La columna “La gran feminización de la sociedad” presenta como amenaza transformaciones que, en rigor, responden a compromisos democráticos y jurídicos largamente asumidos por los Estados. Plantear la ampliación de derechos y la mayor participación de las mujeres como un riesgo para el Estado de derecho supone invertir el problema: lo que debilita la democracia no es la inclusión, sino la exclusión persistente.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no ha sido un fenómeno natural ni circunstancial, sino una forma estructural de desigualdad. En ese contexto, los mecanismos orientados a garantizar participación equilibrada -incluidas las políticas de paridad- no constituyen privilegios ni concesiones ideológicas, sino herramientas para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva.

Los estándares internacionales en derechos humanos son claros. Una democracia que excluye sistemáticamente a la mitad de la población carece de legitimidad plena. Así lo ha reafirmado el Comité CEDAW, al establecer que la representación equilibrada de las mujeres es una condición para la vigencia del Estado de derecho y para la adopción de decisiones públicas más justas y responsables.

El debate, entonces, no es si “lo femenino” amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover.

Paula Salvo Del Canto – Directora Corporación Humanas

Fabiola Gutiérrez – Coordinadora de Comunicaciones Corporación Humanas

Jennifer Alfaro – Coordinadora Estudios y Litigio Estratégico Corporación Humanas

Carta al director, publicada el 13 de enero de 2026. El Mercurio

El continuo de violencia que atraviesa la vida de las mujeres, los obstáculos para decidir sobre su cuerpo y sexualidad, la mayor precarización que enfrentan en lo laboral y económico, entre otros aspectos, demostraron ser dimensiones que reproducen la subalternidad y que cuestionan de manera profunda los principios democráticos. Los estudios de opinión realizados en los últimos años por Corporación Humanas dan cuenta de la alta percepción de discriminación de la diversidad de mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

A partir del 4 de julio de 2021, con el inicio de la Convención Constitucional, se abre la oportunidad de reescribir el pacto social (y de género) mediante una nueva Constitución que entregue un marco general de reorganización del poder y de plena inclusión de los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas.

Este contexto exige considerar las percepciones de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida, colocándolas en perspectiva con las expectativas de transformación que representa el proceso constituyente. Para contar con antecedentes actualizados respecto a cuáles son las principales preocupaciones y problemáticas de las mujeres, y la manera en que la nueva Constitución puede darles respuesta, Corporación Humanas en conjunto con Nada Sin Nosotras aplicó entre septiembre y octubre de 2021 una encuesta telefónica de carácter nacional centrada en mujeres mayores de 18 años de los diferentes territorios del país.

En este marco, el presente documento identifica los principales resultados de esta encuesta a partir de siete temáticas que forman parte de las demandas históricas del movimiento feminista y que se articulan en una agenda de ocho temáticas prioritarias definidas desde Nada Sin Nosotras: trabajo remunerado, derecho al cuidado, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, democracia paritaria, derechos humanos, igualdad y no discriminación y transversalización de la perspectiva de género.

Cada capítulo inicia con un breve diagnóstico que explica por qué la temática es parte de la agenda feminista y apunta a un nudo estructural de las desigualdades de género que, desde Nada Sin Nosotras, consideramos relevante abordar en la discusión constitucional. Luego, siguen los resultados arrojados por la encuesta para determinar el grado de relevancia que le asignan las mujeres a la incorporación de cada temática en la nueva Constitución. Posteriormente, se explican los criterios que fundamentan la propuesta de contenidos y los objetivos perseguidos al incluirlos en el nuevo texto constitucional, para finalizar con un esquema de síntesis que articula la propuesta a través de cuatro apartados constitucionales que son los principios, el rol del Estado, el catálogo de derechos y los mandatos u obligaciones del Estado. Esta clasificación se explica ante la necesidad de realizar un abordaje integral e interrelacionado de los distintos apartados de la Constitución, de forma que el reconocimiento constitucional de los derechos se vincule claramente con la acción pública de los poderes del Estado y con mandatos específicos para las entidades responsables que lleven a la práctica el texto que resulte aprobado por la Convención y que será validado en el plebiscito de salida.

El objetivo de la publicación es abrir la reflexión y discusión sobre cómo las principales demandas y prioridades de las mujeres se deben incorporar en el nuevo texto constituyente, de forma que la ciudadanía y las organizaciones cuenten con una línea de base para monitorear el debate que dará la Convención en estas materias y fomentar la rendición de cuentas respecto a la incorporación de contenidos de la agenda feminista.

DESCARGA  «Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos»