El hecho ha sido ampliamente criticado por organizaciones de mujeres, feministas y que defienden los derechos humanos. Así como también señalan que esta situación deja en evidencia las precarias condiciones que deben afrontar las privadas de libertad para ejercer una maternidad y vida digna.

De acuerdo a la información que se conoce, días previos al parto, la mujer embarazada solicitó al personal de la cárcel ser trasladada al área para gestantes y mamás; sin embargo, su solicitud no fue acogida. Posteriormente, la noche del 23 de diciembre tuvo dolores de gran intensidad que no le permitieron dormir.

En la mañana pidió ser trasladada a la enfermería del recinto, pero los funcionarios tampoco acogieron la solicitud, ya que por el horario el servicio aún no la podía atender. No fue hasta que la mujer les recordó que tenía 40 semanas de gestación que decidieron llevarla a un servicio asistencial.

Debido a las demoras y obstáculos de Gendarmería, la mujer ni siquiera pudo subir a un vehículo para llegar al hospital, y dio a luz en un pasillo alrededor de las 09:00 am.

‘‘Este tipo de vulneraciones son inaceptables y lamentablemente son recurrentes. Urgen acciones concretas de los distintos organismos del Estado para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y velar por la dignidad de los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad’’, señalaron sobre la situación la Red de Acción Carcelaria, Corporación Humanas y Leasur ONG.

Por su parte, la Coordinadora Feminista 8M condenó el hecho comentando que se trata de una grave vulneración a la dignidad de las mujeres que están en recintos penitenciarios y que lamentablemente no corresponden a hechos aislados.

‘‘No puede leerse como una mera negligencia, sino que responde a una política sistemática de violación a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, que entre otras situaciones, viven constantes tratos vejatorios y humillantes respecto a su salud reproductiva y sexual’’.

Los otros casos

Durante julio del 2022, la Corte de Apelaciones de Temuco dio a conocer que había acogido un recurso de amparo interpuesto por el INDH, a favor de una joven de 19 años privada de libertad en Cholchol.

La razón es que la mujer estuvo engrillada de manos y pies por más de siete horas, pese a presentar síntomas de complicaciones obstétricas que derivaron en un aborto espontáneo.

Por otro lado, en enero del 2022 se informó el fallecimiento de Mylene Cartes, mujer que se encontraba privada de libertad en la Cárcel de San Miguel. De acuerdo a lo conocido, el deceso fue a raíz de la ausencia de atención médica, aun cuando la interna llevaba días manifestando malestares.

Uno de los casos más conocidos a nivel nacional es el de Lorenza Cayuhan, mujer que fue obligada a parir engrillada en presencia de funcionarios de gendarmería. Su historia dio pie a la tramitación de la Ley Sayén, que busca permitir mejores condiciones para la maternidad de privadas de libertad.

‘‘Se ha hecho evidente la falta de una política penitenciaria con enfoque de género y de derechos humanos, lo que ha dejado en situación de desprotección a mujeres embarazadas y con hijas/os menores de edad en las cárceles. El proyecto de Ley Sayén es el primer paso para resguardar la dignidad y derechos tanto de mujeres privadas de libertad como de niñas y niños’’, subrayó Red de Acción Carcelaria.