Es un buen momento para recordar que el acceso a una atención médica oportuna, digna y sin discriminación es un derecho, no un privilegio. Por eso, desde la Articulación de Organizaciones por los Derechos Sexuales y Reproductivos, apoyamos el reglamento que regula la objeción de conciencia en el sistema de salud.

Algunas instituciones eclesiásticas se han manifestado en contra de esta normativa. Sin embargo, el reglamento no restringe libertades: quienes son objetores podrán seguir ejerciendo esta facultad; pero ahora, ello no constituirá un impedimento para que las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar, accedan a la atención que la ley les asegura.

Hoy existen varios hospitales donde todos los obstetras se declaran objetores en casos de violación. Esta realidad representa una grave barrera para acceder a una atención oportuna y digna, afectando particularmente a quienes viven en territorios aislados y deben viajar cientos de kilómetros encontrándose en una situación de extrema vulnerabilidad.

Regular la objeción de conciencia no es limitar libertades, sino ordenar su ejercicio para que no afecte derechos. Lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino la posibilidad real de que mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, accedan a una atención en salud que el Estado debe garantizar.

Luz Reidel Wagner, Corporación Miles

Articulación de Organizaciones por los Derechos Sexuales y Reproductivos

Carta publicada en La Tercera, viernes 11 de abril de 2025.-. 

Santiago, 07 de abril de 2025.- Las organizaciones Corporación Humanas, Amnistía Internacional y Corporación Miles acudieron a la Contraloría General de la República para respaldar los cambios propuestos al Reglamento de Objeción de Conciencia. A través de la presentación de un escrito, las organizaciones solicitaron que el nuevo reglamento asegure la disponibilidad efectiva de la prestación de aborto en tres causales en todos los servicios de salud del país.

“Estamos aquí para validar la rectificación al reglamento, con el objetivo de asegurar el derecho al aborto en tres causales para mujeres, adolescentes y niñas en todo Chile. La objeción de conciencia no puede seguir siendo un obstáculo para ejercer esta prestación de salud”, señaló Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas.

Desde Amnistía Internacional, la coordinadora de investigación Viviana Cáceres subrayó: “La autonomía reproductiva y la libertad corporal son esenciales. Abogamos por un acceso universal al aborto, y por eso solicitamos a Contraloría que tome razón del reglamento presentado por nuestras organizaciones”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Corporación Miles, Javiera Canales, explicó que esta presentación de un “téngase presente” busca dar continuidad a un escrito ingresado previamente en 2024 por las tres organizaciones: “Nuestro objetivo es que el nuevo reglamento entre en vigencia lo antes posible, para garantizar derechos sexuales y reproductivos, y asegurar la entrega oportuna de una prestación de salud fundamental para mujeres y niñas en Chile”.

 

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¿Qué establece el nuevo reglamento?

La normativa en revisión busca fortalecer la implementación de la Ley N° 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Entre las modificaciones propuestas, destaca la creación de un nuevo formulario para que quienes se declaren objetores de conciencia lo hagan de manera formal. Esto permitirá una mejor planificación de turnos y equipos médicos, privilegiando la atención por parte de personal no objetor.

Asimismo, el reglamento establece que todos los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal idóneo, suficiente y disponible para garantizar esta prestación. En ese sentido, se propone considerar como un factor positivo en los procesos de contratación el no ser objetor de conciencia, como medida para asegurar la continuidad y calidad del servicio.

El texto también incorpora avances en el derecho a la información de las pacientes: deberán ser informadas si el profesional que las atiende es objetor, y esta información deberá estar visible en espacios públicos del centro de salud, junto a los derechos establecidos por ley.

Entre 2018 y junio de 2024 se registran 5.370 embarazos que califican en alguna de las tres causales previstas en la ley, con 46,3% por causal inviabilidad, 30,1% por riesgo vital y 23,6% de embarazos producto de violación. El 87,8% de los casos corresponde a atenciones en el sistema público y 12,2% al sistema privado.

Cabe resaltar que, del total de casos, 7,8% corresponde a niñas menores de 14 años y adolescentes de 14 a 17 años (184 niñas y 234 adolescentes). Y que en la causal violación, de 1.267 casos, 354 son niñas y adolescentes, es decir el 27,9%.

