igualdad de género – Humanas

La Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe presenta a las nuevas integrantes del Grupo Asesor de la Sociedad Civil 2023-2025

Fabiola Gutierrez — Tue, 10 Oct 2023 11:16:10 +0000

Fecha: 20 de setiembre de 2023

Los grupos asesores de sociedad civil (GASC) son los mecanismos institucionales para la consulta regular entre ONU Mujeres y las organizaciones y redes feministas y de mujeres. Existen GASC a nivel nacional en la mayoría de las oficinas de ONU Mujeres en la región, como en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México. En otros casos, existen GASC vinculados a iniciativas concretas, como el caso de Spotlight en los países del Caribe anglófono.

Este mecanismo de participación formal se complementa con las reuniones periódicas abiertas con las organizaciones feministas y de la sociedad civil que ONU Mujeres convoca en América Latina y el Caribe de forma periódica de forma online con una participación promedio de unas 100 representantes de las organizaciones y redes.

En la renovación del GASC regional, abierta en 2023, fueron seleccionadas ocho candidatas entre 206 postulaciones recibidas provenientes de 12 países de la región, respondiendo a los criterios de interseccionalidad y representación geográfica. Estas personas se unen a Ruth Spencer, quien permanece como integrante del GASC desde la formación anterior.

Con esta convocatoria y dado el gran número de candidaturas recibidas, se reconoce la importancia del trabajo y antecedentes de todas las candidatas y la relevancia de sus organizaciones y redes para el avance de la igualdad de género.

ONU Mujeres agradece especialmente a las 206 candidatas y las organizaciones que las apoyaron, por su respuesta a la convocatoria, esperando que aquellas candidatas que no fueron seleccionadas puedan incorporarse a las diversas actividades de ONU Mujeres a nivel regional, en sus países y a nivel multilateral. Todas han sido incorporadas a la base de datos regional viva que servirá para la convocatoria de las reuniones abiertas con la sociedad civil, futuras consultas, llamados a propuestas y actividades de la Oficina Regional de ONU Mujeres. Así, se entiende que crecerá en mayor alcance y diálogo con las organizaciones sociales en la región, esperando que puedan participar activamente como contrapartes e invitadas.

Ruth Spencer, presidenta de la Fundación de Áreas Protegidas de Ecosistemas Marinos (MEPA Trust), Antigua y Barbuda
Edurne Cárdenas, coordinadora de Alianzas, IPAS para Latinoamérica y el Caribe, Argentina.
Jimena Freitas, Docente Emérita de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia.
Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Chile.
Floridalma López, integrante del Parlamento Guatemalteco para la Niñez y la Adolescencia, Guatemala.
Dapthne Cuevas Ortiz, integrante de la Coordinación Política de la Articulación Feminista Marcosur, AFM, México.
Olga Montúfar Contreras, presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y El Caribe, México.
Sofía Carrillo Zegarra, integrante y cofundadora de Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!, Perú.
Terry Ince, coordinadora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Trinidad y Tobago (CCoTT). Comité de CEDAW, Trinidad y Tobago.

¿Quiénes son?

Ruth Spencer, de Antigua y Barbuda, ha sido tres veces galardonada con el Premio de Energía, Cambio Climático y Medio Ambiente. Su pasión, dedicación y compromiso han permitido un desarrollo integrado centrado en las personas, utilizando enfoques de abajo hacia arriba. Ruth fomenta las capacidades de los grupos comunitarios locales para dar visibilidad y empoderar su labor, asegurando que las preocupaciones de la mujer y el género se incorporen en muchos de los SDG, el Acuerdo de Escazú y los convenios multilaterales sobre el medio ambiente, la gestión de los desechos, la diversidad biológica, el cambio climático y el mercurio. Conecta los procesos locales con los mundiales mediante el intercambio de estudios de casos, presentaciones y productos de gestión de los conocimientos. Su convicción es que los conjuntos de aptitudes, capacidades y conocimientos de las personas locales que existen en las diversas comunidades deben formar parte del proceso general de adopción de decisiones, por lo que aboga por los procesos de buena gobernanza. Sus valores impulsan su trabajo. Ruth ha sido nominada y nombrada para muchos grupos de trabajo nacionales e internacionales. Recibió su Maestría en Economía del Desarrollo Internacional y también estudios de postgrado en evaluación de proyectos en la Universidad de Yale.

