‘El Estado debe estar siempre a disposición de la denunciante, sin discriminación, con la debida diligencia’. Laura Bartolotti, Corporación Humanas.

‘No asegura que quienes trabajan en el Poder Ejecutivo, por formar parte de este Gobierno, no incurran en tales acciones’. Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad.

‘Quien debiera estar al centro de mecanismos de intervención, atención, debe ser la víctima’. Marcela del Sol-Hallett, La Cuchara Feminista.

En materia de prevención de la violencia contra niñas y mujeres, recientemente se promulgó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género tanto en el ámbito público como privado. También fuimos el país anfitrión para la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

Sin embargo, cuando creíamos que habíamos llegado a ciertos acuerdos sociales y jurídicos para la condena absoluta y transversal a la violencia más grave que sufren niñas, adolescentes y mujeres, especialmente ante vulneraciones a su indemnidad sexual, la realidad política nos demuestra lo contrario: el derecho humano a una vida libre de violencia aún no se encuentra asentado en nuestra clase política.

Pareciera que estos principios éticos y de derechos humanos no son de sentido común en todos los liderazgos, aun cuando nuestra Constitución -a través de los tratados internacionales-, y muchas leyes consagran sanción y protección ante la violencia contra niñas y mujeres. Del mismo modo, existen deberes para todos los agentes del Estado -incluidos parlamentarios y parlamentarias- para prevenir, investigar y sancionar esta violencia.

Con indignación hemos visto nuevamente que solo la movilización social y, especialmente feminista, logra presionar al saliente presidente de la UDI y senador Javier Macaya, para desdecirse de defender a su padre Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual infantil reiterado. Continuamente la sociedad civil debe estar alerta para que líderes políticos y tomadores de decisiones que representan a la ciudadanía, no minimicen la violencia sexual o de género que sufren niñas y mujeres.

La relación entre la política y la condena a la violencia sexual o de género siempre ha sido incómoda, pero llama la atención que, si bien existe un importante avance legislativo, no existan consensos ideológicos transversales en la política sobre esta problemática.

Cabe preguntarnos si la clase política está capacitada éticamente para defender los derechos mínimos de niñas y mujeres o si existe un compromiso real de los partidos políticos con la prevención de la violencia.

Los actores políticos deben fomentar un compromiso con los derechos humanos y el respeto a la justicia como base de una sociedad democrática. Por ello, las autoridades, independiente de sus posiciones políticas o ideológicas, deben ser las primeras en condenar estas violencias. Ser representante político no solo consiste en una conducta intachable y un desempeño honesto, sino también poner por encima siempre el interés común de la ciudadanía, y que esto se demuestre en los hechos, no sólo en declaraciones.

A días de que se cierren las inscripciones a candidaturas municipales y regionales, los partidos políticos deben dar una señal clara contra la violencia sexual y de género. No se puede esperar, nuevamente, a que las organizaciones feministas levanten las alertas cuando un candidato ha sido denunciado por violencia, o si existen conflictos de intereses que permitan suponer que no trabajará en prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Si nuestras autoridades políticas continúan solo siendo reactivas ante escándalos mediáticos, no avanzaremos en una cultura de prevención de la violencia de género y protección integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en Página 19 (25 de julio de 2024)

En el veredicto, el imputado fue absuelto de otras dos acusaciones por los mismos ilícitos y finalmente, se determinó que el empresario cumpla una sentencia de seis años. Lamentablemente su paso por la cárcel fue breve.

El abordaje de los medios de comunicación, en especial la televisión, trae a la vista puntos críticos a considerar y, uno de ellos, dice relación con la tribuna que se le da a los abusadores.

Los medios, a menudo, permiten que los abusadores o sus defensores tengan un espacio para justificar o minimizar sus acciones. Esto desvía la atención de las víctimas y del delito mismo, generando una narrativa que busca empatizar, incluso de manera sutil, con el perpetrador, revictimizando así a las víctimas. Por otra parte, se presta demasiada atención a la “caída” del agresor y a las consecuencias para su vida y carrera, mientras que el impacto en las víctimas queda relegado a un segundo plano cuando lo que debiese primar en este proceso es protegerlas y ampliar sus voces durante el proceso de búsqueda de justicia y reparación, si es que ellas lo desean.