En el periodo se han observado obstáculos al adecuado cumplimiento de la ley, como la ausencia de campañas públicas sobre los derechos que protege, lo que dificulta a mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales contar con la información para exigir la atención que requieren. También se identifica debilidad en las capacitaciones a los equipos de salud, necesarias para que conozcan los derechos de las mujeres y niñas, y puedan acompañarlas en este proceso. Asimismo, la amplitud de la objeción de conciencia que se permite a parte de los equipos de salud -e incluso a instituciones privadas, bajo la figura denominada «objeción de conciencia institucional»- no garantiza debidamente la atención de mujeres y niñas en los establecimientos a que acuden.

Por ello, en mayo de este año el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, orientado a asegurar la atención de las pacientes, disponiendo que los establecimientos de salud, públicos y privados, «adoptarán todas las medidas necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo».

En la propuesta de modificación del reglamento sobre objeción de conciencia se consideran medidas para asegurar el acceso a la información sobre la ley IVE y a las atenciones de salud correspondientes, estableciendo disponibilidad de equipos no objetores, la reasignación y derivación, entre otras medidas.

Habiendo transcurrido 4 meses desde que el nuevo reglamento fuera ingresado a la Contraloría General de la República, esperamos conocer su pronunciamiento, confirmando que se ajusta a la ley y a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos de mujeres y niñas, como asimismo a los derechos de profesionales de la salud.

A 7 años de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, contar con un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia que asegure a todas las mujeres y niñas la atención que requieren, es una medida necesaria para resguardar y fortalecer los derechos consagrados en ella.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas.

Publicada en Radio Cooperativa el 27 de septiembre, 2024.-

La jornada de este viernes, las organizaciones Fundación Por el Derecho de Decidir y Corporación Humanas, acompañados por la senadora Claudia Pascual (PC) y la diputada Claudia Mix (FA), llegaron hasta Teatinos 56 en Santiago para entregar a Contraloría dos “téngase presente”, escritos que buscan complementar los argumentos a favor de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, destacando que esto respeta la legislación vigente.

El nuevo reglamento causó opiniones divididas por parte de exautoridades y parlamentarios, desde donde algunos los catalogaron como “inconstitucional” o “medida correcta”. El pasado 1 de julio la Conferencia Episcopal acudió a Contraloría para que este reglamento se declare inconstitucional.

Al respecto, según explicó Danitza Pérez, representante de Fundación Por el Derecho de Decidir, “todas las investigaciones después de siete años de implementación de esta norma han dado cuenta de barreras importantes de acceso para el ejercicio de este derecho, y que tienen principalmente dos foco: por una parte, la información que precisamente obtienen las mujeres a través de los servicios de salud en Internet y en otras plataformas, y también la disponibilidad de servicios”.

En esta línea, explicó, esta modificación presentada por el Minsal “viene precisamente a realizar cambios importantes en relación a cuestiones muy prácticas para las mujeres, que es poder contar con información suficiente, objetiva, concreta, y que permita acceder al servicio de salud, en este caso a la prestación en particular de interrupción voluntaria del embarazo, y otras cuestiones que tienen que ver precisamente con saber, por ejemplo, si el médico o la médica con la que yo estoy trabajando es objetora o no, y poder tomar decisiones al respecto. Ese es el objetivo”.

Asimismo, Elisa Walker, abogada de Sarmiento Walker y García, expresó que el reglamento lo que busca finalmente es “promover” que el Estado entregue servicios adecuados, eficientes, coordinados en torno al cumplimiento de la ley IVE.

“La ley es muy clara sobre esta materia: la objeción de conciencia se permite, pero eso no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo. Eso lo dice con claridad la ley 21.030 (…) también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que regula el derecho de los pacientes de recibir un trato digno por parte de los médicos y también de los establecimientos de salud. Y también de esta forma se cumple con la establecido en el decreto que regula las facultades del Ministerio de Salud (…) venimos a apoyar esta iniciativa para que el proceso de toma de razón, la Contraloría reafirme su legalidad”, expresó.

Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, destacó que de acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, “45,8% de los obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia para no atender a las mujeres y niñas embarazadas producto de violación. En uno de cada cuatro hospitales en Chile, más de dos tercios de los obstetras se declaran objetores de conciencia”.

Esto incluye, indicó, cuatro hospitales regionales y cinco hospitales en que todos los obstetras son objetores de conciencia.

“Esto evidentemente genera limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar: se busca garantizar el acceso a la información que requieren las niñas y mujeres que puedan verse afectadas por alguna de las tres causales, se definen medidas para asegurar los turnos adecuados y especialmente para que todos los establecimientos públicos cuenten con un equipo no objetor que permita garantizar a todas las mujeres y niñas que tengan una atención de calidad digna y que no sean discriminadas por el lugar donde viven”, concluyó.

Corporación Humanas, Fundación por el Derecho a Decidir, a través de las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker presentan escritos ante la Contraloría General de la República con el fin de aportar argumentos que dan cuenta de que la modificación al reglamento de objeción de conciencia presentada por el Ministerio de Salud, en el marco de la implementación de la ley sobre las tres causales, respeta la legislación vigente.

Para Corporación Humanas, presentar este escrito apunta a la necesidad de que se definan las medidas de información, adecuación de turnos y garantías para que en todos los establecimientos públicos existan profesionales no objetores que puedan atender a las mujeres y niñas sin que se vean forzadas a trasladarse a otros recintos o queden sin la atención necesaria.

“A seis años de la dictación de la ley sobre interrupción del embarazo en tres causales, se han identificado barreras en el acceso a la información que requieren las mujeres y niñas que pueden verse afectadas por alguna de las causales y una proporción elevada de obstetras objetores de conciencia en hospitales públicos, especialmente frente a embarazos producto de violación. Por ello, resulta necesario modificar el reglamento para subsanar estas falencias de información y definir medidas que permitan asegurar la atención a mujeres y niñas en todos los establecimientos, garantizando equipos no objetores”, sostiene Camila Maturana, directora de Corporación Humanas.

Por su parte, Danitza Pérez, directora de la Fundación Por el Derecho a Decidir, junto a Claudia Sarmiento y Elisa Walker, socias de Sarmiento Walker y García Abogados, el escrito presentado entrega argumentos respecto de la legalidad y constitucionalidad de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, para su toma de razón.

El escrito presentado por Fundación Por el Derecho de Decidir señala, en primer lugar, que todos los servicios públicos deben trabajar de la mejor forma para otorgar prestaciones a la ciudadanía según lo que señala   Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. “Con la presentación de estas modificaciones al Reglamento de objeción de conciencia, el Ministerio de Salud hace adecuaciones luego de siete años de implementación de la ley de las tres causales, para asegurar que esta prestación de salud se entregue de la mejor forma posible, haciéndolo de forma eficiente, eficaz y coordinada”, afirma Danitza Pérez.

Hoy acompañamos a fundación derecho a decidir, @corphumanas, a las abogadas @ElisaWalkerE y @claudiapazsr, organizaciones feministas y sindicales, a académicas como @LidiaCas, a presentar un Téngase Presente en CGR por el reglamento aplicación de ley 21.030 #Aborto3Causales. pic.twitter.com/v3g9F51BmY

— Claudia Pascual Grau (@Claupascualgrau) July 19, 2024

Otro punto relevante es que el Reglamento cumple con el deber legal de informar a las mujeres sobre sus derechos, al establecer que tanto los establecimientos de salud como los médicos tienen la obligación de informarles que son objetores de conciencia. “Es crucial que las mujeres tengan claridad acerca de las acciones adoptadas en torno a su salud, lo que incluye saber si el médico tratante puede atenderlas en caso de estar en alguna de las tres causales”, apunta la abogada Elisa Walker.

Barreras de acceso

De acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, el 45,8% de obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia frente a la causal de violación.  En 5 hospitales la totalidad de los obstetras se declaró como objetor en casos de embarazos producto de violación: hospital de Santa Cruz en la Región de O’Higgins, hospitales de Cauquenes y de Constitución en la Región del Maule, hospital de Victoria en la Región de La Araucanía y hospital de Puerto Aysén en la Región de Aysén.

