El documento —impulsado por el Comité de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de América Latina y el Caribe (CoNGO CSW LAC)— advierte sobre los retrocesos democráticos, el aumento de la violencia de género y el debilitamiento de los sistemas de acceso a la justicia que hoy enfrentan mujeres y niñas en su diversidad.

Democracia en riesgo y justicia debilitada

La declaración subraya que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo y que en distintos países se observan señales alarmantes de debilitamiento institucional, militarización y cooptación de los sistemas judiciales, lo que genera aún más barreras para denunciar y acceder a justicia efectiva.

También alerta sobre el aumento de las violencias extremas de género, incluyendo feminicidios, transfeminicidios, desapariciones, trata y ataques contra defensoras de derechos humanos y territorios. A esto se suma el avance de discursos fundamentalistas y anti-derechos que buscan restringir libertades y desacreditar a quienes denuncian.

Prioridad regional: garantizar acceso real a la justicia

El documento enfatiza la urgencia de fortalecer sistemas judiciales inclusivos, accesibles y libres de discriminación, removiendo las barreras que enfrentan mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres con discapacidad y mujeres que viven con VIH, entre otras.

Entre las principales demandas, las organizaciones llaman a los Estados a:

• Adecuar sus sistemas de justicia a los estándares internacionales.

• Proteger a víctimas y denunciantes sin revictimizaciones.

• Garantizar acceso a derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto.

• Atender la violencia digital y algorítmica que afecta con especial fuerza a niñas y adolescentes.

• Reconocer el rol fundamental de las organizaciones feministas en la defensa de los derechos humanos.

Participación de Corporación Humanas

Como parte de la articulación regional, Corporación Humanas estuvo presente en la sesión y en la presentación del documento, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia en la región.

“Este es un momento clave para reforzar la incidencia feminista en los espacios multilaterales. Las alertas están encendidas y la región necesita respuestas urgentes, coordinadas y con enfoque de derechos”, señalaron desde Corporación Humanas.

Un llamado regional a la acción

La declaración reafirma la necesidad de que los Estados de América Latina y el Caribe cumplan sus obligaciones internacionales, fortalezcan sus instituciones democráticas y aseguren sistemas de justicia capaces de proteger, reparar y garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas. En un contexto de retrocesos y amenazas, las organizaciones feministas de la región subrayan que la acción colectiva y la vigilancia democrática serán claves en el camino hacia la CSW70 y los compromisos globales de igualdad de género.

Revisa la declaración completa aquí.

El panel fue moderado por Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Directora General de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público de Paraguay, y contó con la participación de la senadora nacional Lilian Samaniego, la jueza Dra. Vivian López, la diputada nacional Rocío Vallejo, la directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral Laura Garbett, y la presidenta de Corporación Humanas (Chile), Paula Salvo del Canto.

Durante su intervención, Paula Salvo advirtió que la violencia política de género “no es un fenómeno aislado, sino estructural”, y que se manifiesta en campañas de desprestigio, denuncias falsas y presiones institucionales que buscan inhibir la participación pública de las mujeres.

“No basta con las normas: hacen falta protocolos, formación y mecanismos efectivos de atención. Las mujeres siguen sin encontrar rutas claras cuando enfrentan estos ataques”, sostuvo. La presidenta de Corporación Humanas también llamó a fortalecer alianzas entre sociedad civil, academia e instituciones públicas para generar respuestas integrales: “La democracia plena no será posible mientras las mujeres sigan siendo expulsadas simbólica o materialmente de los espacios de poder”.

Desde una perspectiva regional, las panelistas coincidieron en que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que limita el acceso igualitario al poder y a la justicia. Se identificaron formas comunes de exclusión, como campañas de desprestigio, cuestionamientos sobre la legitimidad de las mujeres en cargos públicos, invisibilización mediática y obstáculos institucionales que muchas veces no reconocen esta violencia como tal.

En este sentido, las participantes subrayaron la necesidad de fortalecer protocolos institucionales con enfoque de género, así como promover la capacitación especializada en violencia política dirigida a jueces, operadores de justicia, órganos electorales y partidos políticos.

El seminario fue una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Propuso una mirada crítica y constructiva sobre las respuestas del sistema penal paraguayo frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas. A través de cuatro paneles temáticos, se analizaron los vacíos normativos, las barreras en la judicialización y las estrategias para avanzar hacia un sistema de justicia eficaz, sensible y garantista de derechos humanos.

Revisa los paneles completos aquí

Esta ausencia no es menor. La sociedad conyugal sigue siendo un régimen que ubica al marido como administrador de los bienes, una discriminación estructural que afecta la autonomía económica de las mujeres. Pese a que su reforma ha sido presentada como prioridad en anteriores cuentas públicas y que Sonia Arce luchó por este cambio desde hace más de 20 años, la discusión sigue estancada y sin avances significativos.

Así nace el diálogo entre La Fiera y Jovanka que pone sobre la mesa preguntas incómodas y los pendientes que aún pesan sobre nuestra legislación.

