“Me sentí muy cuestionada, incluso me preguntó por qué no tomaba pastillas para evitar quedar embarazada producto de esta violación. Fue horrible, me sentí muy mal, me hicieron sentir que estaba mintiendo, también me mostraron el monitor del ecógrafo, yo no quería ver nada. Nadie me preguntó”.

Testimonio anónimo consignado en el Informe Anual 2023 de OLA.

A casi ocho años de la promulgación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, según datos que la Corporación Humanas analizó —y a los que Informe Especial tuvo acceso exclusivo— los médicos objetores de conciencia se mantienen sobre el 41% en casos de violación, lo que afectaría directamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo consignada en la Ley 21.030.

Pero no solo eso, las cifras dan cuenta de una distribución territorial de los objetores de conciencia —sobre todo médicos en la causal de violación— que genera desigualdad para las mujeres que quieran recurrir a las garantías de la ley. En las regiones de O’Higgins, Maule, Los Lagos y Tarapacá, más de la mitad de los obstetras se declaran como objetores de conciencia en los hospitales públicos del país. Incluso, en tres de estos establecimientos, el 100% de sus médicos no realizan abortos a mujeres embarazadas producto de una violación.

Hasta aquí, este podría ser perfectamente un reportaje antiguo o reciclado, pero las cifras no han cambiado mucho a través de los años. Lamentablemente, los datos recientes reflejan persistentes problemas de acceso a las garantías de la ley, fundamentalmente asociados a la falta de personal de salud, derivaciones oportunas y entrega de información clara y correcta para las mujeres. A ello se suman conductas culturales que ponen en tela de juicio —por ejemplo— los relatos de las mujeres y niñas que han sido violadas.

“En la medida en que no se toman acciones concretas para hacernos cargo de los obstáculos que venimos viendo desde la implementación de la ley, lo más probable es que no cambie la tendencia», dice la abogada Constanza Schonhaut, Directora Ejecutiva de Corporación Humanas.

Según explica, la tasa de objetores de conciencia en la causal de violación se ha mantenido estable en el caso de los médicos obstetras. A su parecer, se debe a una “carga valórica que muchas veces se le otorga al aborto en general (…) creo que también tiene que ver con un grado de estigmatización y con, digamos, matizar lo que está detrás de ese embarazo, que es un acto de violencia sexual”. La abogada sostiene que “el hecho que no baje la tasa de objetores en la causal de violación nos habla de que es un problema más bien estructural del sistema y no es solo un asunto circunstancial; es decir, no es que un año suba, el otro baje”.

Obstructores de derechos

Para Milena Meza, del Observatorio Ley de Aborto (OLA), la gran cantidad de objetores de conciencia en hospitales públicos que reporta el informe de Corporación Humanas es simplemente “aberrante” y apunta a otro nudo crítico: los obstructores de derechos.

“Para nosotras es incomprensible sobre todo cuando nos ha tocado acompañar a menores de edad, chicas de 12 años que han sido rechazadas en el sistema público de salud chileno, por ejemplo, porque pasan incluso los límites gestacionales y ahí podrían entrar en la causal 1, pero tampoco podemos lograr constituir en esos casos porque existe esta enorme presencia de objetores de conciencia, pero también un montón de obstructores de derechos que no firman nada, que no están obligados a decirlo, que ni siquiera saben que son obstructores de derechos y que no les entregan a las mujeres y niñas la información adecuada”.

Pero no todo ha sido deficiencia en estos ocho años de implementación de la ley. Las organizaciones civiles reconocen que se ha avanzado en ciertos aspectos: por ejemplo, facultativas que estudian el tema a fondo y ayudan a las mujeres a que se acerquen a los hospitales.

“Hay una maduración del sistema, de la institucionalidad en la aplicación de esto. Y creo que en materia social y política es algo que ha permitido sentar bases para solo mejorar y no retroceder”, indican desde Corporación Humanas.

