despenalizar aborto – Humanas

Más del 40% de obstetras del sistema público son objetores en la causal de violación

Fabiola Gutierrez — Mon, 19 Dec 2022 11:13:10 +0000

De acuerdo al mapa nacional que refleja la situación de los objetores de conciencia en los recintos de salud públicos, actualmente existen cuatro hospitales que en que el 100% de los médicos obstetras se oponen a realizar la interrupción del embarazo bajo la causal de violación. Por otro lado, según los datos de Corporación Humanas, en el Hospital de Cauquenes todos los funcionarios son objetores en las tres causales.

Al menos un 43% de los obstetras contratados/as en hospitales públicos habilitados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es objetor de conciencia en la causal violación, según datos de Corporación Humanos reunidos durante este año.

Ante las cifras, la organización creó el ‘‘Mapa nacional de objetores/as de conciencia en establecimientos públicos de salud’’, para visibilizar la situación del aborto en Chile y continuar monitoreando la Ley IVE a cinco años de su implementación.

Entre los principales datos recopilados, se encuentra que en la Región del Maule, al menos dos hospitales contarían con la totalidad de sus médicos obstetras como objetores en la causal de violación: Hospital de Cauquenes y Hospital de Constitución. La misma situación se repite en La Región de La Araucanía, con el Hospital de Pitrufquén y el Hospital de Lautaro.

Las cifras también demuestran que, el 100% de los funcionarios habilitados para la realización de una interrupción del embarazo en el Hospital de Cauquenes son objetores en todas las causales. Es decir, anestesistas, médicos obstetras, profesionales no médicos de pabellón y técnicos paramédicos no realizan la prestación de salud.

Cabe señalar que según señala Corporación Humanas, la facultad de declararse como objetor de conciencia no exige ningún requisito en cuanto a la fundamentación o seriedad de las convicciones que la sustentan, de hecho solo se necesita llenar un formulario.

‘‘Los altos índices de objeción de conciencia dan cuenta que, a 5 años de su promulgación, persisten los obstáculos para la plena implementación de la ley Nº 21.030, los cuales afectan desproporcionadamente a las localidades más alejadas y/o rurales del país’’, dice Corporación Humanas en el informe que acompaña el mapa.

Por otro lado, en el Hospital Sotero del Río, ubicado en Puente Alto, un 85,7% de los médicos obstetras es objetor en la causal de violación, un 66,7% en inviabilidad fetal y un 47,6% en riesgo vital de la madre.

En el norte del país, se evidencia que en la Región de Atacama, específicamente en el Hospital de Vallenar, todos los médicos anestesistas se consideran como objetores de conciencia en las tres causales. Mientras que en los médicos obstetras, la cifra disminuye a 75% en violación, 50% en inviabilidad y 37% en riesgo vital.

En la misma línea, se observa que en 17 establecimientos (25,0% del total de recintos a nivel nacional) más de dos tercios de los/as médicos/as obstetras se declara objetor/a de conciencia.

‘‘El Estado de Chile sigue al debe en su obligación de garantizar a lo largo de todo el territorio nacional el acceso al aborto en condiciones seguras en las causales que establece la ley, particularmente cuando los embarazos son consecuencia de una violación’’, subraya la organización.

l mapa contó con información proporcionada por el Ministerio de Salud de 68 establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales. Para acceder al mapa completo haz click aquí. Y para leer el informe completo haz click aquí.

Por El Mostrador Braga

Cuadernillo: Una nueva Constitución para todas

Fabiola Gutierrez — Mon, 27 Dec 2021 12:35:20 +0000

En todos los países, incluido Chile, las leyes se organizan de manera jerárquica, como una pirámide y en la punta se encuentra la la Constitución, sobre todas las demás normas, regulando entre otras cosas los principios y valores que guían la vida en común, los derechos y libertades de las personas, la estructura del Estado, las obligaciones, atribuciones y límites de los órganos públicos, entre otras cuestiones fundamentales.

Una guía breve y sencilla sobre el proceso constituyente y los derechos sexuales y reproductivos.

Descarga el cuadernillo Una nueva Constitución para todas.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas sobre proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas

Fabiola Gutierrez — Mon, 22 Nov 2021 14:26:49 +0000

Corporación Humanas destaca debate sobre despenalización del aborto ante Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y llama a legisladores/as a aprobar la iniciativa

Fabiola Gutierrez — Mon, 27 Sep 2021 22:39:16 +0000

• Frente a la votación del proyecto de ley sobre despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, previsto para este martes 28 de septiembre, organizaciones feministas y de mujeres llaman a su aprobación
• Se espera que el Congreso Nacional legisle en esta oportunidad en base a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, en lugar de las convicciones morales personales de las y los congresistas

Santiago de Chile, otros territorios, 27 de septiembre de 2021.- La dictación de la ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales constituyó un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Chile, al permitir la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar la atención de salud en casos de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, se trata de una legislación limitada que solo resguarda a las mujeres en situaciones excepcionales y definidas de manera muy estricta, manteniendo severas sanciones penales a quienes deciden interrumpir sus embarazos por fuera de las tres causales.

