Fabiola Gutiérrez – Humanas

OPINIÓN: La gran feminización de la sociedad

Fabiola Gutierrez — Thu, 15 Jan 2026 15:13:22 +0000

La columna “La gran feminización de la sociedad” presenta como amenaza transformaciones que, en rigor, responden a compromisos democráticos y jurídicos largamente asumidos por los Estados. Plantear la ampliación de derechos y la mayor participación de las mujeres como un riesgo para el Estado de derecho supone invertir el problema: lo que debilita la democracia no es la inclusión, sino la exclusión persistente.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no ha sido un fenómeno natural ni circunstancial, sino una forma estructural de desigualdad. En ese contexto, los mecanismos orientados a garantizar participación equilibrada -incluidas las políticas de paridad- no constituyen privilegios ni concesiones ideológicas, sino herramientas para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva.

Los estándares internacionales en derechos humanos son claros. Una democracia que excluye sistemáticamente a la mitad de la población carece de legitimidad plena. Así lo ha reafirmado el Comité CEDAW, al establecer que la representación equilibrada de las mujeres es una condición para la vigencia del Estado de derecho y para la adopción de decisiones públicas más justas y responsables.

El debate, entonces, no es si “lo femenino” amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover.

Paula Salvo Del Canto – Directora Corporación Humanas

Fabiola Gutiérrez – Coordinadora de Comunicaciones Corporación Humanas

Jennifer Alfaro – Coordinadora Estudios y Litigio Estratégico Corporación Humanas

Carta al director, publicada el 13 de enero de 2026. El Mercurio

[OPINIÓN] El humor, la incomodidad y los límites de la libertad de expresión

Fabiola Gutierrez — Wed, 10 Sep 2025 11:02:30 +0000

Una broma en un escenario puede durar apenas segundos, pero sus ecos pueden extenderse por semanas. Eso ocurrió con la comediante Natalia Valdebenito, que en medio de una presentación ironizó sobre la tragedia de los mineros de El Teniente. La frase fue desafortunada, sin duda. Pero lo que siguió resulta aún más inquietante: el episodio desató un vendaval de oficios parlamentarios, notas de prensa repetidas y, sobre todo, una campaña feroz de hostigamiento digital que busca mucho más que criticar sus dichos.

El caso llegó incluso a la Corte de Apelaciones de La Serena, donde familiares de una de las víctimas solicitaron impedirle volver a referirse al tema. En paralelo, diputados de la UDI han emitido más de 300 oficios pidiendo información sobre sus contratos, honorarios y presentaciones. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lo ha descrito con claridad: se trata de una persecución política, que usa el aparato institucional para vigilar y amedrentar a una mujer.

Conviene detenerse aquí. No estamos frente a una simple discusión sobre los límites del humor. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Como recordó el rector Carlos Peña en su columna reciente, “una cosa es el deber moral o la prudencia de no decir algo, y otra muy distinta es que el Estado o un tribunal puedan sancionar jurídicamente a quien lo dice”. La frontera legítima de la libertad de expresión no está en la incomodidad, ni en el mal gusto, sino en el discurso de odio: aquel que incita a la violencia y amenaza la seguridad de personas o grupos.

Si aceptamos que un chiste o una frase —por torpe que sea— pueda terminar perseguida judicialmente, corremos el riesgo de abrir la puerta a la censura y a la autocensura, donde artistas o comediantes midan cada palabra bajo la amenaza de sanción.

Lo que agrava aún más la situación es que la Corte de Apelaciones de La Serena dictará una orden de no innovar que, en la práctica, constituye un caso de censura previa. Tanto la Constitución chilena como la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben expresamente este tipo de medidas: toda restricción legítima debe ser siempre posterior a lo expresado, nunca impedir de antemano que alguien hable. Este tipo de prohibiciones ambiguas no solo son inconstitucionales, también sientan un precedente peligroso para el humor, la crítica y la democracia misma.

Pero hay algo más. Cuando la persona en cuestión es una mujer, las consecuencias se amplifican. Natalia Valdebenito no enfrenta únicamente críticas legítimas: es blanco de un acoso sistemático que incluye cuestionar su trayectoria, su trabajo y los montos que recibe por sus presentaciones. Ese escrutinio no es neutro; responde a un patrón conocido de violencia digital de género que busca disciplinar a las mujeres que opinan en el espacio público. Lo hemos visto en periodistas, en políticas y en activistas: mientras más visible y crítica es su voz, más intensa es la reacción que busca silenciarlas.