En mayo de este 2025, la Contraloría tomó razón de modificaciones realizadas al reglamento de objeción de conciencia. La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, comentó a Informe Especial que desde ahora los establecimientos de salud públicos y privados deberán informar sobre los derechos establecidos en la ley de tres causales, incluido el derecho a saber desde la primera atención si el médico es objetor o no. El reglamento, además, incluye el favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución global de los turnos médicos.

Obstetras: los más objetores

De acuerdo al último informe de Corporación Humanas, al que Informe Especial tuvo acceso exclusivo, la violación es la causal de la ley IVE que registra más objetores de conciencia en el país a marzo de 2024. El dato no es aislado, puesto que según el análisis que ha hecho la organización desde 2018, siempre la causal 3 es la que concentra más funcionarios objetores de conciencia.

Los/as obstetras son quienes presentan la mayor tasa de objeción, seguidos por anestesistas, técnicos/as paramédicos y profesionales no médicos.

A lo largo de los años, los obstetras objetores en el sistema público han disminuido algunos puntos porcentuales, pero siempre se ha mantenido sobre el 40%; incluso llegó a más de la mitad en 2019.

“Analizando todo el periodo desde la entrada en vigencia de la ley, se identifica una sostenida alta tasa de médicos/as obstetras que se acogen a la objeción de conciencia en la causal de violación. Cada año, más del 40% de los/as obstetras se han declarado objetores frente a esta causal, alcanzando un peak del 50,5% en 2019 y con una leve disminución hacia 2024 (41,6%), revelando un patrón estructural, y no meramente circunstancial”, describe el informe de Corporación Humanas.

En contraste, las otras causales de inviabilidad fetal y riesgo vital de la madre “presentan niveles significativamente más bajos de objeción”.

Sistema permisivo

“El problema es que en un sistema tan permisivo como el nuestro para declarar objetores de conciencia, es difícil identificar cuáles son las razones específicas que se están invocando detrás. La objeción de conciencia es un derecho que deriva de la libertad de conciencia, religión y pensamiento, pero que tiene que estar estrictamente regulado para evitar precisamente que afecte los derechos de otras personas. Como en nuestro país no tenemos un mecanismo estricto para aquello, uno podría decir: ‘Claro, hay un porcentaje alto de profesionales en el tiempo que mantiene una opción religiosa, de pensamiento, etcétera’; pero también podría ser, por ejemplo, que no hay suficiente formación del personal de salud para poder realizar estas intervenciones, o falta de conocimiento respecto a los estándares internacionales y a la aplicación de la ley o, incluso —y esto lo voy a poner solo en el marco de la suposición— que también puede tener que ver con más bien decisiones por conveniencia, para evitar carga laboral, para evitar conflictos institucionales, para evitar a veces incluso estigmatización externa”, indica la abogada de Corporación Humanas.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada Urzúa, reconoce: «No sé si hemos hecho tanto, tanto, tanto trabajo como debiéramos, pero lo que tiene también una bajada compleja, que es qué trabajo debiéramos hacer». La doctora cree que es posible que para los médicos hoy en dia ser objetor de conciencia sea más fácil.

«Significa como ir en contra de lo que la mayor parte de ellos piensan, significa abrirme un espacio en que tengo que hacer varias disquisiciones que dependen de la edad de la mujer, ver si voy a denunciar o no, meterme con leyes, el abogado; o sea, son todas cosas que finalmente en la práctica ocurren y que probablemente hoy día están incentivando que sea más fácil ser objetor que ser no objetor», dice.

«Ninguna de esas cosas me parece defendible en el sentido de lo que está al otro lado, porque me parece claramente una barrera de las mujeres de acceder sobre todo en una causal que es súper dramática y, por lo tanto, ahí yo creo que tenemos un espacio pendiente de acción que tenemos que hacer en conjunto con la sociedad científica, con la sociedad de obstetricia y ginecología y nosotros como colegio. Entrar en un espacio en que efectivamente los médicos tengan más conocimiento», sentencia.