El informe además da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%). Ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia, y 6 recintos que no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.

Para Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, estos datos generan limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar.

REVISA EL ESCRITO PRESENTADO POR CORPORACIÓN HUMANAS

]]> https://www.humanas.cl/mi-mayor-miedo-era-que-no-funcionara-el-camino-para-abortar-cuando-no-se-puede-acceder-a-las-tres-causales-en-chile/ Fri, 12 Jul 2024 13:00:35 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23236

El aborto clandestino en Chile bordea entre 30.000 y 150.000 casos cada año. Cuando las mujeres no pueden interrumpir un embarazo no deseado y quedan fuera de las tres causales establecidas por la Ley IVE, buscan opciones fuera de la institucionalidad, aunque eso implique enfrentar una serie de riesgos.

*El siguiente relato es una experiencia real. CNN Chile modificó los nombres y algunas direcciones para proteger a las personas involucradas.

—Javiera: ¿Cómo va la misión?
—Fernanda: Voy bien. Hasta el momento es soportable, como una menstruación fuerte, pero no dan ganas de llorar.
—Javiera: ¿Estás usando toallas higiénicas?
—Fernanda: Sí.
—Javiera: Te escribiré en un rato más para saber cómo vas.
—Fernanda: Bueno, ahora solo boto sangre. Entonces, no sé, ya boté todo. He estado caminando alrededor de la casa.
—Javiera: ¿Has tomado agua y comido?
—Fernanda: Sí. No hay pinta de hemorragia, solo me tiene pensando el tema si debía botar más tejido.
—Javiera: ¿La chica que te está asesorando te dijo algo?
—Fernanda: Le mandé una foto e hizo una verificación. Me dijo que probablemente debía botar más de lo mismo.
—Javiera: ¿Cómo sigue la misión?
—Fernanda: Estoy esperando a que me respondan. Es que según yo, ya boté todo. Estoy ansiosa porque no sé las dimensiones de lo que tenía que botar.
—Javiera: ¿Cómo te sientes?
—Fernanda: Hablé con la chica. Me tengo que hacer una ecografía para verificar si solté todo y evitar una infección. Según yo, ya boté todo. No me sale nada, solo orina con sangre.
—Javiera: Hay que estar atentas a lo que pueda pasar en la noche. Lo has hecho muy bien, eres muy valiente.
—Fernanda: Solo quiero que esto termine luego.

Ocho meses atrás, en pleno verano, el 2 de diciembre de 2023, Fernanda se levantó temprano. Hace unos días tomó mifepristona y hoy debe ingerir misoprostol de manera sublingual para culminar con la interrupción de un embarazo no deseado.

A las 9:00 de la mañana ingiere las pastillas y una hora después comenzó con el sangrado. “Ese día la pasé sola. Siempre recomiendo estar acompañada, pero traté de estar tranquila, tomando té, comiendo cosas calentitas, viendo series que me gustaban y, de vez en cuando, haciendo ejercicio”, recuerda.

Entre el miedo, mantener la calma y estar vigilante para que nada se complicara, cuando las pastillas hicieron su efecto, relata que sintió dolor, pero no era tan intenso. “Existe un miedo generalizado porque cada cuerpo tiene una respuesta diferente. Agradezco que en mi caso no haya sido doloroso ni traumático”, expuso.

En ese entonces, la palabra aborto estaba obsoleta en el debate público y político; la agenda estaba eclipsada por temáticas de seguridad. Sin embargo, en la reciente Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció en el ex Congreso Nacional que presentará un proyecto de aborto legal durante el segundo semestre de este año.

Como bien dice la frase, “no dar puntada sin hilo”, el hecho provocó una reacción inmediata: nueve diputados se levantaron de sus asientos y se retiraron del salón de honor. Entre ellos estaban Miguel Mellado y Eduardo Durán de Renovación Nacional (RN), Henry Leal y Gustavo Benavente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano (PSC), y Agustín Romero del Partido Republicano.