Edurne Cárdenas de Tucumán, Argentina, se presenta como feminista, abogada, con estudios de posgrado en derechos humanos y género. Actualmente integra el equipo de trabajo de IPAS de América Latina y el Caribe como coordinadora regional de Alianzas. Durante diciembre de 2019 y diciembre de 2021 formó parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, como Directora General de Relaciones Institucionales. Con anterioridad estuvo a cargo del área de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y fue parte de su equipo internacional. Ha sido parte del CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) y coordinó el capítulo Argentina. Además, se ha desempeñado como asesora, consultora e investigadora en diversos organismos públicos, universidades y organizaciones no gubernamentales en temas de derechos humanos, género, derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas migrantes.

Jimena Freitas, de nacionalidad boliviana, cuenta con una Licenciatura en Trabajo Social, con estudios de Maestría en Políticas de Desarrollo y Género y Desarrollo; Doctorado en Ciencias del Desarrollo, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz Bolivia, más otros estudios complementarios. Actual Docente Emérita de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, en las áreas de políticas públicas y sociales, investigación y trabajo social. Trabajó en diversas organizaciones de Bolivia (exdirectora de la Fundación La Paz) y extranjeras, contribuyendo a proyectos con mujeres, organizaciones sociales y gobiernos locales. Es consultora en género, violencia, derechos sexuales y reproductivos, estrategias de incidencia política y social. Actualmente integra Alerta Montevideo; Comité Prolaicidad y Comité Impulsor por la Agenda Política y Legislativa de las Mujeres) y Articulación Feminista Marcosur.

Camila Maturana Kesten, de Chile, es abogada feminista y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (Chile). Por más de 20 años ha trabajado en diversas organizaciones feministas, como Casa de la Mujer de Valparaíso, Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe RSMLAC (Red Salud Mujeres Latinoamérica y El Caribe), y la Corporación La Morada. Es actual directora de Corporación Humanas Chile y tiene vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos y derechos de las mujeres enfocada en incidencia política, litigio estratégico y alianzas, promoviendo iniciativas sobre violencia contra las mujeres, institucionalidad en derechos humanos, igualdad y no discriminación, ciudadanía, reformas políticas y paridad, derechos sexuales y reproductivos y ratificación e implementación de tratados internacionales de derechos humanos.

Floridalma López Atz, de Guatemala, es una mujer indígena maya kaqchikel, del área rural y originaria de Pachay, San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango. A los nueve años inicia su activismo y liderazgo en el parlamento guatemalteco para la Niñez, Adolescencia y Juventud del cual es actual asesora. En 2020 la premiaron como Mujer Destacada del Año y recibió el Premio Nacional Liderazgo Joven 202. Se presenta como lideresa, activista socioambiental y defensora de derechos humanos y cuenta con una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente se dedica a la formación y empoderamiento de personas jóvenes y mujeres para que ejerzan incidencia, promueve y crea espacios de participación política, acompaña y fortalece liderazgos y coordinar campañas para potenciar e impulsar iniciativas en diferentes espacios nacionales e internacionales. Es integrante de colectivos como Plataforma de Mujeres Indígenas, Colectivo La Enredadera, Movimiento Juvenil Caminantes y CONALIGUA.