Reconocer el dolor de las familias de los mineros es indispensable. Nadie puede restar importancia a esa sensibilidad. Pero una cosa es el legítimo debate social sobre lo que se considera aceptable, y otra muy distinta es judicializar la expresión artística. En democracia, las tensiones se resuelven con más diálogo, más discusión y más ideas, no con persecuciones ni censuras.

Una democracia madura no necesita perseguir a sus comediantes en los tribunales. Lo que necesita es más capacidad de debatir sin linchar, de disentir sin destruir, de escuchar sin convertir la diferencia en una amenaza.

Por Fabiola Gutiérrez, coordinadora de Comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 04 de septiembre, 2025.-

Opinión: Desde el sur feminista: no hay democracia sin derechos humanos

Fabiola Gutierrez — Thu, 19 Jun 2025 13:08:20 +0000

En Gaza, miles de mujeres y niñas han muerto bajo los bombardeos. En Estados Unidos, familias migrantes son perseguidas. En Colombia, la violencia amenaza los procesos de paz. En cada rincón del mundo, la promesa de los derechos humanos se deshace ante nuestros ojos.

Como feministas del sur, no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza, ni frente a los retrocesos democráticos que se extienden por el mundo. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la criminalización de la protesta, la persecución de defensoras y defensores, y el cerco informativo, constituyen amenazas directas al ejercicio de las libertades fundamentales y a la vigencia del derecho internacional.

El genocidio en Gaza ha cobrado la vida de millones de personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Las imágenes que logran romper el cerco mediático nos enfrentan a una tragedia que exige acción urgente. Gestos como el de Greta Thunberg y la flotilla humanitaria, aunque simbólicos, son profundamente políticos y reflejan el clamor global por un alto al fuego y por justicia. La deportación de activistas humanitarias debe ser denunciada como parte del silenciamiento de quienes defienden el derecho a la vida y la paz.

No podemos dejar de mirar también lo que ocurre en África y Asia, donde mujeres y niñas enfrentan violencias extremas como la mutilación genital, el matrimonio forzado, la trata, la negación del acceso a derechos básicos y los feminicidios. Estas crisis nos interpelan a defender con más fuerza la inclusión de la perspectiva de género en la política internacional y en la resolución de conflictos armados.

En Centroamérica, también observamos con alarma el debilitamiento del estado de derecho, la criminalización de organizaciones sociales y feministas, y las graves restricciones a la libertad de prensa, como en Nicaragua. La militarización de la seguridad, como en El Salvador, ha derivado en detenciones masivas y arbitrariedades que afectan de forma desproporcionada a comunidades vulnerables, incluidas mujeres, juventudes y personas migrantes.

En Estados Unidos, las redadas migratorias y la declaración de estados de emergencia en ciudades como Los Ángeles refuerzan una política de criminalización de la migración que debe cesar. La dignidad no tiene fronteras.

Miramos con preocupación los atentados recientes en Colombia, que debilitan el camino hacia la paz con justicia social, y también las restricciones en Turquía y otras regiones donde mujeres, defensoras y diversidades sexuales enfrentan condiciones críticas para ejercer sus derechos más básicos.

Hoy más que nunca, reafirmamos que la paz, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional no son negociables. Las guerras, los autoritarismos y las políticas de odio no son el camino de la justicia ni de la convivencia.

Las organizaciones feministas hemos sostenido históricamente que no hay paz sin justicia, ni democracia sin derechos humanos para todas las personas. El impacto diferenciado de estas crisis sobre mujeres y niñeces debe estar en el centro de cualquier análisis o respuesta internacional.

Desde Chile, como parte de los movimientos feministas del sur global, alzamos la voz por una comunidad internacional que no tema decir: no al genocidio, no a la impunidad, no al silencio. Porque la dignidad será global, o no será.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de Comunicaciones, Corporación Humanas.

Columna de opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 17 de junio, 2025.-

[OPINIÓN] Coberturas mediáticas sobre violencia y abuso sexual: ¿medios en deuda?

Fabiola Gutierrez — Thu, 25 Jul 2024 20:12:19 +0000

Una vez más observamos con preocupación la cobertura mediática de casos de abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de edad. El más reciente ha sido el caso de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador de la UDI Javier Macaya, quien el miércoles 10 de julio fue declarado culpable por el delito de abuso sexual contra dos menores de edad.

En el veredicto, el imputado fue absuelto de otras dos acusaciones por los mismos ilícitos y finalmente, se determinó que el empresario cumpla una sentencia de seis años. Lamentablemente su paso por la cárcel fue breve.

El abordaje de los medios de comunicación, en especial la televisión, trae a la vista puntos críticos a considerar y, uno de ellos, dice relación con la tribuna que se le da a los abusadores.

