violencia digital – Humanas

Sobrevivientes de VIF: ahora bajo acecho digital

Fabiola Gutierrez — Mon, 25 Jul 2022 13:44:15 +0000

¿Son libres las sobrevivientes de violencia intrafamiliar una vez que logran escapar fisicamente de sus agresores? Todo indica que no. La falta de regulación en el mundo digital favorece una peligrosa proximidad de estos maltratadores con sus víctimas. Muchos siguen acechándolas, ahora, por redes sociales, mensajería y correos. No hay cifras pero especalistas coinciden en que en la mitad de los casos de violencia contra la mujer sus ex parejas y maridos continúan acosándolas digitalmente.

Participa Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

Publicado por 24 horas

Estudio Ser política en twitter: Violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes

Fabiola Gutierrez — Wed, 21 Jul 2021 17:18:09 +0000

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“Violencia política hacia las mujeres en las plataformas digitales: un nuevo espacio público”

Fabiola Gutierrez — Tue, 13 Apr 2021 02:23:28 +0000

La mayor participación de las mujeres en la vida política en la región identificada por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI) dio cuenta de una preocupación creciente por la violencia contra las mujeres perpetrada en los espacios políticos. Vinculado a esta realidad, el Comité́ de Expertas del MESECVI observó la necesidad de fortalecer la capacidad de los Estados para responder a esta violencia.

En 2017 el MESECVI elaboró la “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres”, donde se reconoce que “la violencia política que se ejerce contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos (..) y es una amenaza principal para la democracia (…)”. Y, en el 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) publica el informe Combatir la Violencia en Línea contra las Mujeres, un llamado a la protección.

En momentos de hiperconexión, producto de la crisis sanitaria del Covid19 que enfrentamos a nivel global, los niveles de violencia online se han ido incrementado. Bajo este contexto, Corporación Humanas e Interpreta -con el apoyo de la Embajada de Canadá en Chile y ONU Mujeres Chile- presentaron el 07 de abril pasado, el estudio exploratorio sobre “Violencia política hacia las mujeres en las plataformas digitales: un nuevo espacio público”.

El estudio da cuenta de los diversos tipos de violencia digital como el menosprecio de carácter físico, de capacidades, con contenido sexual o mujer/objeto de deseo y desprestigio. También advierte sobre los discursos que circulan en torno al feminismo.

Como bien sostiene Lorena Fries, directora ejecutiva de Corporación Humanas, en el caso de Chile el haber logrado la paridad en la Convención Constitucional, donde hubo un rol protagónico del movimiento feminista, ha significado una exposición importante de los liderazgos de mujeres.

“Se esta corriendo el cerco para transformar las relaciones de género en nuestro país y la violencia también se esta expresando en las redes, por ello la necesidad de iniciar un proceso exploratorio de investigación que permita establecer mecanismos de prevención y superar este tipo de violencia que limita el ejercicio de los derechos político de las mujeres”, precisa la abogada.

Por su parte, Catalina Rolle periodista y analista de Interpreta, comenta que del estudio muestra la necesidad de seguir trabajando para mejorar el sistema que actualmente tenemos para lo cual apuesta por crear un trabajo articulado con instituciones y medios de comunicación. “La violencia machista obstaculiza el derecho a representar y ser representada, a hacer política, a penetrar ese espacio que mucho tiempo fue un espacio de varones”, concluye la investigadora.

El embajador de Canadá en Chile, Michael Gort, sostuvo que los resultados del estudio representan una intersección de las tres prioridades fundamentales para su país, entre ellas, la lucha contra la violencia de género y la igualdad de género. “Creemos firmemente que debemos poner los derechos de las mujeres y las niñas al centro de todo lo que hacemos. No podemos avanzar si la mitad de nuestra población se queda atrás”.

María Inés Salamanca, Representante de ONU Mujeres en Chile, sostuvo que la violencia hacia mujeres en política es una grave violación a los derechos humanos que imposibilita el ejercicio de sus derechos políticos de una manera plena y efectiva. “A pesar del avance paritario de los últimos años en algunos países de América Latina la violencia política se consolida como una barrera no sólo en términos cuantitativos, sino que cualitativos al afectar de manera desigual a la diversidad de las mujeres (…) esto dificulta el avance hacia una igualdad sustantiva y que se acrecienta en países que están viviendo procesos electorales”, puntualiza Salamanca.

Para Corporación Humanas e Interpreta -al ser un estudio exploratorio- es necesario seguir indagando como estas manifestaciones de violencia machista en las redes hacia candidatas y mujeres en política asumen una intensidad particular si son analizadas desde una mirada interseccional.