Daptnhe Cuevas Ortiz, de México, es feminista y consultora especializada en igualdad de género y derechos humanos de las mujeres. Ha participado en diversos procesos de incidencia en México y América Latina, tanto en promoción de leyes y políticas públicas, como en acuerdos regionales e internacionales. Cuenta con gran reconocimiento por su participación en el proceso de construcción del Consenso de Montevideo en 2013 y es coautora del mapeo de lenguaje acordado que sirvió como base para la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Estudió una maestría en economía en la Universidad Anáhuac; hizo una especialización en políticas públicas con perspectiva de género en el INDES, en Washington D.C, y es licenciada en psicología social por la UAM Xochimilco. En 2011 el Inmujeres de la Ciudad de México le otorgó la medalla Omecíhuatl; en 2016 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le otorgó la presea Hermila Galindo y en 2021 recibió, por su lucha y trayectoria, el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, el más importante galardón que otorga el Senado mexicano. Actualmente es miembra de la Articulación Feminista Marcosur.

Olga Montúfar Contreras, de México, es una mujer indígena nahua con discapacidad motriz, con título de ingeniera en Mecánica Industrial y magíster en Desarrollo y Política Social. Ha sido becaria del programa de Líderes Indígenas de la OACNUDH y pasante de la OACNUDH México para la titulación en cuidados, género y derechos humanos. Ha participado de programas de formación de FLACSO y cuenta con varios certificados y títulos por participación en programas del sistema interamericano e internacional de protección de los derechos humanos organizado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), American University Washington College of Law; Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, la OISS y del Programa de Expertos en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Deusto. Es actual presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe y es coordinadora del Grupo Mixto de Seguimiento del PAD- OEA (Organización de Estados Americanos). Es integrante del equipo de Coordinación Colectiva de Latinoamericanas con Discapacidad y miembra de la Comisión Consultiva del Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) e integrante del programa Mujer Indígena (MILAC) del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC).

Sofía Carrillo Zegarra, es de Perú y licenciada en Periodismo con estudios en Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se presenta como afroperuana y activista por los derechos humanos y por la lucha contra el racismo y cuenta con vasta experiencia en temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, género e interculturalidad y ha participado como delegada oficial y/o representante de la sociedad civil en eventos internacionales sobre Población y Desarrollo en varios países. En el año 2022, Forbes la incorpora en la lista de las «50 mujeres más poderosas del Perú» por su trabajo en el ámbito de las comunicaciones y el activismo afrofeminista y antirracista. Ese año la seleccionan como figura latinoamericana en la campaña de Telemundo «Muchas Naciones, un solo Destino». En el 2018 es reconocida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú por su defensa en los derechos de la población afroperuana, de las mujeres y comunidades excluidas y discriminadas y, en el año 2019, Amnistía Internacional la reconoce como defensora de derechos humanos en el marco de la campaña mundial «Valiente». Es la cofundadora y actual integrante de la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!

Terry Dale Ince, de Trinidad y Tobago, es especialista en comportamiento, activista y defensora de los derechos humanos, fundadora y coordinadora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Trinidad y Tobago (CCoTT). El CCoTT es una organización del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) comprometida con la aplicación sostenible de la Convención y las recomendaciones de los exámenes de los países, los mandatos de la convención y las recomendaciones del examen de país mediante la colaboración de las partes interesadas y la educación. Su experiencia incluye el sector tecnológico, donde diseñó y construyó soluciones para medianas y grandes empresas y organismos públicos. Como defensora de los derechos contribuye a la promoción práctica y a los principios de empoderamiento económico y político de las mujeres y de mecanismos de promoción institucionales sostenibles. Tiene una formación práctica en temas de desarrollo y el género, sobre todo en lo que se refiere a la inclusión de las personas jóvenes, las comunidades marginalizadas y el medio ambiente. Imparte conferencias sobre la CEDAW y su aplicación por la sociedad civil, empoderamiento y liderazgo de mujeres y actúa como asesora en materia de género y derechos humanos en misiones de observación de procesos eleccionarios.

Columna de Opinión: “8 de marzo: pasado, presente y futuro”

Fabiola Gutierrez — Thu, 09 Mar 2023 13:56:46 +0000

¿Hasta cuándo se seguirá conmemorando el 8 de marzo?, ¿Qué sentido tiene esta fecha si el machismo es un asunto del pasado?

