En el décimo aniversario del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, una decena de organizaciones evalúan los avances y desafíos en Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. Este acuerdo, celebrado por 33 países, establece un marco global en igualdad de género, salud sexual y reproductiva.

“A diez años del Consenso de Montevideo, la hoja de ruta que traza en materia de derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un horizonte a alcanzar en Chile”, afirma Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora 8M.

A pesar de avances, hay deficiencias en la garantía de estos derechos. La baja implementación de compromisos en educación sexual integral y desafíos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo preocupan a las organizaciones.

“Hay avances en la coordinación institucional para la atención en violencia de género y matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los desafíos siguen estando en educación integral en sexualidad y aborto”, plantea Siomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Sobre el actual escenario constituyente, las organizaciones subrayan la necesidad de contar con políticas públicas sólidas para salvaguardar la salud sexual y reproductiva en Chile.

“En un contexto que es de amenaza en Chile y en numerosos países de América para el reconocimiento de estos derechos, en especial de la Educación Sexual Integral, el aborto ante embarazos no deseados o no aceptados, así como los derechos de la comunidad LGTBQI+. Lo cual podría aumentar las barreras ya existentes”, agrega la vocera de la Coordinadora 8M.

Las agrupaciones feministas subrayan la necesidad de una supervisión constante del Estado en asuntos relacionados con mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. También insisten en la revisión de los compromisos internacionales en la agenda chilena. Carolina Cisternas, vocera de las Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), destaca la importancia de la sociedad civil organizada en evaluar el progreso respecto a este marco normativo y similares.

En su declaración, las organizaciones instan a trabajar juntas para construir un futuro donde todas las personas tengan el derecho fundamental de decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Este es nuestro llamado a la acción y contribución al avance de una sociedad más justa e igualitaria”.

Entre las organizaciones que adhieren a la declaración están APROFA, Asociación Ginecólogas Chile, Colectiva por el Derecho a Decidir, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Miles, Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), ONG Amaranta, Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Red Nacional Con Las Amigas y En La Casa.

Noticia publicada en El Mostrador (16.11.2023) 

En el caso de Chile la educación sexual está prevista sólo para el nivel medio (esto es, cuando los niños y las niñas tienen más de 12 años) y se enseña como una materia determinada o como un contenido fijo, que no tiene vínculos con otros aprendizajes que se dan a lo largo de la vida escolar.

Diversas organizaciones sociales han dado cuenta sobre “el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas de que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil”,  delito con altas cifras en Chile y que afecta principalmente a niñas y niños de menos de 14 años.

Esta herramienta, que previene la violencia y el abuso sexual a temprana edad, ha sido objeto de una arremetida de grupos que, a nivel nacional y regional, la atacan bajo la consigna “con mi hijos no te metas”. A ello se suma que actualmente contamos con un Congreso y un proceso constitucional en curso que materializa la amenaza latente de retroceder en derechos sexuales y reproductivos.

Falta de políticas públicas integrales

En nuestro país existen pocas campañas informativas que sensibilicen a las y los distintos actores involucrados en torno a este derecho. En lugar de ello, los relatos públicos que determinan las agendas de los medios dan espacio a discursos que desinforman en torno a la ESI, replicando ideas basadas en prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad de estos contenidos en el aula y en sus efectos positivos para la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, la campaña busca entrar en diálogo con las comunidades educativas, las familias, actores/as políticas, organizaciones sociales en torno a comprender lo que involucra este proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la afectividad y el bienestar.

Noticia publicada en Radio JGM el 20 de octubre de 2023.- 

En el caso de Chile la educación sexual está prevista sólo para el nivel medio (esto es, cuando los niños y las niñas tienen más de 12 años) y se enseña como una materia determinada o como un contenido fijo, que no tiene vínculos con otros aprendizajes que se dan a lo largo de la vida escolar. Diversas organizaciones sociales han dado cuenta sobre “el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas de que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil”,  delito con altas cifras en Chile y que afecta principalmente a niñas y niños de menos de 14 años.