La actual legislación no cautela el derecho a decidir ni la maternidad voluntaria de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, ni reconoce su condición de sujetas de derecho, sino únicamente a quienes se encuentren en alguna de las causales legales, supeditado a la decisión de los equipos de salud que así lo confirmen.

Cabe resaltar que con posterioridad a la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, continúan vigentes sanciones penales de tres años y un día a cinco años (presidio menor en grado máximo) para las mujeres que “fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause” (Código Penal, Art. 344 inc. 1).

Por ello, en agosto de 2018 se presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados una moción parlamentaria que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, que contó con amplio respaldo de organizaciones feministas y de mujeres, y de congresistas, más allá de quienes suscribieron formalmente la iniciativa. Atendidas las limitadas atribuciones con que cuentan en el país las y los congresistas, no fue posible en la oportunidad ingresar a trámite legislativo una propuesta integral sobre el derecho a decidir y garantías de atención de salud, sino únicamente una moción sobre despenalización.

Mantener vigentes sanciones penales para las mujeres que abortan limita su autonomía para decidir sobre sus vidas, desconociendo su condición de sujetas de derecho y soberanas de sus cuerpos. Mantener vigentes sanciones penales no reduce la práctica del aborto, pero estigmatiza a quienes así lo deciden y les obliga a la clandestinidad.

La amenaza del castigo penal no disuade a las mujeres que requieren abortar, pero profundiza las desigualdades sociales, exponiéndolas a riesgos para su vida y su salud e incluso a la posibilidad de ser denunciadas y verse envueltas en un proceso criminal. Estos riesgos que impone la criminalización afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables, como las niñas y adolescentes, las mujeres que no cuentan con recursos económicos, las mujeres migrantes y quienes habitan en territorios alejados, entre otras.

Llamamos a las y los congresistas a legislar conforme a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, y no solo en base a sus creencias morales personales, de cara al país, a la ciudadanía y especialmente de frente a las mujeres y niñas cuyos derechos les corresponde asegurar.

Las mujeres y quienes defendemos los derechos humanos esperamos que en Chile se ponga fin a la criminalización del aborto y que no se persiga más a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna adolescente ni a ninguna persona con capacidad de gestar, por interrumpir un embarazo, por decidir sobre su maternidad y proyecto de vida.

Queremos que en Chile la Constitución y las leyes protejan a todas las mujeres.

Despenalización del aborto: un debate complejo e ineludible que se toma la Cámara Baja

Fabiola Gutierrez — Mon, 27 Sep 2021 12:07:30 +0000

La sesión prevista para el martes 28 llega a la Sala con informe negativo de la Comisión de Mujer. Sin embargo, en las agrupaciones por los derechos de las mujeres hay optimismo luego de la relevancia que ha tenido el tema en la campaña presidencial.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Es precisamente ese día en el que la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas conocerá y discutirá la moción parlamentaria que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Chile hasta las catorce semanas de gestación.

Se trata de un fecha simbólica para que las y los parlamentarios debatan este asunto que permitiría una modificación del Código Penal de modo que deje de existir persecución a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, hecho que puede tener penas de presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años. La moción llegará al Hemiciclo con informe negativo de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que, por un voto de diferencia, rechazó la idea de legislar.

Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas entidad que apoyó técnicamente a las diputadas autoras del proyecto de ley, la sola discusión de la iniciativa en la Sala es un hecho tremendamente relevante, pues da cuenta de una realidad que se vive en Chile diariamente y de la que la legislación debe hacerse cargo.

“Creemos que es un debate que es muy importante que tenga lugar en la sala y que la Cámara en pleno se pronuncie respecto de esta demanda tan importante para mujeres y niñas como es avanzar en la protección del derecho al aborto. Esto responde a una demanda largamente sostenida de las organizaciones de mujeres y feministas y que de aprobarse, permitiría poner a Chile más a tono con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de los derechos de las mujeres y niñas”.

“No es un debate fácil, es complejo y que llega con informe de la Comisión de la Mujer que recomienda el rechazo, sin embargo, es la Sala la que toma la decisión”, subrayó la profesional que también integra la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

De acuerdo con los planteamientos de las candidaturas presidenciales de Gabriel Boric y Yasna Provoste, este tema no debería tener mayor dificultad para avanzar en el trámite legislativo, ya que ambos aspirantes a La Moneda han señalado expresamente que apoyan la iniciativa y se espera que los parlamentarios de esos pactos estén alineados con sus abanderados.

“Tenemos bastante expectativa respecto de este proyecto, considerando los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la protección de las mujeres frente a la consecuencias del aborto, porque es un tema que ha estado en la campaña presidencial, algo que no había ocurrido en elecciones anteriores y responde a la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en Chile y la región para plantear el tema. También es un tema que está presente en la discusión de la nueva Constitución, por lo tanto, es ineludible que forme parte del debate social y político y uno esperaría que en la Cámara esto tenga un respaldo mayoritario y que siga avanzando la legislación”, expresó la abogada de Corporación Humanas.