– La Fiera: Dime, Jovanka, ¿es justo que una mujer, por el solo hecho de estar casada, no pueda vender su casa sin permiso de su marido?

– Jovanka: Por supuesto que no. Pero en Chile, hasta hoy, eso puede ocurrir. Se llama “sociedad conyugal”, y es el régimen legal que gobierna los bienes de muchas parejas casadas. Aunque suena neutral, en realidad pone al marido como administrador de todos los bienes comunes… y de los de ella también.

– La Fiera: ¿Y qué pasa si ese marido la abandonó hace años? ¿Si no responde? ¿Si es violento?

– Jovanka: Pasa lo que le ocurrió a Sonia Arce. Quiso vender una propiedad que había heredado junto a sus hermanos, pero no pudo hacerlo porque estaba casada bajo este régimen. Para vender necesitaba la firma de su esposo, un hombre con el que ya no convivía. No había violencia explícita. Pero había control. Y, sobre todo, había una ley que la trataba como incapaz.

– La Fiera: ¿Y qué hizo Sonia?

– Jovanka: Luchó. Llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, con apoyo de Corporación Humanas y CEJIL. Denunció al Estado de Chile por discriminación basada en su sexo. En 2008, logró un acuerdo amistoso con el Estado. Chile se comprometió a cambiar la ley para asegurar que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos sobre sus bienes.

– La Fiera: ¿Y se cambió la ley?

– Jovanka: No. Han pasado más de 20 años. Cinco presidentes. Múltiples promesas. Y el proyecto de ley, aunque ha avanzado en la Cámara De Diputadas y Diputados, aún espera en el Senado. Como si no fuera una materia urgente.

– La Fiera: ¿Pero no se han hecho otras reformas por la igualdad?

– Jovanka: Sí, muchas. Pero hay algo simbólico y estructural en esta. ¿Cómo decimos que luchamos por la autonomía económica de las mujeres, si aún hay una ley que dice que una mujer casada necesita un hombre para disponer de sus propios bienes?

– La Fiera: Entiendo. Pero me confunde algo. ¿Acaso no pueden elegir otro régimen al casarse?

– Jovanka: Pueden, pero el régimen por defecto sigue siendo la sociedad conyugal. Además, muchas mujeres no saben que pueden cambiarlo. Y otras lo descubren cuando ya están atrapadas en él. Cambiar el régimen no es fácil: requiere abogados, trámites, y recursos. Y mientras tanto, la discriminación sigue escrita en el Código Civil.

– La Fiera: ¿Y qué dicen los que se oponen al cambio?

– Jovanka: Que hay cosas más urgentes. Que las parejas pueden pactar lo que quieran. Que no es tan grave. Pero lo cierto es que esta ley refuerza una idea antigua: que el hombre manda en lo económico, y la mujer obedece o espera. Sonia Arce lo dijo con claridad: “Lo hice por mí, por mi hermana y por todas las mujeres”.

– La Fiera: Entonces, ¿por qué no se cambia ya?

– Jovanka: Porque cuesta reconocer que el Estado ha sido cómplice de una violencia más sutil, más antigua, pero no menos hiriente: la violencia económica contra las mujeres. Porque hay quienes aún se resisten a perder poder, incluso si se esconde bajo la forma de una firma en una notaría.

– La Fiera: ¿Y qué podemos hacer?

– Jovanka: Exigir que el Senado cumpla. Que deje de postergar. Que se recuerde el compromiso internacional asumido en 2008. Que se reconozca, al fin, que las mujeres no necesitan un hombre para decidir sobre lo suyo.

– La Fiera: Que así sea, Jovanka. Porque la igualdad no se escribe solo en discursos. Se escribe, sobre todo, en las leyes.

Por Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 03 de junio del 2025

La regla de cuotas contenida en el inciso quinto del artículo 4 de la Ley N° 18.700 fue incorporada el año 2015, aplicada por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017 y llega a su fin el año 2029. Esta medida afirmativa fue muy importante para aumentar la representación de mujeres en el Congreso Nacional, sin embargo, el balance a la fecha es que ha sido insuficiente para superar la subrepresentación histórica de las mujeres en la política.

En 1990, las mujeres representaban solo el 6% de los escaños en el Congreso Nacional y 20 años después, en 2010, ese número aumentó solamente a 14,9%. Luego de las elecciones de 2017, cuando se aplicó por primera vez la ley de cuotas, la representación de mujeres aumentó al 21,2%, pero luego de las elecciones de 2021 las mujeres solo llegaron a ser el 29,4%, constatando un claro estancamiento.

A esto se suma que la ley solamente considera este mecanismo para las elecciones parlamentarias, dejando fuera otros órganos colegiados, como los consejos regionales y concejos municipales, donde también se evidencia una brecha importante en representación política de mujeres, llegando solo al 35,2% y 33,4%, respectivamente.