Mantener esta conmemoración es parte de la disputa por la historia y memoria. Nos ayuda a recordar que los mayores niveles de libertad y autonomía de los que hoy gozamos se los debemos a otras mujeres que nos antecedieron, que tomaron conciencia de esta situación y fueron capaces de verla no como la consecuencia obvia de una pretendida desventaja biológica, si no como una construcción social injusta que era posible transformar mediante la organización y movilización feminista. Nos recuerda también que cada logro debe ser defendido pues los retrocesos están a la vuelta de la esquina cuando se trata de los derechos de las mujeres.

Sin desmerecer los avances de las últimas décadas, la discriminación persiste a pesar de los discursos de buena voluntad, y demuestra que la igualdad de género es todavía una utopía difícil de alcanzar. Las estadísticas parecen congeladas en el tiempo y reiteran con porfía que nuestras condiciones materiales de vida son las más precarias porque tenemos menos oportunidades de insertarnos en el mercado laboral formal, nos concentramos en los trabajos con peores condiciones y nos pagan menos. Eso cuando logramos que nos paguen, porque el trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres dentro de sus familias cuidando vitalmente de otros seres humanos durante la infancia, vejez o enfermedad y que sostiene el mundo, no es reconocido, remunerado ni visto como un trabajo propiamente tal.

Lejos del elitismo o individualismo, el feminismo que prima hoy en las organizaciones que impulsan la movilización del 8 de marzo, es como dice Nancy Fraser, “un feminismo para el 99%”, es decir, un pensamiento y práctica de emancipación para todas las mujeres y disidencias, especialmente las que enfrentan mayor explotación y violencia. Entiende que la causa feminista está ligada a la agenda medio ambiental y la protección de los bienes comunes de la naturaleza, a un modelo económico alternativo enfocado en la sostenibilidad de la vida, a un Estado social que garantice prestaciones y derechos universales y a un marco de respeto y reconocimiento de los seres humanos en toda su diversidad étnica-racial, de género, etc.

La movilización del 8 de marzo es, por lo tanto, pasado, presente y futuro. Es reconocer lo que le debemos a una genealogía de mujeres que nos legaron mejores condiciones de vida. Resistir las diversas opresiones que siguen cruzando nuestras vidas y entenderlas de forma interconectada. Avanzar en un mundo para que todas las que vengan desarrollen su vida en autonomía, libres de miedo y de necesidad.

*Mariela Infante, socióloga e investigadora de Corporación Humanas.

Columna publicada en La Tercera

Nueva Constitución: «Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos»

Fabiola Gutierrez — Tue, 01 Mar 2022 14:24:33 +0000

La masiva movilización feminista de mayo de 2018 visibilizó la deuda de la democracia con las mujeres. En efecto, el logro en el avance y ampliación de derechos de las últimas décadas ha demostrado sus límites al confrontarse con una estructura social altamente jerarquizada que conculca la libertad y autonomía de las mujeres.

El continuo de violencia que atraviesa la vida de las mujeres, los obstáculos para decidir sobre su cuerpo y sexualidad, la mayor precarización que enfrentan en lo laboral y económico, entre otros aspectos, demostraron ser dimensiones que reproducen la subalternidad y que cuestionan de manera profunda los principios democráticos. Los estudios de opinión realizados en los últimos años por Corporación Humanas dan cuenta de la alta percepción de discriminación de la diversidad de mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

A partir del 4 de julio de 2021, con el inicio de la Convención Constitucional, se abre la oportunidad de reescribir el pacto social (y de género) mediante una nueva Constitución que entregue un marco general de reorganización del poder y de plena inclusión de los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas.

Este contexto exige considerar las percepciones de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida, colocándolas en perspectiva con las expectativas de transformación que representa el proceso constituyente. Para contar con antecedentes actualizados respecto a cuáles son las principales preocupaciones y problemáticas de las mujeres, y la manera en que la nueva Constitución puede darles respuesta, Corporación Humanas en conjunto con Nada Sin Nosotras aplicó entre septiembre y octubre de 2021 una encuesta telefónica de carácter nacional centrada en mujeres mayores de 18 años de los diferentes territorios del país.

