El pasado jueves 10 de marzo, una protesta estudiantil paralizó las calles de la comuna de Providencia luego de que un grupo de alumnas -provenientes del Liceo 7, Liceo Carmen Carvajal, entre otros- protestaron a las afueras del Liceo Lastarria para denunciar presuntas amenazas de violación por parte de jóvenes de ese recinto educacional.

Durante la jornada de este martes el pleno de la Convención Constitucional volvió a revivir los hechos al momento de deliberar y votar en particular los artículos emanados del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF.) relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que fueron de nueva Constitución.

Durante su intervención, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) se refirió al artículo 17 que establece el derecho a una educación sexual integral señalando que “esta es una herramienta relevante que nos permite como sociedad evitar situaciones lamentables como la divulgada la semana pasada, en donde estudiantes mujeres de un liceo emblemático de Santiago denunciaron situaciones de violencia de género ejercida por sus pares hombres del establecimiento educacional”.

El inciso uno del artículo, que también consagra “el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento” fue visado por 106 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.

No obstante, la aprobación de la norma despertó críticas por parte de convencionales de derecha. A través de su cuenta de Twitter, la convencional Ruth Hurtado (Chile Libre) expresó: “En dos oportunidades hoy en el pleno se rechaza que los padres tenemos derecho y deber preferente de educar a los hijos. Esta Convención busca con ahínco debilitar la figura de los padres, de la familia, entregando nuestro derecho y deber al Estado”.

La discusión en torno a la educación sexual integral tiene historia. Si bien en 2019 se ingresó un proyecto de ley que buscaba sentar las bases generales para que la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes se impartiera desde la enseñanza parvularia, el proyecto se rechazó en 2020 por falta de quórum en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, según la convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) gracias a las movilizaciones feministas y disidencias sexo-genéricas del último tiempo, la discusión ha tomado un papel relevante incluso dentro del proceso constituyente actual: “Se han visibilizado situaciones de violencia de género y sexual, que nunca han debido ser aceptables, derivando en una necesidad de educar a todas las personas (…) además de permitir que desde temprana edad niños, niñas y adolescentes obtengan información clara y precisa sobre la sexualidad, relaciones de amor, autoestima y autocuidado”, comentó.

Para Teresa Valdés, investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile, la educación sexual integral es un tema de Derechos Humanos respaldado por la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que aborda un amplio abanico de objetivos: “Es el derecho de los niños y niñas a recibir una educación que les permita desarrollarse como persona en lo sexual, en lo afectivo, en el autocuidado, en la autonomía, en el consentimiento. Todo lo que tiene que ver con las diversas identidades y con la condición de género de cada quien”, explicó.

En el mismo contexto, Pustilnick (INN) concuerda con que este derecho permitiría a la sociedad estar más preparada para reconocer la libertad de las mujeres, prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y, del mismo modo, disminuir los riesgos de abuso sexual infantil: “En un país donde en 2021 se denunciaron 691 casos de abuso sexual contra niñas y niños menores de 14 años de edad y 160 casos abuso sexual por sorpresa y/o sin consentimiento a personas mayores de 14 años, es sumamente imperioso que la Constitución aborde esta materia”, sostuvo.

Por parte de algunos convencionales que rechazan la norma, uno de los argumentos más discutidos es que el artículo, al implementarse como derecho dentro de la Constitución, exigiría al Estado ser garante de su cumplimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, se sostiene que el proyecto estaría vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y, por otra parte, suprimiría la libertad de enseñanza.

Ante esta mirada, Mariela Infante Erazo, directora de Corporación Humanas, explica que el artículo no supondrían una obligatoriedad o intromisión en torno a la enseñanza, a la religión o creencias sino que, al contrario entrega la información básica -basada en el progreso científico y en el conocimiento- para que las personas después, de acuerdo a su creencia puedan elegir: “En la falta de información se genera un oscurantismo que genera una ignorancia generalizada que muchas veces termina en malas decisiones. En cambio, contar con esa información no obliga a nadie a tomar malas decisiones, al contrario, entrega las herramientas para tomar decisiones sobre la base de la información”, explicó Infante.

Si bien el pleno aprobó el derecho a una educación sexual integral, rechazó el inciso que establecía una política única de educación sexual desde la primera infancia. Frente a esto, Francisca Figueroa, abogada e investigadora de la fundación Acción Educar, celebró la decisión de los convencionales, puesto que “tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile son bien claros: los padres tienen el derecho preferente sobre la educación de los hijos, derecho que incluye el poder elegir una educación conforme a las convicciones de éstos”, expresó.