Lo anterior, quedó demostrado con las declaraciones entregadas por el senador Macaya en un programa político de televisión en el que cuestionó las pruebas presentadas en el juicio y aseguró estar de parte de su padre. El legislador también criticó las pruebas de la Fiscalía: “Trato de empatizar también con personas que establecen ciertos hechos que no conocen. Acá parte por una situación familiar, una persona que es grabada en un entorno familiar sin su consentimiento, con pruebas y con un video que es bastante editado”.

La pregunta que nos hacemos es, ¿es posible grabar un video de esta índole con el consentimiento del abusador? ¿por qué una víctima llega al punto de tener que grabarlo? Esto no fue cuestionado durante el programa y tampoco en otras entrevistas que se originaron posteriormente. De esta manera, vemos cómo los medios tienden a omitir o minimizar la cultura de silencio que rodea a estos casos, donde los secretos de familia y las dinámicas de poder juegan un rol crucial en la perpetuación del abuso.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de representaciones sociales, políticas y culturales, por ello resulta grave cuando estos no abordan el contexto familiar y social que permite que el abuso continúe sin ser reportado o castigado adecuadamente.

Genera una alerta permanente la evidente falta de sensibilidad y formación en perspectiva de género en la cobertura de estos casos. Muchos y muchas periodistas abordan estos temas con un enfoque sensacionalista, sin considerar el impacto que puede tener en las víctimas y sus familias.

Frecuentemente, se utiliza un lenguaje que culpabiliza a las víctimas, sugiriendo que podrían haber hecho algo para evitar el abuso. Esto perpetúa estereotipos dañinos y desalienta a otras víctimas a denunciar.

Para abordar la cobertura de casos de abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de edad de manera más adecuada, es crucial adoptar un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Adoptar estos enfoques no solo mejora la calidad y ética del periodismo, sino que también contribuye a un cambio social positivo, promoviendo la justicia y la protección de las denunciantes.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile,  25 de julio de 2024.-

Más de 40 mil causas por delitos sexuales fueron investigadas por el Ministerio Público en 2023, de las cuales una de ellas fue el caso de Eduardo Macaya, empresario de 71 años y padre del senador Javier Macaya, quien este miércoles fue declarado culpable por el Tribunal Oral Penal de San Fernando.

Así, el tribunal logró determinar que Macaya fue el responsable de abusar sexualmente de dos de las cuatro menores de edad que lo denunciaron, arriesgando hasta 12 años de cárcel.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, comentó que “estos casos generalmente suelen tener mucha atención cuando involucran a alguien que tiene algún grado de connotación pública, por ejemplo, si es un futbolista, alguien de la farándula o que esté vinculado a la política, pero se desvía esa atención de la preocupación que nos debe generar la naturalización de la violencia sexual contra las niñas y los niños“.

“Lo que encuentro complicado es que esa situación, que puede tener una connotación política y que pueda terminar en un intento de aprovechamiento político del caso, finalmente lo que hace es quitarle la atención que debiera tener la gravedad de la violencia sexual“, añadió.

En ese sentido, la abogada explicó que en Chile las cifras del Ministerio Público han evidenciado que en los últimos años han aumentado las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

“Mirando las cifras de distintos años aquí históricamente siempre ha habido una clara preponderancia de victimas que son niñas cuando hablamos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y el estudio de la Defensoría de la Niñez de hace un mes atrás lo muestra con mucha claridad: el 80% de las víctimas son niñas“, agregó.

Por ello, la directora de Corporación Humanas hizo hincapié en que “ahí es donde hay que poner la atención”.

“Lamentablemente en Chile la falta de educación sexual, de campañas y de prevención de la violencia sexual contra la infancia ha significado que se mantengan índices muy elevados de denuncias de violación y abuso sexual contra niñas. El país no ha logrado enfrentar esto adecuadamente. Además, sabemos que los servicios de atención reparatoria son super limitados, que la justicia en muy pocos casos logra cumplir el objetivo de protección y de reparación para las víctimas, y esos son problemas que se mantienen en el tiempo, independiente de si lo victimarios son conocidos o son personas anónimas”, sostuvo.