Los argumentos en pro y en contra

Uno de los argumentos que se ha esgrimido para fundar la necesidad de que este proyecto se transforme en ley dice relación con la salud y la protección de la vida de las mujeres, ya que el estar penalizada la interrupción voluntaria del embarazo, salvo en las tres causales específicas (peligro para la vida de la mujer; embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y que el embarazo sea resultado de violación), las mujeres muchas veces se ven forzadas a buscar abortos clandestinos o a auto provocarse la interrupción de la gestación. Algo que tiene también un sesgo de clase, ya que aquellas que tienen más recursos pueden acceder a intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, mientras que quienes carecen de ellos se exponen a riesgos sanitarios importantes.

Sin embargo, Chile es efectivamente el país de la región que tiene una menor tasa registrada de abortos clandestinos y un número bajo de mujeres que mueren producto de ellos, por lo que ese argumento para tener una ley que permita la interrupción de la gestación es desvirtuado por el médico y doctor en Biociencias, Elard Koch, del Instituto Melisa.

Dr. Elard Koch. Foto @UAustral

“No hay una relación actual entre el cambio del Código Sanitario y un aumento de la mortalidad materna. La mortalidad materna que hoy exhibimos es un perfil residual que se debe principalmente al envejecimiento de la maternidad en Chile, esto quiere decir que el 90% de las muertes maternas se debe principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles o por causas indirectas como hipertensión, diabetes gestacional, preeclampsia y complicaciones del embarazo y parto que no tienen relación con el aborto”.

“Hace tiempo que logramos los niveles de mortalidad materna óptimos que se han fijado como estándar de las metas del milenio para la agenda 2030, y nosotros logramos eso hace décadas atrás. No hay ninguna relación entre la prohibición del aborto y las tasas de mortalidad materna”, agregó.

Para Camila Maturana, pese a que no hay una estadística de la cantidad de interrupciones de embarazo clandestino que se realizan, es importante entender que eso no significa que no se realicen estos abortos ni que no exista riesgo para la vida de las mujeres.

“El aborto es una realidad, existe y ha existido siempre más allá de las leyes que puedan haber en cada país. Cuando las mujeres necesitan interrumpir un embarazo, porque no es deseado o no es posible de llevar adelante, buscan la manera de hacerlo aun cuando eso signifique riesgos para su salud y su vida. Esa es una situación muy dramática que en Chile sí existe,+ aunque no tengamos cifras precisas de cuántas mujeres abortan en Chile, fuera de las tres causales. Como el aborto existe y debido a la legislación que establece penas de cárcel para las mujeres que interrumpan sus embarazos, entonces lo hacen en condiciones de clandestinidad y riesgo para su vida y esos riesgos no afectan a las mujeres del mismo modo: las adolescentes, las mujeres pobres y las migrantes están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

De esa misma opinión es la ex ministra de la Mujer y quien ejercía tal cargo durante la promulgación de la ley de aborto en tres causales, Claudia Pascual, quien además releva el que es precisamente la clandestinidad la que hace imposible conocer el dato de cuántos realmente se realizan en nuestro país.

Claudia Pascual Foto @Flickr secretaria_general_de_gobierno

“Los abortos clandestinos no están contabilizados en ninguna parte porque nadie se reconoce que lo hizo, porque queda expuesta al ejercicio de la justicia, a la persecución y penalización del hecho. Pero más allá de cuántos son, de si la tasa es alta o baja o media en relación a otros países, me parece que aunque sea solo una mujer o adolescente que se someta a un aborto clandestino y se exponga a una situación de riesgo o de violencia y maltrato, nosotros deberíamos tener la legislación y prestaciones de salud que permitieran que esas niñas o mujeres puedan hacerlo cuidadas por el Estado. Aunque fuera solo una tenemos la obligación como Estado de proteger a las mismas adolescentes y mujeres para que no se expongan a situaciones de violencia, clandestinidad, persecución y mucho menos a poner en riesgo su vida por la desesperación que implica tomar una decisión de este tipo”.

En cuanto al debate mismo de la idea de legislar en orden a ampliar la despenalización sobre la base de un plazo y no solo de causales, el doctor Koch, epidemiólogo y especialista en salud materno-fetal, aseguró que la evidencia científica no respalda la idea de que un cambio en la legislación afecte la salud materna.

“No hay ningún beneficio en volver una ley de aborto más permisiva o incluso menos permisiva, no hay un efecto sobre la salud materna. El segundo elemento es que los abortos clandestinos en Chile no producen las complicaciones que producían antiguamente y es un número bajo debido a la universalidad de los métodos de planificación familiar. Si hay un grado de abortos autopracticados, principalmente con misoprostol, que generan complicaciones como hemorragias y se resuelven en los servicios de emergencia en los hospitales chilenos. Como salubrista, yo diría que no hay una justificación científica, desde el punto de vista de salud pública o epidemiológico que apoye una despenalización del aborto y una vez más permisiva que la que actualmente está en rigor”.