De acuerdo con datos entregados por el Ministerio de Salud, a junio de este año ha habido 6.249 mujeres que se acogieron a la Ley IVE desde que se promulgó, y —de ellas— el 85% decidió interrumpir el embarazo. La inviabilidad fetal es la causal que concentra más casos (2.309), luego está el riesgo de la vida de la madre (1.568) y en tercer lugar están los casos de violación (1.447). De estos últimos, 338 eran menores de 18 años, de los cuales el 47% tenía menos de 14 años.

“Eso nos habla de una realidad de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, donde esta alta tasa de objetores es un problema estructural para el acceso, está teniendo un impacto importante para niñas y adolescentes”, enfatiza Constanza Schonhaut.

Los otros nudos críticos

«Llegué a la urgencia ginecológica y hablé para poder acogerme a la ley 21.030, a lo cual me ingresaron para esperar mi turno de llamado. Consideré que las personas que me atendían en ese momento me dieron respeto y cierta confidencialidad, aparte me informaron sobre la ley. Desconozco si había presencia de objetores de conciencia.

Siento que, en si, el equipo IVE no puso en duda mi relato, pero sí la doctora que habló con ellos dio a entender que mi enfermedad no era tan grave para interrumpir el embarazo y que esperaría hasta que mi enfermedad se agravara para hacer algo.

No duden en irse del lugar si se sienten incómodas o si las hacen sentir inseguras de la decisión que tomen, porque algunas doctoras o personas buscarán persuadir la decisión y que tengan harto tiempo para ir a acogerse por la ley, porque el hospital no las tomará como urgencia y podrán estar horas ahí esperando. Traten de llevar cargador, algo para comer y cosas que las hagan despegarse de la situación”.

Testimonio anónimo de causal 1, entregado a Informe Especial.

En el Observatorio Ley Aborto (OLA) tienen claro los muchos obstáculos que existen actualmente para acceder al aborto en tres causales: “Información falsa es lo que más se repite. Como esta cosa de mandarlas a Carabineros, eso también ha pasado en los hospitales; también la dilación en los tiempos de la causal 1 (riesgo vital de la madre), esperar que ella se agrave. Lo han dicho literal: ‘usted se tiene que estar muriendo para que nosotros la atendamos’”.

“El tema de las derivaciones, de los plazos, del pimponeo. Muchas veces mujeres que terminan diciendo ‘no puedo ser más parte de esto’”, agrega Schonhaut como una barrera transversal a todas las causales.

La psicóloga Pamela Labatut, del Centro Especializado en duelo gestacional “Duelo y Arcoíris”, plantea en este punto un factor importante: las consecuencias en la salud mental de las demoras del proceso en mujeres que se acogen a la causal 1 y 2, donde muchas de ellas estaban embarazadas de un hijo deseado e incluso planificado.

“A veces el proceso se demora más de lo que la mamá quisiera, justamente por esta parte más de trámite. Y la mamá no quiere seguirse vinculando tanto, porque sabe que lo va a pasar mal. Entonces eso también se vive como una tortura. Como independiente de que tiene estos sentimientos ambivalentes, que son como súper transversales; o sea, lo amo, pero no quiero que se vaya, pero en verdad sí, y ojalá fuera hoy día, porque mañana no sé cómo me voy a sentir. Mañana puede que me duela un montón. Entonces muchas veces a mí me han pasado tanto como intervenciones muy rápidas, como intervenciones que se han demorado dos, tres semanas, un mes, y la mamá está como sintiendo que está esperando para cuando le digan que puede entonces interrumpir su embarazo. Y eso también es súper complejo”, indica.

“Me ha tocado acompañar varias mujeres que es lamentable, pero el diagnóstico no es siempre a tiempo. Entonces falta un montón de trabajo ahí entre los profesionales médicos, y ahí me dirijo directamente, porque no esperemos, y nos ha pasado, como ‘esperemos dos semanas para…’, pero dos semanas en un contexto así es inaceptable; por distintos motivos, pero lo principal, salud mental de la mamá”, agrega su compañera de equipo Stephanie Galán.

En la Corporación Humanas también identifican la falta de información para las usuarias, debilitando la opción a que ellas pidan sus derechos, como por ejemplo “poder exigir y tener claridad de cómo operan los tiempos, de cómo opera el procedimiento y por tanto de lo que yo puedo exigir o no. Cuando esa información no está tan disponible o no hay un ejercicio activo para informar, entonces también se empiezan a generar barreras por omisión”.