Los espacios de representación política debieran ser expresión de sus sociedades, y en Chile, las mujeres representan el 51,5%. Esta brecha es preocupante y nos alerta sobre las barreras de entrada, pero también sobre la calidad de nuestra democracia, porque cuando las mujeres no están siendo parte de los espacios de toma de decisiones, hay otros hablando y decidiendo por ellas. Por ello, velar por la representación equitativa entre hombres y mujeres es velar también por una mejor democracia.

En ese sentido, ante el término del plazo de implementación de la ley de cuotas, es valorable el proyecto de ley ingresado el pasado 6 de mayo por el Ejecutivo. Este considera: i) una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la ley electoral; ii) la ampliación de la aplicación de la regla de cuotas a las elecciones regionales y locales; iii) una modificación a la ley electoral entregando un mandato de posición de las mujeres en las listas electorales, garantizando que ningún sexo supere el 60%, que siempre encabece una mujer, alternando luego sucesivamente con candidaturas de hombres, ya que las barreras de entrada se encuentran muchas veces en los mismos partidos políticos, al inscribir candidaturas de mujeres en posiciones desmejoradas dentro de las listas y solo para cumplir con la cuota.

Con todo, este proyecto de ley es un paso más en un camino mucho más largo. Se requiere seguir avanzando en medidas que no solo faciliten la representación equitativa, sino que garanticen la representación paritaria, de 50-50. Es necesario, además, mirar experiencias valiosas, como la de México, para implementar fórmulas de paridad también en la elección de cargos unipersonales. Y, por cierto, se requiere de acciones efectivas frente a las distintas formas de violencia política de género, ya que muchas veces las barreras no solo están para la entrada a las instituciones, sino en las instituciones mismas, mermando el ejercicio pleno del derecho a la participación política.

Por Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador, jueves 15 de mayo de 2025.- 

Santiago de Chile, 8 de octubre de 2024.- Articuladas en la Plataforma Nada Sin Nosotras, las organizaciones que la integran, Corporación Humanas, Centro de Estudios de la Mujer y el Observatorio de Género y Equidad invitaron a los partidos políticos a suscribir un conjunto de compromisos con la participación igualitaria de mujeres y hombres y el rechazo a la violencia política de género en el proceso electoral 2024. Para las organizaciones promotoras de esta iniciativa, se trata de acuerdos básicos que permiten fortalecer la democracia y avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas.

El documento “Compromisos de partidos políticos chilenos con la democracia y la igualdad entre mujeres y hombres” ha sido suscrito por los partidos Acción Humanista, Democracia Cristiana, Demócratas, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Socialista, y contempla 6 aspectos básicos: 

1. Fomentar un ambiente de respeto durante el proceso electoral, particularmente entre candidatos, candidatas y sus equipos.
2. Organizar el apoyo humano y logístico del partido considerando las desigualdades y barreras que dificultan la participación política de las mujeres.
3. Fortalecer las habilidades comunicacionales (vocerías y comunicación política) de las candidatas y sus equipos durante el periodo de campaña.
4. Favorecer la visibilidad de las candidatas en los medios de comunicación y las plataformas sociales del partido.
5. Asegurar que los aportes financieros del partido sean distribuidos a candidatas y candidatos en igualdad de condiciones, dado el menor acceso de las mujeres a recursos económicos.
6. Rechazar enérgicamente cualquier manifestación de violencia hacia candidatas de cualquier sector político.

Para Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, “para avanzar hacia un sistema político realmente democrático es crucial la participación de las mujeres, que hasta ahora ha sido minoritaria debido a múltiples barreras. Eliminar las brechas de participación en gran medida depende de los partidos políticos y el apoyo transversal que presten a las candidatas para acceder a cargos de representación”.

Es muy relevante que los partidos hoy día estén asumiendo compromisos para generar condiciones de igualdad sobre todo para las mujeres en las elecciones municipales y regionales. “Y desde la ciudadanía es importante realizar control ciudadano, porque muchos de estos partidos declaran su apoyo, señalando que es muy importante la igualdad, pero se necesita que haya práctica», subraya Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. 

En consecuencia, es crucial que los partidos asuman compromisos para garantizar la igualdad de género en estas y las próximas elecciones, especialmente a favor de las mujeres. La ciudadanía juega un papel importante en el control de estos compromisos, ya que es esencial que se traduzcan en acciones prácticas y no sólo en declaraciones de apoyo.

Se espera que durante la campaña electoral, los partidos políticos lleven a cabo acciones concretas de apoyo a las candidatas de sus listas, asegurando ambientes respetuosos, fortaleciendo sus capacidades, favoreciendo su visibilidad y garantizando los recursos presupuestarios que requieren, y que frente a eventuales situaciones de violencia política de género respondan adecuadamente, rechazándolas de manera transversal y brindando protección a las afectadas. 

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, analiza la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal, en discusión parlamentaria hace años. “Defendemos que exista la sociedad conyugal, pero en condiciones de desigualdad estructural, en donde las mujeres se dedican en mayor medida a las tareas de cuidado y participan menos del mercado formal de trabajo, la separación de bienes no va a significar que la mujer genere normalmente un acumulado al término del matrimonio”, dice.