De hecho, en la sociedad el tema del aborto no es algo que genere consenso y así lo han reflejado diversos estudios de opinión. La última encuesta Cadem, publicada el pasado 9 de junio, dio cuenta que “sobre el aborto, 55% está de acuerdo con que una mujer tengo el derecho de hacerse un aborto bajo algunas circunstancias, 28% bajo cualquier circunstancia y 16% bajo ninguna circunstancia”.

Más allá de las voces a favor y en contra, y de los dimes y diretes, ¿cómo es en Chile enfrentar un aborto sin causales?

El camino para abortar sin causales: Prevenir ser estafada por revendedores

Fernanda confirmó su embarazo el 16 de noviembre de 2023, luego de realizarse un test. Sobre la decisión de abortar, lo conversó con su amiga Javiera y su hermana.

Recurrieron a una organización, pero no fue fácil porque en Instagram el tiempo de atención era demasiado largo y el reloj corría rápido. Por tanto, decidió contactarse por correo. “Dos días después me respondieron y me dieron las indicaciones para ir a un lugar seguro”, señala.

La organización a la que acudió, y la cual CNN Chile protegue su identidad, es una de las tantas que hoy existen y funcionan en el anonimato y la ilegalidad para ayudar a mujeres a abortar.

También, en paralelo, buscaron una segunda opinión, siendo intermediaria Javiera, quien se contactó con una conocida que trabajaba en el área de la salud con el fin de brindar tranquilidad y seguridad a Fernanda, explicándole cómo era el procedimiento y qué había que hacer en una situación de emergencia.

El día antes del encuentro con la trabajadora, Fernanda le envío un mensaje a Javiera: “Tengo miedo, amiga, pero de lo único que estoy mentalizándome para lo que se viene. Yo sé que no es fácil, pero lo que he pensado ayer y hoy es que quiero ser libre, y que lamentablemente en este momento la maternidad no tiene nada que ver conmigo”.

Finalmente, la reunión se concretó, resolvieron las dudas y comenzó el camino de interrumpir un embarazo no deseado.

La joven detalla que no es simplemente llegar y que te pasen las pastillas; primero hay que mostrar una ecografía para confirmar el embarazo y que este no sea inferior a seis semanas. Esos días fueron agitados, ya que desde Colina debió ir hasta un centro médico en el centro de Santiago.

Después de enviar esa información, le enviaron un WhatsApp de una chica que la acompañaría en el proceso de interrumpir su embarazo. “Era de México y en caso de cualquier duda me iba a asistir”, detalla.

“Esta misma chica luego me dio otro contacto y debí asistir a una charla sobre el aborto. Después de esa reunión, nos decían cómo obtener las pastillas y teníamos que pagar 80 lucas, depositarlas en una cuenta y, después de eso, me juntaba con una persona para que me las entregara”, complementa.

Otra arista importante que menciona es que la aconsejaron que no comprara a revendedores, ya que estos se “aprovechaban e inflaban mucho los precios”, y que ellas con ese dinero que pagaban a la organización ayudaban a mujeres que no tenían los recursos a pagarse las pastillas.

Riesgos y dificultades

Sobre esta problemática, Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa, explica en CNN Chile que la interrupción del embarazo esté penalizada en nuestro país, “no impide que las mujeres sigan necesitando interrumpir los embarazos no deseados o no planificados de manera doméstica, lo que evidentemente pone en riesgo su salud sexual y salud reproductiva y por qué no decirlo sus vidas”.

En cuanto al negocio en esta materia, la directora ejecutiva de Aprofa, afirma:”Efectivamente, existe un mercado negro que más que buscar el bienestar o apoyar a las mujeres y personas gestantes que están en esta situación, aprovechan la angustia y la necesidad para hacer negocio, especular y lucrar con esta situación, muchas veces a través de estafas, falsificación y adulteración de pastillas”.

Si bien no existen cifras oficiales, la abogada Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló al diario El País que el aborto clandestino en Chile bordea entre 30. 000 y 150.000 casos cada año, sin apoyo médico y con medicamentos del mercado negro.