En la misma línea, Figueroa sostuvo que el derecho de los padres para educar a sus hijos no pretende actuar como una propiedad sobre ellos, sino que al contrario, “es una forma de proteger a los niños que al ser menores de edad o no contar con la madurez suficiente, no pueden tomar sus propias decisiones sobre ciertas materias. Entonces la pregunta acá es: cuando el niño no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿quién es el primero llamado a reemplazar su voluntad? ¿sus padres o un tercero como podría ser el Estado?”.

El artículo sobre educación sexual integral, junto con la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos y el deber del Estado de garantizar las condiciones para un “embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos” serán parte del borrador del proyecto de nueva Constitución que deberá ser sometido a plebiscito para su aprobación o rechazo.

A principios de este año Gabriela (24) supo por un amigo cercano que se había difundido en un grupo de Whatsapp una foto íntima suya.

“Llama cuando llegues”. “Trata de no salir de noche”. “No camines por lugares solos”. “¿Llegaste bien a tu casa?”. “Anota la patente del taxi antes de subir”. Todas aquellas frases son comunes entre mujeres. Una forma de cuidado y protección frente a un peligro. Porque ellas, sin importar la edad, suelen sentir miedo en la ciudad.

Una experiencia de temor que viven más mucho más que los hombres. Un recelo derivado de sentir que la seguridad personal se encuentra bajo amenaza.

En Chile, por cada 100 hombres que declaran percibir inseguridad en los siguientes lugares, hay 169 mujeres que perciben inseguridad en un taxi, 123 en un paradero de micro, 145 en micros, 127 que en las calles de su barrio, 143 que en centros comerciales y 123 en terminales de buses. Eso es lo que establecen datos de la XVI Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), 2019, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los mismos datos INE muestran que no se trata de una sensación de inseguridad o apreciación sin fundamento. Efectivamente las mujeres son más víctima de delitos que los hombres en las calles.

El indicador de victimización personal, es decir, porcentaje de las personas que fueron víctimas de delitos de mayor connotación social durante los últimos 12 meses (medidos en la ENUSC como robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones) alcanza en el caso de los hombres el 7,2%, mientras que en las mujeres llega al 10,5%. Datos que no contemplan delitos sexuales en el espacio público.

La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, indica que esas cifras corroboran que las mujeres están en riesgo de sufrir alguna forma de violencia en todos los ámbitos que se desenvuelven.

La IV Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer en el Ámbito Intrafamiliar y Otros Espacios, que se dio a conocer en 2020 reveló que 2 de cada 5 mujeres (41,4%) señalan que han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. “Esa encuesta mostró que las mujeres están en riesgo y sufren violencia en todos los ciclos de vida y en todos los ámbitos en los que se desenvuelven, en los trabajos, en la casa, en la calle y en establecimientos educacionales”, dice Maturana.

Ese miedo en los espacios públicos tiene un impacto considerable en la vida cotidiana. Diversos estudios muestran que, como consecuencia, las mujeres deben preferir permanecer en lugares cerrados y resguardados. Además, eso las lleva a evitar calles, parques, plazas, vehículos y áreas de transporte público, especialmente por las noches. Incluso influye a la hora de planificar hacer actividades físicas como correr o andar en bicicleta.

El año pasado el estudio Radiografía del acoso en Chile del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) señaló que todas las mujeres entre 18 y 26 años han sufrido alguna situación de acoso sexual callejero durante su vida (96,2%).

Para un hombre es más facil moverse solo por la ciudad. Caminar de madrugada. ¿Tiene miedo que lo acosen en la calle? ¿Tiene susto de ser víctima de una agresión sexual? Carolina Jiménez, presidenta de OCAC señala que desde la perspectiva histórica el espacio público siempre se ha entendido como más propiedad masculina: “Las ciudades son planificadas y pensadas para hombres y la ciudad en cuanto a infraestructura tampoco está pensada hacia las mujeres, porque hay problemas de iluminación, por ejemplo, que afectan su seguridad en general”.

Y si bien la cifra de victimización de delitos como robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones, es mayor en mujeres, si se considera la violencia sexual en el espacio público, indica Jiménez, sería mucho mayor. “Obviamente las mujeres al subir a un taxi no solo se sienten inseguras por la posibilidad de robos, sino que hagan comentarios inadecuados sobre su apariencia o que cambien la ruta”, señala.