Los medios, a menudo, permiten que los abusadores o sus defensores tengan un espacio para justificar o minimizar sus acciones. Esto desvía la atención de las víctimas y del delito mismo, generando una narrativa que busca empatizar, incluso de manera sutil, con el perpetrador, revictimizando así a las víctimas. Por otra parte, se presta demasiada atención a la “caída” del agresor y a las consecuencias para su vida y carrera, mientras que el impacto en las víctimas queda relegado a un segundo plano cuando lo que debiese primar en este proceso es protegerlas y ampliar sus voces durante el proceso de búsqueda de justicia y reparación, si es que ellas lo desean.

Lo anterior, quedó demostrado con las declaraciones entregadas por el senador Macaya en un programa político de televisión en el que cuestionó las pruebas presentadas en el juicio y aseguró estar de parte de su padre. El legislador también criticó las pruebas de la Fiscalía: “Trato de empatizar también con personas que establecen ciertos hechos que no conocen. Acá parte por una situación familiar, una persona que es grabada en un entorno familiar sin su consentimiento, con pruebas y con un video que es bastante editado”.

La pregunta que nos hacemos es, ¿es posible grabar un video de esta índole con el consentimiento del abusador? ¿por qué una víctima llega al punto de tener que grabarlo? Esto no fue cuestionado durante el programa y tampoco en otras entrevistas que se originaron posteriormente. De esta manera, vemos cómo los medios tienden a omitir o minimizar la cultura de silencio que rodea a estos casos, donde los secretos de familia y las dinámicas de poder juegan un rol crucial en la perpetuación del abuso.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de representaciones sociales, políticas y culturales, por ello resulta grave cuando estos no abordan el contexto familiar y social que permite que el abuso continúe sin ser reportado o castigado adecuadamente.

Genera una alerta permanente la evidente falta de sensibilidad y formación en perspectiva de género en la cobertura de estos casos. Muchos y muchas periodistas abordan estos temas con un enfoque sensacionalista, sin considerar el impacto que puede tener en las víctimas y sus familias.

Frecuentemente, se utiliza un lenguaje que culpabiliza a las víctimas, sugiriendo que podrían haber hecho algo para evitar el abuso. Esto perpetúa estereotipos dañinos y desalienta a otras víctimas a denunciar.

Para abordar la cobertura de casos de abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de edad de manera más adecuada, es crucial adoptar un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Adoptar estos enfoques no solo mejora la calidad y ética del periodismo, sino que también contribuye a un cambio social positivo, promoviendo la justicia y la protección de las denunciantes.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de julio de 2024.-

Manual: Informar es un Super Poder

Fabiola Gutierrez — Fri, 26 Apr 2024 14:45:34 +0000

La desinformación es una amenaza para las democracias de todo el mundo y es también una arma poderosa para frenar el avance en derechos de las mujeres, así como de otros grupos de especial protección.

Esta puede ser utilizada por terceros para difamar y desacreditar tu trabajo y el de tu organización, inventando cosas negativas sobre las ideas que impulsan o cambiando el foco del debate. Por ejemplo, para frenar el avance de la paridad de género en política se dice que “serán electas mujeres que no tienen los conocimientos necesarios, solo por ser mujeres” o se enfoca el debate en las vidas personales de quienes son candidatas.

¿Cómo enfrentar la desinformación y las narrativas polarizadas?

Existen distintos tipos de contra narrativas: la moral, la basada en hechos, las humorísticas o sarcásticas y las positivas. Si bien todas pueden servir, se ha comprobado que las más efectivas son las narrativas positivas: no es una respuesta a otra narrativa, es una propuesta de una realidad diferente.

¿Por qué? Si solo respondemos a la desinformación y a discursos de odio, los volvemos algo común e incluso podemos reforzar aún más esos mensajes. Tenemos que mostrarles a nuestras audiencias cómo se vería el mundo si ocurren los cambios que queremos y también invitarlas a informarse, construir sus propias y fundadas opiniones y así participar con argumentos en los debates públicos.

El manual fue realizado por las periodistas Fabiola Gutiérrez y Luna Grado, con el apoyo de Luz Reidel. El diseño estuvo a cargo de Johana Vergara

Descarga nuestro manual

Violencia simbólica: del reconocimiento a la acción

Fabiola Gutierrez — Fri, 26 Apr 2024 12:10:56 +0000

La declaración regional de OEA señala que la violencia simbólica es una manifestación de la discriminación histórica contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, la cual contribuye a perpetuar las desigualdades.

