El caso llegó incluso a la Corte de Apelaciones de La Serena, donde familiares de una de las víctimas solicitaron impedirle volver a referirse al tema. En paralelo, diputados de la UDI han emitido más de 300 oficios pidiendo información sobre sus contratos, honorarios y presentaciones. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lo ha descrito con claridad: se trata de una persecución política, que usa el aparato institucional para vigilar y amedrentar a una mujer.

Conviene detenerse aquí. No estamos frente a una simple discusión sobre los límites del humor. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Como recordó el rector Carlos Peña en su columna reciente, “una cosa es el deber moral o la prudencia de no decir algo, y otra muy distinta es que el Estado o un tribunal puedan sancionar jurídicamente a quien lo dice”. La frontera legítima de la libertad de expresión no está en la incomodidad, ni en el mal gusto, sino en el discurso de odio: aquel que incita a la violencia y amenaza la seguridad de personas o grupos.

Si aceptamos que un chiste o una frase —por torpe que sea— pueda terminar perseguida judicialmente, corremos el riesgo de abrir la puerta a la censura y a la autocensura, donde artistas o comediantes midan cada palabra bajo la amenaza de sanción.

Lo que agrava aún más la situación es que la Corte de Apelaciones de La Serena dictará una orden de no innovar que, en la práctica, constituye un caso de censura previa. Tanto la Constitución chilena como la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben expresamente este tipo de medidas: toda restricción legítima debe ser siempre posterior a lo expresado, nunca impedir de antemano que alguien hable. Este tipo de prohibiciones ambiguas no solo son inconstitucionales, también sientan un precedente peligroso para el humor, la crítica y la democracia misma.

Pero hay algo más. Cuando la persona en cuestión es una mujer, las consecuencias se amplifican. Natalia Valdebenito no enfrenta únicamente críticas legítimas: es blanco de un acoso sistemático que incluye cuestionar su trayectoria, su trabajo y los montos que recibe por sus presentaciones. Ese escrutinio no es neutro; responde a un patrón conocido de violencia digital de género que busca disciplinar a las mujeres que opinan en el espacio público. Lo hemos visto en periodistas, en políticas y en activistas: mientras más visible y crítica es su voz, más intensa es la reacción que busca silenciarlas.

Reconocer el dolor de las familias de los mineros es indispensable. Nadie puede restar importancia a esa sensibilidad. Pero una cosa es el legítimo debate social sobre lo que se considera aceptable, y otra muy distinta es judicializar la expresión artística. En democracia, las tensiones se resuelven con más diálogo, más discusión y más ideas, no con persecuciones ni censuras.

Una democracia madura no necesita perseguir a sus comediantes en los tribunales. Lo que necesita es más capacidad de debatir sin linchar, de disentir sin destruir, de escuchar sin convertir la diferencia en una amenaza.

Por Fabiola Gutiérrez, coordinadora de Comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 04 de septiembre, 2025.- 

El 3 de mayo se conmemoró el día mundial de la libertad de prensa y se ha puesto en el debate público la importancia de la libertad de expresión para la democracia y las complejas situaciones, como amenazas, acoso, hostigamiento y ataques, que viven las comunicadoras para el ejercicio de este derecho.

Constantemente vemos cómo las mujeres con voz pública (ya sean políticas, comunicadoras o defensoras de Derechos Humanos) son objetivo de trolls, doxeo, amenazas, acoso digital, difusión de fake news y cuestionamientos a su trabajo y vidas privadas, siempre con sesgos de género. Esto no sólo queda en la virtualidad, ya que esta violencia tiene efectos “offline”: las mujeres ven afectada su salud física y mental, su vida personal, social, laboral y familiar y, lo más grave de todo, hay ataques que se concretan más allá del mensaje en redes sociales.

Un informe realizado por ONU Mujeres, con testimonios de 15 países de América Latina y Caribe, sobre violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública y su impacto en la libertad de expresión (2022) señala que 80% de las entrevistadas limita su participación en redes sociales y un 40% se autocensura y evita escribir sobre temas que son de su pertinencia por esta violencia.

En una declaración reciente, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) realizó un llamado a garantizar el ejercicio de la libertad de prensa para defender los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas que no tienen voz. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación frente al aumento de actos de violencia en contra de periodistas y defensoras a lo largo de la región que es ejercida por personas en posiciones de autoridad públicas o privadas, lo que conlleva un creciente proceso de silenciamiento y autocensura.

En línea con el informe de ONU Mujeres, advierte que las manifestaciones de violencia apuntan directamente a acallar la voz pública de las mujeres disidentes, en especial la de aquellas que buscan poner en la agenda pública la igualdad de género, el respeto a las diversidades, las denuncias frente a las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales. Hace un llamado a la acción no sólo a los Estados, sino que a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la opinión pública en su conjunto, ya que es en estos espacios donde las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos ejercen su labor, y a su vez reciben la mayor parte de los ataques.

Más allá de la afectación para quienes son objetivo directo de estos ataques sistemáticos, la violencia de género en línea tiene un efecto disciplinador, al lograr que otras mujeres se resten de espacios de debate y de difundir su opinión o trabajo para no vivir las mismas situaciones. Cabe recordar que hoy en día las redes sociales son el principal medio para la discusión pública y que estas son un espacio cada vez más hostil para las mujeres.

En conclusión, la violencia de género en línea vulnera el derecho a una vida libre de violencia, silencia a las mujeres y socava su derecho a la libertad de expresión, al obstaculizar su participación en el ecosistema digital. Esto tiene un impacto directo en la calidad de nuestra democracia, al reducir la pluralidad de miradas y voces en la agenda pública. Es necesario y urgente tomarle el peso a este tipo de violencia, no minimizar su impacto sobre la vida de las mujeres (y sobre la democracia) y tomar medidas integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

Por Luna Grado, periodista y Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas 

Columna publicad en Braga El Mostrador el 09 de mayo de 2023