Lamentablemente la violencia de género y en particular la violencia sexual, indica la abogada de Corporación Humanas, está muy enraizada en la cultura patriarcal y por mucho tiempo ha permanecido invisible incluso por las propias víctimas. “Algo que en las generaciones más jóvenes han puesto como tema en lo público y que partió por la preocupación de la violencia sexual en el ámbito estudiantil y la revolución feminista de 2018, que puso un tema tan grave como la violencia sexual y reveló que era transversal en las distintas instituciones, eso ha implicado conciencia en los riesgos, pero no cambios en medidas de prevención ni en las políticas públicas”.

No se ha avanzado en medidas concretas o políticas públicas, dice Jiménez. Se necesitan no solo campañas aisladas, como las que se realizó en Metro cuando se lanzó la Ley de Acoso Callejero, sino que sean más generalizadas para que “el público en general tome conciencia, por ejemplo, que un conductor de un taxi no puede comentar sobre la apariencia de una mujer, y desde instituciones y el gobierno, generar esas políticas públicas con una visión de género en la ciudad”.

La percepción de riesgo en determinados espacios públicos es altísima. “Todas las mujeres sabemos por experiencia propia o por la de otras mujeres que la calle es un espacio de violencia, en especial violencia sexual. Pero las casas, la familia, los lugares de trabajo, la pareja, los establecimientos educacionales, también, añade Maturana. “Lamentablemente las mujeres en una sociedad patriarcal sufren violencia en cualquier ámbito y estos estudios permiten adoptar políticas públicas adecuadas”.

“También sería importante trabajar en paralelo para generar conciencia en las policías para que se preocupen no solo de delitos contra la propiedad, sino también están este otro tipo de delito”, dice Jiménez.

Al mismo tiempo, así como se va la inseguridad en el espacio urbano, también es importante mirar la visión de inseguridad desde lo rural. “Que se implementen políticas desde lo urbano a lo rural, no sirve, hay que mirar las distintas violencias que viven las mujeres en lo rural. Por ejemplo, en ese espacio tenemos básicamente problemas de conectividad y eso implica muchas veces que una tiene que pararse en la vía publica a hacer dedo y eso es salir y arriesgarse para trasladarse en distancias extensas”.

Publicado por La Tercera 

Horas más tarde, cuando ya todos se habían ido, el pololo de su amiga subió las escaleras y se asomó por la puerta de la pieza. No dijo nada, pero se quedó un rato mirando hacia adentro y moviendo la puerta discretamente. Pía se dio vuelta, lo miró y le preguntó “¿qué quieres? Él respondió: “Quiero dormir contigo”.

Pudo identificar de inmediato que estaba ebrio, pero aun así se sorprendió por su respuesta. Percibía que él tenía otras intenciones, pero en parte lo negó porque la posibilidad de que eso fuera cierto la descolocaba. Era el pololo de su amiga, se conocían hace años y entre ellos solo había existido una relación de confianza y respeto. Mientras lo veía parado en el umbral de la puerta, se cuestionó si había hecho algo para que él pensara que ella tenía ganas de acostarse con él. Ahora sabe que no, pero en su minuto fue inevitable –y una reacción casi automática– poner en duda sus propios actos antes que cuestionar los de él.

Aun así, pese a la incomodidad que sintió, pudo decirle varias veces que se fuera a su pieza, pero él se puso cada vez más insistente. “Me dijo que quería dormir en mi cama de dos plazas y que se acostaría en el rincón. Yo inventé excusas en mi cabeza para no aceptar el hecho de que en realidad me estaba acosando, como que quizás no quería dormir con su polola porque estaba ebrio, así que después mucha insistencia le dije que se acostara en un costado. Estaba asustada porque la situación ya se había vuelto tensa y me acosté lo más lejos posible de él”, recuerda. “Pero él se empezó a acercar y le tuve que decir que parara. Sin gritar porque me daba miedo y no quería despertar a nadie. Lo empujé varias veces, pero entre medio de los empujones él volvía a acercarse y a tocar mis partes íntimas. A esas alturas yo estaba muy confundida y no estaba siendo capaz de entender del todo lo que ocurría. Mi estrategia finalmente fue la de hacerme la dormida para que él dejara de tocarme”.

