incluir normas orientadas a su prevención y sanción.

Durante la discusión constitucional también se ha transparentado que los representantes del Partido Republicano, y parte de los partidos políticos que los apoyan, buscan derogar o restringir la ley sobre aborto en tres causales. De ahí su iniciativa para consagrar la protección de «quien está por nacer». Además, el reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia -que sólo debiera tener rango legal en carácter estrictamente excepcional- permitirá que profesionales o clínicas puedan rechazar determinadas atenciones de salud sexual y reproductiva e incluso negar el acceso a información y a métodos anticonceptivos ampliamente requeridos por mujeres y adolescentes. Además, bajo la propuesta de nueva Constitución, se multiplicarán los obstáculos para que niñas, niños y adolescentes puedan recibir educación sexual integral, fundamental para protegerse de la violencia sexual.

Dado lo avanzado del proceso, gran parte de la propuesta constitucional está lista y sólo las últimas observaciones están siendo revisadas por la Comisión Mixta, previo a su votación en el Consejo. Se trata de un texto que responde sólo a las ideas de un determinado sector, además de implicar retrocesos en materia de derechos humanos. Lamentablemente no contamos con una propuesta de Constitución que incluya y proteja a todas y todos.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Columna publicada el 19 de octubre en Cooperativa 

Aunque sólo han pasado tres meses desde la elección de quienes integran el Consejo Constitucional, el recuerdo de la franja electoral parece muy difuso. Atrás han quedado las promesas de solucionar los problemas de seguridad que hizo en ese momento el Partido Republicano y que contribuyeron a que sean mayoría en el Consejo, y con ello, a una alta visibilidad y conocimiento público de este partido.

Hoy estas promesas parecen haber sido un caballo de Troya utilizado para ingresar a los espacios institucionales y emprender así una arremetida en contra de derechos legalmente reconocidos, develando una agenda cuyas prioridades ponen en peligro la autonomía y la vida de las mujeres. Ya lo hicieron con las enmiendas presentadas por el partido en el proceso constitucional y recientemente  su presidente dobló la apuesta para el ámbito legislativo: “Cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales que creemos atenta a la vida”.

Esta propuesta contrasta con la opinión que la mayoría de las personas manifiesta en relación al tema. En la encuesta publicada recientemente por el Centro de Estudios Públicos, apenas un 19% de las personas se manifiesta en contra del aborto en cualquier caso, un 49% señala que debe estar permitido sólo en situaciones  especiales y se triplicó el porcentaje de quienes indican que debe ser una opción para las mujeres en cualquier circunstancia , alcanzando un 30%. Es decir, sumando las dos últimas alternativas, casi un 80% de quienes viven en Chile consideran que las mujeres tienen el derecho de decidir respecto de sus cuerpos y sus embarazos.

La postura del Partido Republicano respecto de la ley de interrupción del embarazo en tres causales debe poner en alerta no sólo a los movimientos feministas y de mujeres, sino a una sociedad completa que se pronuncia de manera consistente en favor de estos avances. Si no queremos enfrentarnos a retrocesos tan dramáticos como lo vivido en Estados Unidos con la derogación, a 50 años de su dictación, del fallo de la Corte Suprema que permitía a las mujeres abortar de manera legal, es momento de tomarnos en serio la irrupción de sectores ultraconservadores que buscan activamente despojarnos de los derechos que nos han sido reconocidos y asumir que esto es una posibilidad cierta si no tomamos la responsabilidad de impedirlo.

En escenarios como el actual, en que el tema de la seguridad acapara la conversación, no es de extrañar que se dejen de lado cuestiones que, siendo también prioritarias, parecen menos apremiantes precisamente por encontrarse garantizadas en la ley. Sin embargo, antes de que sea demasiado tarde y se instale en el Congreso una mayoría conservadora que impulse retrocesos significativos para los derechos de las mujeres y que son además valorados por la población, es necesario tomar conciencia de una realidad alarmante: el objetivo de derogar la ley de aborto en tres causales se traduce, en palabras sencillas, en la intención de perseguir, criminalizar y encarcelar a las niñas y mujeres que decidan interrumpir  su embarazo si han sido violadas, cuando su vida corra peligro o cuando la vida del feto sea inviable. La promesa, finalmente, es condenar a esas mujeres a abortar de manera clandestina e insegura.

Por Luz Reidel Wagner, abogada de Corporación Humanas en diario electrónico de Radio Universidad de Chile 

Santiago 01 de agosto, 2023

La actual Constitución asegura el derecho a la vida y mandata a la ley a proteger la vida del que está por nacer. Si bien esta disposición se invocó como un obstáculo para introducir modificaciones que permitieran la interrupción voluntaria del embarazo, en el año 2017 el Tribunal Constitucional despejó toda duda al señalar que la protección del no nacido no debe redundar en una desprotección ni sobreprotección a la persona de la mujer gestante, en tanto que el feto o embrión no tiene el mismo estatus y, por tanto, no le asisten los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas. Gracias a ello entró en vigencia la ley que, si bien no soluciona del todo la vulneración de derechos que significa para las mujeres la criminalización del aborto, ha permitido desde su entrada en vigencia que miles hayan accedido a este procedimiento de manera segura.

Hoy, la protección del no nacido, la forma que ésta adopte, su estatus legal y las consecuencias para la vida y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres se han convertido en un terreno de disputa en el proceso constitucional. El anteproyecto aprobado por la Comisión Experta, con representación de todos los sectores políticos, propone asegurar a todas las personas el derecho a la vida, sin otra mención adicional. Mientras que las bancadas de oposición del Consejo Constitucional proponen enmiendas que apuntan a explicitar la protección del que está por nacer, un matiz que es relevante para la autonomía reproductiva de las mujeres y para la subsistencia de la ley 21.030.

La propuesta, además de regresiva, contradice lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y también lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano autorizado para la interpretación de los tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile, que al interpretar el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos (frecuentemente aludida para justificar normas como la que se pretende introducir al texto constitucional) es categórica al señalar que la protección de la vida prenatal es gradual e incremental –y no absoluta– de la vida prenatal y que el embrión no puede ser entendido como persona (caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica).

Ya conocemos retrocesos en materia de derechos de las mujeres en nuestra historia. Mientras que un presidente democristiano, Eduardo Frei Montalva, fue quien impulsó la distribución de anticonceptivos y la modificación del Código Sanitario para facilitar el acceso al aborto terapéutico que existía desde 1931 en nuestro país, la dictadura introdujo medidas restrictivas a distintos niveles para retroceder en derechos de las mujeres: primero a nivel constitucional con el mandato de protección legal del que está por nacer, y luego con la modificación al Código Sanitario que prohibió completamente la interrupción del embarazo.

En cualquier democracia que se precie de serlo, escribir una nueva Constitución debe ser una oportunidad para reconocer y garantizar derechos a todas y todos. Que el nuevo texto constitucional obstaculice o intente retroceder en logros legales tan importantes como la ley de interrupción voluntaria del embarazo es algo inadmisible para una sociedad democrática como la nuestra, pues pone en peligro no sólo la autonomía de las mujeres, sino también derechos tan básicos como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psicológica.

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