En esa misma línea, Solis, explicó que dado a la estigmatización y también a la ilegalidad, no se cuenta con un estudio certero que cuantifique cuantas interrupciones de embarazo se realizan en Chile; por lo que existen cifras estimadas que se han consignado en los monitoreos de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) realizados por organizaciones de la sociedad civil que indican que a nivel nacional se producirían entre 60.000 a 300.000 abortos al margen del sistema de salud al año, lo que es muy superior a las cifras informadas en relación con la utilización de la Ley IVE.

Por su parte, Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, subrayó: “La criminalización del aborto, fuera de las tres causales, implica para quienes la enfrentan el temor a ser denunciadas por quienes conocen la situación en que se encuentran y barreras para solicitar atención de salud en caso de sufrir alguna complicación. Sabemos que en Chile son pocas las mujeres que llegan a cumplir una condena penal por abortar fuera de la ley, pero sabemos también de la ruta de la criminalización, como la posibilidad ser denunciadas si requieren atención de salud de emergencia, tener que prestar declaraciones aun estando hospitalizadas, ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes o derechamente tortura por parte de agentes policiles, buscar representación jurídica para su defensa, tener que participar de diversas audiencias, rendir pruebas y un largo listado de etcéteras”.

En ese sentido, Maturana analiza que es importante el anuncio presidencial sobre un proyecto legal, ya que permite un debate democrático, amplio y plural sobre los derechos sexuales y reproductivos, en particular sobre derecho a decidir de las mujeres y las niñas, y también sobre las condiciones que se requieren para las maternidades voluntarias o libremente elegidas.

“Mi mayor miedo era que no funcionara”

El 16 de diciembre de 2023, Fernanda se realizó una ecografía después de su procedimiento. Se contactó con Javiera a través de un mensaje en Instagram:

“Amiga, te escribo para decirte que en esta última ecografía pude confirmar que todo fue expulsado, no tengo nada, ningún indicio de haber hecho algo. Estoy demasiado feliz y lloré de alegría con la matrona cuando supe. Me abrazó y me fui en paz a juntarme con mi hermana. Te quería dar las gracias por acompañarme en este proceso tan complicado. Siento que pasaron tantas cosas en un solo mes, que todavía no lo creo, es más, aún no puedo creer que todo haya funcionado. Gracias por preocuparte por mí y estar siempre pendiente de todo”, escribió.

Fernanda decidió poner fin a su embarazo cuando tenía ocho semanas. Al reflexionar sobre lo que tuvo que pasar hace meses atrás, plantea que el aborto aún está estigmatizado: “A veces pasan estas cosas, existen métodos que fallan y hay una carga demasiado grande para una. Al final, es el pensamiento de las personas lo que hace que nos afecte de manera colectiva y genere miedo”.

A pesar de los temores, la joven fue enfática en mostrar su postura y de manera clara afirma: “Una es quien debe decidir qué es lo que debe hacer. Yo no me arrepiento de nada”. Agregó: “Mi mayor miedo, más allá de una hemorragia o no, era que no funcionara, como que ese era el miedo principal, que el uso de la pastilla no funcionara”.

Al pensar en cómo hubiese sido su proceso al estar acompañada por personal médico y no sola en su casa, concluyó: “La experiencia hubiese sido totalmente diferente. Si me hubiese pasado algo, como una hemorragia, habría estado con profesionales y no habría tenido miedo”.

Noticia publicada en CNN el 16 de junio de 2024

En la última década, unas mil denuncias de interrupciones del embarazo han llegado a la justicia. El Gobierno de Boric presentará en diciembre un proyecto que amplía la normativa actual, que lo permite desde 2017 en tres causales.

Una mujer que usó misoprostol para terminar un embarazo retratada en Santiago (Chile), en 2015.LUIS HIDALGO (AP)

El Gobierno de Gabriel Boric presentará el próximo diciembre un proyecto de ley de aborto legal a plazos. En las discusiones parlamentarias previas se ha hablado de 14 semanas, pero aún está por escribirse este nuevo intento para reconquistar un derecho que se penalizó en 1989, en el descuento de la dictadura de Augusto Pinochet. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defiende el impulso de la discusión pendiente argumentando que estaba en el programa de Gobierno y a la “extendida situación de clandestinidad” del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona, “con el peligro que ello conlleva y de manera de que no dependa del bolsillo el correcto uso de lo que la medicina que algo ha ido avanzando”, dice a EL PAIS.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). La Administración de izquierdas no busca solo despenalizar el aborto, sino también garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. Como las niñas, adolescentes y mujeres que abortan hoy en el país sudamericano lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al año, que son las que maneja el Ejecutivo. Los datos tienen al menos una década, por lo que hay especialistas en el tema que creen que realmente el país está totalmente a ciegas.