“Necesito un hombre. Y aunque no lo creas, tú también”.

Esta frase es parte de una estrategia publicitaria lanzada en marzo por la Corporación Humanas para captar la atención y concientizar sobre la necesidad de reformar el régimen de sociedad conyugal. Se podría pensar que el eslogan fue creado para provocar, pero en realidad es un reflejo de la situación actual: en materia legal son muchísimas las mujeres en Chile que necesitan a un hombre. Así lo establece el Código Civil promulgado en 1855, que dicta que el marido es “jefe” de la sociedad conyugal –régimen que se aplica por defecto cuando no se señala otro específico– como tal, quien “administra los bienes sociales y los de su mujer”.

En esta entrevista, la abogada y directora de Corporación Humana, Camila Maturana, analiza y explica la necesidad de reformar este régimen que se debate en el Parlamento desde hace años.

¿Cuáles son las características principales del régimen de sociedad conyugal en Chile?

Lo interesante de este régimen es que es un régimen de solidaridad patrimonial, a diferencia de la separación de bienes, donde cada persona administra y se hace cargo de lo suyo. En la sociedad conyugal se conforma un patrimonio social con los bienes que se van adquiriendo durante el matrimonio. Este patrimonio se supone que es de ambos, el problema es que el Código Civil define que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y quien la administra.

Si una mujer tiene una herencia, esté en una relación o se haya separado, no puede hacer nada con ese inmueble sin la autorización de su marido.

 

¿En qué se traduce en la vida cotidiana?

El marido es el que toma las decisiones respecto a la sociedad conyugal, de esos bienes que van adquiriendo durante el matrimonio, que se le llama patrimonio social. Solamente requiere la autorización de la mujer cuando se trata de la disposición de un bien inmueble. Es decir, cuando hay que vender el inmueble no lo puede vender solo, tiene que tener autorización de la mujer.

Pero además existe el patrimonio propio: es lo que cada cónyuge tenía antes de casarse y los bienes que recibe en el matrimonio a título gratuito, es decir, las herencias. El marido administra sus bienes propios, pero también los bienes propios de la mujer. Es súper grave que el marido administre los bienes sociales y propios de la mujer.

Si él tiene una herencia, no necesita pedirle autorización a la mujer para venderla. Estos bienes, los que pertenecen a cada cónyuge a título individual, no se comparten, no forman parte de los bienes comunes, pero los administra el marido, entonces ahí tenemos más claridad de cuál es el problema. Si una mujer tiene una herencia, esté en una relación o se haya separado, no puede hacer nada con ese inmueble sin la autorización de su marido. En la vida cotidiana se presta para situaciones de violencia económica. La firma de esa autorización puede estar sujeta a una condición, puede exigirle una parte de la plata, por ejemplo.

¿Cómo es el caso de las mujeres que no trabajan y están dentro de este régimen?

Esperamos que la modificación permita cambiar las normas discriminatorias que existen en la actualidad. También que todos aquellos bienes que las parejas adquieran durante el matrimonio sean administrados por ambos. Debido a la regulación actual, muchas veces las instituciones financieras exigen que la mujer presente una autorización del marido y también, en otros casos, se piden certificaciones o permisos más allá de lo que la ley estipula.

¿Qué es el patrimonio reservado?

Las mujeres casadas en sociedad conyugal tienen un patrimonio reservado que son los bienes que ellas adquieren estando casadas producto de su trabajo. Es decir, si la mujer tiene un trabajo remunerado, lo que ella vaya adquiriendo es suyo y lo administra ella. Este es el único caso en que no tiene que pedir autorización al marido. Pero en condiciones de desigualdad estructural y de brechas salariales, las mujeres suelen ganar menos que los hombres, por lo tanto este patrimonio reservado no siempre es muy contundente. Y en general las mujeres destinan todo o gran parte de sus ingresos a las necesidades familiares. No van acumulando riqueza sino que la gastan en la vida cotidiana en lugar de ahorrar o adquirir bienes.

Esta regulación del patrimonio reservado fue como una reforma que hubo en 1925 para morigerar un poco la cruda discriminación que era la sociedad conyugal. Algunos académicos lo siguen entendiendo como un privilegio para la mujer, que ella pueda al final del régimen elegir si se queda con sus bienes. Este pequeño espacio para administrar que tienen las mujeres ha contribuido a la resistencia cultural para la modificación de la sociedad conyugal.

¿Debería eliminarse el régimen de sociedad conyugal?

¿Por qué no se ha reformado en todos estos años?

Aunque parezca increíble, desde 1995 que en el Parlamento se están discutiendo proyectos de ley para reformar la sociedad conyugal y terminar con su carácter discriminatorio. Ha habido un interés transversal por modificar esta regulación, pero ha pasado el tiempo y eso no se ha concretado. Cuesta entender que si todos los actores políticos señalan que están en contra de la discriminación contra las mujeres, todavía no se modifique este régimen que las discrimina y las mantiene subordinadas a los maridos. También cuesta entenderlo porque han habido numerosísimas recomendaciones de los organismos internacionales de Naciones Unidas para que Chile modifique esta legislación que es discriminatoria contra las mujeres.