En este marco, el presente documento identifica los principales resultados de esta encuesta a partir de siete temáticas que forman parte de las demandas históricas del movimiento feminista y que se articulan en una agenda de ocho temáticas prioritarias definidas desde Nada Sin Nosotras: trabajo remunerado, derecho al cuidado, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, democracia paritaria, derechos humanos, igualdad y no discriminación y transversalización de la perspectiva de género.

Cada capítulo inicia con un breve diagnóstico que explica por qué la temática es parte de la agenda feminista y apunta a un nudo estructural de las desigualdades de género que, desde Nada Sin Nosotras, consideramos relevante abordar en la discusión constitucional. Luego, siguen los resultados arrojados por la encuesta para determinar el grado de relevancia que le asignan las mujeres a la incorporación de cada temática en la nueva Constitución. Posteriormente, se explican los criterios que fundamentan la propuesta de contenidos y los objetivos perseguidos al incluirlos en el nuevo texto constitucional, para finalizar con un esquema de síntesis que articula la propuesta a través de cuatro apartados constitucionales que son los principios, el rol del Estado, el catálogo de derechos y los mandatos u obligaciones del Estado. Esta clasificación se explica ante la necesidad de realizar un abordaje integral e interrelacionado de los distintos apartados de la Constitución, de forma que el reconocimiento constitucional de los derechos se vincule claramente con la acción pública de los poderes del Estado y con mandatos específicos para las entidades responsables que lleven a la práctica el texto que resulte aprobado por la Convención y que será validado en el plebiscito de salida.

El objetivo de la publicación es abrir la reflexión y discusión sobre cómo las principales demandas y prioridades de las mujeres se deben incorporar en el nuevo texto constituyente, de forma que la ciudadanía y las organizaciones cuenten con una línea de base para monitorear el debate que dará la Convención en estas materias y fomentar la rendición de cuentas respecto a la incorporación de contenidos de la agenda feminista.

DESCARGA «Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos»

«Más que juanitas»: 26 organizaciones feministas se unen para que la nueva Constitución reduzca la desigualdad de género

Fabiola Gutierrez — Thu, 23 Dec 2021 12:15:48 +0000

La propuesta, sistematizada por la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, busca que la nueva carta fundamental chilena consagre la igualdad sustantiva y no discriminación, garantice los derechos sociales de las mujeres y ayude a combatir la discriminación contra las mujeres por razones de étnicas, de edad, de discapacidad y otras.

Si la brecha de género en Chile era profunda antes de la pandemia, esta se ha exacerbado por los efectos económicos y sociales del Covid-19: la participación femenina en el mundo del trabajo retrocedió un 6,1% durante 2020, según el INE, a la par de un aumento en las horas de trabajo no remunerado que las mujeres dedican a labores de cuidado. En este contexto la pregunta sobre cómo la nueva Constitución puede contribuir a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres ha cobrado mayor relevancia. A partir de las experiencias de más de 26 organizaciones y mujeres chilenas, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por sus siglas en inglés) presentó 28 elementos transversales que la nueva carta fundamental debería cumplir para asegurar que cuenta con un enfoque de género.

El checklist es parte del libro “Más que Juanitas. Derechos sociales con enfoque de género en la nueva Constitución”, editado por GI-ESCR. El texto también presenta una serie de testimonios de mujeres en distintos contextos, aportados por más de 30 organizaciones y movimientos sociales nacionales, entre las que se encuentran Comunidad Mujer, el colectivo LAS TESIS, Mujeres en Zonas de Sacrificio, Corporación Humanas, ONG FIMA, Techo Chile, la Red de Defensoras de Derechos Humanos, la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda y otras.