Tras largos años de debate parlamentario, Chile cuenta al fin con una Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta normativa incorpora múltiples expresiones de la violencia hacia las mujeres, más allá de la intrafamiliar o sexual.

Así, en su artículo 6, la ley reconoce la violencia simbólica y señala que es “toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer”. Además, en su artículo 15, indica obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación.

Este reconocimiento va en línea con la reciente declaración regional impulsada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que señalan que “la violencia simbólica es una manifestación de la discriminación histórica contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, que ha estado presente en nuestras sociedades” y que, por ende, contribuye a perpetuar las desigualdades y a excluir a las mujeres del espacio público.

La violencia simbólica se puede manifestar a través de la cosificación de las mujeres y la consideración de roles estereotipados de género, entre otras formas, y es parte de la discriminación estructural hacia las mujeres, naturalizando su subordinación. Esta ha sido identificada en tratados internacionales y regionales de derechos humanos que refieren a la necesidad de modificar “patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art.5 CEDAW).

Se trata de un tipo de violencia difícilmente codificable e inasible que, según señala Rita Segato, escritora, antropóloga y activista feminista argentina, es más efectiva cuanto más sutil. Y que, como conceptualiza el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no es posible de aprehender a través de un ejercicio de conciencia.

Desde una comunicación con enfoque de género, debemos fomentar la erradicación de mensajes que injurian, difaman, humillan, subordinan y atentan contra la dignidad de millones de mujeres y evitar incurrir en prácticas que contribuyen a la estereotipación y estigmatización de las mujeres.

Fomentar nuevas narrativas, en un contexto en el cual abundan los titulares y contenidos sexistas, sensacionalistas, llenos de morbo y carentes de reflexión social, es el gran desafío que deben emprender especialmente comunicadores y comunicadoras para aportar al fortalecimiento de la comunidad y de la democracia. En tiempos convulsionados e inciertos, las autoridades y los medios de comunicación deben ser un ejemplo, elevando el nivel de los debates y eliminando descalificaciones estereotipadas y argumentaciones discriminatorias que nos impiden avanzar en la construcción de una sociedad para el siglo XXI.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador el 23 de abril, 2024

Violencia de género en línea: con mujeres silenciadas no hay democracia

Fabiola Gutierrez — Thu, 11 May 2023 12:09:42 +0000

Una de las amenazas a la libertad de expresión es la violencia en línea, que según lo recabado en distintos informes y testimonios, afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres, siendo esta una más de las manifestaciones de la violencia patriarcal.

El 3 de mayo se conmemoró el día mundial de la libertad de prensa y se ha puesto en el debate público la importancia de la libertad de expresión para la democracia y las complejas situaciones, como amenazas, acoso, hostigamiento y ataques, que viven las comunicadoras para el ejercicio de este derecho.

Constantemente vemos cómo las mujeres con voz pública (ya sean políticas, comunicadoras o defensoras de Derechos Humanos) son objetivo de trolls, doxeo, amenazas, acoso digital, difusión de fake news y cuestionamientos a su trabajo y vidas privadas, siempre con sesgos de género. Esto no sólo queda en la virtualidad, ya que esta violencia tiene efectos “offline”: las mujeres ven afectada su salud física y mental, su vida personal, social, laboral y familiar y, lo más grave de todo, hay ataques que se concretan más allá del mensaje en redes sociales.

Un informe realizado por ONU Mujeres, con testimonios de 15 países de América Latina y Caribe, sobre violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública y su impacto en la libertad de expresión (2022) señala que 80% de las entrevistadas limita su participación en redes sociales y un 40% se autocensura y evita escribir sobre temas que son de su pertinencia por esta violencia.

En una declaración reciente, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) realizó un llamado a garantizar el ejercicio de la libertad de prensa para defender los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas que no tienen voz. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación frente al aumento de actos de violencia en contra de periodistas y defensoras a lo largo de la región que es ejercida por personas en posiciones de autoridad públicas o privadas, lo que conlleva un creciente proceso de silenciamiento y autocensura.

En línea con el informe de ONU Mujeres, advierte que las manifestaciones de violencia apuntan directamente a acallar la voz pública de las mujeres disidentes, en especial la de aquellas que buscan poner en la agenda pública la igualdad de género, el respeto a las diversidades, las denuncias frente a las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales. Hace un llamado a la acción no sólo a los Estados, sino que a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la opinión pública en su conjunto, ya que es en estos espacios donde las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos ejercen su labor, y a su vez reciben la mayor parte de los ataques.