Revisa el estudio aquí

Revista la presentación del estudio aquí

Porno venganza: “Se da por hecho que si la mujer consiente a que le saquen una foto, consiente tácitamente a que se divulgue”

Fabiola Gutierrez — Thu, 08 Apr 2021 13:44:59 +0000

A principios de este año Gabriela (24) supo por un amigo cercano que se había difundido en un grupo de Whatsapp una foto íntima suya.

No salía su cara, pero sí su pieza, y por eso el amigo la pudo reconocer. No dudó en llamarla para contarle en qué contexto le había aparecido y le advirtió que en ese grupo de Whatsapp había ocho participantes, de los cuales seis fueron enfáticos al reprochar y cuestionar al amigo que la había mandado, quien a su vez alegaba que él simplemente estaba compartiendo un contenido que le había llegado por otro lado. Fue ahí que el amigo de Gabriela le dijo ‘preocúpate de dejar de difundirlo entonces’.

Gabriela lo escuchó atentamente los primeros cinco minutos. Quería dimensionar el alcance de su foto para saber si se trataba de un grupo reducido o si toda la universidad había tenido acceso a ella. No pudo, sin embargo, mantener la concentración y en pocos segundos lo que parecía ser un pensamiento hilado se volvió una corriente difícil de contener. Su mente empezó a divagar y las palabras de su amigo se disiparon. ¿Tendría que decirle a su mamá? ¿Su carrera se vería afectada? ¿Por qué le había mandado fotos a su ex? ¿Lo enfrentaría? ¿Había sido él? ¿O quizás le robaron el celular? Sentía culpa, arrepentimiento y en parte responsabilidad. Pensó que habría podido evitar esa situación si solo hubiese sido más precavida. Estaba ansiosa y sentía una angustia profunda; en su mente, su mundo se derrumbaba lentamente frente a sus ojos.

Como Gabriela, son muchas las mujeres que a lo largo de sus vidas han sido víctimas de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento y, también al igual que ella, no cuentan a la fecha con amparo legal. En un estudio realizado en el 2019 por el Observatorio Contra el Acoso Callejero, se develó que de las 1.300 personas encuestadas, un 77,2% de las mujeres entre los 18 y 26 años reconocía haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual cibernética, sea ésta una amenaza por redes, la publicación de fotos íntimas, o la grabación sin consentimiento. A su vez, en el 2018, la Fundación Datos Protegidos reveló que un 13,5% de las mujeres había sufrido la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. Y es que ésta en particular es una práctica comúnmente conocida como “porno venganza” o “pornografía no consentida”, y es cada día más común.

De abril a junio del 2020, la fundación Amaranta, que busca acompañar y educar a mujeres en seguridad digital, también realizó una encuesta en la que dio cuenta que de 530 mujeres encuestadas, 17 había vivido la difusión de sus imágenes íntimas sin consentimiento; 225 de ellas había vivido violencia verbal; y 200 algún tipo de acoso u hostigamiento. De los atacantes, se reveló que un 41,9% se trataba de perfiles anónimos y un 18,1% eran parejas o ex parejas. Todas cifras que tras un año de pandemia solamente han incrementado. ¿Pero cómo se le aborda en Chile?

En el artículo 161 A del Código Penal se postula que “se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado”. Sin embargo, como explica la abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, la difusión de imágenes que se tomaron de manera consentida, no está regulada. “Se regula únicamente el registro sin consentimiento, e incluso en eso queda poco claro; hay quienes señalan que se trata de una norma que aplica a terceros, es decir, no a quienes participen en el acto”, explica. “Pero respecto al marco legal de la difusión de imágenes íntimas de personas que las hayan dispuesto de manera consentida, hay un vacío. En definitiva, se da por hecho que al entregar una imagen a otra persona, o consentir a que te saquen una, se está también autorizando de manera tácita a su divulgación”.

Lo que no se considera ahí, como explica la especialista, es que prestar consentimiento para efectos de entregar una imagen o permitir que te saquen una, no es lo mismo que consentir a su eventual divulgación. “Por el contrario, la mujer que está en esa situación probablemente lo hace en un contexto de intimidad, que va dirigido solo y exclusivamente a aquella persona. En ese sentido, existe un vacío en el sistema judicial que no reconoce la intimidad de la mujer, pero tampoco su decisión específica respecto a difundir su imagen en esa oportunidad y con esa persona”.

En junio del año pasado, las diputadas Maite Orsini (RD) y Maya Fernández (PS) presentaron un proyecto de ley denominado Ley Pack que pretendía regular y sancionar la difusión de material pornográfico sin el consentimiento de las víctimas, una legislación que se planteó como una medida urgente para proteger a las mujeres en el entorno digital en un contexto de pandemia. Hasta la fecha, e incluso después de haber pasado por modificaciones en diciembre del año pasado –fueron las organizaciones sociales las que identificaron que no bastaba simplemente con sancionar, ya que se trata de una violencia de género como cualquier otra y por ende había que trabajar igualmente en la prevención–, la ley se encuentra en tramitación en el Congreso y en este momento no existe amparo legal para aquellas personas que habiendo entregado imágenes o autorizado el registro, sean víctimas de la difusión de tales.