Esta herramienta, que previene la violencia y el abuso sexual a temprana edad, ha sido objeto de una arremetida de grupos que, a nivel nacional y regional, la atacan bajo la consigna “con mi hijos no te metas”. A ello se suma que actualmente contamos con un Congreso y un proceso constitucional en curso que materializa la amenaza latente de retroceder en derechos sexuales y reproductivos.

En nuestro país existen pocas campañas informativas que sensibilicen a las y los distintos actores involucrados en torno a este derecho. En lugar de ello, los relatos públicos que determinan las agendas de los medios dan espacio a discursos que desinforman en torno a la ESI, replicando ideas basadas en prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad de estos contenidos en el aula y en sus efectos positivos para la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, la campaña busca entrar en diálogo con las comunidades educativas, las familias, actores/as políticas, organizaciones sociales en torno a comprender lo que involucra este proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la afectividad y el bienestar.

Publicada el 27 de septiembre de 2017, esta ley fue valorada en el país y también a nivel internacional, pues durante casi 30 años se mantuvo vigente en Chile un estatuto jurídico estricto que criminalizaba a quienes decidían interrumpir su embarazo, sin excepción alguna, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en orden a la despenalización del aborto y garantías de atención.

Si bien comparada con los avances alcanzados en otros países de la región -Argentina, Colombia, México y Uruguay-, la normativa chilena resulta limitada al referir sólo a tres causales, gracias a esta ley se han salvado las vidas de mujeres que se encontraban en riesgo, se ha resguardado su integridad física y psíquica frente a embarazos inviables y se ha protegido a niñas y mujeres víctimas de violación.

En los últimos años se ha consolidado el apoyo social a los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus proyectos de vida. De acuerdo a estudios de opinión pública, el 49% de las personas entrevistadas respalda el aborto en tres causales, el 30% está a favor en cualquier caso, mientras que 19% se manifiesta totalmente en contra. Es decir, casi el 80% apoya que las mujeres puedan decidir frente a sus embarazos (Encuesta CEP, julio 2023).

Pese a los numerosos argumentos que respaldan la ley vigente, y sin tomar en cuenta el apoyo ciudadano a esta normativa, las fuerzas políticas más conservadoras han emprendido una avanzada articulada y sostenida en contra de los derechos sexuales y reproductivos ya garantizados en nuestra legislación. Esto, a través de iniciativas legislativas que buscan debilitar e incluso derogar la regulación vigente sobre aborto en causales, así como propuestas constitucionales que favorecen la supresión de la ley actual y consagran de manera ilimitada la objeción de conciencia.

Estos eventuales retrocesos exigen reforzar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, ya que las leyes restrictivas sobre interrupción voluntaria del embarazo las afectan de manera desproporcionada, en particular a aquellas que viven en situaciones de vulneración. A ello se suma la falta de información y educación sexual integral que impone barreras al ejercicio de sus derechos y obstaculiza la prevención de la violencia sexual. Observamos con preocupación cómo la agenda conservadora de la derecha se ha ido imponiendo en la propuesta de nueva Constitución, cuando esta debe ser un texto que busque la cohesión social y que proteja a todas las personas. Hoy más que nunca es imperante defender los avances alcanzados.

Columna de opinión de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 27 de septiembre en Cooperativa 

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, en el programa  #SuperCiudadanos en Súbela conversó sobre la importancia de incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución.

Lo relevante es indicar que se aprobó una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye diversas dimensiones y, una de ellas, es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce a las personas como titulares de estos derechos basados en la autonomía respecto del propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para garantizar estos derechos y complementado con una norma sobre Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, nos referimos a derechos que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos (…) y una de las críticas a la Constitución del ’80 ha sido precisamente que no los incorpore, entonces se torna relevante que estos derechos humanos estén en la nueva Constitución”, indica Maturana.

Enfatiza que la iniciativa popular «SeráLey» surge desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto -que agrupa a una serie de organizaciones a lo largo del territorio nacional- y plantea la protección de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa que primero y en muy pocos días logra superar el umbral de las firmas requeridas que eran 15 mil, lo que demuestra que es un tema relevante para la ciudadanía.

