Por Luz Patricia Mejía
Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington DC, EE.UU.
Este 8 de marzo, mientras distintas manifestaciones de mujeres se tomaban las calles y hacían notar su ausencia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Guatemala nos inundaba de dolor y frustración: treinta y nueve (39) niñas aparecían sin vida en un centro conductual luego de intentar dar a conocer sus demandas de abusos y violencia al interior del recinto.
La brutalidad de este caso nos recuerda la vulnerabilidad y las consecuencias que deben enfrentar miles de niñas ante graves violaciones a sus derechos humanos a lo largo de nuestra región. De los 32 Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional ratificado y suscrito por Chile, solo 13 países tienen protocolos de justicia; nueve cuentan con protocolos para garantizar contracepción de emergencia, ocho tienen protocolos de salud sexual y reproductiva, siete tienen protocolos de atención especializada en estos casos; siete permiten la interrupción del embarazo por motivo de violación y casi ninguno tiene decisiones judiciales condenando a los culpables. Sumado a ello, contamos con cuatro países en la lista de los únicos seis países en el mundo que tienen prohibición absoluta del aborto: Chile, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.
Las altas cifras de violencia sexual, su incidencia directa con el matrimonio o la unión, el embarazo infantil y adolescente; las maternidades forzadas y la ausencia de políticas que aborden el tema motivaron al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) a elaborar el Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, un panorama regional sobre la problemática que rodea el embarazo de niñas menores de 14 años y su relación con la violencia sexual.
Son las niñas, las que después de ser víctimas de violencia sexual se ven re-victimizadas en un sistema de creencias y valores que las obliga a ser madres, a casarse forzosamente o a ser relegadas a un sistema de justicia que las castiga o las institucionaliza enarbolando la bandera de defensa de sus derechos.
Tenemos grandes desafíos: que no haya más niñas madres, que no vuelvan a existir niñas víctimas de violencia sexual, que ninguna niña o mujer sufran violencia de ningún tipo, entre muchos otros. Chile tiene una gran oportunidad para avanzar en estos desafíos y el primer paso está a la vista: aprobar el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y salir de la lista mundial de prohibición absoluta.
Fuente: OGE