Pero lejos de parar, cuando pensó que Pía se había quedado dormida, se acercó más, se bajó los pantalones y se masturbó encima de ella. Después de eso fue al baño y se fue a acostar con su polola. “Durante todo ese rato quedé totalmente paralizada. No podía moverme ni hablar. Estaba inhabilitada. Al día siguiente me fui corriendo sin saber qué hacer”, relata. “Hasta que llamé a una amiga para contarle lo que había pasado y ambas coincidimos en que había sido de curado y que tenía que dejarlo pasar”.

Mirando hacia atrás, Pía reconoce que justificó el actuar de su abusador –aun siendo consciente de que lo que vivió fue un episodio de abuso sexual– porque estaba totalmente ebrio.Decidió incluso enfrentarlo unos días después y fue ella misma, según recuerda, la que terminó bajándole el perfil a lo ocurrido. “Total, estaba curado”, pensó. Para ella, todo había sido un accidente fortuito que ocurrió por un contexto determinado, restándole así la responsabilidad a su agresor. Pero aun así, sufrió las consecuencias de ese episodio durante mucho tiempo. “Tuve dificultades para establecer relaciones con otros hombres y sentí un nivel de miedos y ansiedades que nunca antes había sentido”.

A cinco años de lo ocurrido, se sigue preguntando qué medidas debió haber tomado y si se puede juzgar o no con la misma vara a un abusador si es que no tiene recuerdos de lo ocurrido y si se muestra tan arrepentido como lo hizo él. “¿Cómo se actúa en estos casos, cuando esa persona quizás no quiso hacerte daño pero lo hizo igual? Yo lo eximí de cierta responsabilidad cuando me dijo que no se acordaba de mucho y que jamás habría hecho algo así en un estado de consciencia, pero al final igual hizo lo que quiso y yo sufrí las consecuencias”, reflexiona.

Al igual que Pía, son muchas las víctimas que pasan por este tipo de cuestionamientos. Es difícil, en una cultura que tiende a la revictimización y a responsabilizarlas de lo ocurrido, no tener ese tipo de dudas. Especialmente en aquellos casos en los que el consumo de alcohol o drogas dan paso a situaciones aparentemente ambiguas, poco claras y que bordean ese límite que a ratos creemos difuso. Pero lo cierto es que ese límite no es difuso y la víctima de un abuso o agresión sexual nunca es responsable de lo ocurrido. Si las consecuencias para la víctima son las mismas, haya habido alcohol o no de por medio, ¿por qué al agresor habría que aminorarle su responsabilidad solo por haber estado bajos los efectos del alcohol o las drogas?

Pía decidió no denunciarlo, y reconoce que tomó esa decisión por miedo a lo que tendría que enfrentar en el proceso judicial y porque, según ella, no hizo las cosas como debió haberlas hecho para que realmente la tomaran en cuenta. “Me demoré en hablar y no quería que me juzgaran por eso. También sentí que con la conversación que tuve con él, en la que le pedí que él empezara un proceso de terapia psicológica, era suficiente. Al final fue una mezcla de ambas cosas; quería evitar el juicio y me compadecí de él”, cuenta. “Pero eso no quiere decir que no pueda cambiar de parecer, porque eso también es parte de nuestro proceso de reparación”.

La abogada litigante del estudio jurídico AML Defensa de Mujer, Paloma Galaz, explica que en este último tiempo, y más aun después de la intervención de Las Tesis y del caso de Antonia Barra, son muchas las mujeres que han podido constatar sus vivencias de violencia sexual, especialmente esas que parecían “dudosas”, de las cuales no tenían muchos recuerdos o en las que no tenían la certeza de haber dicho que no. Lo que se patentó en este tiempo, como explica la abogada, es la importancia del consentimiento. “Las reflexiones están empezando a girar en torno a cosas que suenan obvias pero no lo eran, como por ejemplo que el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor no lo exime de responsabilidad o que si las víctimas se encuentran privadas de razón o inconscientes no es posible que consientan la actividad sexual. Durante mucho tiempo la omisión se entendía como consentimiento, pero lo que hay que tener interiorizado es que el consentimiento tiene que ser explícito y libre, y debe prestarse para cada práctica. Se puede decir que sí a algo y no necesariamente a lo demás”.