De esta forma, para Maturana es “importante que como sociedad podamos discutir de eso y no poner tanta atención a quién es el victimario, sino cuál es la situación real hoy de nuestras infancias, cuán desprotegidas están y qué tenemos que hacer como sociedad para mejorar esa respuesta. Y claramente una deuda pendiente es la educación sexual integral“, recalcó.

Según las cifras del boletín del anual de la Fiscalía, un 62,06% de las víctimas por abuso sexual tenía menos de 18 años en 2023, siendo en su mayoría las niñas las más afectadas (85,41%).

Además, de acuerdo a los datos la Defensoría de la Niñez, en los últimos años se ha visto un aumento de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, “sólo de 2018 a 2023, aumentó en un 8,4% los casos policiales contra víctimas por abuso sexual y otros delitos asociados, así como un 23,8% en el caso de las violaciones”.

El Diagnostico sobre la situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2024 de la Defensoría también consigna que “un aspecto crítico en el caso de violencia sexual es la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En 2023 la tasa total de víctimas ingresados en denuncias al Ministerio Público aumentó en un 29% con respecto a 2022″.

Ministra Orellana: “Es importante escuchar, no juzgar, dar crédito y proteger”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que conforme a la evidencia la mayoría de los niños y niñas que viven situaciones de abuso no denuncian.

Por tanto, cuando ocurren casos de alta atención mediática, como el de Eduardo Macaya, muchas personas viven un proceso que es conocido como develación.

“Es habitual que producto de estos hechos públicos muchas personas se den cuenta de que vivieron abuso sexual ya sea infantil o también como adultos. En ese sentido, queremos llamar a las personas a acoger, a saber que es importante en ese momento de develación: escuchar, no juzgar, dar crédito y proteger“, detalló.

En relación con ello, la ministra explicó que en el caso del abuso sexual infantil, “para los delitos cometidos desde 2019 nuestro país cuenta con la ley de abuso sexual imprescriptible, eso quiere decir que las víctimas tienen derecho al tiempo de por vida para poder denunciar. Para hechos de violencia sexual contra niños y niñas ocurridos previamente al 2019, las leyes no son retroactivas, si corre un plazo de prescripción que son 30 años”.

“Respecto de los casos de violencia sexual en contra de adultos y adultas, gracias a la Ley Antonia que promulgamos como Gobierno en 2022 se aumentó el plazo de prescripción a 10 años para el caso de las personas mayores de edad”, agregó la secretaria de Estado.

Finalmente, desde el Ministerio de la Mujer recomendaron para las mujeres el fono orientación en violencia 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para los jóvenes el canal de atención digital Hablemos todos del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), para los tutores el Fono Infancia (800 200 818) y para quienes quieran denunciar el fono Denuncia Seguro (4242).

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, jueves 11 de julio de 2024.-

“Llama cuando llegues”. “Trata de no salir de noche”. “No camines por lugares solos”. “¿Llegaste bien a tu casa?”. “Anota la patente del taxi antes de subir”. Todas aquellas frases son comunes entre mujeres. Una forma de cuidado y protección frente a un peligro. Porque ellas, sin importar la edad, suelen sentir miedo en la ciudad.

Una experiencia de temor que viven más mucho más que los hombres. Un recelo derivado de sentir que la seguridad personal se encuentra bajo amenaza.

En Chile, por cada 100 hombres que declaran percibir inseguridad en los siguientes lugares, hay 169 mujeres que perciben inseguridad en un taxi, 123 en un paradero de micro, 145 en micros, 127 que en las calles de su barrio, 143 que en centros comerciales y 123 en terminales de buses. Eso es lo que establecen datos de la XVI Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), 2019, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los mismos datos INE muestran que no se trata de una sensación de inseguridad o apreciación sin fundamento. Efectivamente las mujeres son más víctima de delitos que los hombres en las calles.

El indicador de victimización personal, es decir, porcentaje de las personas que fueron víctimas de delitos de mayor connotación social durante los últimos 12 meses (medidos en la ENUSC como robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones) alcanza en el caso de los hombres el 7,2%, mientras que en las mujeres llega al 10,5%. Datos que no contemplan delitos sexuales en el espacio público.

La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, indica que esas cifras corroboran que las mujeres están en riesgo de sufrir alguna forma de violencia en todos los ámbitos que se desenvuelven.