En Chile el movimiento feminista ha logrado llevar a la Convención algo que en otros países no ha existido y que es plantear expresamente que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho, no un privilegio o algo que se pueda restringir de cualquier manera (…) vamos a ver grupos que van a tratar de desacreditar ese avance enorme que se ha dado en el órgano constituyente, precisa la abogada de Corporación Humanas.

Nosotras lo que hacemos es defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, una maternidad voluntaria, a ser la protagonista de su proyecto de vida. Que exista una ley que despenalice o asegure la atención del aborto no obliga ninguna mujer a interrumpir un embarazo. En cambio, cuando tu tienes una ley que criminaliza el aborto sí le estas imponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres el miedo y retrasar una atención médica. Queremos derechos sexuales reproductivos plenos, no solo aborto, que las y los niños reciban educación sexual integral, no sexista, que vaya erradicando las prácticas de violencia de género desde la temprana edad, protección frente a la violencia sexual, que las disidencias y diversidades sexuales sean respetadas, protegidas y no enfrenten discriminación. Que la sexualidad sea una fuente de desarrollo personal, concluye Camila Maturana.

¿Qué se aprobó?

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». En tanto que, el inciso central respecto de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado con 108 y en dicho texto se garantizan los derechos sexuales y reproductivos «sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

Asimismo, el Pleno aprobó la propuesta que establece una Educación Sexual Integral.

Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas.

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El pasado jueves 10 de marzo, una protesta estudiantil paralizó las calles de la comuna de Providencia luego de que un grupo de alumnas -provenientes del Liceo 7, Liceo Carmen Carvajal, entre otros- protestaron a las afueras del Liceo Lastarria para denunciar presuntas amenazas de violación por parte de jóvenes de ese recinto educacional.

Durante la jornada de este martes el pleno de la Convención Constitucional volvió a revivir los hechos al momento de deliberar y votar en particular los artículos emanados del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF.) relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que fueron de nueva Constitución.

Durante su intervención, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) se refirió al artículo 17 que establece el derecho a una educación sexual integral señalando que “esta es una herramienta relevante que nos permite como sociedad evitar situaciones lamentables como la divulgada la semana pasada, en donde estudiantes mujeres de un liceo emblemático de Santiago denunciaron situaciones de violencia de género ejercida por sus pares hombres del establecimiento educacional”.

El inciso uno del artículo, que también consagra “el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento” fue visado por 106 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.

No obstante, la aprobación de la norma despertó críticas por parte de convencionales de derecha. A través de su cuenta de Twitter, la convencional Ruth Hurtado (Chile Libre) expresó: “En dos oportunidades hoy en el pleno se rechaza que los padres tenemos derecho y deber preferente de educar a los hijos. Esta Convención busca con ahínco debilitar la figura de los padres, de la familia, entregando nuestro derecho y deber al Estado”.

La discusión en torno a la educación sexual integral tiene historia. Si bien en 2019 se ingresó un proyecto de ley que buscaba sentar las bases generales para que la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes se impartiera desde la enseñanza parvularia, el proyecto se rechazó en 2020 por falta de quórum en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, según la convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) gracias a las movilizaciones feministas y disidencias sexo-genéricas del último tiempo, la discusión ha tomado un papel relevante incluso dentro del proceso constituyente actual: “Se han visibilizado situaciones de violencia de género y sexual, que nunca han debido ser aceptables, derivando en una necesidad de educar a todas las personas (…) además de permitir que desde temprana edad niños, niñas y adolescentes obtengan información clara y precisa sobre la sexualidad, relaciones de amor, autoestima y autocuidado”, comentó.

Para Teresa Valdés, investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile, la educación sexual integral es un tema de Derechos Humanos respaldado por la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que aborda un amplio abanico de objetivos: “Es el derecho de los niños y niñas a recibir una educación que les permita desarrollarse como persona en lo sexual, en lo afectivo, en el autocuidado, en la autonomía, en el consentimiento. Todo lo que tiene que ver con las diversas identidades y con la condición de género de cada quien”, explicó.

