Hace dos semanas, el parlamento chileno aprobó
la ley que despenaliza el aborto en las circunstancias más extremas: cuando hay riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal o cuando el embarazo es resultado de violación. Con esta decisión y por iniciativa de la presidenta Bachelet, Chile intenta salir de la vergonzosa lista de países que penalizan de manera absoluta la interrupción del embarazo en la región –El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Malta–, en medio de un debate que no ha sido nada pacífico y que
aun no ha llegado a su final. Esta semana le corresponde a los 10 ministros del Tribunal Constitucional determinar si la despenalización de estas causales está acorde con la Constitución antes de que la nueva regulación pueda aprobarse y promulgarse oficialmente como ley. El fallo tendrá un impacto real en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres chilenas, y otro simbólico en la defensa de los derechos humanos de la mujeres, mucho más allá de sus fronteras.
Aunque siempre genera polémica, el debate sobre el aborto ha logrado encontrar su lugar en los debates constitucionales de las democracias modernas. En algunos casos los tribunales reconocen que la constitución impone un mandato de protección a la vida prenatal pero se cuestiona la eficacia del derecho penal en la prevención de los abortos y se propone en su lugar promover la educación sexual, la anticoncepción y el acceso a los servicios sociales por parte de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. En otros, los jueces hacen una ponderación entre los derechos de la mujer gestante y la protección de la vida humana desde la concepción, entendiendo que la protección del feto es incremental y que solo adquiere salvaguarda plena en el momento del nacimiento. Y en otros más, el órgano de control constitucional enfatiza la necesidad de garantizar la dignidad y autonomía de las mujeres como individuos plenos que son un fin en sí mismo y no máquinas reproductivas al servicio de la especie humana.
Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, existe consenso en que la penalización total del aborto constituye una violación a los derechos humanos, y de que el derecho a optar por un aborto y a contar con los servicios de salud para tenerlo de manera digna y segura debe estar disponible al menos en los casos más extremos. Así lo han afirmado los más diversos organismos del mundo de los derechos humanos: desde los dedicados a proteger los derechos de la mujer, hasta los encargados de garantizar los derechos de la niñez, e incluyendo el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Relator contra la tortura, el Relator del derecho a la salud, y los sistemas de protección derechos humanos europeo, africano e interamericano.
En Chile, el aborto terapéutico fue legal desde 1931 hasta 1989 cuando se prohibió totalmente por parte de la dictadura de Augusto Pinochet con el argumento de proteger la vida humana desde la concepción, por lo cual es difícil calificar este regreso al pasado como un avance, pero sin duda sí es una deuda que tiene la democracia con las mujeres y niñas chilenas.
Los 10 ministros del Tribunal Constitucional –muchos de ellos formados en universidades españolas– deben saber que su quehacer está en la mira de la comunidad internacional y de la academia legal transnacional. Frente a ellos tienen un debate legislativo de más de dos años de duración que democráticamente decidió permitir el aborto en este mínimo de indicaciones, una opinión pública que apoya con más del 70% los cambios hechos al código penal, una larga lista de argumentos de derecho penal, derecho constitucional y derechos humanos que rechazan la penalización total y que no pueden ignorar, y una realidad que exige soluciones, como las más de 850 niñas entre los 10 y los 14 años que, según el Ministerio de Salud, no tienen otra opción que dar a luz cada año. La vida de todas estas niñas y muchas mujeres más, está en sus manos.
