La violencia femicida se sustenta en una estructura polĆtica y social que discriminaĀ a las mujeres y en la que las mujeres ocupan el lugar simbĆ³lico y material de laĀ subordinaciĆ³n. La violencia se ejerce para mantener y reproducir este orden socialĀ y tambiĆ©n para castigar a quienes desafĆan la autoridad y dominaciĆ³n machista.
El horrendo crimen cometido contra Nabila Rifo pone de manifiesto diversasĀ dimensiones de este grave problema de derechos humanos que es laĀ discriminaciĆ³n y la violencia contra las mujeres, cuya expresiĆ³n mĆ”s extremaĀ comprende el asesinato de las mujeres o femicidio.
Las mujeres en Chile son atacadas o asesinadas de las formas mĆ”s cruentas. SeĀ reportan casos de mujeres violadas, quemadas, mutiladas, despedazadas eĀ incluso ācomo en el caso de Nabila y otras mujeresā se les arrancan sus ojos. SonĀ crĆmenes en que se marca el cuerpo de las mujeres, en que se busca imprimir unaĀ huella permanente en sus cuerpos, denotando el ejercicio del derecho deĀ propiedad sobre el cuerpo, la sexualidad y la vida de las mujeres que losĀ agresores se arrogan tener.
La violencia femicida se sustenta en una estructura polĆtica y social que discriminaĀ a las mujeres y en la que las mujeres ocupan el lugar simbĆ³lico y material de laĀ subordinaciĆ³n. La violencia se ejerce para mantener y reproducir este orden socialĀ y tambiĆ©n para castigar a quienes desafĆan la autoridad y dominaciĆ³n machista.
En muchos casos los ataques femicidas, ademĆ”s de marcar los cuerpos de lasĀ mujeres, envĆan un mensaje al conjunto de las mujeres acerca de lasĀ consecuencias que pueden sufrir.
Los 19 femicidios cometidos en lo que va del aƱo āde acuerdo al registro de laĀ Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeresā, a los que se sumaĀ posiblemente el doble de femicidios frustrados, son solamente una parte delĀ problema: la violencia que cotidianamente viven las mujeres y las niƱas en susĀ hogares, pero tambiĆ©n en las calles, en los medios de transporte, en los trabajos,Ā en los establecimientos educacionales, entre otros. Ello puesto que la violencia esĀ un continuo presente en lo que se denomina espacio privado y en el espacioĀ pĆŗblico e incluso es cometida por agentes del Estado como la violencia sexualĀ policial. La manifestaciĆ³n mĆ”s extrema de esta violencia es el femicidio y las cifrasĀ de estos crĆmenes dejan en evidencia que la respuesta estatal no ha sidoĀ suficiente para detenerla.
Preocupa que, aĆŗn tras conocerse pĆŗblicamente los numerosos casos de violenciaĀ femicida, las autoridades polĆticas no adopten medidas urgentes para proteger laĀ vida y la seguridad de las mujeres. Esto contrasta con la respuesta que, porĀ ejemplo, reciben los delitos contra la propiedad privada, como si la violencia contraĀ las mujeres no fuera un problema de seguridad pĆŗblica tambiĆ©n.
No basta con condenar pĆŗblicamente la violencia, pues lo que se requiere esĀ adoptar medidas integrales por el conjunto de los Ć³rganos del Estado queĀ permitan garantizar la protecciĆ³n de las mujeres como asimismo avanzar enĀ generar los cambios culturales que se requieren para ello.
La violencia contra las mujeres, segĆŗn lo ha reconocido Naciones Unidas hace yaĀ tres dĆ©cadas, constituye una violaciĆ³n a los derechos humanos y por ello laĀ responsabilidad de prevenirla, sancionarla, proteger a las vĆctimas y reparar susĀ consecuencias corresponde a los tres poderes del Estado.
Por ello se lamenta la tardanza con que el Poder Ejecutivo enfrenta uno de losĀ compromisos contenidos en el Programa de Gobierno, presentar un proyecto deĀ Ley Integral sobre Violencia contra las Mujeres que supere la limitadaĀ conceptualizaciĆ³n que refiere Ćŗnicamente a la violencia intrafamiliar. Por su parte,Ā que el Parlamento retrase el debate de los diversos proyectos que se encuentranĀ pendientes para proteger a las mujeres que denuncian la violencia, sancionar elĀ acoso sexual, proteger a las vĆctimas de violencia en el pololeo, y de la mayorĀ importancia, permitir el aborto frente a un embarazo por violaciĆ³n, comoĀ recomiendan los organismos internacionales y demanda la ciudadanĆa.
AdemĆ”s, preocupa que el Poder Judicial no logre superar los altĆsimos niveles deĀ impunidad respecto de los delitos denunciados (menos del 10% de sentenciasĀ condenatorias) y que todavĆa se dicten sentencias judiciales que justifican oĀ explican la violencia por el arrebato u obcecaciĆ³n que supuestamente producenĀ los celos o la infidelidad de la mujer, como si las mujeres fueran propiedad privadaĀ de sus parejas. Una cosa es que los agresores se consideren propietarios de lasĀ mujeres y otra muy distinta es que un poder del Estado de Chile avale estaĀ creencia.
Por Ćŗltimo, igualmente es necesario atender al rol de los medios de comunicaciĆ³n,Ā que en la inmensa mayorĆa de los casos se limitan a informar de femicidios y otrasĀ violencias desde un enfoque meramente policial que no aporta a la comprensiĆ³nĀ del problema como una violaciĆ³n a los derechos humanos. Se observa unĀ abordaje que justifica o minimiza la violencia al patologizar a los agresoresĀ presentĆ”ndolos como enfermos, drogadictos o alcohĆ³licos; y peor aun, en otrosĀ casos se responsabiliza a las propias vĆctimas refiriendo sus āinfidelidadesā o seĀ afirma que a los celos o el amor la mataron. De mantenerse esta tendencia noĀ serĆ” posible avanzar en los cambios culturales que se requieren para asegurar elĀ derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Fuente: The Clinic