Miedo al agresor

Otro de los obstáculos que describen desde las organizaciones sociales es el “miedo al agresor” cuando se trata de mujeres que han sido violadas.

“El miedo al agresor es, yo estoy en causal 3, pero yo no voy a denunciar. El 93% de las causales 3 que nosotros acompañamos, el 2023 decidió no hacer la denuncia. En las menores de edad, las denuncias son obligatorias para el jefe del servicio de salud. Entonces, imagínate tú una niña que sabe que está en causal 3 y se comunica con nosotras, por cierto que le damos la información, la denuncia va. Tú eres una menor de edad, el Estado tiene la obligación de protegerte. Y ahí las chicas dicen: ‘No, es mi tío, estás loca, yo eso no lo voy a hacer’. ‘No, es mi amigo’; ‘no, es mi compañero de trabajo’; ‘es mi patrón, ¿estás loca?’”, comenta Milena Meza de OLA.

En efecto, la ley establece que para las mujeres menores de 18 años que han sido violadas y se quieren acoger al aborto, los jefes de establecimientos hospitalarios deberán denunciar de oficio el delito de violación, según lo estipula el Código Penal, así como notificar Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

En tanto, si la víctima es mayor de 18 años podrá decidir si denunciar o no; de no hacerlo, los jefes de establecimientos hospitalarios deberán poner en conocimiento al Ministerio Público del delito.

“El hecho de que haya una obligación de denuncia en la causal de violación es disuasivo, para poder acceder a esa causal. Muchas mujeres no van a ejercer la tercera causal porque no quieren hacer la denuncia, por lo que les pueda pasar. Sabemos que la tercera causal es mayormente invocada por menores de edad, y que las causas de violencia sexual en menores generalmente son dentro del aspecto familiar, entonces está permaneciendo una dinámica que pareciera no querer verse, pero que efectivamente hoy día es un disuasivo de denuncia”, coinciden en Corporación Humanas.

La sensibilidad y empatía con que se tratan estos casos también pareciera estar al debe en el servicio público. Milena Meza relata que el 75% de las mujeres que pidieron el acompañamiento de OLA en 2023 deciden no acudir al hospital estando en una causal. “Tú les preguntas cuál es la razón y la razón que más se repite es miedo al servicio de salud;  específicamente miedo a ser cuestionada, miedo a que no me crean en el caso de las violaciones”.

“La chica me hizo pasar a su oficina y me preguntó si efectivamente estaba embarazada y si estaba segura de que era una causal 3. Le dije que sí y luego me preguntó si había sido una violacion o un abuso. Me dijo que los abusos eran otra cosa, entonces tuve que repetirle y le dije por cuarta vez que si era una causal 3”.

Testimonio anónimo consignado en el Informe Anual 2023 de OLA.

Huellas de por vida

La negación que recibió Fernanda Sandoval para acceder a la Ley IVE ocurrió hace casi 8 años, pero las consecuencias en su vida y en la de sus familiares se sienten hasta el día de hoy, comprobando que una mala praxis en torno a la ley de aborto en tres causales puede dejar huellas demasiado profundas.

El 6 de abril de 2018, Fernanda cuenta que llegó al hospital embarazada de 16 semanas y con hemorragia y fuertes dolores en la zona del bajo vientre. Allí le tomaron varios exámenes, los que reflejaron que el embrión se estaba desprendiendo y además ella padecía de una infección. Horas después comenzó a perder líquido amniótico y le informaron que el feto aún tenía latidos en el corazón, por lo tanto solo debía esperar expulsarlo de manera natural.

Considerando el panorama y teniendo ya una hija de cuatro años, Fernanda pidió la interrupción voluntaria del embarazo por la causal 1, pero el médico que en ese momento la trataba le expresó que es objetor de conciencia y que no puede hacerle el procedimiento. Sin embargo, tampoco le entregó más información ni la derivó a otro profesional que no fuese objetor.

