Santiago, 07 de abril de 2025.- Las organizaciones Corporación Humanas, Amnistía Internacional y Corporación Miles acudieron a la Contraloría General de la República para respaldar los cambios propuestos al Reglamento de Objeción de Conciencia. A través de la presentación de un escrito, las organizaciones solicitaron que el nuevo reglamento asegure la disponibilidad efectiva de la prestación de aborto en tres causales en todos los servicios de salud del país.

“Estamos aquí para validar la rectificación al reglamento, con el objetivo de asegurar el derecho al aborto en tres causales para mujeres, adolescentes y niñas en todo Chile. La objeción de conciencia no puede seguir siendo un obstáculo para ejercer esta prestación de salud”, señaló Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas.

Desde Amnistía Internacional, la coordinadora de investigación Viviana Cáceres subrayó: “La autonomía reproductiva y la libertad corporal son esenciales. Abogamos por un acceso universal al aborto, y por eso solicitamos a Contraloría que tome razón del reglamento presentado por nuestras organizaciones”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Corporación Miles, Javiera Canales, explicó que esta presentación de un “téngase presente” busca dar continuidad a un escrito ingresado previamente en 2024 por las tres organizaciones: “Nuestro objetivo es que el nuevo reglamento entre en vigencia lo antes posible, para garantizar derechos sexuales y reproductivos, y asegurar la entrega oportuna de una prestación de salud fundamental para mujeres y niñas en Chile”.

 

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¿Qué establece el nuevo reglamento?

La normativa en revisión busca fortalecer la implementación de la Ley N° 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Entre las modificaciones propuestas, destaca la creación de un nuevo formulario para que quienes se declaren objetores de conciencia lo hagan de manera formal. Esto permitirá una mejor planificación de turnos y equipos médicos, privilegiando la atención por parte de personal no objetor.

Asimismo, el reglamento establece que todos los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal idóneo, suficiente y disponible para garantizar esta prestación. En ese sentido, se propone considerar como un factor positivo en los procesos de contratación el no ser objetor de conciencia, como medida para asegurar la continuidad y calidad del servicio.

El texto también incorpora avances en el derecho a la información de las pacientes: deberán ser informadas si el profesional que las atiende es objetor, y esta información deberá estar visible en espacios públicos del centro de salud, junto a los derechos establecidos por ley.

El informe también hace un repaso por la violencia de la región de La Araucanía, donde se cuestiona que la comisión creada en el Congreso para tratar el tema se centró solo en delitos presuntamente cometidos por los mapuche sin abordar las denuncias de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias en operaciones policiales.

El último informe entregado por Amnistía Internacional (AI) -presentado en París- puso la lupa sobre Chile por las distintas violaciones a los derechos humanos, la impunidad, los abusos policiales y la cuestionada justicia militar, destacando que en los crímenes de la dictadura “en pocos casos, los implicados fueron encarcelados”.

Entre los casos más destacados de 2016 por este informe y relativos a ese periodo, el organismo recalcó la sentencia de la Corte Suprema que confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por torturar en 1973 al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta Michelle Bachelet.

Según The Clinic Online, AI incluye en su informe las numerosas denuncias de “uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas” y que “entre las víctimas figuraban menores, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores”.

La crítica de Amnistía Internacional apunta a que estos casos “siguieron siendo competencia de los tribunales militares”, pese a que una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar.

Por otra parte, el informe hace un repaso por la violencia de la región de La Araucanía, donde se cuestiona que la comisión creada en el Congreso para tratar el tema se centró solo en delitos presuntamente cometidos por los mapuche sin abordar las denuncias de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias en operaciones policiales.

Aborto e identidad de género

Respecto a los derechos sexuales, el organismo internacional destaca que el aborto en Chile sigue siendo un delito bajo todas las circunstancias, siendo uno de los cinco países en el mundo que actúa de esta manera, y que el proyecto sigue siendo discutido en el Congreso.

Además, el informe destaca que el proyecto de ley de identidad de género, que lleva cuatro años siendo discutido por los parlamentarios, significó un “primer paso” para nuestro país cuando en septiembre superó el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Eso pese a que aún debe superar varias otras barreras antes de ser despachado como ley de la república.

AI también recalcó que en julio pasado Chile accedió a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras una denuncia de tres parejas homosexuales a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio, ya que en nuestro país solo está estipulado para un hombre y una mujer.

Este acuerdo llevó al Gobierno a anunciar en agosto un proceso participativo con la sociedad civil para redactar un proyecto de ley que establezca la igualdad respecto al matrimonio, al tiempo que el Ejecutivo anunció el envío de una iniciativa en esta materia.

Fuente: El Dinamo