El panel fue moderado por Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Directora General de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público de Paraguay, y contó con la participación de la senadora nacional Lilian Samaniego, la jueza Dra. Vivian López, la diputada nacional Rocío Vallejo, la directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral Laura Garbett, y la presidenta de Corporación Humanas (Chile), Paula Salvo del Canto.

Durante su intervención, Paula Salvo advirtió que la violencia política de género “no es un fenómeno aislado, sino estructural”, y que se manifiesta en campañas de desprestigio, denuncias falsas y presiones institucionales que buscan inhibir la participación pública de las mujeres.

“No basta con las normas: hacen falta protocolos, formación y mecanismos efectivos de atención. Las mujeres siguen sin encontrar rutas claras cuando enfrentan estos ataques”, sostuvo. La presidenta de Corporación Humanas también llamó a fortalecer alianzas entre sociedad civil, academia e instituciones públicas para generar respuestas integrales: “La democracia plena no será posible mientras las mujeres sigan siendo expulsadas simbólica o materialmente de los espacios de poder”.

Desde una perspectiva regional, las panelistas coincidieron en que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que limita el acceso igualitario al poder y a la justicia. Se identificaron formas comunes de exclusión, como campañas de desprestigio, cuestionamientos sobre la legitimidad de las mujeres en cargos públicos, invisibilización mediática y obstáculos institucionales que muchas veces no reconocen esta violencia como tal.

En este sentido, las participantes subrayaron la necesidad de fortalecer protocolos institucionales con enfoque de género, así como promover la capacitación especializada en violencia política dirigida a jueces, operadores de justicia, órganos electorales y partidos políticos.

El seminario fue una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Propuso una mirada crítica y constructiva sobre las respuestas del sistema penal paraguayo frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas. A través de cuatro paneles temáticos, se analizaron los vacíos normativos, las barreras en la judicialización y las estrategias para avanzar hacia un sistema de justicia eficaz, sensible y garantista de derechos humanos.

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Hace algunas semanas fuimos testigos de los dichos transfóbicos emitidos por el diputado Gonzalo de la Carrera en contra de la diputada Emilia Schneider, primera parlamentaria trans de nuestro país. Luego, en el punto de prensa posterior al hecho, él mismo calificó de “feminazis» a las diputadas que manifestaban su apoyo a la parlamentaria afectada.

Si bien es esperable que se manifieste el disenso entre quienes participan del debate político, afirmaciones como las expresadas por el parlamentario escapan a lo que podemos entender como una opinión legítima en este contexto y corresponden a dichos manifiestamente discriminatorios que impiden sostener un diálogo democrático saludable. La erradicación de este tipo de conductas supone un desafío necesario para alcanzar una democracia plena.

La incorporación de las mujeres y diversidades sexogenéricas en los espacios de toma de decisión política se ha enfrentado históricamente a obstáculos que aún son muy difíciles de franquear. Si bien se han adoptado medidas legislativas que buscan asegurar la participación de las mujeres en el Congreso, como la Ley 20.840, que establece una cuota de género en las candidaturas, y se ha instalado en el debate la necesidad de avanzar hacia leyes que aseguren la paridad en estos y otros órganos políticos, se trata de medidas insuficientes si, al acceder a estos espacios, nos vemos enfrentadas a ejercicios de violencia política de género, manifestada, entre otras formas, a través de discursos que menoscaban nuestra identidad, nuestras capacidades y nuestras convicciones políticas.

Esta particular manifestación de la violencia de género es propia de una sociedad como la nuestra, que ha relegado históricamente a las mujeres a la esfera de lo privado y ha aceptado la violencia como mecanismo de disciplinamiento. La incorporación de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en los espacios de toma de decisiones públicas exacerba la violencia de aquellos que buscan restringirla, ya que cuando ocurren este tipo de hechos la víctima directa no es la única afectada, pues la violencia es observada por otras mujeres que ven cómo sus pares que deciden participar del debate político son atacadas.

A raíz de los hechos recientes se alzaron voces desde distintos sectores exigiendo una modificación al Reglamento de Ética de la Cámara que agrave las sanciones para este tipo de conductas. Además, el Ejecutivo anunció que se pondría urgencia al proyecto, actualmente en tramitación, que busca incorporar como causal de remoción de los parlamentarios el incurrir en actos de violencia.

Si bien una condena transversal cuando ocurren hechos de esta naturaleza es necesaria, pues envía un mensaje de que son inaceptables en nuestra sociedad, una respuesta punitiva es insuficiente para disuadir a futuros agresores de incurrir en conductas como la descrita y no da cuenta de la magnitud y el carácter estructural de la problemática.

Una democracia plena requiere de la participación de todas, todos y todes en los espacios donde se toman las decisiones y para resguardar este objetivo es indispensable erradicar la violencia política de género. Para ello, además de las sanciones a hechos concretos, es indispensable y urgente que se diseñen e implementen políticas públicas que fomenten una cultura de participación democrática, que erradiquen los estereotipos de género, que prevengan las manifestaciones de violencia y que fiscalicen la actuación de las autoridades públicas.

Columna de opinión de Luz Reidel en El Mostrador 

“Si (en redes sociales) sigues a personas que se refieren a las mujeres políticas menospreciando sus capacidades; encasillándolas en roles y mandatos de género; haciendo alusión a su cuerpo y sexualidad; o con expresiones racistas y clasistas, #DaleUnfollowALaViolenciaPolíticaDeGénero”. Este fue el mensaje que ayer Corporación Humanas publicó en su cuenta de Instagram como parte de una campaña de ciberactivismo que busca luchar contra la misoginia en Internet y de esta manera aportar a una verdadera política feminista.