El listado incluye elementos estructurales que deberían ser incluidos en la nueva Constitución, como el principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y mujeres; reconocer y distribuir las labores de cuidado; y fortalecer los servicios públicos con enfoque de género. También plantea que la carta fundamental debe reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres. Finalmente, el checklist plantea elementos que reconozcan las distintas realidades de las mujeres a lo largo de Chile, como la protección de las defensoras ambientales; reconocer el aporte de las mujeres indígenas y combatir diversas formas de discriminación por razones étnicas, de edad o discapacidad.

El proceso constitucional chileno ofrece una oportunidad única para crear las condiciones que permitan reducir la desigualdad de género. “Una de las herramientas para enfrentar este desafío es a través de la incorporación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con enfoque de género en el nuevo texto constitucional. El éxito de esta misión, sin embargo, exige dejar atrás los estereotipos que por décadas vienen reduciendo la experiencia y la agencia de las mujeres y niñas en Chile, tales como la ‘señora Juanita’. A eso apunta este conjunto de elementos que presentamos hoy que se han elaborado sobre la base de las demandas de varias organizaciones y movimientos feministas nacionales”, comenta la directora ejecutiva de GI-ESCR y ex relatora especial sobre extrema pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Magdalena Sepúlveda.

La convencional constituyente por el Distrito 8 RM, Tatiana Urrutia, agradece que este proyecto recoja la conversación que han estado dando dentro de la Convención las feministas «que estamos preocupadas de que todas estas demandas se vean reflejadas en normas concretas que posibiliten el avance de futuras legislaciones que permitan cambiar la vida de las mujeres, de las disidencias y de la mayoría de las personas que viven en este país”.

El libro “Más que Juanitas” y el checklist están disponibles para descarga gratuita en formato digital en el sitio web de GI-ESCR.

En la iniciativa Más que Juanitas participaron las siguientes organizaciones, movimientos y personas:

Asociación de Abogadas Feministas (Abofem)
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp)
Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda
Colectivo LAS TESIS
Comunidad Mujer
Cooperativa Desbordadas
Corporación Humanas
Corporación La Morada
Corporación Miles Chile
Corporación Opción
ONG FIMA
Fundación Chilena para la Discapacidad
Fundación Libera
Fundación Mujeres de Mar
Fundación Newenko
Fundación Niñas Valientes
Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO Chile)
ONG Madre Nativa
ONG Matria Fecunda
Movimiento de Acción Migrante
Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia
Mujeres de Maya Sawuri
Observatorio Ciudadano
Coordinadora Nacional de Inmigrantes
Red de Defensoras de DD.HH.
TECHO-Chile, Fundación Vivienda, y Centro de Estudios Socioambientales (CES)
Celsa Durán, Agrupación Casa Abierta
Laura Liliana Matus Ortega

Los cuidados en los reglamentos de la Convención Constitucional

Fabiola Gutierrez — Thu, 21 Oct 2021 18:10:36 +0000

Por Mariela Infante, directora (I) de Corporación Humanas

La reciente aprobación de los reglamentos, que permitirán organizar el trabajo de la Convención Constitucional, da cuenta de la mayoritaria preocupación de sus integrantes por no reproducir durante la elaboración de la nueva Constitución las discriminaciones estructurales que excluyen a amplios sectores del país.

Antes que comenzara a funcionar la Convención, la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena presentó una propuesta de reglamento centrada en garantizar la presencia sustantiva de mujeres y disidencias en toda su diversidad. Las recomendaciones se ven reflejadas en buena parte de los reglamentos finales, pues principios tales como la igualdad de género, paridad, participación popular, plurinacionalidad, transparencia, inclusión y representatividad de grupos históricamente excluidos, fueron incorporados.

Un aspecto escasamente discutido a nivel político, pero sumamente relevante como reproductor de desigualdades, es el cuidado. El término se refiere a todas las actividades requeridas por las personas para mantener su vida, salud y bienestar. Entre estas tareas se encuentran las labores del hogar, como la preparación de alimentos, limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, especialmente, de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o aquellas que tienen alguna discapacidad. Aunque es indispensable para la sobrevivencia, este trabajo no ha sido reconocido como tal e históricamente se ha asignado a las mujeres. De este modo, las mujeres han asumido de manera individual la responsabilidad de una función invisible, gratuita y con nula valoración social que las priva e interfiere en su desarrollo personal y participación en el ámbito público.