En 2017, un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) llamaron a que todos los Estados deroguen las leyes que penalizan y restringen “indebidamente” el aborto ya que negar a las mujeres el acceso a atención médica necesaria constituye una discriminación arbitraria discriminatorio y una violación de sus derechos humanos.

Ese es el punto que releva Camila Maturana al señalar la necesidad de que este proyecto se transforme definitivamente en ley.

“Los organismos de Naciones Unidas han recomendado hace varios años que los Estados eliminen las sanciones penales al aborto como un primer paso para disminuir estos riesgos a la salud y la vida, porque se trata de muertes evitables, que no debieron ocurrir. Esto tiene que ver también con la posibilidad de cada persona de autodeterminarse y de definir su proyecto de vida y nosotras como feministas es que la maternidad voluntaria esté garantizada en el país, que ser madre sea una decisión y no una imposición de leyes que definen sanciones penales en contrario”.

Para Claudia Pascual, existe voluntad desde el pacto Apruebo Dignidad para avanzar en esta materia ya que forma parte de los temas programáticos que han instalado las mujeres y que el candidato presidencial Gabriel Boric ha sumado a su programa.

“Veo que hay posibilidades sobre todo pensando que tengamos un Parlamento para las transformaciones que Chile necesita, por lo tanto, uno acorde para llevar a cabo las definiciones de una nueva Constitución y que esté acorde a reformar o derogar aquellas legislaciones que no estarían acorde con la nueva Carta Fundamental ni con el respeto de los derechos que las personas deben tener”.

“En este pacto hay un sentido de urgencia de saldar las deudas que la democracia tiene con las mujeres y una de esas deudas tiene que ver con el respeto más pleno y profundo a la autonomía de las mujeres al derecho a decidir y, por lo tanto, con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, pero muy en particular, las mujeres”.

La sesión de sala para el próximo martes 28 ya se encuentra citada y será responsabilidad de la diputada Camila Rojas entregar a la Cámara Baja el informe de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en la que votaron a favor de la idea de legislar las diputadas Maite Orsini, Maya Fernández, Marcela Hernando, Camila Rojas, Patricia Rubio y Marisela Santibáñez y en contra las parlamentarias Nora Cuevas, María José Hoffmann, Karin Luck (por Aracely Leuquén), Francesca Muñoz (por Erika Olivera), Ximena Ossandón, Joanna Pérez y Virginia Troncoso.

Nota publicada en Radio Universidad de Chile

A cuatro años del aborto en tres causales: “Quienes van de candidatos(as) deben decidir de qué lado están»

Fabiola Gutierrez — Sat, 04 Sep 2021 13:26:04 +0000

Créditos: Andrés Pina/ Aton Chile

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, y la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, conversaron con El Mostrador Braga sobre los cuatro años desde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los procesos legislativos y el debate que ha generado en los sectores políticos de cara al nuevo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Para las expertas es vital evidenciar los trabajos políticos que se han realizado desde la vuelta a la democracia, la penalización del aborto en dictadura y la poca preocupación de los sectores políticos en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. En este sentido, Maturana considera que se viene un buen pronóstico por delante, puesto que, sea a través de un(a) Presidente(a) o de la Convención Constitucional, tras el estallido social “los tomadores de decisiones ya no pueden ignorar los requerimientos de la ciudadanía”.

El aborto ha sido un punto de división social desde los orígenes del país y uno de los ejes de los conflictos políticos entre distintos sectores. Ya era condenado en el Código Penal de 1874 por la influencia española, hecho que solo cambió 57 años después, en 1931, cuando se despenalizó el terapéutico. Este avance retrocedió en dictadura, y luego avanzó con creces en 2017 con la despenalización en tres causales y el cambio de paradigma socio-cultural respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A partir de entonces, es que la discusión por un aborto libre se instala como algo más tangible.

Actualmente, con la nueva Constitución y las elecciones presidenciales en la mira, el debate por el aborto despenalizado y bajo ninguna causal, ha tomado la agenda de los programas gubernamentales y políticos. Si bien es una demanda que proviene de décadas, se retomó con fuerza en la opinión pública durante el estallido social.

En este sentido, tanto para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, como para la abogada y encargada de incidencia legislativa de Corporación Humanas, Camila Maturana, ha existido una dualidad en los sectores políticos, especialmente en los de “centro”, sin embargo, ambas coinciden en que alejarse de esta demanda feminista histórica, es considerarse un partido que está “en contra de los derechos de las mujeres”. Para las especialistas, “siempre fue difícil que los sectores de derecha y centro aceptaran el aborto en tres causales, especialmente la tercera causal de violación”, puntualiza Casas.

Para Maturana, la discusión ha ido cambiando el tono y es eso lo que la diferencia de hablarlo en 2021 que en 1990. Cada vez se ve menos como una muestra valórica, y más se advierte desde un derecho humano, y eso lo han comprendido ciertos sectores políticos. “En la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, el debate de las tres causales permitió plantear la conversación social”, sostiene.