En el mismo contexto, Pustilnick (INN) concuerda con que este derecho permitiría a la sociedad estar más preparada para reconocer la libertad de las mujeres, prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y, del mismo modo, disminuir los riesgos de abuso sexual infantil: “En un país donde en 2021 se denunciaron 691 casos de abuso sexual contra niñas y niños menores de 14 años de edad y 160 casos abuso sexual por sorpresa y/o sin consentimiento a personas mayores de 14 años, es sumamente imperioso que la Constitución aborde esta materia”, sostuvo.

Por parte de algunos convencionales que rechazan la norma, uno de los argumentos más discutidos es que el artículo, al implementarse como derecho dentro de la Constitución, exigiría al Estado ser garante de su cumplimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, se sostiene que el proyecto estaría vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y, por otra parte, suprimiría la libertad de enseñanza.

Ante esta mirada, Mariela Infante Erazo, directora de Corporación Humanas, explica que el artículo no supondrían una obligatoriedad o intromisión en torno a la enseñanza, a la religión o creencias sino que, al contrario entrega la información básica -basada en el progreso científico y en el conocimiento- para que las personas después, de acuerdo a su creencia puedan elegir: “En la falta de información se genera un oscurantismo que genera una ignorancia generalizada que muchas veces termina en malas decisiones. En cambio, contar con esa información no obliga a nadie a tomar malas decisiones, al contrario, entrega las herramientas para tomar decisiones sobre la base de la información”, explicó Infante.

Si bien el pleno aprobó el derecho a una educación sexual integral, rechazó el inciso que establecía una política única de educación sexual desde la primera infancia. Frente a esto, Francisca Figueroa, abogada e investigadora de la fundación Acción Educar, celebró la decisión de los convencionales, puesto que “tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile son bien claros: los padres tienen el derecho preferente sobre la educación de los hijos, derecho que incluye el poder elegir una educación conforme a las convicciones de éstos”, expresó.

En la misma línea, Figueroa sostuvo que el derecho de los padres para educar a sus hijos no pretende actuar como una propiedad sobre ellos, sino que al contrario, “es una forma de proteger a los niños que al ser menores de edad o no contar con la madurez suficiente, no pueden tomar sus propias decisiones sobre ciertas materias. Entonces la pregunta acá es: cuando el niño no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿quién es el primero llamado a reemplazar su voluntad? ¿sus padres o un tercero como podría ser el Estado?”.

El artículo sobre educación sexual integral, junto con la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos y el deber del Estado de garantizar las condiciones para un “embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos” serán parte del borrador del proyecto de nueva Constitución que deberá ser sometido a plebiscito para su aprobación o rechazo.

La sesión prevista para el martes 28 llega a la Sala con informe negativo de la Comisión de Mujer. Sin embargo, en las agrupaciones por los derechos de las mujeres hay optimismo luego de la relevancia que ha tenido el tema en la campaña presidencial.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Es precisamente ese día en el que la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas conocerá y discutirá la moción parlamentaria que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Chile  hasta las catorce semanas de gestación.

Se trata de un fecha simbólica para que las y los parlamentarios debatan este asunto que permitiría una modificación del Código Penal de modo que deje de existir persecución a  la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, hecho que puede tener penas de presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años. La moción llegará al Hemiciclo con informe negativo de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que, por un voto de diferencia, rechazó la idea de legislar.

Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas entidad que apoyó técnicamente a las diputadas autoras del proyecto de ley, la sola discusión de la iniciativa en la Sala es un hecho tremendamente relevante, pues da cuenta de una realidad que se vive en Chile diariamente y de la que la legislación debe hacerse cargo.

“Creemos que es un debate que es muy importante que tenga lugar en la sala y que la Cámara en pleno se pronuncie respecto de esta demanda tan importante para mujeres y niñas como es avanzar en la protección del derecho al aborto. Esto responde a una demanda largamente sostenida de las organizaciones de mujeres y feministas y que de aprobarse, permitiría poner a Chile más a tono con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de los derechos de las mujeres y niñas”.

“No es un debate fácil, es complejo y que llega con informe de la Comisión de la Mujer que recomienda el rechazo, sin embargo, es la Sala la que toma la decisión”, subrayó la profesional que también integra la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

De acuerdo con los planteamientos de las candidaturas presidenciales de Gabriel Boric y Yasna Provoste, este tema no debería tener mayor dificultad para avanzar en el trámite legislativo, ya que ambos aspirantes a La Moneda han señalado expresamente que apoyan la iniciativa y se espera que los parlamentarios de esos pactos estén alineados con sus abanderados.

“Tenemos bastante expectativa respecto de este proyecto, considerando los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la protección de las mujeres frente a la consecuencias del aborto, porque es un tema que ha estado en la campaña presidencial, algo que  no había ocurrido en elecciones anteriores y responde a la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en Chile y la región para plantear el tema. También es un tema que está presente en la discusión de la nueva Constitución, por lo tanto, es ineludible que forme parte del debate social y político y uno esperaría que en la Cámara esto tenga un respaldo mayoritario y que siga avanzando la legislación”, expresó la abogada de Corporación Humanas.

Los argumentos en pro y en contra

Uno de los argumentos que se ha esgrimido para fundar la necesidad de que este proyecto se transforme en ley dice relación con la salud y la protección de la vida de las mujeres, ya que el estar penalizada la interrupción voluntaria del embarazo, salvo en las tres causales específicas (peligro para la vida de la mujer; embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y que el embarazo sea resultado de violación), las mujeres muchas veces se ven forzadas a buscar abortos clandestinos o a auto provocarse la interrupción de la gestación. Algo que tiene también un sesgo de clase, ya que aquellas que tienen más recursos pueden acceder a intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, mientras que quienes carecen de ellos se exponen a riesgos sanitarios importantes.

Sin embargo, Chile es efectivamente el país de la región que tiene una menor tasa registrada de abortos clandestinos y un número bajo de mujeres que mueren producto de ellos, por lo que ese argumento para tener una ley que permita la interrupción de la gestación es desvirtuado por el médico y doctor en Biociencias, Elard Koch, del Instituto Melisa.

Dr. Elard Koch. Foto @UAustral

“No hay una relación actual entre el cambio del Código Sanitario y un aumento de la mortalidad materna. La mortalidad materna que hoy exhibimos es un perfil residual que se debe principalmente al envejecimiento de la maternidad en Chile, esto quiere decir que el 90% de las muertes maternas se debe principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles o por causas indirectas como hipertensión, diabetes gestacional, preeclampsia y complicaciones del embarazo y parto que no tienen relación con el aborto”.

“Hace tiempo que logramos los niveles de mortalidad materna óptimos que se han fijado como estándar de las metas del milenio para la agenda 2030, y nosotros logramos eso hace décadas atrás. No hay ninguna relación entre la prohibición del aborto y las tasas de mortalidad materna”, agregó.

Para Camila Maturana, pese a que no hay una estadística de la cantidad de interrupciones de embarazo clandestino que se realizan, es importante entender que eso no significa que no se realicen estos abortos ni que no exista riesgo para la vida de las mujeres.

“El aborto es una realidad, existe y ha existido siempre más allá de las leyes que puedan haber en cada país. Cuando las mujeres necesitan interrumpir un embarazo, porque no es deseado o no es posible de llevar adelante, buscan la manera de hacerlo aun cuando eso signifique riesgos para su salud y su vida. Esa es una situación muy dramática que en Chile sí existe,+ aunque no tengamos cifras precisas de cuántas mujeres abortan en Chile, fuera de las tres causales. Como el aborto existe y debido a la legislación que establece penas de cárcel para las mujeres que interrumpan sus embarazos, entonces lo hacen en condiciones de clandestinidad y riesgo para su vida y esos riesgos no afectan a las mujeres del mismo modo: las adolescentes, las mujeres pobres y las migrantes están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

De esa misma opinión es la ex ministra de la Mujer y quien ejercía tal cargo durante la promulgación de la ley de aborto en tres causales, Claudia Pascual, quien además releva el que es precisamente la clandestinidad la que hace imposible conocer el dato de cuántos realmente se realizan en nuestro país.