¿Cómo fue el caso de Sonia Arce, que también protagoniza la campaña?

En el año 2000 se presentó una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Sonia Arce. Muy en síntesis: ella estaba casada en sociedad conyugal al momento de querer vender un inmueble que había recibido de su padre en herencia. Ahí se dio cuenta de que no lo podía hacer por sí sola, que necesitaba una autorización de su marido. Una situación injusta y discriminatoria porque a sus hermanos no les exigían la autorización de su cónyuge para vender el inmueble. Ella asumió esta ruta de presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de manera que esta situación se corrigiera en general y de raíz, no solo para su caso. Independientemente de si pudiera negociar con el exmarido para que le diera la autorización o de si podía conseguir una autorización judicial para suplir la voluntad del marido porque esos mecanismos existen.

Si el marido se opone sin fundamento a dar su autorización, eso se puede suplir con una autorización judicial. Pero son trámites complejos, que la gente común y corriente no tiene por qué conocer. Las mujeres tampoco deberían estar pagando abogados para realizar un trámite solamente porque la ley impone esta condición. La demanda de Sonia tenía que ver con un cambio en la legislación que discrimina a las mujeres, y en 2007 se alcanzó un acuerdo en que el Estado quedó comprometido a derogar las normas que discriminan a las mujeres. Han pasado 17 años y el acuerdo sigue sin cumplirse, pero ha avanzado la legislación en la discusión sobre la sociedad conyugal.

¿En qué está ahora la discusión sobre esta legislación?

Hubo un proyecto en 2011 ingresado por el Presidente Piñera que terminó su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2013 y luego en el Senado ha sido sumamente lenta la discusión. Se agilizó cuando se conformó la Comisión Especial sobre Mujeres y Equidad de Género. En 2023 terminó de discutirse este proyecto de ley en la Comisión de la Mujer y pasó a la Sala del Senado que aprueba en general el proyecto, es decir, la idea de legislar. Pero se estima que era necesario volver a revisar lo que se había discutido en la Comisión de la Mujer durante tantos años. Se decidió que no es suficiente lo que se discutió en la Comisión de la Mujer y que se tiene que hacer una revisión también por la Comisión de Constitución y ahí estamos. No quisiera decir todavía que estamos entrampadas, porque quizá es un poco pronto, pero ya ha transcurrido todo marzo y la Comisión volvió a escuchar académicos que ya habían sido recibidos en la Comisión de la Mujer y han planteado algunos nudos que se supone que estaban resueltos en el proyecto aprobado por la Comisión de la Mujer.

¿Crees que se tiene menos conciencia de la violencia económica ante otro tipo de violencias contra la mujer?

Falta mayor conciencia de las múltiples expresiones de las relaciones de poder en los ámbitos en que las mujeres nos desenvolvemos y la necesidad de avanzar, que desde todos los órganos del estado se generen las acciones preventivas de estas violencia para efectivamente lograr su erradicación.

¿Falta una mejor información sobre estos temas?

El componente principal es que el Estado se comprometa a derogar las normas discriminatorias. Hay otro componente que es la obligación de mejorar la información que se entrega a las mujeres y a las parejas cuando se van a casar. Que sea comprensible para que la decisión que se tome sea una decisión informada, porque no es usual que se hable de temas patrimoniales.

También hay una cultura que asigna que no es propio para las mujeres tener preocupación patrimonial porque podemos parecer ambiciosas e interesadas. Es importante que las mujeres tengan información, que pregunten, que busquen asegurar que su independencia esté garantizada. Es un componente a mejorar, pero eso se dará cuando se esté cumpliendo el acuerdo y cuando la legislación se haya reformado.

Nuestro rol no es suplir esa falta de información, pero la campaña también busca volver a señalar que este problema sigue vigente, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no ha cambiado.

Entrevista publicada en Revista Paula el 02 de abril de 2024

Santiago de Chile – Buenos Aires, 15 de noviembre de 2023.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Corporación Humanas expusieron ante la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado sobre la reforma a la sociedad conyugal. Contar con una ley que garantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es el principal compromiso asumido por el Estado de Chile en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Sonia Arce, quien en 2001 denunció la discriminación legal que le impedía disponer de su herencia sin la autorización de su marido con quien se encontraba casada bajo el régimen de sociedad conyugal.

La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, destacó la importancia de reformar la legislación vigente pues discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica. Asimismo, valoró el compromiso mantenido estos meses por las senadoras y senadores de la Comisión de la Mujer y por el Gobierno

“Sin perjuicio de reconocer estos avances reiteramos nuestra preocupación por las etapas de tramitación que aún quedan pendientes y los acuerdos transversales que se requieren para que en Chile se pueda contar con una ley sustentada en un principio tan básico como la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y el fin de la subordinación de las mujeres a sus maridos”, expuso Maturana.