En la publicación explican que –según la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres– la violencia política de género es cualquier conducta que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a mujeres y tiene por objetivo menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de sus derechos políticos. Todo esto porque acaban de publicar el estudio Ser política en Twitter, sobre violencia política digital hacia mujeres candidatas a la Convención Constituyente, el que arrojó cifras preocupantes: de un universo de 257.792 publicaciones en torno a las 428 candidatas a la constituyente, el 9,2% corresponde a mensajes con violencia explícita; de este porcentaje un 69% corresponde a expresiones de discriminación, mientras que el 31% corresponde a desprestigio.

Y de las expresiones discriminatorias, un 46% son alusiones al cuerpo y sexualidad, 38% al clasismo y un 7% alude a los roles y mandatos de género. Basta con recordar un tweet ampliamente viralizado en el que un usuario, luego de la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención, escribió: “¿Loncón sabe leer y escribir?”, poniendo en duda sus capacidades. “Hay mucho menosprecio profesional hacia las mujeres. En el estudio vimos que en el caso de académicas con doctorados en Derecho Constitucional, se ponía en duda sus conocimientos; lo mismo cuando se trata de mujeres jóvenes, a las que se les acusa de no estar suficientemente preparadas”, explica la socióloga de Corporación Humanas, Mariela Infante.

Según la profesional, las redes sociales son un medio más que reproduce la violencia contra las mujeres y que parte desde una estructura social que nos pone en un lugar de subordinación. “Lo delicado en este caso es que muchas veces estos comentarios se ven como un chiste, como algo que no es tan grave, sin embargo tienen el objetivo de acallar y silenciar a las mujeres, que cuando participan de un espacio público –especialmente en la política, que ha sido construida desde lo masculino–, se las sigue viendo como una amenaza”.

Magdalena Saldaña es investigadora del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y también se ha dedicado a investigar los comentarios agresivos en noticias y redes sociales. Parte de su tesis doctoral fue analizar específicamente la incivilidad –sinónimo académico de troleo– en los comentarios sobre las elecciones del 2017, donde se presentaron los candidatos Sebastián Piñera, Alejandro Guillier, José Antonio Kast, y las candidatas Michelle Bachelet y Beatriz Sánchez. La incivilidad se mide con tres parámetros: la presencia de insultos, groserías y estereotipos o lenguaje de odio. Cuenta que una de las primeras cosas que descubrió, fue que la presencia de figuras políticas femeninas, aumenta la incivilidad.

En cifras, los resultados fueron: Porcentaje de incivilidad de la noticia en general, 29%; hacia Piñera, 29%; a Guillier, 33%; y hacia Bachelet, 43%. “Es casi la mitad. Es decir, cada vez que se mencionaba a Bachelet en la conversación, venía acompañado de alguna expresión incivil. Muchos referidos a su condición de mujer o a su apariencia física, y no necesariamente a su condición de política. Nos dimos cuenta de que el tipo de insulto varía, por ejemplo, cuando se menciona a Piñera. En ese caso se mencionan una serie de adjetivos que tienen que ver con su calidad de líder, pero no necesariamente por cómo luce o cómo se comporta; pero en el caso de las mujeres siempre tienen que ver, principalmente con el físico o apariencia, y con el género”, explica. “Beatriz Sánchez, que tuvo un 38% y José Antonio Kast, un 35%, se podría entender que tengan porcentajes mayores porque representan sectores políticos más extremos, sin embargo, aun así el porcentaje es mayor en el caso de dos mujeres que están presentes”.

Otra cosa que destaca la académica es que en general en las noticias se habla poco de las mujeres. Eso la llevó a analizar los comentarios que mencionan figuras femeninas, no solo políticas sino que otras autoridades, celebridades, etc. Y allí descubrieron que dichos comentarios son más inciviles que aquellos que no las mencionan. Así, los comentarios que mencionan a hombres tienen un 33,8% de incivilidad, sin embargo cuando mencionan a mujeres, el porcentaje sube a un 37,4%.

Y lo mismo ocurre con quién emite el mensaje. “Cuando empiezas a ver quienes son las personas que más comentan, ya sea de manera incivil o no incivil, las mujeres siempre comentan menos”, dice Magdalena. La proporción de hombres y mujeres es de un 60% versus un 30%, y en ese contexto, los comentarios publicados por mujeres reciben respuestas más agresivas que los posteados por hombres. “Si alguien se sale de madre y dice algo muy feo en términos de inmigración, por poner un ejemplo, la gente le va a responder mal, pero si es mujer le va a responder peor. Los datos en esto podrían confundir porque en la práctica existen, en cantidad, más respuestas agresivas a hombres, pero eso se explica porque los hombres son más proclives a publicar comentarios hostiles. Y por tanto si uno quisiera mejorar la calidad de la conversación en un medio, habría que fomentar la participación de las mujeres”.

Respecto de las narrativas en el tipo de insultos que reciben las mujeres, primero está la personalidad y carácter; después juicio hacia el aspecto físico o la cosificación; incapacidad para desarrollar tareas; vida sexual y reproducción y atribuirles características femeninas como insulto. “Me interesaba desarrollar esta investigación porque creo que las personas tienen la idea de que las mujeres son las más agresivas con las otras mujeres y eso no es así”, dice Magdalena. A lo que Mariela agrega que “este es un tema relevante porque, como todas las violencias, esta no se dirige única y exclusivamente hacia la víctima. Es un mensaje disciplinante para todas nosotras, para las nuevas generaciones que van a entender que si quieren apropiarse del espacio público y en este caso en particular de la política, les va a tocar este tipo de violencia. Y por eso es importante no normalizar este tipo de agresiones y comentarios y menos ser una caja de resonancia –que en redes es muy fácil–, sino que por el contrario, aislarla y denunciar”.

Publicado en Revista Paula 

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