En el caso de Chile la educación sexual está prevista sólo para el nivel medio (esto es, cuando los niños y las niñas tienen más de 12 años) y se enseña como una materia determinada o como un contenido fijo, que no tiene vínculos con otros aprendizajes que se dan a lo largo de la vida escolar.

Diversas organizaciones sociales han dado cuenta sobre “el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas de que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil”,  delito con altas cifras en Chile y que afecta principalmente a niñas y niños de menos de 14 años.

Esta herramienta, que previene la violencia y el abuso sexual a temprana edad, ha sido objeto de una arremetida de grupos que, a nivel nacional y regional, la atacan bajo la consigna “con mi hijos no te metas”. A ello se suma que actualmente contamos con un Congreso y un proceso constitucional en curso que materializa la amenaza latente de retroceder en derechos sexuales y reproductivos.

Falta de políticas públicas integrales

En nuestro país existen pocas campañas informativas que sensibilicen a las y los distintos actores involucrados en torno a este derecho. En lugar de ello, los relatos públicos que determinan las agendas de los medios dan espacio a discursos que desinforman en torno a la ESI, replicando ideas basadas en prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad de estos contenidos en el aula y en sus efectos positivos para la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, la campaña busca entrar en diálogo con las comunidades educativas, las familias, actores/as políticas, organizaciones sociales en torno a comprender lo que involucra este proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la afectividad y el bienestar.

Noticia publicada en Radio JGM el 20 de octubre de 2023.- 

En el caso de Chile la educación sexual está prevista sólo para el nivel medio (esto es, cuando los niños y las niñas tienen más de 12 años) y se enseña como una materia determinada o como un contenido fijo, que no tiene vínculos con otros aprendizajes que se dan a lo largo de la vida escolar. Diversas organizaciones sociales han dado cuenta sobre “el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas de que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil”,  delito con altas cifras en Chile y que afecta principalmente a niñas y niños de menos de 14 años.

Esta herramienta, que previene la violencia y el abuso sexual a temprana edad, ha sido objeto de una arremetida de grupos que, a nivel nacional y regional, la atacan bajo la consigna “con mi hijos no te metas”. A ello se suma que actualmente contamos con un Congreso y un proceso constitucional en curso que materializa la amenaza latente de retroceder en derechos sexuales y reproductivos.

En nuestro país existen pocas campañas informativas que sensibilicen a las y los distintos actores involucrados en torno a este derecho. En lugar de ello, los relatos públicos que determinan las agendas de los medios dan espacio a discursos que desinforman en torno a la ESI, replicando ideas basadas en prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad de estos contenidos en el aula y en sus efectos positivos para la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, la campaña busca entrar en diálogo con las comunidades educativas, las familias, actores/as políticas, organizaciones sociales en torno a comprender lo que involucra este proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la afectividad y el bienestar.

Publicada el 27 de septiembre de 2017, esta ley fue valorada en el país y también a nivel internacional, pues durante casi 30 años se mantuvo vigente en Chile un estatuto jurídico estricto que criminalizaba a quienes decidían interrumpir su embarazo, sin excepción alguna, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en orden a la despenalización del aborto y garantías de atención.

Si bien comparada con los avances alcanzados en otros países de la región -Argentina, Colombia, México y Uruguay-, la normativa chilena resulta limitada al referir sólo a tres causales, gracias a esta ley se han salvado las vidas de mujeres que se encontraban en riesgo, se ha resguardado su integridad física y psíquica frente a embarazos inviables y se ha protegido a niñas y mujeres víctimas de violación.

En los últimos años se ha consolidado el apoyo social a los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus proyectos de vida. De acuerdo a estudios de opinión pública, el 49% de las personas entrevistadas respalda el aborto en tres causales, el 30% está a favor en cualquier caso, mientras que 19% se manifiesta totalmente en contra. Es decir, casi el 80% apoya que las mujeres puedan decidir frente a sus embarazos (Encuesta CEP, julio 2023).

Pese a los numerosos argumentos que respaldan la ley vigente, y sin tomar en cuenta el apoyo ciudadano a esta normativa, las fuerzas políticas más conservadoras han emprendido una avanzada articulada y sostenida en contra de los derechos sexuales y reproductivos ya garantizados en nuestra legislación. Esto, a través de iniciativas legislativas que buscan debilitar e incluso derogar la regulación vigente sobre aborto en causales, así como propuestas constitucionales que favorecen la supresión de la ley actual y consagran de manera ilimitada la objeción de conciencia.

Estos eventuales retrocesos exigen reforzar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, ya que las leyes restrictivas sobre interrupción voluntaria del embarazo las afectan de manera desproporcionada, en particular a aquellas que viven en situaciones de vulneración. A ello se suma la falta de información y educación sexual integral que impone barreras al ejercicio de sus derechos y obstaculiza la prevención de la violencia sexual. Observamos con preocupación cómo la agenda conservadora de la derecha se ha ido imponiendo en la propuesta de nueva Constitución, cuando esta debe ser un texto que busque la cohesión social y que proteja a todas las personas. Hoy más que nunca es imperante defender los avances alcanzados.

Columna de opinión de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 27 de septiembre en Cooperativa