Más allá de la afectación para quienes son objetivo directo de estos ataques sistemáticos, la violencia de género en línea tiene un efecto disciplinador, al lograr que otras mujeres se resten de espacios de debate y de difundir su opinión o trabajo para no vivir las mismas situaciones. Cabe recordar que hoy en día las redes sociales son el principal medio para la discusión pública y que estas son un espacio cada vez más hostil para las mujeres.

En conclusión, la violencia de género en línea vulnera el derecho a una vida libre de violencia, silencia a las mujeres y socava su derecho a la libertad de expresión, al obstaculizar su participación en el ecosistema digital. Esto tiene un impacto directo en la calidad de nuestra democracia, al reducir la pluralidad de miradas y voces en la agenda pública. Es necesario y urgente tomarle el peso a este tipo de violencia, no minimizar su impacto sobre la vida de las mujeres (y sobre la democracia) y tomar medidas integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

Por Luna Grado, periodista y Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicad en Braga El Mostrador el 09 de mayo de 2023

¿Y la paridad en los medios?: «A la ciudadanía se le informa con paneles donde hay solo una o ninguna mujer»

Fabiola Gutierrez — Tue, 16 Aug 2022 12:13:13 +0000

Uno de los aspectos que más se ha destacado sobre el proceso constituyente es que la propuesta de nueva Constitución fue redactada por un órgano paritario, algo inédito a nivel mundial. Las mujeres constituyentes no solo fueron la mitad de la Convención, sino también integraron de manera paritaria las presidencias y comisiones de trabajo. Esto derivó en lo que ya todas y todos conocemos: una propuesta de Constitución que establece la democracia paritaria, además de un conjunto de normas que recogen propuestas de la agenda feminista.

Se podría esperar que luego de un año de trabajo de la Convención y de las organizaciones que participaron del proceso, donde las mujeres fueron fundamentales, ellas también fueran parte del debate público en torno a la propuesta constitucional. Sin embargo, no ha sido así.

Abundan los paneles de hombres expertos en la televisión, radios y reportajes, pero escasean las mujeres. Ejemplos hay muchos. En el programa “100 indecisos” de Mega, de 4 invitados, generalmente solo una, incluso ninguna, es mujer. Además, las mujeres que han participado representan solo a un sector político (Evelyn Matthei, Ruth Hurtado, Constanza Hube y Karla Rubilar), situación que se repite incluso en los matinales.

Lo mismo ocurrió en Radiografía Constitucional, de Canal 13, excepto cuando el tema fue paridad e igualdad de género, capítulo en el que solo se invitó a mujeres. Perpetuando así, además, la noción de que estos son temas solo de mujeres, no de la sociedad en su conjunto.

Este sesgo no solamente se observa en televisión, también se evidencia en diversos artículos y reportajes respecto a la Constitución en prensa escrita. No aparecen muchas expertas dando su opinión o siendo incluidas como parte importante del proceso constituyente o de la campaña previa al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Lo mismo se replica en las radios, a diferencia de una mayor presencia de mujeres en medios digitales

Hablan de un voto informado. Sin embargo, a la ciudadanía se le informa con paneles en los cuales hay solo una mujer

El sistema de pensiones, el sistema de salud, los salarios, la delincuencia, entre otras problemáticas actuales, ¿afectan de la misma manera a los hombres y a las mujeres? Claro que no. Y nuestra historia tiene múltiples registros que comprueban que las realidades de hombres y mujeres no son las mismas.

Los medios hablan de un voto informado. Sin embargo, a la ciudadanía se le informa con paneles en los cuales hay solo una mujer, que, además, es imposible que represente la postura política de las millones de mujeres del país, que constituimos la mitad de la población del territorio nacional y del padrón electoral. Y es aquí donde la paridad debe actuar. Que las distintas expertas informen cómo podría cambiar la realidad de las mujeres en el caso de que se apruebe el nuevo texto y, por supuesto, contribuir en el debate en general.

Según el Informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2020, los medios tradicionales alcanzarán la paridad recién en, mínimo, 67 años. Es momento de actuar en favor de ello. Hay mujeres destacadas y expertas en sus áreas, hay mujeres que participaron de la Convención Constitucional, hay mujeres que se han movilizado en sus territorios, también hay mujeres que ven estos medios y no se ven representadas. No hay razones para no incluir mujeres en su diversidad de opiniones y opciones políticas. Ahora que estamos debatiendo sobre la propuesta constitucional, ¿dónde quedaron las voces de las mujeres que participaron activamente del proceso?

por Luna Grado, Fabiola Gutiérrez y Danitza Soto en el Mostrador Braga