En noviembre de este año habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, y el derecho al aborto no ha estado exento de polémicas. El candidato presidencial por la alianza Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha expuesto abiertamente su apoyo a la despenalización total, al igual que la libre autonomía de decidir.

Caso contrario ocurre con los candidatos de derecha, ya sea la coalición Chile Podemos + o el Partido Republicano, donde Sebastián Sichel y José Antonio Kast, respectivamente, se oponen a su legalización. Para Sichel, las tres causales son suficientes para acceder al aborto, “mantendría las cosas tal como están”, en cambio Kast recurre a la oposición total de la legalización.

Por otro lado, la apuesta de Unidad Constituyente (ex Concertación), Yasna Provoste, ha tenido una posición dual. Si bien ella ha manifestado estar a favor, su partido (DC) se ha mostrado contrario a la despenalización y a su legalización.

“Quienes van de candidatos(as) deben decir desde qué lado están, si desde los derechos de las mujeres y las niñas, para cumplir las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado al firmar los tratados, o si quieren defender sus propias convicciones morales y religiosas, incluso imponiéndolas a otros a través de la ley o de ‘mi cargo de representante ciudadano’. Es muy importante dejarlo en evidencia”, plantea Maturana.

Para Casas, el aborto no es una temática que la derecha considerará, ya que “históricamente han estado en contra de los derechos de las mujeres”, pero pone énfasis en la diferencia de opinión que genera esta discusión al interior de Unidad Constituyente y su candidata.

“Ella (Yasna Provoste) como candidata tiene que mostrar un paso más allá de su coalición, sin embargo, va a tener que enfrentarse a su propio sector, donde no necesariamente va a contar con los votos. Eso le pasó a la Presidenta Bachelet, donde no solo los detractores estaban en la oposición, sino que también en su propio Gobierno”.

Por otro lado, Boric tiene una postura mucho más clara. “Si fuéramos los hombres quienes nos embarazáramos sin desearlo (incluso ante la violencia de una violación), el aborto en Chile hace mucho tiempo sería legal”, ha opinado en debates parlamentarios acerca de la temática. Sin embargo, se le ha criticado por su postura y votación en proyectos defendidos por la derecha, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, como la Ley Antibarricadas, una ley que para el excandidato presidencial Daniel Jadue es la causa de que “hoy día tengamos muchos presos políticos del estallido social”.

El cambio de paradigma

Cuando se habla de aborto, sobre todo desde la comunidad internacional, se hace desde una perspectiva de derechos humanos, eso es una novedad respecto de lo que fueron los debates antes, porque el aborto ya no se ve desde el punto de vista valórico. Para Maturana, en la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, la aprobación de las tres causales permitió plantear la conversación social, y que en las casas, en las onces, se hablara de los abortos, “porque las mujeres abortamos con o sin ley, siempre a lo largo de la historia, pero las condiciones son muy distintas cuando es ilegal, al hacerlo en la clandestinidad acarreas mucho estigma”, expresa.

Eso importa mucho en la discusión legislativa. Para la abogada, entregarle a una mujer autonomía para decidir sobre su vida cambia a una sociedad, la historia lo ha demostrado con la pastilla de emergencia y con los anticonceptivos, y por eso es que hay sectores conservadores que, al ver que desde lo moral y lo valórico “ya no resulta”, entonces buscan “tener un argumento para que esa opresión en el Código Penal no sea explícita, hay que darle otra apariencia, como ‘la protección de la vida’, por ejemplo, porque no puedes decir ‘no queremos que las mujeres sean libres’”, analiza.

Todo esto considerando que estamos en un contexto país donde se está discutiendo la nueva Constitución, para Casas y Maturana, en ella se va a hablar de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo porque “es un espacio mucho más representativo de las distintas sensibilidades, valores que la ciudadanía tiene. La composición de la Convención representa mucho mejor a la ciudadanía chilena que el Parlamento”.

Si bien apenas un 4,5% de los programas de las y los constituyentes incluyen propuestas explícitas respecto al derecho al aborto, según concluye un informe del Observatorio Nueva Constitución, el 65,1% incluye demandas feministas o pro-mujer en sus propuestas. Del total, el 57,4% tiene un perfil feminista y el 7,7% se pronuncia respecto a propuestas pro-mujer.

A pesar de las dificultades sociales y políticas que se presentan respecto a esta problemática, la abogada Maturana considera que hay un futuro prometedor, y que el cambio se dará sí o sí, sea a través de un nuevo Presidente o nueva Presidenta, o a través de la Convención Constitucional.

“Yo lo veo todo muy positivo, considerando el tiempo transcurrido y las posiciones rígidas que estos actores han tenido en el tiempo, estamos en un momento en donde las demandas feministas en Chile y el mundo se han encalado con mucha fuerza, dando cuenta de una legitimidad social muy importante que hace unos años no era reconocida por los tomadores de decisiones, y hoy, en pleno proceso constituyente, en el marco de un estallido social que se mantiene, de un malestar social por una falta en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas, es mucho más difícil para los tomadores decisiones oponerse a las demandas y a los estatutos establecidos por los organismos internacionales”, indica.