Pasó una pésima noche con muchos dolores y fiebre. Al otro día, el siguiente turno le comunicó que sí catalogaba para la Ley IVE y, por tanto, le harían el procedimiento. Asegura que le administraron la primera parte del medicamento, pero la situación se volvió a complicar cuando en un nuevo cambio de turno volvió al cuidado de un objetor de conciencia y se negaron a continuar con la intervención.

Desde el Centro Especializado en duelo gestacional “Duelo y Arcoíris”, la matrona y terapeuta Stephanie Galán señala que “esta ley garantiza que al menos un equipo oportuno tiene que no ser objetor de conciencia; es decir, no puede haber un recinto hospitalario de atención de salud que no cuente con alguien que pueda realizar un procedimiento. Es tremendo, porque en el fondo se administran medicamentos y después no, y esto me imagino rodeado de un juicio también, probablemente transmitido”.

Galán afirma que el relato de Fernanda no es el único y que “es lamentable, pero todavía seguimos recibiendo este tipo de experiencia. Evidentemente, complejizan la elaboración de cualquier duelo posterior”.

De hecho, para Fernanda el camino posterior ha sido complejo. Tuvo dos pérdidas y un hijo que nació en medio de cuadros depresivos, con quien además desarrolló un vínculo ansioso, una preocupación extrema por comprobar que el niño estaba vivo.

Fernanda se trasladó con su familia a otra región, y entre las razones de esa decisión, sin duda, estuvieron los malos momentos vividos en Quilpué.

“Esta mala praxis es derechamente experimentada como una violencia obstétrica. Me refiero a que los problemas de salud mental, como en este caso, el poder que puede tener un equipo de salud en influir en la salud mental de por vida de una mujer. O sea, lo mínimo que le puede pasar es que ella tenga un vínculo (con su hijo) mediado por una ansiedad que tiene justa relación con un estrés postraumático gigante, que probablemente no se pudo tratar bien. El cómo ella es hoy con su bebé es producto de toda esta historia y lo que hay que hacer ahí es acompañarla y ayudarla a sanar, porque muchas veces, además, se le juzga a esta mamá por ser demasiado aprensiva”, afirma la psicóloga Pamela Labatut del centro de duelo perinatal.

Con todo, Fernanda interpuso una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, mala praxis y daño moral en contra del hospital. Este 2025, en tanto, se dictó la sentencia en primera instancia que declaró prescrita la causa.

Desigualdad territorial

La falta de médicos obstetras que puedan atender a una paciente que requiere de la Ley IVE, sobre todo en caso de un embarazo producto de una violación, es transversal en todo el país; pero afecta a unas zonas más que otras.

El reporte de Corporación Humanas  advierte que las regiones más afectadas son O’Higgins, Maule y Los Lagos.

“Si bien todas las regiones del país registran profesionales objetores/as en las tres causales, preocupa especialmente la situación en cuatro de ellas —O’Higgins (68,9%), Maule (60,0%), Los Lagos (58,1%) y Tarapacá (50,0%)— donde más de la mitad de los obstetras se acoge a la objeción de conciencia en la causal de violación. Estas cifras refuerzan la existencia de una profunda desigualdad territorial en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la tercera causal, vulnerando el principio de equidad y la atención oportuna, segura y conforme a la ley.”

El informe indica que “la falta de control, fundamentación o redistribución de funciones en estos casos evidencia la urgencia de una revisión normativa que priorice el acceso efectivo a la atención, garantizando el cumplimiento de la ley”.

Al respecto, en mayo pasado la Contraloría General de la República tomó razón de modificaciones realizadas al reglamento de objeción de conciencia que regula la correcta aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Hospitales al debe

De toda la información recopilada por Corporación Humanas, 14 hospitales públicos que están habilitados para realizar interrupciones del embarazo tienen más de dos tercios de sus médicos obstetras como objetores de conciencia en casos de violación. Incluso existen tres recintos donde el 100% del equipo obstetra es objetor de conciencia en la causal 3: Cauquenes, Constitución  y Lautaro.