Y es que, como explica la especialista, en el imaginario colectivo que gira en torno a los delitos sexuales, sigue reinando la idea de que estos son cometidos en el manto de la oscuridad, en una calle desolada y por desconocidos. Sin embargo, la realidad dista mucho de eso: “La mayoría ocurren en lugares que podrían calificarse como seguros para las víctimas y por personas que pertenecen a su entorno cercano”. Y por eso es tan importante tener claro que el hecho que el victimario haya consumido drogas o alcohol no es ni aminorante ni eximente de su responsabilidad penal. El problema está en que en la mayoría de estos casos, la tendencia social es a no creerle a la mujer, a dar por hecho que ella quería o se lo buscó y a culparlas por exponerse al riesgo, muchas veces aludiendo a que si tomaron o consumieron drogas, no pueden asegurar que no consintieron. “En estricto rigor esto no debiese siquiera discutirse, porque hasta la misma ley –con lo precaria que es– establece que cuando hay privación de la razón o del sentido, no es posible consentir”, explica. “El punto está en que no hemos sido socializadas desde pequeñas como seres que otorgan consentimiento, sino que por el contrario hemos sido socializadas para poner nuestro cuerpo a disposición de los demás, por eso nos cuesta visibilizar y desnaturalizar estas violencias”.

Por eso, la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut, recalca la importancia de que las mujeres externalicemos estas reflexiones, porque lo más probable es que nos encontremos con situaciones similares que para algunas víctimas pueden seguir siendo difusas o causantes de cuestionamientos. “Socializar esto nos va permitir comprender de mejor manera que no hay razón alguna para pensar que una víctima ha sido mínimamente responsable de la agresión que sufrió”, explica. “Si tenemos consciencia de que existe la violencia de género –que es aquella ejercida por hombres contra mujeres o disidencias sexuales y que supone una dimensión de subordinación en razón de género–, se vuelve clave entender que aquellos que pueden terminar cometiendo esos delitos, de manera más o menos conscientes, son responsables de la situación en la que están, de las relaciones que sostienen y por tanto también del consumo de alcohol y drogas”.

Y es que según la especialista, en la discusión que plantea si existe más o menos responsabilidad si es que uno de los involucrados está bajo los efectos del alcohol y las drogas, hay tres puntos fundamentales a tener en cuenta: El primero, que la víctima de violencia de género nunca es responsable de la agresión sufrida. Segundo, que el uso de alcohol y drogas no es eximente de responsabilidad penal para aquel que cometió el delito. Y tercero, que ninguna situación en la que se encuentra la víctima de abuso puede imputársela a ella. Ni cómo vestía, ni cuánto tomó, ni si se quedó dormida al lado del agresor o en el sillón de una casa ajena. Nada de eso la vuelve a ella responsable.

En ese sentido, es también fundamental poner en perspectiva qué significa ser víctima de un abuso o agresión sexual. “La clave es reconocer haber sufrido algún tipo de vulneración y entender que no tenemos responsabilidad alguna en que haya pasado. Ahora, el cómo se vive esa situación no tiene reglas estándares aplicables a todas. Se nos pide ser la “buena víctima” y seguir un patrón de conducta que permita validar que efectivamente fuimos víctimas de abuso. Pero cada una lo vive como lo vive”, explica Schönhaut. “Puede que la víctima cuente o no; puede que quiera denunciar o no; hacerlo público o no; e incluso perdonar o no al agresor. Todo eso es válido y está dentro de lo que cada una tiene que decidir para efectos de qué es lo mejor en términos de reparación. No hay una única forma de hacerlo, las herramientas están a disposición, pero nadie debiese juzgar a una víctima por cómo termina llevando adelante su proceso de reparación. Uno puede orientar, brindar apoyo y asesoría, recomendar que se denuncie o que se busque ayuda psicológica, pero la decisión de qué se hace con esa vivencia es de la persona que la vivió”.

Y es que, como explica la psicóloga Katherine Quiroz, una de las etapas más relevantes en el proceso de reparación de las sobrevivientes, es reconocerse como tal, porque eso supone un reconocimiento de que fueron negadas e invisibilizadas como sujetas por parte del agresor. Y eso siempre es complejo. “Ninguna mujer responde de la misma forma frente a situaciones de abuso o agresión sexual; va depender de su historia de vida o del apoyo con el que cuenta, pero jamás hay que imponerle una forma determinada. Porque eso impide la integración de la experiencia traumática, dejándola disociada. Más bien debiésemos avanzar hacia el reconocimiento social del daño y hacia el reconocimiento de que sin consentimiento, siempre va ser una transgresión. No podemos minimizar el que no haya habido consentimiento, inclusive en estados de alcohol o drogas”.

Publicado por Revista Paula