Mariangeles Misuraca, co-directora de Brasil y Cono Sur de CEJIL, sostuvo que al suscribirse el acuerdo de solución amistosa la Sra. Sonia Arce tuvo en cuenta a todas las mujeres chilenas y pospuso su derecho a recibir reparación con la expectativa de alcanzar una ley que las repare a todas. No obstante, a 22 años del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a 16 años de la firma del acuerdo de solución amistosa el Estado chileno aún continúa en deuda.

“Están frente a una oportunidad histórica de poner fin a una legislación que sistemáticamente discrimina a las mujeres casadas, despojándolas del patrimonio social y de sus bienes propios, subordinándolas a las decisiones de sus cónyuges varones. De avanzar con la aprobación del proyecto se abrirá la posibilidad de establecer una normativa legal que deje atrás las disposiciones discriminatorias y contribuya a erradicar las persistentes desigualdades de género arraigadas en la sociedad chilena”, sostuvo la representante de CEJIL.

A su vez, el senador Gustavo Sanhueza, Presidente de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género señaló que es necesario hacerse cargo de una realidad con la cual no están de acuerdo. “Queremos que no subsista está discriminación en la ley y por lo tanto, avanzaremos en generar una mejor sociedad. El compromiso es con las mujeres de Chile”, dijo el parlamentario.

Por su parte, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reiteró el compromiso del Gobierno de Chile con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantener la celeridad en la tramitación.

Al finalizar la sesión, las representantes de las organizaciones instaron a las senadoras y senadores a culminar prontamente la tramitación del proyecto. Asimismo, destacaron la importancia de que la legislación reformada sea aplicable a todas las mujeres, incluyendo especialmente a quienes en la actualidad se encuentran casadas bajo una normativa que las discrimina y las priva de sus derechos plenos.

El Consenso de Montevideo representa un hito fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, por ello celebramos su importancia como un documento integral que aborda una amplia gama de cuestiones cruciales para el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo de todas las personas en sus diferentes ciclos de vida.

A lo largo de esta década, hemos presenciado el fortalecimiento de un sólido movimiento feminista y la expansión de redes de juventudes y organizaciones que representan la diversidad de voces y experiencias que enriquecen nuestra lucha por los derechos humanos y la igualdad. Estos movimientos y expresiones de lucha han sido fundamentales para la justicia, defensa y promoción de la autonomía y los derechos, así como para denunciar las violaciones a los mismos.

Además, hemos observado avances significativos en la promoción de políticas, programas y normativas que colocan en el centro la información y educación, el Estado laico y el rechazo a la criminalización de la autonomía reproductiva y de la vida sexual de las personas. Estos avances se han reflejado en marcos legales nacionales, en recomendaciones de órganos de monitoreo de derechos humanos y en decisiones judiciales que han ampliado y profundizado la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la región. En particular, celebramos los avances en la lucha por el derecho al aborto con la despenalización y liberalización de las leyes en varios países de la región. Estos logros son un testimonio del compromiso regional en la promoción de políticas que respetan y garantizan el derecho a tomar decisiones libres, informadas, autónomas y responsables sobre la propia sexualidad y vida reproductiva.

Sin duda, el Consenso de Montevideo ha sido una herramienta importante para que las juventudes exijan sus derechos en materia de educación integral en sexualidad, igualdad de género y participación activa en la región y, gracias a ello y a la lucha de quienes defendemos estos derechos, ha habido avances significativos.

También, se ha logrado en gran medida el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores y la promoción de un envejecimiento activo, digno y saludable.

Sin embargo, a pesar de estos logros, reconocemos que:

• Las niñas, adolescentes y juventudes en la región siguen siendo víctimas de la violencia sexual, enfrentando embarazos no intencionales o no deseados, matrimonio infantil, uniones forzadas, falta de acceso a empleo digno, desigualdades de género y socioeconómicas, racialización hacia mujeres indígenas, afrodescendientes y negras, y otras formas de racismo y discriminación. Todo lo anterior restringe y obstaculiza su autonomía corporal y económica, así como su pleno potencial para una vida digna. En algunos países, son precisamente las juventudes el foco principal de la violencia de las bandas o del crimen organizado lo que les hace víctimas del reclutamiento forzado, la extorsión, la desaparición, la trata de personas con fines de explotación sexual e incluso la muerte.
• A 10 Años del Consenso de Montevideo no se han establecido mecanismos de alerta que pongan en evidencia la vulneración de derechos a las que nos vemos sometidas las mujeres, juventudes y niñas indígenas, como la criminalización de los conocimientos y prácticas indígenas, en particular, hacia la partería, y la falta de consentimiento para la esterilización o el uso de métodos anticonceptivos.
• En nuestra región se observan los mayores índices de violencia criminal contra personas LGBTI+, a pesar de contar con algunos marcos legales y protocolos, los sistemas de justicia no han dado respuesta a los asesinatos, desaparición y crímenes de odio. Además, las poblaciones LGBTI+ enfrentan discriminación en los sistemas de salud y educativo, y dificultades para el acceso a empleos y vivienda dignos, con graves implicaciones para la autonomía y la autodeterminación, así como para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza; no se ha logrado su incorporación en los registros y estadísticas nacionales, un insumo básico para garantizar su protección y la elaboración de políticas públicas.
• El CM hace un llamado a ampliar los sistemas de protección y seguridad social con perspectiva de género, para las trabajadoras informales, lo cual incluye a las trabajadoras sexuales, sin embargo en toda la región se registran cada vez más violaciones de sus derechos.
• El CM no obstante ser una agenda de avanzada y la más progresista del mundo, desde su adopción no incorporó expresamente a quienes viven con alguna discapacidad. Dicha omisión hoy más que nunca se expresa como una demanda y una deuda de la CRPD o, que debe saldarse.
• El CM ofrece oportunidades innegables para las acciones interseccionales. Sin embargo, persisten desafíos significativos en cuanto a la pobreza, la atención de salud, la inclusión social y la protección de los sectores más vulnerados.