En tanto, existen otros 32 establecimientos en que los médicos obstetras objetores están entre el 33% y el 66%.

«Aunque esta franja puede parecer intermedia, también representa un riesgo significativo para el acceso efectivo, especialmente cuando no existen mecanismos de derivación oportunos o no hay suficiente disponibilidad de personal no objetor”, indica el informe de la Corporación Humanas.

Esfuerzos para mejorar 

Hay dos acciones concretas que se han realizado desde el gobierno central para mejor la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La primera de ellas fue la creación de un Manual de Fiscalizaciones para la Ley IVE en enero de 2023, la cual fija criterios y pautas para evaluar el funcionamiento de la normativa en los distintos recintos de salud, tanto público como privados.

Hasta mayo de este año se habían realizado 130 fiscalizaciones en el país. Rodrigo Neira, del Programa Nacional de Salud de la Mujer del Minsal, señaló que “lo que se buscó con el manual es estandarizar los puntos críticos o los elementos más esenciales que debiesen cumplirse en cada una de las instituciones que estén ejecutando la ley”.

Las fiscalizaciones revisan casos que ya se han constituido en alguna de las causales de la ley, y cuya falta de elementos críticos pueda ser motivo de apertura de un sumario sanitario.

Neira detalló que se han “abierto sumarios sanitarios, que de forma global no responden a más del 10% de todas las fiscalizaciones que se han podido realizar”.

“No hay hallazgos que estén asociados necesariamente con que la objeción de conciencia de orden individual ha sido constitutiva de barreras de acceso para los casos que estaban ya constituidos”, añade Neira, aunque como la fiscalización solo toma casos de mujeres que efectivamente accedieron a las garantías, entonces en la evaluación se podrían estar dejando algunos temas afuera.

El experto señala que desde 2017 se han dado distintas instancias de capacitación a los equipos de salud. Además, se han aumentado las acciones para sensibilizar y socializar la ley con los equipos de atención primaria.

Nuevo reglamento

La segunda iniciativa son las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia de las cuales la Contraloría tomó razón en mayo pasado.

“Este reglamento nace de un proceso largo de análisis. Durante el 2023, junto al Ministerio de Salud, presentamos un manual de fiscalización para velar por el buen funcionamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales, en centros de atención pública y privada, y este manual de fiscalización conllevó a que se realizaran inspecciones en más de 130 lugares en todas las regiones del país”, comenta a Informe Especial la Ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana.

La autoridad además explica que “el nuevo reglamento establece que los establecimientos de salud que ofrezcan servicios ginecológicos y obstétricos, sean públicos o sean privados, deben informar sobre los derechos establecidos en la ley de tres causales, incluido el derecho a saber si el médico tratante es objetor de conciencia y cuáles son las instancias también de reclamo si se vulnera algún derecho”.

Esto además debe incluir favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución global de los turnos, para que no haya problemas a la hora de reasignar y derivar a pacientes que están en tres causales que son críticas, a la hora de que se presente la objeción de conciencia. De esta forma promovemos que la atención sea siempre oportuna, digna y sin costo adicional para las niñas y mujeres que se encuentran en estas tres causales y que la legítima objeción de conciencia no implique una obstrucción al cuidado, al derecho a la salud que está establecido en la ley”.

Para organizar los turnos el nuevo reglamento posibilita que los jefes de establecimientos tengan el listado de objetores a su disposición. En cada establecimiento habrá un funcionario/a designado para coordinar las posibles derivaciones. También se deberá crear un protocolo de derivación en caso de que la mujer lo necesite, asegurando la aplicación de la ley.

“Creo que es muy valioso que ahora llegue una acción concreta que busca hacerse cargo de una de estas barreras, más allá de que no se hace cargo de todas las barreras, pero sí el hecho de modificar el reglamento, que es la aplicación más concreta, para priorizar contrataciones que garanticen una disponibilidad permanente de profesionales no objetores en el sistema público, es algo que apunta en esa dirección”, remarcó.

Reportaje de Informe Especial de 24 horas, publicado el 24 de junio del 2025