Considerando la desigual distribución del cuidado, pues hasta el día de hoy las mujeres dedican el doble de horas a estas tareas que los varones, desde la Articulación se propuso garantizar la participación efectiva en condiciones de igualdad de los y las convencionales que tienen responsabilidad de cuidado, a través de horarios y jornadas de trabajo compatibles con el desarrollo de estas funciones y financiamiento para cubrirlas.

En términos generales, los reglamentos incorporaron disposiciones relativas al cuidado que constituyen un avance significativo dentro del contexto nacional, pues hasta ahora ni siquiera la sala cuna universal se encuentra garantizada.

Así, es posible observar que el enfoque de cuidados se integró como un principio rector del reglamento general y las sesiones deben informarse con la debida antelación y apegarse a los horarios dispuestos para no afectar la participación de los y las convencionales que tienen responsabilidades de cuidado, quienes recibirán una asignación monetaria especial para cubrir estos gastos. Del mismo modo, el reglamento de ética dispone que los y las integrantes de la Convención deben abstenerse de discriminar en el ejercicio de su cargo, explicitando como motivo prohibido de discriminación las labores de cuidado.

También es valorable que el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado se incluyera entre los temas que deberá abordar la Comisión de derechos fundamentales. Además, el reglamento de participación ciudadana transversaliza el enfoque de cuidados, pues deberán generarse las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva y en condiciones de igualdad de quienes asumen tales responsabilidades.

A pesar de estos avances, existen otras propuestas elaboradas desde Nada sin Nosotras que habrían permitido que el enfoque de cuidados tuviera una aplicación consistente. Por ejemplo, fijar la jornada de trabajo de la Convención en 40 horas semanales y solo de manera excepcional y justificada trabajar fuera de este horario, para generar un modelo distinto que no replique el “vivir para trabajar” que sitúa a Chile como uno de los países en que más horas se trabaja. En el mismo sentido, entregar apoyo económico para cubrir las labores de cuidado de los y las asesoras de convencionales, o prestar la infraestructura necesaria para cuidado infantil, habría sido una medida óptima para no afectar las oportunidades de empleo de las mujeres que asumen mayoritariamente estas tareas.

No obstante lo anterior, como una primera experiencia de incorporación del enfoque de cuidados, el balance es positivo. El llamado en esta segunda etapa que se inicia con el debate de contenidos de la nueva Constitución es que el derecho al cuidado sea incorporado de forma efectiva, pues representa un giro fundamental para establecer un nuevo camino de organización y convivencia social. Reconocer el valor social y económico del cuidado, desprivatizarlo y distribuirlo igualitariamente para que sea una responsabilidad colectiva del Estado, los privados, las comunidades y las familias, es imprescindible para la igualdad sustantiva, la profundización democrática y para incentivar la participación de mujeres en espacios de decisión.

Publicación en La Tercera

Hacia un Congreso paritario 2021

Fabiola Gutierrez — Thu, 25 Mar 2021 16:07:05 +0000

Hace un par de días el Frente Amplio presentó un proyecto de reforma constitucional para incorporar el mecanismo de la paridad para las próximas elecciones parlamentarias. Esta iniciativa, que integra el mismo mecanismo de elección que el utilizado para la paridad en la Convención Constitucional, se une a otras propuestas de diferentes coaliciones y partidos que no encuentran razones para mantener la subrepresentación de mujeres en las elecciones que tendrán lugar en el mes de noviembre y en general en los órganos del Estado.

La marea feminista, con el apoyo de la ciudadanía, encontró en el plebiscito por la nueva Constitución un respaldo sustantivo a la paridad para la Convención Constitucional. Es de sentido común que la democracia requiere de las voces y experiencias de las mujeres que en toda su diversidad participan de la vida social y política, de partidos, organizaciones barriales, movimientos sociales, empresas, entre otros, pero que difícilmente están presentes en la toma de decisiones.