En este contexto, queremos señalar desafíos apremiantes a atender en la región, que comprenden:

1. Impulsar esfuerzos continuos para lograr la plena implementación del Consenso de Montevideo.
2. Eliminar la mortalidad materna evitable y disminuir drásticamente el embarazo no planeado, no deseado y no consentido de niñas y adolescentes.
3. Diseñar e implementar planes estratégicos, políticas y programas con presupuestos suficientes para dar cumplimento al Consenso, con énfasis en el capítulo H, en concordancia con la Recomendación 39 de la CEDAW sobre los derechos colectivos e individuales de las mujeres y jóvenes indígenas.
4. Asegurar la inclusión de perspectivas interculturales, interseccionales e intergeneracionales, con pertinencia étnica y lingüística en los servicios de salud.
5. Asegurar que existan mecanismos para que las juventudes participen tanto en la toma de decisiones, como en la construcción de políticas públicas y accedan a servicios de educación, salud, vivienda, entre otros.
6. Impulsar la incorporación plena de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones, incluyendo la consulta previa, libre, informada y con consentimiento.
7. Asegurar una vida digna y plena para las personas adultas mayores, garantizando los mecanismos para que participen en los asuntos que les conciernen.
8. Impulsar políticas de salud, educación y atención que reconozcan las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, respondiendo a ellas de forma eficiente y respetuosa, sin tutelajes o discriminación.
9. Asegurar a las poblaciones LGBTI+ una vida libre de violencia, y acceso a los servicios de salud con plena garantía de sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación y que fomente su pleno desarrollo.
10. Lograr la eliminación de la transmisión vertical del VIH en un marco de respeto a los derechos humanos y garantizar los servicios integrales y el acceso a tratamientos.
11. Reconocer el trabajo sexual como un trabajo, tal y como lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
12. Llevar los avances que podemos celebrar, a Centroamérica, República Dominicana y El Caribe inglés, donde el aborto sigue totalmente penalizado y las mujeres siguen impedidas de ejercer su autonomía reproductiva y amenazadas de perder su libertad si es que, por cualquier circunstancia deciden interrumpir un embarazo.
13. Regular la objeción de conciencia para que ésta deje de ser un obstáculo para que las mujeres y personas con capacidad de gestar -en su amplia diversidad- accedan a servicios de aborto legal y seguro.
14. Impulsar una educación integral de la sexualidad que posibilite un cambio cultural para eliminar la homolesbitransfobia; y que considere la orientación sexual, identidad y expresiones de género, así como las características sexuales para determinar las acciones de gobierno.
15. Luchar contra la violencia machista y atender a las víctimas de violencia sexual -y de cualquier tipo de violencia basada en género- oportunamente y sin revictimización.

16. Asignar presupuestos específicos e insumos para atender la salud sexual y reproductiva de todas las personas, en todas las etapas de la vida, incluyendo la atención del aborto legal, seguro y gratuito.
17. Generar mecanismos de evaluación de las políticas públicas en materia de población y desarrollo con base en estadísticas desagregadas mínimamente por sexo, identidad de género, edad, pertenencia cultural, autoidentificación étnica o racial y discapacidad.
18. Generar programas de atención a poblaciones migrantes, desde una perspectiva de portabilidad de derechos que ponga énfasis en atender y minimizar los riesgos que enfrentan las mujeres en tránsito.
19. Poner fin a las prácticas extractivistas y a los megaproyectos que depredan nuestros territorios, generan desplazamientos forzados y dañan nuestro medio ambiente.

A 10 años del Consenso de Montevideo, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la igualdad, los derechos humanos y la justicia social en la región. La amenaza fundamentalista se expresa de múltiples formas, atacando libertades, criminalizando movimientos sociales, poniendo en riesgo a las defensoras de derechos y empujando retrocesos. Gobiernos conservadores o abiertamente anti-derechos se instalan en la región, las luchas progresistas los enfrentan y en el mejor de los casos logran transformarlos o al menos detenerlos. La nuestra es una región de avances y retrocesos, en donde vivimos una batalla cultural por la igualdad y los derechos humanos.