¿Qué pasa con el aborto desde la aprobación de las tres causales?

A pocos días de cumplirse cuatro años de la promulgación de la Ley 21.030, que legaliza el aborto en tres causales, se han realizo más de dos mil interrupciones del embarazo desde 2018 hasta la actualidad. Tres causales que, para muchas organizaciones sociales, no son suficientes para ejercer el derecho de soberanía de los cuerpos.

El jueves 14 de septiembre de 2017 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien las causales fueron un avance en la salud pública, los lemas de “no bastan tres causales” o “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, comenzaron a tomar fuerza debido a la no protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.

A pocos días de ese jueves 14 de septiembre, el médico Gonzalo Rubio, primera persona que realizó un aborto legal en Chile –a una menor proveniente de Chiloé–, cuestionó la poca preparación del personal de salud, además de la poca información que el Estado entrega a la ciudadanía. Asimismo, argumentó que “es necesario que la formación académica de los médicos profundice en las medidas anticonceptivas e interrupciones de los embarazos y consideren un enfoque de género en el que se respeten los derechos de las mujeres”.

Bajo los últimos meses del Gobierno de Bachelet, su equipo se aseguró de iniciar capacitaciones en técnicas de vaciamiento uterino, sin embargo, esa capacitación cesó a partir de la llegada del Presidente Sebastián Piñera. «Ahora, solo un 29% de aquellos que trabajan en equipos médicos están capacitados”, indica la experta en Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas.

Las tres causales en cifras

La Ley 21.030 contempla las siguientes causas:

1. Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Este tipo de aborto puede ocurrir durante toda la gestación.

2. Que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida. Al igual que la causal anterior, no tiene límite de temporalidad.

3. Que señala que, si hubo delito de violación, el aborto se puede realizar hasta la semana 12 de gestación. Si esto ocurre en una menor de 14 años, puede ser hasta las 14 semanas.

De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dentro de la causal 1 se han realizado 797 IVE en cuatro años, es decir, un 31,2% del total. Si se desglosa desde 2018, año en que comenzó a contabilizarse esta intervención médica, hubo 262 en todo el territorio nacional y durante este año, hasta el mes de junio, se contabilizaron 108 casos.

Respecto de la causal 2, hubo 346 casos en 2018 y 192 hasta junio de 2021. Por otro lado, la causal 3, la que genera más conflictos entre los grupos conservadores y algunos políticos, ha sido la que posee menor cantidad de casos. En 2018 hubo 124, y en 2021, hasta junio, solo 48.

Para la abogada Lidia Casas, la tercera causal tiene bajos números de aborto debido a varios factores. Uno de ellos es la limitante temporal (12 o 14 semanas), a diferencia de las otras causales, que puede ser en todo el periodo gestacional. Además, agrega que no se sabe el número exacto de niñas y mujeres que acceden a esta causal porque están fuera de plazo.

El segundo punto, explica, es que existe un “prejuicio de la agresión sexual”, es decir, en las dos primeras causales está presente la base médica, donde hay un diagnóstico, sin embargo, en el caso de una violación, este no está presente y solo depende del relato de la niña y/o mujer.

“Si a las mujeres no les creemos y hay una serie de prejuicios que están en la base sobre la violencia sexual, tendremos problemas con esa causal. Además se cruzan con otro tipo de prejuicios en los prestadores de salud (…). En otros estudios se revelan que hay 264 nacimientos con niñas menores de 14 años, entonces, cuando hablamos de esto, inmediatamente estamos en una hipótesis de violación, así la ley lo establece. La pregunta es: a esas 264 niñas, ¿alguna vez se les ofreció la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Nosotras creemos que no”, enfatiza la especialista.

Gráfico nº1: Totalidad de abortos en tres casuales periodo 2018-2021

Fuente: Minsal

Gráficos nº2: Abortos por región en los cuatro años

Fuente: Minsal

Gráfico nº3: Abortos realizados en centros de salud público v/s privados

Fuente: Minsal

Con respecto al gráfico número tres, Casas comenta que deben realizar más abortos en centros de salud privados, solo que no se informan al Ministerio Público. “También sucede que mujeres que no encuentran satisfacción en clínicas privadas, terminan en el sistema público”, ejemplo de ello es el caso del Hospital San José, quienes recibían a mujeres de distintas regiones del país y de clínicas privadas, para asistirlas en las tres causales. Esto se debe a que las clínicas privadas no quisieron “hacerse cargo” de esta situación.

Las clínicas que han declarado abiertamente objeción de conciencia institucional son: Clínica de la Universidad de los Andes, Hospital Clínico Universidad Católica, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Panguipulli, Hospital de Pucón, Clínica Adventista Los Ángeles y la Clínica Indisa, bajo la tercera causal.