El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud. De esos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido (detención del embarazo, aunque no se expulsa espontáneamente el embrión o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561, cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero). Solo cuatro figuran en la categoría de aborto fallido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el misoprostol es el medicamento más recomendado para practicar un aborto médico. El Instituto de Salud Pública chileno permite su uso solo para tratamientos de ultragástrica. “No tenemos las cifras exactas de su uso porque su venta es clandestina”, sostiene la ministra Orellana, “pero basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho”.

Efectivamente es fácil llegar al mercado negro. Los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 dólares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestación) hasta los 144.000 pesos, 157 dólares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Pero comprado y usado en la ilegalidad, sin acompañamiento médico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Además de los medicamentos, la ministra Orellana sostiene que “hay harto mal uso del Yuzpe”, un método que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas de uso diario, lo que supone la ingesta de dos tipos de hormonas (estrógenos y progestágenos), con importantes efectos secundarios. “También se utilizan vías más extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todavía se reportan casos de uso de apio”, dice la ministra Orellana.

Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, señala que las tres causales son muy restrictivas y que la mayoría interrumpe su embarazo fuera de la ley. “Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminación que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos”, asegura.

En Chile no existe un solo órgano que unifique el número de causas judiciales vinculadas al aborto que ingresan por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros. Según las cifras del Poder Judicial, citadas por La Tercera, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a los abortos, en las que 19 correspondieron a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas. En base a una investigación en curso de la Corporación Miles, una ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos, en los últimos 10 años se han registrado al menos 1.000 denuncias, en las que en torno al 60% provinieron de profesionales de la salud, según los datos preliminares. Al menos tres han terminado en prisión. Para Javiera Canales, directora de Miles, la consecuencia de criminalizar el aborto no es únicamente terminar en la cárcel, sino toda la ruta: “Es la persecución y el trato de delincuente, con una firma mensual o semanal y eso impacta sus proyectos de vida y terminan marginadas de sus redes”.

El impacto de las tres causales

Después de décadas de lucha feminista, en septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (LIV), que regula la despenalización del aborto en tres causales. Hasta abril de este año, en total, se han efectuado 5.063 procedimientos (30% por riesgo vital de la madre, 47% por inviabilidad fetal y 23% por violación). Dadas las cifras que se manejan en el Gobierno en base a diferentes estudios realizados por diferentes instituciones –entre 30.000 y 150.000, un rango amplio justamente por la ilegalidad del procedimiento– la mayor parte de las interrupciones del embarazo se sigue realizando en Chile en forma clandestina.

La abogada Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), ha investigado a fondo el funcionamiento de las tres causales y ha detectado problemas de acceso a la información, falta de capacitaciones a los profesionales involucrados y muchos casos de sobre-objeción de conciencia: “Hay un problema con lo que se ha denominado pseudo objeción de conciencia. Se declaran objetores por conveniencia personas que dicen ‘no me quiero meter en un lío’, ‘esto es un tramite, tengo suficiente trabajo’ y ‘qué tal si la mujer miente en el caso de la violación’. Tienes un conjunto de situaciones que no son el lenguaje de la extrema derecha sobre la protección de la vida sino la comodidad de los prestadores de salud”.

Cuando el Gobierno de Boric asumió en 2022, el ministerio de la Mujer junto con el de Salud inició la primera fiscalización en las 16 regiones del país sobre la aplicación de la LIV. En base a la información levantada presentaron un reglamento a la Contraloría la semana pasada para garantizar el derecho a la información de las pacientes respecto a la prestación de salud consagradas en la ley y la continuidad de la atención, independiente de los objetores de conciencia. Un estudio de la Corporación Humanas revela que al menos cinco hospitales públicos, todos de zonas rurales, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. El reglamento busca que exista al menos un médico disponible en cada centro.