Seguiremos trabajando en colaboración con los gobiernos, las instancias multilaterales y otros actores interesados en garantizar que los compromisos del Consenso se cumplan de manera efectiva.

Queremos aprovechar este espacio para pronunciarnos sobre el horror de la guerra y sus consecuencias. Condenamos el ataque terrorista de Hamas en Israel al tiempo que condenamos también -enérgicamente- la venganza desproporcionada que ha cobrado miles de vidas palestinas inocentes. El alto al genocidio que se escucha en las calles de nuestros países, se reitera aquí con firmeza, llamando a los gobiernos de nuestra región a adoptar medidas para ponerle fin. La paz nunca puede ser excusa para la guerra.

El año próximo se conmemoran los 30 años de la Conferencia de Población y Desarrollo a nivel global. Llamamos a los Estados latino caribeños a involucrarse activamente y a aportar a la discusión global los compromisos asumidos en nuestra región, así como los avances acordados en este, nuestro Consenso de Montevideo.

Como sociedad civil, como movimientos feministas y de juventudes y como redes temáticas e identitarias continuaremos siendo una voz legítima y representativa de las personas que enfrentan desigualdades en la garantía y el acceso a sus derechos. Nuestra lucha es por un mundo en el que todas las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos, vivir con dignidad, sin violencia y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras sociedades. El Consenso de Montevideo es una hoja de ruta fundamental en este camino, y juntas, seguiremos trabajando para hacerlo realidad en la vida cotidiana de cada una de las personas de nuestros países.

#ConsensodeMontevideoParaTodasLasPersonas

Articulación Feminista Marcosur
Comunidad Interenacional de Mujeres con VIH, ICW Latina
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA
Fòs Feminista
International Advocacy Network for LGBTI+ Rights
Ipas LAC
IPPF ACRO
La sombrilla centroamericana
NGO CSW LAC
Red Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe
Red de incidencia internacional por el derechos LGBTI+
Red de jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Red de Organizaciones de Lesbianas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe LESLAC
Red de mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad
Red de mujeres Trabajadoras Sexuales de Latino América y el Caribe RedTrasex
RedLacTrans
Red latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Red por la Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe RSMLAC
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva de América Latina
Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador
Alianza por la Solidaridad, Bolivia
Aquelarre, República Dominicana
Articulación Alerta Montevideo, Bolivia
Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre Bolivia
Articulación Salvadoreña por el Consenso de Montevideo
Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, México
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Paraguay
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro – Argentina
Católicas por el Derecho a Decidir, México, Colombia, Argentiva, Bolivia y Brasil.
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Documentación y Estudios (CDE), Paraguay
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar /CEPROSAF, Honduras
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Chile
CEPAM, Guayaquil

CEPIA – Cidadania Estudo Pesquisa Informação Ação
Coalición por la Salud, la Vida y los Derechos de las Mujeres, República Dominicana
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador
Colectivo Diversa-CODIVER y Casa Santa Lorenza
Colectivo Género y Teología para el Desarrollo, Bolivia
Colectivo Rebeldía, Bolivia
Comité de ONGs CSW LAC – CoNGO
Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía, República Dominicana
Confederación Nacional de Mujeres del Campo CONAMUCA, República Dominicana
Consorcio Feminista, México
Coordinadora 28 de Mayo Guatemala
Coordinadora de la Mujer, Bolivia
Cotidiano Mujer, Uruguay
Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Honduras
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, México
Equality Now
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
FEIM, Argentina
Foro Feminista Magaly Pineda, República Dominicana
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, México
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. MEXFAM
Fundacion para estudio e Investigación de la mujer, Argentina
FUSA AC-Argentina
Gestos- Soropositividade, Comunicación e Gênero
Gestos-Soropositividade, Comunicação e Gênero
Girls Not Brides: la Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil
Grupo Cairo y Montevideo, Guatemala
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE
Iniciativas Sanitarias, Uruguay
INPPARES, Perú
Jovenas Latidas
La Acción Cuidadana por la Democracia y el Desarrollo, Ecuador
La Mesa de Vigilancia de Los Derechos Sexuales y Reproductivos, Perú
Movimiento Manuela Ramos, Perú
MSI Bolivia
Mujer y Salud MYSU, Uruguay
Mujeres Indígenas por CIARENA
Observadoras Ley de Aborto Chile
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Pdrsonas LGBGI+ en México
Organizacion de Desarrollo Etnico Comunitario, ODECO. La Ceiba, Honduras
Organización de Mujeres Tierra Viva, Guatemala
Red de Juventudes Feminista Bolivia
Red Nacional de Adolescentes y jóvenes x la salud Sexual y reproductiva, Argentina
Red Nacional de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGBT México
Red Voces Unidas Acabemos con el Matrimonio Infantil, República Dominicana
Rede Brasileira de População e Desenvolvimento/REBRAPD
Somos Pytyvõhára, Paraguay

Declaración publicada el 15 de noviembre de 2023.- 

Puedes descargar la declaración aquí