Casas considera que la causal 1 se niega realizar a pesar de que la vida de una mujer esté en peligro, por lo que es contradictorio por parte de las médicas y los médicos que ejercen la objeción de conciencia.

Según la investigación “Monitoreo Interrupción Voluntaria del Embarazo, agravado por la pandemia del Covid – 19”, de la Corporación Miles, los médicos obstetras son quienes presentan mayor cantidad de objetores para todas las causales: 19,92% para la causal riesgo de vida para la madre, 27,42% para inviabilidad fetal y 46,72% para violación.

Finalmente, para ambas especialistas, es de vital importancia revisar la objeción de conciencia, puesto que significaría que el derecho humano de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no se está respetando.

(*) El Mapa de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales 2018-2021 es un informe interactivo de Data Intelligence con datos obtenidos desde El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), por medio del portal de «datos abiertos» en deis.minsal.cl buscando con palabra clave «IVE». Este Mapa contiene información hasta junio 2021. Debido a que DEIS realiza actualización cada 3 meses.

Publicación en Braga, El Mostrador

El rechazo de la despenalización del aborto es un portazo más a las demandas de mujeres y la diversidad sexual

Fabiola Gutierrez — Mon, 09 Aug 2021 21:43:17 +0000

“Nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía”, señalaron las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile ante el rechazo en la Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara del proyecto que buscaba despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

Agosto 09, 2021.- La Comisión de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y diputadas rechazó el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación, elaborado por Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

La iniciativa había reingresado a trámite el 13 de enero de este año, a pocos días de la aprobación del aborto legal en Argentina, saliendo así del largo estancamiento en el que estaba desde que fuera presentada en 2018. El proyecto de ley planteaba la urgencia de ponerle fin a la criminalización al aborto, terminando así con las sanciones y penas de cárcel, considerando al aborto como un hito más en la vida reproductiva mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

El debate contó con la exposición de abogadas, diversas trabajadoras de la salud e integrantes de organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes dejaron claro que criminalizar el aborto no resuelve el problema, al contrario, lo agrava.

En esa línea, Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrán igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas”.

Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile queremos recordar que no estaríamos en esta situación si nuestra actual Constitución garantizara los derechos sexuales y reproductivos, como hemos demandado desde nuestras organizaciones.

En ese sentido, queda en evidencia una vez más la desconexión entre el Congreso Nacional y las necesidades de la ciudadanía, que busca terminar con la penalización y sanción del aborto, lo que constituye un mínimo democrático, político económico, social, cultural y de derechos humanos.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas sostuvo que: “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma” y añadió: “Nos preocupa muchísimo que, en lugar de legislar para proteger a las mujeres y las niñas, el parlamento chileno esté validando una determinada convicción valórica, conforme a la cual las mujeres deben ser tuteladas, perseguidas como si fueran criminales y castigadas por sus decisiones”.

Como Mesa de Acción por el Aborto en Chile seguiremos insistiendo en la urgencia de dar este paso, ahora en el marco del debate constituyente que enfrenta nuestro país y que brinda una oportunidad para la construcción de un nuevo Chile, un Chile con mayores niveles de justicia y equidad, y que, por lo tanto, respete las decisiones y la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Con voto DC: Comisión de Mujeres de la Cámara rechaza proyecto de despenalización del aborto hasta 14 semanas

Fabiola Gutierrez — Mon, 09 Aug 2021 13:56:51 +0000

Créditos: Marcelo Hernández/Aton Chile

El proyecto fue rechazado por parlamentarias de Chile Vamos y Democracia Cristiana, por 7 votos en contra y 6 a favor. Las críticas apuntaron hacia la parlamentaria de la Falange, Joanna Pérez, e incluso la precandidata presidencial DC y presidenta del Senado, Yasna Provoste, dejó en claro que está a favor de la despenalización del aborto como parte de los derechos humanos. La iniciativa pasará a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el informe negativo de la comisión.

De acuerdo a datos entregado por la Oficina del Sur Regional de Naciones Unidas, los abortos clandestinos causan la muerte de 47.000 mil mujeres al año, mientras que otros 5 millones sufren algún tipo de discapacidad temporal o permanente.

En el caso de Chile, el Ministerio de Salud indicó que en el año 2016 se realizaron entre 60 mil y 300 mil abortos inseguros, posicionando estas cifras como la cuarta causa “de muerte materna” con un 13% entre los años 2000 y 2015.

En tanto, recién en 2018 la iniciativa de despenalizar el aborto tomó fuerza entre las parlamentarias en Chile, con el proyecto que busca modificar el Código Penal tendiente a no considerar como delito realizar un aborto dentro de las primeras 14 semanas. “Se decidió iniciar formalmente la tramitación del proyecto que presentamos hace algunos años y que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas”, explicó en ese entonces la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Maite Orsini (RD).

A pesar de los dichos de la diputada, el proyecto de ley no fue aprobado en dicha instancia parlamentaria, siendo rechazado por 7 votos en contra y 6 a favor, por lo que pasará con informe negativo a la Sala de la Cámara baja.