Como explica Carolina Jiménez, presidenta de OCAC, la detención de la tramitación del proyecto de ley se debe a la contingencia pero también porque se ha acordado ponerle énfasis a las modificaciones que ingresaron a finales del año pasado, que buscan tipificar nuevos delitos referentes a la violencia sexual digital en sus diversas formas. A su vez, la coordinadora del Proyecto Aurora de la ONG Amaranta, Karen Vergara, señala que estos tipos de violencia apelan a que la mujer, al igual que en cualquier espacio público, no tiene voz. “El hecho de que ellas estén participando de estos espacios genera una resistencia muy violenta y machista. Ahora, cuando hablamos de violencia ejercido por alguien cercano –porque muchas veces se trata de un hacker que accedió a fotos íntimas y las divulgó con la finalidad de extorsionar a la víctima–, nos damos cuenta que es mucho más común de lo que pensamos”.

Como explica Karen, en estos casos los sujetos mantienen esos registros audiovisuales y luego los utilizan a modo de amenaza, extorsión o finalmente para jactarse entre amigos. Pero la falla, esencialmente, radica en que estos temas no sean abordados de manera integral y transversal, mediante una ley de educación sexual o la perspectiva de género en la educación. “Cuando se presentaron las modificaciones a la Ley Pack, quedó como un proyecto que aborda la violencia de género digital y las distintas prácticas que se incluyen en ella, por eso es vital retomar la conversación. El espacio digital tiene que ser una materia de cuidado y protección”, explica. “Y junto a eso, hay que quitarle el estigma a las mujeres que han vivido este tipo de situaciones y darnos cuenta que el enfoque siempre tiene que ir hacia el victimario que cometió el delito y no hacia la víctima. Porque solo así vamos a lograr que dejen de sentir culpa. Esto no tiene que ver con su valía ni su pérdida de inocencia, no tiene por qué haber un juicio moral acá”.

Es por eso también que desde Amaranta no se utiliza el término “porno venganza”, porque eso habla finalmente de cobrar revancha por algo. “Pero eso enjuicia a las víctimas. No hay nada por lo que cobrar revancha. Ellas estaban ejerciendo sus libertades y derechos. Esto es una extensión de la violencia física y psicológica y hay que legislarla como tal”, concluye Karen.

Aun así, las especialistas están de acuerdo en que la ley, si bien se hace cargo de una situación en tanto sanciona y regula, no es la solución al problema. Francisca Millán deja claro que frente a la ausencia de la ley, hay ciertas medidas a las que se puede recurrir para abordar este tipo de situaciones. En primer lugar, tener claro que este riesgo que se corre en ningún caso debiera significar que las mujeres se inhiban de compartir ese tipo de imágenes si es que así lo desean. Eso implicaría una vez más, un acto moralizante. “Las mujeres tienen derecho a difundir las imágenes que quieran con quienes quieran, y no por eso tienen que correr un riesgo”, aclara. “Pero también tienen derecho a que eso sea en un contexto privado. Por lo tanto, frente a un sistema en deuda, es importante tomar resguardos”. Estos incluyen, según la especialista, nunca entregarle la misma imagen a distintas personas, para que se pueda identificar, en caso de, quién la divulgó; que las fotos sean distinguibles y tengan un sello de agua con el nombre de la persona a la que se le está entregando (esto puede ser poner su nombre en un lugar no extraíble de la foto); que el lugar en el que se tome el registro no revele características íntimas respecto a los datos de esa persona; que ojalá no involucre el rostro; y que se evalúe el uso de aplicaciones más seguras como Telegram o Signal, que permiten que las imágenes se vayan autoeliminando. “Es elemental que este riesgo de la porno revancha no constituya una limitación a la libertad sexual de las mujeres y que sigamos educándonos en medidas que nos permitan cuidarnos al mismo tiempo de ejercer nuestras libertades”, explica.

Como profundiza la socióloga de Corporación Humanas, Pía Guerra, la difusión de imágenes privadas sin consentimiento es y constituye una expresión de dominación del patriarcado, además de una práctica social instalada y un fenómeno propio de los tiempos pomodernos. “Como es una expresión de dominación, también manifiesta un problema de estructura social y de instituciones rígidas que no son capaces de adaptarse a los nuevos requerimientos sociales. Este fenómeno no solamente afecta a la víctima en términos de su intimidad, sino que a su esfera social, laboral, familiar, personal, por lo tanto también afecta su conducta y su posible rendimiento laboral y social. Y por lo mismo, se vuelve un problema público –que va más allá de las parejas– que tiene que contar con políticas públicas que ayuden, más que a sancionar, a prevenir estos hechos”.