Claudia Pascual Foto @Flickr secretaria_general_de_gobierno

“Los abortos clandestinos no están contabilizados en ninguna parte porque nadie se reconoce que lo hizo,  porque queda expuesta al ejercicio de la justicia, a la persecución y penalización del hecho. Pero más allá de cuántos son, de si la tasa es alta o baja o media en relación a otros países, me parece que aunque sea solo una mujer o adolescente que se someta a un aborto clandestino y se exponga a una situación de riesgo o de violencia y maltrato, nosotros deberíamos tener la legislación y prestaciones de salud que permitieran que esas niñas o mujeres puedan hacerlo cuidadas por el Estado. Aunque fuera solo una tenemos la obligación como Estado de proteger a las mismas adolescentes y mujeres para que no se expongan a situaciones de violencia, clandestinidad, persecución y mucho menos a poner en riesgo su vida por la desesperación que implica tomar una decisión de este tipo”.

En cuanto al debate mismo de la idea de legislar en orden a ampliar la despenalización sobre la base de un plazo y no solo de causales, el doctor Koch, epidemiólogo y especialista en salud materno-fetal, aseguró que la evidencia científica no respalda la idea de que un cambio en la legislación afecte la salud materna.

“No hay ningún beneficio en volver una ley de aborto más permisiva o incluso menos permisiva, no hay un efecto sobre la salud materna. El segundo elemento es que los abortos clandestinos en Chile no producen las complicaciones que producían antiguamente y es un número bajo debido a la universalidad de los métodos de planificación familiar. Si hay un grado de abortos autopracticados, principalmente con misoprostol, que generan complicaciones como hemorragias y se resuelven en los servicios de emergencia en los hospitales chilenos. Como salubrista, yo diría que no hay una justificación científica, desde el punto de vista de salud pública o epidemiológico que apoye una despenalización del aborto y una vez más permisiva que la que actualmente está en rigor”.

En  2017, un grupo de expertos de  Naciones Unidas (ONU) llamaron a que todos los Estados deroguen las leyes que penalizan y restringen “indebidamente” el aborto ya que negar a las mujeres el acceso a atención médica necesaria constituye una discriminación arbitraria discriminatorio y una violación de sus derechos humanos.

Ese es el punto que releva Camila Maturana al señalar la necesidad de que este proyecto se transforme definitivamente en ley.

“Los organismos de Naciones Unidas han recomendado hace varios años que los Estados eliminen las sanciones penales al aborto como un primer paso para disminuir estos riesgos a la salud y la vida, porque se trata de muertes evitables, que no debieron ocurrir. Esto tiene que ver también con la posibilidad de cada persona de autodeterminarse y de definir su proyecto de vida y nosotras como feministas es que la maternidad voluntaria esté garantizada en el país, que ser madre sea una decisión y no una imposición de leyes que definen sanciones penales en contrario”.

Para Claudia Pascual, existe voluntad desde el pacto Apruebo Dignidad para avanzar en esta materia ya que forma parte de los temas programáticos que han instalado las mujeres y que el candidato presidencial Gabriel Boric ha sumado a su programa.

“Veo que hay posibilidades sobre todo pensando que tengamos un Parlamento para las transformaciones que Chile necesita, por lo tanto, uno acorde para llevar a cabo las definiciones de una nueva Constitución y que esté acorde a reformar o derogar aquellas legislaciones que no estarían acorde con la nueva Carta Fundamental ni con el respeto de los derechos que las personas deben tener”.

“En este pacto hay un sentido de urgencia de saldar las deudas que la democracia tiene con las mujeres y una de esas deudas tiene que ver con el respeto más pleno y profundo a la autonomía de las mujeres al derecho a decidir y, por lo tanto, con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, pero muy en particular, las mujeres”.

La sesión de sala para el próximo martes 28 ya se encuentra citada y será responsabilidad de la diputada Camila Rojas entregar a la Cámara Baja el informe de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en la que votaron a favor  de la idea de legislar las diputadas Maite Orsini,  Maya Fernández, Marcela Hernando, Camila Rojas, Patricia Rubio y Marisela Santibáñez y en contra las parlamentarias Nora Cuevas, María José Hoffmann, Karin Luck (por Aracely Leuquén), Francesca Muñoz (por Erika Olivera), Ximena Ossandón, Joanna Pérez y Virginia Troncoso.

Nota publicada en Radio Universidad de Chile