Las diputadas que rechazaron el proyecto fueron: Nora Cuevas (UDI), María José Hoffmann (UDI), Karin Luck (RN), Francesca Muñoz (RN) Ximena Ossandón (RN), Virginia Troncoso (IND) y la DC Joanna Pérez. Por otro lado, las diputadas Marcela Hernando (PR), Maite Orsini (RD), Maya Fernández (PS), Camila Rojas (Comunes), Patricia Rubio (PPD), Marisela Santibáñez (PC), votaron a favor.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, estuvo presente en la sesión, donde señaló que “no hay mujeres presas por abortar (…) debemos acompañar a las mujeres en un proceso tan importante como la maternidad”. Además mencionó que la despenalización no acabaría con el aborto clandestino.

Por otro lado, la diputada Orsini lamentó -a través de sus redes sociales- que al proyecto le faltó el apoyo de la Democracia Cristiana, mediante la diputada Pérez. «Hoy perdimos la votación del aborto legal con votos de la derecha y la DC (…) Los derechos de las mujeres no pueden seguir dependiendo de personas que imponen sus creencias sobre la salud pública. Seguimos por el #AbortoLegal, y seguiremos por nuestra autonomía”.

El voto clave para saber si el proyecto se aprobaba o rechazaba, era el de la diputada de la Democracia Cristiana Joanna Pérez, quien se mostró en contra de la despenalización del aborto. «El proyecto de ley que hoy nos toca votar no es un proyecto que regule un aborto legal, seguro y gratuito, muy por el contrario, genera vacíos que pueden perjudicar a las mujeres y acrecentar las brechas entre la salud pública y privada en lugar de entregar igualdad de condiciones (…) en este sentido siempre he defendido la vida desde su concepción, por esto no puedo votar a favor», fue el argumento de la parlamentaria falangista.

Sin embargo, tras la votación, la precandidata presidencial DC y presidenta del Senado, Yasna Provoste, dejó en claro su posición contraria a la presentada por la diputada Pérez, manifestándose a favor de la despenalización del aborto como parte de los derechos humanos.

Desde las organizaciones sociales pro aborto, lamentan la decisión de la comisión, enfatizando que el rechazo de la propuesta es una falta a los derechos humanos de las mujeres. “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos”, indicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto, Ana Piquer.

En la misma línea, la abogada de Corporación Humanas Camila Maturana señaló que “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma”.

Finalmente, las organizaciones demostraron decepción ante la postura de algunas parlamentarias, incluso enfatizando que esta situación es un retroceso a la dignidad y derechos de las mujeres. “Nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía. El rechazo de la despenalización del aborto es un portazo más a las demandas de mujeres y la diversidad sexual”, señalaron.

Actualmente, el artículo del Código Penal, señala que “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio”.

Nota publicada en El Mostrador Braga

Persecución criminal por aborto en Chile: revisión de datos informados por el Ministerio Público período 2010-2020

Fabiola Gutierrez — Sat, 03 Jul 2021 01:26:47 +0000

En Chile, el aborto se encuentra tipificado como delito con la sola excepción de las tres causales previstas en el Código Sanitario a partir de la ley No 21.030 de septiembre de 2017: riesgo vital, inviabilidad y violación sexual. En tanto figura penal, el aborto es regulado en el Código Penal en el acápite referido a crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual.

Las sanciones asignadas en la legislación penal chilena al delito de aborto varían dependiendo de quien es la persona que realiza la acción y las circunstancias de ello. Así, para la mujer que se causa un aborto o consiente en que otra persona se lo realice, el Código Penal prevé una pena de tres años y un día a cinco años y se contempla una rebaja a dicha sanción “si lo hiciere por ocultar su deshonra” (541 días a tres años).

Respecto del tercero que “maliciosamente” cause un aborto, la condena prevista depende de si actúa o no con el consentimiento de la mujer o de si ejerce violencia en su contra. Frente a quien actúa con la voluntad de la mujer se prevé una pena de 541 días a tres años; a quién actúa sin su consentimiento, una sanción de tres años y un día a cinco años; y a quien ejerce violencia en su contra, una pena de cinco años y un día a diez años. Respecto de quien cause un aborto habiendo ejercido violencia en contra de la mujer embarazada, aun cuando no haya sido su propósito que abortara, se prevé una sanción de 61 días a tres años.

En tanto, respecto de los facultativos que “abusando de su oficio” causen un aborto o cooperaren en su realización, se regula que se les aplicarán las penas previstas respecto de terceros pero aumentadas en un grado. Es decir, tres años y un día a cinco años si actúa con el consentimiento de la mujer, cinco años y un día a diez años si actúa sin su voluntad, y diez años y un día a 15 años si ejerce violencia en su contra.

DESCARGA ESTUDIO PERSECUCIÓN CRIMINAL POR ABORTO EN CHILE: REVISIÓN DE DATOS INFORMADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO PERÍODO 2010-2020