Una de las banderas de quienes están a favor del aborto legal es el creciente apoyo ciudadano a la idea. Diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales. En la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que estaría dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestación escaló a un 37,1%, del 15% registrado en 2018. Bajo las tres causales retrocedió de 26,4% a 18,2% en esos cuatro años y bajo ninguna circunstancia disminuyó de 54,3% a 42,9%.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las jóvenes declararon haberse hecho o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica por inviabilidad fetal, un 3,3% por violación y un contundente 83,2% lo realizó por una decisión personal.

Reportaje publicado en El País Chile el 09 de junio, 2024

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho desde su promulgación en 2017. Sin embargo, en el contexto de la aprobación de la Ley Corta de Isapres, surgen interrogantes sobre si la afiliación a la prestación de salud puede afectar el acceso a este derecho.

Cabe recordar que para optar a un aborto legal en Chile se deben cumplir con una de tres causales: cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad fetal para sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo es causado por una violación.

Según la ley 21.030, las mujeres con Isapre pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en servicios públicos y privados, ya que es un derecho universal. La diferencia es el costo del procedimiento, que depende del plan de salud elegido.

“Todas tenemos derecho a acceder a la IVE, ya sea en el sistema público o privado, sin importar nuestra afiliación a FONASA o ISAPRE”, expresan desde Observadoras Ley de Aborto Chile (OLA Chile).

Sin embargo, la objeción de conciencia se manifiesta como una barrera para su acceso, tal como reporta un informe de Corporación Humanas, que da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación.

Noticia publicada por El Mostrador el 14 de mayo de 2024.-

Publicada el 27 de septiembre de 2017, esta ley fue valorada en el país y también a nivel internacional, pues durante casi 30 años se mantuvo vigente en Chile un estatuto jurídico estricto que criminalizaba a quienes decidían interrumpir su embarazo, sin excepción alguna, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en orden a la despenalización del aborto y garantías de atención.

Si bien comparada con los avances alcanzados en otros países de la región -Argentina, Colombia, México y Uruguay-, la normativa chilena resulta limitada al referir sólo a tres causales, gracias a esta ley se han salvado las vidas de mujeres que se encontraban en riesgo, se ha resguardado su integridad física y psíquica frente a embarazos inviables y se ha protegido a niñas y mujeres víctimas de violación.

En los últimos años se ha consolidado el apoyo social a los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus proyectos de vida. De acuerdo a estudios de opinión pública, el 49% de las personas entrevistadas respalda el aborto en tres causales, el 30% está a favor en cualquier caso, mientras que 19% se manifiesta totalmente en contra. Es decir, casi el 80% apoya que las mujeres puedan decidir frente a sus embarazos (Encuesta CEP, julio 2023).

Pese a los numerosos argumentos que respaldan la ley vigente, y sin tomar en cuenta el apoyo ciudadano a esta normativa, las fuerzas políticas más conservadoras han emprendido una avanzada articulada y sostenida en contra de los derechos sexuales y reproductivos ya garantizados en nuestra legislación. Esto, a través de iniciativas legislativas que buscan debilitar e incluso derogar la regulación vigente sobre aborto en causales, así como propuestas constitucionales que favorecen la supresión de la ley actual y consagran de manera ilimitada la objeción de conciencia.

Estos eventuales retrocesos exigen reforzar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, ya que las leyes restrictivas sobre interrupción voluntaria del embarazo las afectan de manera desproporcionada, en particular a aquellas que viven en situaciones de vulneración. A ello se suma la falta de información y educación sexual integral que impone barreras al ejercicio de sus derechos y obstaculiza la prevención de la violencia sexual. Observamos con preocupación cómo la agenda conservadora de la derecha se ha ido imponiendo en la propuesta de nueva Constitución, cuando esta debe ser un texto que busque la cohesión social y que proteja a todas las personas. Hoy más que nunca es imperante defender los avances alcanzados.

Columna de opinión de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 27 de septiembre en Cooperativa