Las feministas, sus organizaciones y movimientos tenemos claro que el derecho a participar de instancias políticas no se limita a la adquisición del voto, sino que en la posibilidad real de ser elegidas. Se trata de ser ciudadanas plenas.

Además, de acuerdo a las encuestas realizadas por Corporación Humanas durante el año 2020, la paridad es para una gran mayoría de las chilenas un componente central para avanzar hacia la igualdad de género, más aún en un contexto de pandemia en el que ha quedado al descubierto que la discriminación sistémica de género y la escasa participación de mujeres en las decisiones políticas han impedido, entre otras cosas, visibilizar el impacto diferenciado que esta ha tenido para nosotras.

El problema de fondo sigue siendo la voluntad política del colectivo masculino que concentra el poder político para avanzar hacia su democratización. Para quienes estamos convencidas que la paridad es una estrategia necesaria para avanzar hacia la igualdad de género y con ello hacia una democracia inclusiva, no existen razones para esperar el término de la Convención y luego los cuatro años entre una elección y otra. La mejor forma de apoyar el proceso constitucional, en el que sin duda la paridad será un tema central, es desde ya avanzar hacia un Congreso paritario. Poco importa quienes presenten un proyecto u otro, el objetivo de las feministas se juega en el proceso y en una estrategia común para lograrlo. Los partidos políticos representados en el actual Congreso, tendrán que mostrar credenciales democráticas en relación a cuán dispuestos están a empujar la igualdad de género en esta materia, más aún cuando el Estado ha adoptado acuerdos regionales que apuntan en ese sentido y lo comprometen, tal como lo establecen la Estrategia de Montevideo o la propia Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW).

Las feministas, sus organizaciones y movimientos tenemos claro que el derecho a participar de instancias políticas no se limita a la adquisición del voto, sino que en la posibilidad real de ser elegidas. Se trata de ser ciudadanas plenas. Se requieren de mecanismos concretos que permitan corregir las desigualdades que en la práctica nos limitan el acceso al poder. Conquistado ese derecho a plenitud, podremos hacer valer nuestras luchas, nuestras demandas y nuestras diferencias y diversidades.

Esperamos que el proyecto presentado recientemente y otras iniciativas, que, con distintas estrategias, apunten a lograr la paridad desde ya, permitiendo un proceso de confluencia entre partidos y organizaciones que mire más allá de las contiendas electorales coyunturales y entienda que después de la revuelta política social del 18 de octubre Chile requiere más y mejor democracia.

Por Lorena Fries, directora ejecutiva de Corporación Humanas en El Mostrador

INVITACIÓN: “Diálogos Constituyentes: Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres”

Fabiola Gutierrez — Wed, 09 Dec 2020 15:13:00 +0000

Este viernes 11 de diciembre a las 18.30 horas acompáñanos en “Diálogos Constituyentes: Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres”. Participan las precandidatas a la Convención Constitucional:
Alejandra Sepúlveda, Directora Ejecutiva de Comunidad Mujer
Hortencia Hidalgo, Integrante del Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chasquinayrampi
Bárbara Sepúlveda, Directora de ABOFEM

Modera: Carolina Carrera, Coordinadora de Estudios de Corporación Humanas

¿Cuándo?
?viernes 11 de diciembre,
⏰18.30 horas
✍?Inscripciones

✋?Contaremos con Lengua de Señas

El encuentro es organizado por la plataforma Nada Sin Nosotras, en conjunto con Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, más el apoyo de la Plataforma Contexto. Esta iniciativa se enmarca dentro de las diversas actividades que han realizado las organizaciones participantes para promover la participación informada de las mujeres y la ciudadanía en el proceso constituyente.

El conversatorio se realizará por la plataforma Zoom y será transmitido por las cuentas de Facebook y Youtube de Corporación Humanas.