La IV Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer en el Ámbito Intrafamiliar y Otros Espacios, que se dio a conocer en 2020 reveló que 2 de cada 5 mujeres (41,4%) señalan que han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. “Esa encuesta mostró que las mujeres están en riesgo y sufren violencia en todos los ciclos de vida y en todos los ámbitos en los que se desenvuelven, en los trabajos, en la casa, en la calle y en establecimientos educacionales”, dice Maturana.

Ese miedo en los espacios públicos tiene un impacto considerable en la vida cotidiana. Diversos estudios muestran que, como consecuencia, las mujeres deben preferir permanecer en lugares cerrados y resguardados. Además, eso las lleva a evitar calles, parques, plazas, vehículos y áreas de transporte público, especialmente por las noches. Incluso influye a la hora de planificar hacer actividades físicas como correr o andar en bicicleta.

El año pasado el estudio Radiografía del acoso en Chile del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) señaló que todas las mujeres entre 18 y 26 años han sufrido alguna situación de acoso sexual callejero durante su vida (96,2%).

Para un hombre es más facil moverse solo por la ciudad. Caminar de madrugada. ¿Tiene miedo que lo acosen en la calle? ¿Tiene susto de ser víctima de una agresión sexual? Carolina Jiménez, presidenta de OCAC señala que desde la perspectiva histórica el espacio público siempre se ha entendido como más propiedad masculina: “Las ciudades son planificadas y pensadas para hombres y la ciudad en cuanto a infraestructura tampoco está pensada hacia las mujeres, porque hay problemas de iluminación, por ejemplo, que afectan su seguridad en general”.

Y si bien la cifra de victimización de delitos como robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones, es mayor en mujeres, si se considera la violencia sexual en el espacio público, indica Jiménez, sería mucho mayor. “Obviamente las mujeres al subir a un taxi no solo se sienten inseguras por la posibilidad de robos, sino que hagan comentarios inadecuados sobre su apariencia o que cambien la ruta”, señala.

Lamentablemente la violencia de género y en particular la violencia sexual, indica la abogada de Corporación Humanas, está muy enraizada en la cultura patriarcal y por mucho tiempo ha permanecido invisible incluso por las propias víctimas. “Algo que en las generaciones más jóvenes han puesto como tema en lo público y que partió por la preocupación de la violencia sexual en el ámbito estudiantil y la revolución feminista de 2018, que puso un tema tan grave como la violencia sexual y reveló que era transversal en las distintas instituciones, eso ha implicado conciencia en los riesgos, pero no cambios en medidas de prevención ni en las políticas públicas”.

No se ha avanzado en medidas concretas o políticas públicas, dice Jiménez. Se necesitan no solo campañas aisladas, como las que se realizó en Metro cuando se lanzó la Ley de Acoso Callejero, sino que sean más generalizadas para que “el público en general tome conciencia, por ejemplo, que un conductor de un taxi no puede comentar sobre la apariencia de una mujer, y desde instituciones y el gobierno, generar esas políticas públicas con una visión de género en la ciudad”.

La percepción de riesgo en determinados espacios públicos es altísima. “Todas las mujeres sabemos por experiencia propia o por la de otras mujeres que la calle es un espacio de violencia, en especial violencia sexual. Pero las casas, la familia, los lugares de trabajo, la pareja, los establecimientos educacionales, también, añade Maturana. “Lamentablemente las mujeres en una sociedad patriarcal sufren violencia en cualquier ámbito y estos estudios permiten adoptar políticas públicas adecuadas”.

“También sería importante trabajar en paralelo para generar conciencia en las policías para que se preocupen no solo de delitos contra la propiedad, sino también están este otro tipo de delito”, dice Jiménez.

Al mismo tiempo, así como se va la inseguridad en el espacio urbano, también es importante mirar la visión de inseguridad desde lo rural. “Que se implementen políticas desde lo urbano a lo rural, no sirve, hay que mirar las distintas violencias que viven las mujeres en lo rural. Por ejemplo, en ese espacio tenemos básicamente problemas de conectividad y eso implica muchas veces que una tiene que pararse en la vía publica a hacer dedo y eso es salir y arriesgarse para trasladarse en distancias extensas”.

Publicado por La Tercera